Gas natural: el “seguro” del sistema
Otra de las intervenciones más enfáticas proviene de Enrique Martínez, representante de Transportadora de Gas del Perú (TGP), quien plantea que el gas natural cumple un rol estructural como respaldo del sistema eléctrico peruano.

En su visión, el gas funciona como una “batería del sistema”, proporcionando estabilidad, confiabilidad y precios competitivos. Esta condición, sostiene, ha sido clave para el desarrollo del sector eléctrico y para la estabilidad del costo de la energía en el país.

El ejecutivo advierte que una expansión desordenada de las energías renovables, sin mecanismos adecuados de respaldo, podría generar riesgos sistémicos similares a los observados en otros países con alta penetración de generación variable.

Asimismo, planteó la necesidad de reconocer económicamente la capacidad de respaldo del gas mediante mecanismos de remuneración por seguridad, de manera análoga a cómo se remunera la infraestructura de transmisión, independientemente de su nivel de utilización.

Servicios complementarios: hacia un mercado
El debate sobre servicios complementarios concentra uno de los ejes más técnicos de la discusión. Carlos Gomero, socio de LQG Energy & Mining Consulting, describe el estado actual como un sistema normativo fragmentado, sin una arquitectura de mercado consistente.

Históricamente, los servicios complementarios han sido provistos principalmente por agentes del sistema eléctrico bajo esquemas obligatorios o parcialmente remunerados, sin una lógica integral de precios o asignación competitiva. Casos como la regulación primaria de frecuencia han operado como obligaciones sin pago explícito, mientras otros mecanismos han evolucionado de forma aislada.

La aprobación de la Ley 32249 marca un punto de inflexión al introducir explícitamente la noción de un mercado de servicios complementarios, junto con principios como neutralidad tecnológica y causalidad. Esto implica, en teoría, que cualquier agente habilitado podría participar en la provisión de estos servicios bajo condiciones competitivas.

Sin embargo, Gomero advierte que el reto principal es transformar esta definición legal en un mercado operativo real. Para ello, se requiere definir claramente qué servicios existen, cómo se miden, cómo se asignan y cómo se remuneran.

También señala que el diseño del mercado deberá resolver tensiones como: la formación de precios, el alcance del principio de causalidad y la forma en que los costos serán trasladados a la demanda. Una aplicación estricta de causalidad podría redistribuir significativamente los costos hacia tecnologías renovables, alterando su competitividad relativa.

El regulador: renovables y flexibilidad
Desde el ámbito regulador, Severo Buenalaya, gerente de generación y transmisión de Osinergmin, destaca que el sistema eléctrico peruano está ingresando a una fase de mayor complejidad operativa debido al crecimiento de la generación renovable no convencional.

Con una participación que ya bordea niveles significativos y con proyecciones de crecimiento hacia el 30% de la matriz, el sistema requiere mayores niveles de flexibilidad operativa.

En este contexto, los servicios complementarios se vuelven esenciales para gestionar la variabilidad de la generación renovable. El regulador enfatiza que tecnologías como el almacenamiento energético serán claves para garantizar la estabilidad futura del sistema.

Asimismo, plantea la necesidad de una evolución progresiva del marco de servicios complementarios, incorporando nuevas funciones como regulación de frecuencia avanzada, soporte dinámico de red y capacidades de arranque en negro, en línea con la transformación tecnológica del sistema.

El COES: la seguridad es primero
Desde la posición del operador del sistema eléctrico, César Butrón, presidente del COES SINAC, enfatiza que la experiencia internacional reciente evidencia los riesgos de operar sistemas con alta penetración renovable sin suficiente soporte técnico.

Cita eventos recientes en Europa y América Latina como ejemplos de fallas asociadas a la reducción de inercia y reservas operativas, que pueden convertir fallas locales en apagones de gran escala.

Bajo su perspectiva, la discusión no puede centrarse únicamente en el diseño de mercados de servicios complementarios, sino que debe partir de la definición de obligaciones técnicas claras dentro de la normativa operativa. Es decir, primero debe garantizarse la exigencia de los servicios esenciales para la seguridad del sistema, y posteriormente definir los mecanismos de mercado para su valorización.

Asimismo, cuestiona que ciertas tecnologías renovables variables aún estén exoneradas de prestar servicios de regulación primaria de frecuencia, señalando que hoy existen soluciones tecnológicas —como el almacenamiento— que permiten cumplir dichas funciones.

Un modelo híbrido en construcción
El debate revela una tensión estructural: mientras el marco normativo avanza hacia la creación de mercados más competitivos y abiertos, los actores del sistema insisten en la necesidad de preservar la seguridad operativa como condición previa.

El futuro del sector eléctrico peruano dependerá de la capacidad de articular tres dimensiones simultáneas: inversión de largo plazo, señales de mercado eficientes y un sistema técnicamente robusto capaz de integrar una mayor participación de energías renovables sin comprometer su estabilidad.

En ese equilibrio —aún en construcción— se definirá la verdadera magnitud de la transición energética en el país.

Los reglamentos en cuestión
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó el proyecto de Reglamento de Servicios Complementarios y la modificación de la Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en Tiempo Real (NTCOTR), en el marco de la implementación de la Ley 32249.

Ambas propuestas buscan asegurar un suministro eléctrico seguro, confiable y eficiente, promoviendo un esquema competitivo, abierto y sin exclusiones para la provisión de servicios complementarios. Asimismo, establecen que los costos serán asignados a los agentes —generadores, transmisores, distribuidores o usuarios— cuya operación contribuya a condiciones de inestabilidad del sistema.

El diseño normativo articula cambios en el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, el Mercado Mayorista de Electricidad y la regulación del COES, con el objetivo de viabilizar el nuevo mercado.
El proceso de prepublicación contempla un periodo de 25 días para recibir comentarios de actores públicos y privados, además de un taller de socialización para recoger aportes técnicos. La iniciativa ha sido desarrollada con participación del MINEM, OSINERGMIN y el COES, incorporando asistencia técnica internacional.

Renovables obligadas a prestar RPF
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) modificó la Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en Tiempo Real, eliminando la exoneración de la Regulación Primaria de Frecuencia (RPF) para centrales de recursos energéticos renovables no convencionales (solar, eólica y mareomotriz) con potencia superior a 10 MW.

La medida alinea a Perú con prácticas internacionales en sistemas con alta penetración renovable y busca reforzar la seguridad, confiabilidad y calidad del suministro en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), en un contexto de creciente participación de estas tecnologías.

Hasta ahora, estas centrales estaban exceptuadas de prestar RPF, responsabilidad asumida principalmente por unidades térmicas e hidroeléctricas. Sin embargo, el avance tecnológico —incluyendo almacenamiento en baterías, control droop y esquemas de deloading— permite que estas unidades contribuyan a la estabilidad del sistema.

La disposición establece una implementación progresiva para centrales con concesión definitiva, con un plazo de adecuación de hasta 24 meses desde la actualización del procedimiento correspondiente por parte de OSINERGMIN. La medida fue coordinada con el COES y OSINERGMIN e incorpora ajustes para resguardar contratos vigentes.

El Comité de Operación Económica del Sistema (COES), cuya misión es operar, administrar y planificar el sistema eléctrico interconectado nacional, es optimista acerca del escenario venidero. Para su presidente, César Butrón, “a futuro, la matriz energética seguirá evolucionando hacia fuentes más limpias”. Desde su experiencia, las condiciones de mercado son lo suficiente favorables para viabilizar las inversiones en energías solar y eólica, dado al desplome histórico en sus costos de producción y por basarse en recursos inagotables.

Y esta no es una tendencia reciente. En la década de 2013-2023, la energía solar pasó de 80 a 401 MW, mientras que la energía eólica se expandió de 1 a 1,016 MW. En el corto, mediano y largo plazo, la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR) prevé que las renovables no convencionales escalen su cuota de participación en la generación eléctrica nacional, con proyecciones de 12% en 2030, 20% en 2040 y 43% en 2050.

Incluso, hay otros más entusiastas que visionan una matriz mucho menos fósil en el corto plazo, como lo es el CEO de Orygen, compañía que detenta casi la tercera parte de la producción renovable no convencional en todo el territorio. “Vemos bastante lograble el objetivo que tiene Perú de llegar al 30% energías renovables no convencionales en la matriz energética al 2030”, expresa Marco Fragale.

Con todo ello, bien vale la pena saber cuáles son las regiones con mayor potencial y las iniciativas cero emisiones que sostendrán las estimaciones esperadas. Según registros oficiales actualizados a abril de 2026, Perú cuenta con 21.5 GW de proyectos eólicos y solares con estudios de preoperatividad aprobados por el COES, volumen que ingresará al SEIN hasta fines del 2030. El 58% del total se distribuye en el sur, con énfasis en tres departamentos: Arequipa, Ica y Moquegua.

Arequipa
En Arequipa, con una radiación solar de hasta 7,5 kWh/m2 por día, se prevé que diez proyectos de generación limpia no tradicional —con concesión definitiva y con un total de 1.2 GW— ingresen a la etapa de operación comercial a lo largo de cinco años. Del total, siete deberían iniciar operación en 2026: Misti-Chachani-Pichu Pichu, Illa, Caravelí, Babilonia y San José.

Con una inversión de US$ 350 millones, Illa, del Grupo Enhol, es una central solar de 396 MW y más de 742 módulos fotovoltaicos, lo que la convierte en la infraestructura más grande de su tipo en el país. Su entrada a operación se realizará en diciembre y aportará el 2.5% de la generación eléctrica nacional. Durante su construcción, se crearon 635 puestos de trabajo y 633,000 horas-hombre trabajadas.

Liderada por Acciona, San José posee una capacidad instalada de 155 MW y más de 288 mil paneles bifaciales. Con una inversión de US$ 125 millones, su construcción arrancó en julio de 2025 y estará lista para producir a fines de este año. Producirá 488 GWh de electricidad limpia al año, suficiente para abastecer a 325.000 personas, evitando la emisión de 255,000 toneladas anuales de CO2.

Caravelí, bajo la dirección de Celaris Energy, es una planta aerogeneradora de 218 MW y US$ 240 millones. Su construcción presenta un avance superior al 73% y apunta a girar hélices desde setiembre. Más de 300 personas, entre ingenieros, técnicos y trabajadores locales, participan en la construcción del parque, que contempla obras civiles, montaje electromecánico y la infraestructura necesaria para conectarlo al SEIN.

Ica
Con una radiación promedio de 6 kWh/m2 por día y vientos que soplan con velocidades mayores a 35 Km/h, Ica presenta tres centrales de generación solar y eólica con concesión definitiva a ejecutar antes de 2030: Wayra Solar, Macarena y Guarango.

Wayra Solar, una de las joyas de Orygen, implica una inversión aproximada de US$ 72 millones y una capacidad de 94 MW. A fines del primer trimestre de 2026, su construcción registraba un avance de 70% en obras físicas. Con la esperanza de iniciar producción al cierre de este año, se integrará a los parques eólicos Wayra I y Wayra Extensión, lo que permitirá alcanzar una capacidad total superior a los 400 MW.

Por su parte, Macarena, que estrenará su operación comercial en 2027, ha logrado la obtención de la concesión definitiva de generación y transmisión, necesarios para avanzar con la construcción. Impulsada por Grenergy, la fotovoltaica de 170 MW contará con más 298 mil paneles de 655 vatios cada uno, los cuales generarán energía limpia y contribuirán al crecimiento de la infraestructura energética en la región.

Controlada por SL Energy, Guarango es una infraestructura eólica conformada por 60 aerogeneradores de 5.5 megavatios cada uno, resultando en una potencia instalada total de 330 MW. Con una inversión estimada en US$ 396 millones, el proyecto se encuentra en estudio, no ha empezado las obras físicas y apunta a operar en 2027.

Moquegua
Mientras, Moquegua, con una radiación diaria mayor a 6 kWh/m2, registra dos proyectos en desarrollo que posiblemente generen electricidad desde este año: Hanaqpampa, de Engie; y Lupi, de Statkraft.

Con una potencia instalada de 140 MW, Hanaqpampa propicia una inversión de US$ 250 millones, que serán destinados principalmente a la instalación 234,000 módulos fotovoltaicos de 630 Wp, una línea de transmisión en 220 kV y una subestación elevadora en 33 kV/220 kV. Hasta enero de 2026, había sido beneficiado con la aprobación de la modificación de servidumbre de paso y tránsito.

Lupi, situada a más de 4,500 msnm, es uno de los parques solares más altos del mundo. Con una potencia de 180 MW, se espera que contribuya con la producción de aproximadamente 581 GWh de energía renovable al año. Asimismo, con una inversión de US$ 116 millones, se ha programado su construcción para el segundo trimestre de 2026 y la operación a fines de 2027.

¿Y qué pasa en el norte?
De los 21.5 GW de proyectos eólicos y solares con estudios de preoperatividad aprobados, el 22% se asienta en el norte, repartiéndose entre las regiones Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.

En Lambayeque, con vientos que corren a una velocidad de hasta 38 km/h, existen 12 proyectos, de los cuales solo uno tiene concesión definitiva de generación: la Central Eólica Mórrope. Conformada por 40 aerogeneradores de 6,4 MW cada uno, esta planta contará con una potencia nominal de 256 MW, apuntando a entregar energía al sistema interconectado desde fines de 2029.

Piura es la segunda región norteña con mayor número de proyectos renovables. Son 8 en total y solo uno cuenta con concesión definitiva: Emma, de 72 MW. Esta infraestructura, constituida por 16 aerogeneradores, aprovechará los intensos vientos de hasta 30 km/h para producir energía eólica a partir de marzo de 2028.

El desafío de la integración
Con el ingreso de la energía eólica y solar al sistema interconectado, cuya cuota de participación crecerá en 30 puntos porcentuales entre 2030 y 2050, ha surgido una pregunta: ¿está preparada nuestra red nacional que ha sido diseñada para operar principalmente con centrales hidráulicas y térmicas a gas?

Los cuestionamientos a las energías renovables no convencionales se centran en que son intermitentes, necesitan respaldo de otras tecnologías, pueden generar sobrecostos ocultos, alteran el mercado eléctrico, ocupan grandes extensiones de territorio, dependen de minerales y cadenas globales y pueden afectar la estabilidad eléctrica.

Desde Gerens, se afirma que la incorporación de estas fuentes hacia el 2030 podría costar más de US$ 5,393 millones a Perú, debido a que acarrean costos directos e indirectos para el sistema eléctrico, que finalmente se trasladarían a los usuarios mediante la suba de tarifas eléctricas. Entre los costos directos, se menciona la modernización de las redes de transmisión para incorporar fuentes intermitentes; mientras que, en términos de costos indirectos, se precisa la sustitución de gas natural e instalación de infraestructura renovable.

No obstante, Perú ha venido preparándose este nuevo paradigma, a través del Plan de Inversiones en Transmisión (PIT), que propone modernizar y ampliar la red eléctrica, con la puesta en marcha de 19 proyectos a nivel nacional, por la suma total de US$ 2,500 millones. Esto será estratégico porque permitirá integrar más renovables, reducirá congestiones y riesgos de cortes y facilitará la descarbonización. En suma, mejorará la confiabilidad del sistema.

Y no solo eso. Con aporte de expertos, se está perfeccionando el proyecto de decreto supremo para la aprobación del Reglamento de Servicios Complementarios, considerado una pieza angular para la modernización del mercado eléctrico y la mayor adhesión de renovables no convencionales, obligando a estas centrales a contar con regulación de frecuencia y de tensión, arranque autónomo ante apagones y reservas operativas.

El avance de las energías renovables no convencionales ya no es una posibilidad lejana, sino un proceso en marcha que reconfigura el mapa energético peruano. Con decenas de proyectos en desarrollo, miles de millones de dólares comprometidos y una red eléctrica que busca adaptarse a nuevas exigencias técnicas, Perú enfrenta el reto de transformar su enorme potencial natural en una transición sostenible, competitiva y segura.

China es otro mercado de hidrógeno verde en fase de consolidación y reajuste. Con una entrega anual de 60,000 toneladas, el Gobierno se ha propuesto alcanzar 3 millones de toneladas anuales en 2030, gracias al desarrollo de una cadena de suministro integrada, grandes inversiones y políticas de apoyo.

Con todo, quizá la mayor preocupación compartida por Europa, Estados Unidos y China es la economía de la materia prima. Hoy, producir hidrógeno verde tiene un costo de entre 3 y 7 dólares por kilogramo, lo que lo hace más caro en comparación con el gris (1-2 US$/kg) y azul (2-3.5 US$/kg). Las razones de su elevado costo son obvias: necesita mucha electricidad renovable, los electrolizadores aún son costosos, las renovables son intermitentes, hay pérdidas de energía en el proceso y todavía falta infraestructura.

En este contexto, América Latina y el Caribe se perfila como una de las regiones para producir hidrógeno renovable a costos excepcionalmente bajos de cara al 2030. Según el Índice H2ALC 2025, que clasifica a 17 países según el grado de madurez de sus ecosistemas de hidrógeno, Brasil encabeza el ranking con 75,5 puntos, debido a sus avances regulatorios, instrumentos financieros y objetivos de consumo. Otros actores clave son Chile (73,25) y Colombia (73 puntos).

Perú: del potencial a los primeros proyectos
Y aunque Perú se ubica fuera del top 5 de la mencionada encuesta (44,75 puntos), es un bastión que empieza a posicionarse como una alternativa competitiva en la región, dado a sus favorables condiciones climáticas para la producción de hidrógeno cero carbono: hasta 6.5 kWh/m2 de radiación solar y picos de 11 m/s en velocidad de vientos. Sumado a los más de 950 GW de potencial en energías renovables no convencionales, que bien podrían ser aprovechados para la obtención del hidrógeno sostenible, destinándolo a sectores de gran demanda esperada en la minería, cementera y acería.

En palabras del presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno (H2 Perú), Daniel Cámac, el costo de producción de hidrógeno limpio en nuestro país podría situarse a futuro entre los 2 a 2.5 dólares por kilogramo, haciendo factible la elaboración local de amoniaco, nitrato de amonio y explosivos a precios competitivos para actividades como la minería y la agricultura. “A nivel mundial el precio el precio de la tonelada de amoniaco producido con hidrógeno gris oscila entre US$ 250-350; el precio del amoniaco con hidrógeno azul, entre US$ 350-400; y el precio del amoniaco con hidrógeno verde, entre US$ 750 a más. Perú podría producir amoniaco más accesible con un costo de hidrógeno verde de 2-2.5 US$/kg”.

Precisamente, en los últimos años, el país ha impulsado una serie de iniciativas que combinan la elaboración de marcos regulatorios, proyectos piloto y la atracción de inversiones a gran escala, aprovechando su alto potencial en energías renovables como la solar y la eólica. Este interés creciente se ha materializado en propuestas industriales de gran envergadura, especialmente en regiones del sur como Arequipa, que buscan posicionar al Perú como un actor relevante en la futura cadena global del hidrógeno verde.

Cusco
Situada en Cusco, en Cachimayo, la única planta en Perú donde se fabrica nitrato de amonio grado ANFO, se viene aprovechando el suministro eléctrico 100% renovable para descomponer el agua mediante electrólisis y así obtener más de 8 toneladas de hidrógeno al día, que posteriormente se usará en la producción del nitrato. El objetivo de Enaex, titular de esta planta desde 2018, es incrementar aún más el volumen de hidrógeno limpio.

“En Cachimayo estamos inaugurando este primer semestre (de 2025) un electrolizador de gran capacidad, el cual nos permitirá continuar operando de manera eficiente y sostenible (equipo que permite separar el hidrógeno del oxígeno en el agua). Es el primer equipo que implementamos en la planta con una mejora notoria respecto a eficiencia y productividad lo que nos permitirá incrementar nuestra producción de hidrógeno y convertirnos en una opción viable y eficiente en el mercado para sus distintos usos”, contó su gerente general, Rodrigo Pastor, a esta revista en una ocasión anterior.

Arequipa
En Arequipa, hay dos grandes proyectos que prometen convertir a la región en el hub exportador del hidrógeno verde. El primero de ellos es Horizonte de Verano, que combina una planta solar y una desalinizadora de agua marina. Con ambas infraestructuras se pretende producir suficiente hidrógeno para su posterior transformación en 1 millón 650 mil toneladas de amoníaco verde al año. Con una inversión de US$ 11,200 millones, se desarrollará en cinco etapas, siendo que la primera entrará en operación a mediados de 2027 y la última a inicios de 2032. “Estamos ante uno de los giga proyectos de hidrógeno verde más avanzados de la región y probablemente del mundo”, sostuvo el CEO de Verano Energy, Dylan Rudney.

El segundo es el correspondiente a Phelan Green Energy. Por la suma de US$ 2,500 millones, la empresa apunta a construir una planta solar, una planta de electrólisis, una planta de síntesis e infraestructura logística conectada al puerto de Matarani. Cuando el proyecto de tres fases se haya completado, cada año entregará 75,000 toneladas de hidrógeno o su equivalente 400,000 toneladas de amoniaco con destino a mercados de Europa y Asia. “La decisión de inversión está prevista para el segundo semestre de 2026, lo que nos permitiría iniciar la construcción en 2027 y comenzar a producir hidrógeno verde a mediados de 2028. Este es el calendario tentativo que manejamos”, dijo a esta revista el otrora gerente general de Phelan en Perú, Jean-Louis Gelot.

Con la ejecución de estos de dos proyectos y otros en etapa temprana, Arequipa visiona atender el 5% de la demanda mundial de hidrógeno, según consta en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2026-2035, que busca convertir a la región en un referente internacional en energías renovables, impulsando el cambio de la matriz energética y la producción de hidrógeno verde.

Moquegua
Pero, aparte de Cusco y Arequipa, se han identificado cuatro hubs de hidrógeno en Ica, Moquegua, Tacna y Puno. Según el estudio “Valle del hidrógeno verde en el sur del país”, elaborado por H2 Perú con apoyo de Moquegua Crece, solo en Moquegua, el excelente potencial solar con factores de planta rondando el 30%, junto con decrecientes precios de electricidad (40 – 55 USD/MWh) generan las condiciones óptimas para tener un costo del hidrógeno competitivo (2.0 – 3.5 US$/kg).

Otro de los resultados preliminares de la investigación muestra que la minería y manufactura, como principales actividades industriales, podrían generar una demanda suficiente de hidrógeno que permite aprovechar los beneficios de las economías de escala de la cadena de valor (30 – 300 mil toneladas al año).

“A largo plazo, una nueva economía de hidrógeno podría generar en Moquegua entre 3,400 a 74,000 empleos directos y entre 800 a 4,000 millones de dólares de PBI adicional como mínimo”, se lee en el estudio.

Lima
Al sur de Lima, en Cañete, se ubica la planta Pampa Melchorita de Perú LNG. En abril de 2024, la empresa había anunciado un estudio preliminar para la producción de 60,000 toneladas anuales de syngas, un metano sintético compuesto de hidrógeno y monóxido de carbono. Aunque los resultados no han sido difundidos, se sabe que el objetivo era analizar las posibles fuentes de CO2, el suministro de energía renovable, la tecnología de electrólisis del agua para la producción de hidrógeno verde y la tecnología de metanización.

“Una vez culminado el estudio de prefactibilidad, Marubeni, Osaka Gas y Perú LNG considerarán los resultados y evaluarán si se puede tomar una decisión de inversión en 2025, con el objetivo de comenzar la producción y venta de e-metano para el año 2030, contribuyendo a lograr la neutralidad de carbono en la industria del gas”, adelantó la empresa en aquella oportunidad.

El rol de la academia
En el plano académico, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha marcado un evento sin precedentes en la producción de energía limpia en el país con su planta de producción de hidrógeno verde. Desarrollada por el Centro de Energías Renovables (CER), esta moderniza y automatizada infraestructura es capaz de producir 65 kg de hidrogeno al día, equivalente a 240 metros cúbicos de este gas combustible o a 65 galones de gasolina.

Un electrolizador, cuya tecnología se basa en la membrana de intercambio de protones (PEM), se encarga de dividir el agua en sus moléculas de hidrógeno y oxígeno mediante corriente eléctrica. La membrana PEM actúa como barrera entre los dos electrodos y permite el paso de los protones, a la vez que evita la mezcla de gases, facilitando así la separación y la recolección de hidrógeno y oxígeno en grandes balones.

“El proyecto está orientado a la formación académica y científica de los ingenieros de la UNI y de Perú. Esta iniciativa podría convertirse en un modelo para otras universidades, a fin de impulsar el desarrollo de centros de investigación de soluciones sostenibles y generar oportunidades de innovación y empleo en el sector de la energía limpia”, resalta el vicerrector de Investigación, Arturo Talledo.

El hidrógeno verde aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo, pero su avance ya redefine la geopolítica energética global. Mientras las grandes potencias aceleran inversiones y metas de producción, regiones como América Latina comienzan a posicionarse como nuevos polos de competitividad. En ese escenario, Perú enfrenta el desafío de convertir su potencial renovable en proyectos concretos y sostenibles que le permitan integrarse de manera efectiva a la futura economía del hidrógeno.

En ese escenario, la generación distribuida se presenta como una herramienta estratégica. Su principio es producir energía cerca del punto de consumo, mediante soluciones como sistemas solares fotovoltaicos, cogeneración, almacenamiento, eficiencia energética y recursos renovables de pequeña o mediana escala. Esta lógica permite reducir pérdidas en distribución, optimizar costos, mejorar la continuidad del servicio y fortalecer la seguridad energética de usuarios comerciales, industriales y residenciales.

El Perú ya cuenta con una base normativa que reconoce esta posibilidad. La Ley N.° 28832 incorporó la generación distribuida dentro del marco para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica. Posteriormente, el Decreto Legislativo N.° 1221 abrió una ruta para que los usuarios del servicio público de electricidad que cuenten con equipamiento de generación renovable no convencional o cogeneración puedan producir para autoconsumo e incluso inyectar excedentes al sistema de distribución, siempre que no se afecte la seguridad operacional de la red.

Sin embargo, el principal desafío está en pasar del reconocimiento normativo a la aplicación efectiva. Para que la generación distribuida se despliegue con escala y confianza, el país necesita reglas claras sobre capacidad máxima, procedimientos de conexión, medición bidireccional, tratamiento de excedentes, compensación económica, responsabilidades del usuario-generador, obligaciones de las empresas distribuidoras, plazos administrativos y criterios de seguridad. Sin estos elementos, la oportunidad existe, pero su implementación queda limitada por incertidumbre regulatoria, técnica y comercial.

Aquí cobra especial importancia la dimensión técnica. Conectar recursos distribuidos a la red no es únicamente instalar paneles o equipos de generación. Implica garantizar que la interacción entre el usuario, el sistema de distribución y los equipos de protección sea segura, confiable y compatible con la operación eléctrica. Por ello, referencias internacionales como la IEEE 1547 resultan relevantes, porque establecen criterios para la interconexión e interoperabilidad de recursos energéticos distribuidos con los sistemas eléctricos.

La IEEE 1547 aborda aspectos fundamentales como respuesta ante condiciones anormales de operación, calidad de energía, protección anti-isla, control de tensión, comunicación, pruebas, mantenimiento e interoperabilidad. Su valor no está en copiar modelos externos sin análisis local, sino en tomar buenas prácticas técnicas que permitan ordenar la conexión de recursos distribuidos bajo estándares robustos. Un mercado de generación distribuida requiere innovación, pero también confiabilidad sistémica.

Por eso, el liderazgo energético que necesita el Perú debe integrar cuatro dimensiones: regulación clara, estándares técnicos, inversión privada y gestión socioambiental. La generación distribuida no debe verse solo como una solución tecnológica, sino como una estrategia de competitividad empresarial y desarrollo sostenible. Una empresa que gestiona mejor su energía puede reducir costos, disminuir emisiones, mejorar indicadores ESG, fortalecer su reputación y anticiparse a exigencias de clientes, inversionistas y mercados.

Desde una mirada país, la descentralización energética también puede contribuir a cerrar brechas. En zonas urbanas, puede aliviar presión sobre redes y mejorar eficiencia. En zonas rurales o periurbanas, puede complementar soluciones de acceso, bombeo de agua, servicios productivos, educación y salud. En sectores intensivos en energía, puede mejorar resiliencia operativa y reducir exposición a variaciones de precios. En todos los casos, la clave está en diseñar soluciones técnicamente viables, ambientalmente responsables y socialmente aceptadas.

El Perú tiene potencial renovable, experiencia energética, capacidad empresarial y una creciente demanda por soluciones sostenibles. Lo que falta es acelerar la articulación entre norma, tecnología, financiamiento y gestión. La generación distribuida no reemplaza al sistema eléctrico centralizado, pero sí lo complementa, lo moderniza y lo acerca al usuario.

Desde ENERMIXA, creemos que la energía del futuro debe ser más limpia, inteligente, cercana y medible. El desafío no es solo producir más energía, sino gestionarla mejor, integrarla al desarrollo de los territorios y convertirla en valor para las empresas y el país.

Una deuda sin salida
Así, y ya sumergida en el pantano de sus complicaciones, la liquidez corriente de la estatal quedó anulada y se vio obligada a solicitar y consumir los masivos rescates financieros que hasta ahora siguen sirviendo para cancelar facturas vencidas, pagar a proveedores de crudo y para amortizar la deuda principal que aumenta cada día debido a los intereses.

Con acreedores que van desde tenedores de bonos internacionales, la banca internacional, agencias de crédito y proveedores de crudo y combustibles, en los últimos años la deuda de Petroperú motivó la intervención del Estado inyectando o garantizando recursos a modo de rescate.

A la fecha, se han realizado más de cinco intervenciones de auxilio por un monto que supera los US$ 6,000 millones, y todos con la promesa de salvaguardar el rol estratégico de la compañía. Sin embargo, la situación financiera de la empresa no ha mostrado señales de mejora, y pese a los rescates, continúa nadando en las turbulentas aguas de sus crecientes deudas y problemas operativos. Situación que ha llevado a las principales calificadoras de riesgo a degradar la calificación de la empresa a niveles preocupantes, destruyendo así su reputación crediticia y disminuyendo aún más la confianza de los mercados internacionales.

En diciembre del año pasado, S&P Global Ratings rebajó la calificación de Petroperú a ‘B-‘ desde ‘B’, pues consideró que habían aumentado las incertidumbres sobre la capacidad del Gobierno para implementar medidas correctivas sostenibles. En tanto, en enero de este año, Moody’s Ratings rebajó las calificaciones de Petroperú de `B3´ a ‘Caa1’, con perspectiva negativa. Ello debido a que la calificadora estima que las disposiciones planteadas en el Decreto de Urgencia Nº 010-2025, que contemplan una segmentación de la empresa o la transferencia de activos a través de esquemas estructurados por PROINVERSIÓN, constituyen un evento de crédito negativo para Petroperú.

Rol social y estratégico
A marzo de 2026, Petroperú registró una participación del 19% en el mercado de combustibles a nivel nacional, 42% en el mercado del diésel y 31% en gasolinas. Pero también cuenta con más del 75% de participación de mercado en los departamentos con alto índice de vulnerabilidad del país, como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde no existe presencia significativa del sector privado y donde, de acuerdo a la petrolera, su ausencia podría derivar en una grave afectación a la economía de dichas jurisdicciones. Por ello, en los considerandos y fundamentos de los Decretos de Urgencia que se han dictado para el auxilio financiero de la empresa, se destaca el rol estratégico de Petroperú en la seguridad energética del país, por lo que, incluso en el Decreto de Urgencia N° 010 2025, no solo se establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera, sino que también se busca garantizar la continuidad de la cadena de producción y el abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional.

En ese sentido, en los mercados no muy competitivos para el sector privado, Petroperú asume de manera estructural rutas logísticas deficitarias o de alta complejidad geográfica para garantizar el suministro de combustible. Mientras que las empresas privadas concentran su distribución en zonas metropolitanas y de alta rentabilidad comercial. En consecuencia, su participación es indispensable para sostener el transporte de carga, la conectividad fluvial y los sistemas eléctricos aislados (ciudades que no están conectadas a la red eléctrica nacional).

Otro factor que también sostiene el rol estratégico de la compañía es el conjunto de infraestructuras críticas que opera la empresa, como el Oleoducto Norperuano, que con sus más de 1,000 kilómetros conecta los principales bloques petroleros de la Amazonía con el puerto y la Nueva Refinería de Talara. Asimismo, opera tres refinerías (Talara, Conchán e Iquitos) que junto con una red de terminales y plantas de venta constituye la principal reserva de contingencia energética del país.

Por último, Petroperú es la encargada del suministro de combustibles a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por lo que asegura el despacho continuo de diésel, gasolinas y combustibles de aviación (como el Turbo A-1 para helicópteros y aviones militares) en todo el territorio nacional.

Así, precisamente es este rol el que obliga al Gobierno a mantener una alta probabilidad de apoyo a la institución, y no precisamente por criterios de rentabilidad, sino más bien bajo la premisa de que las consecuencias de una parálisis operativa o «no intervención» serían devastadoras para la estabilidad macroeconómica y el orden social de la nación.

MENTORES

“Uno de los errores más comunes en los emprendimientos energéticos es enamorarse de la solución tecnológica antes de validar si existe un problema real y un mercado dispuesto a pagar. Muchos equipos desarrollan prototipos sin haber conversado con usuarios, algo crítico en un sector con ciclos de venta largos y alta complejidad regulatoria. Los equipos con mayor potencial son aquellos que combinan claridad del problema, adaptabilidad y entendimiento de la cadena de valor, además de integrar perfiles técnicos y comerciales. El reto es equilibrar innovación con viabilidad regulatoria y comercial desde el inicio”.

“Uno de los errores más comunes en los emprendimientos energéticos es diseñar productos o servicios sin validar previamente la necesidad del cliente, muchas veces por partir de una experiencia técnica o una tendencia. También se suele subestimar la importancia de la estrategia digital, la presencia web y las relaciones públicas, que son claves para la autoridad de marca y la validación en el mercado. Los equipos con mayor potencial combinan formación técnica con ejecución directa del negocio y aprovechan tecnologías como IoT e inteligencia artificial para automatizar procesos, generar datos y escalar soluciones”.

“Uno de los errores más comunes en los emprendimientos energéticos es partir de la tecnología antes que del problema, sin validar quién enfrenta la necesidad, cuánto le cuesta resolverla y bajo qué condiciones adoptaría una solución. En este sector, comprender el contexto operativo y regulatorio es tan importante como la innovación técnica. Los equipos con mayor potencial combinan solidez técnica, comprensión del mercado y capacidad de adaptación, conectando innovación con posibilidades reales de implementación y escalamiento. Además, es clave fortalecer la articulación del ecosistema para acelerar startups de energía y sostenibilidad”.

“Uno de los errores más comunes en los emprendimientos energéticos es enfocarse únicamente en la tecnología y dejar en segundo plano la viabilidad regulatoria, contractual y operativa del proyecto, sin considerar desde el inicio permisos, estándares técnicos o responsabilidades ante fallas. En este sector, innovar no es suficiente; la solución debe generar confianza técnica, comercial y regulatoria. Los equipos con mayor potencial combinan un problema claramente identificado, una solución aterrizada a necesidades reales y una visión de escalabilidad, incorporando desde etapas tempranas aspectos como seguridad, trazabilidad y cumplimiento normativo”.

“Uno de los errores más recurrentes en los emprendimientos energéticos es el sesgo tecnológico, donde los equipos se enfocan en la solución técnica y descuidan la validación del problema desde la perspectiva del usuario, lo que dificulta la adopción en contextos reales. También es clave no subestimar las ventas, ya que son parte central de la validación y del paso de inventor a empresario. Los equipos con mayor potencial destacan por su multidisciplinariedad, capacidad de pivotar con feedback y visión de crecimiento exponencial. La innovación más resiliente nace del codiseño con el usuario y de un enfoque ético regulatorio integrado”.

“En la transición energética no basta con optimizar lo existente; se requiere dar un salto hacia soluciones innovadoras y disruptivas que respondan a los retos de descarbonización, flexibilidad y eficiencia. Los equipos con mayor potencial combinan comprensión del mercado y del marco regulatorio, desarrollando propuestas integrales, viables y escalables. El equilibrio entre innovación y viabilidad se logra mediante validación continua técnica, comercial y regulatoria. El ecosistema necesita mayor articulación e interdisciplinariedad para acelerar soluciones que enfrenten la creciente complejidad del sector energético”.

«En materia energética y en hidrocarburos en particular, el equilibrio entre innovación tecnológica y viabilidad comercial y regulatoria debe responder en forma gradual a la respuesta que se obtendrá de aplicar determinada tecnología adecuada a la realidad del proyecto. Un lote petrolero que produce 100 barriles por día de petróleo no adaptaría oleoductos inteligentes porque sería totalmente inviable económicamente En ese caso, la tecnología recomendable será transportar el crudo vía cisternas, en la medida que ello sea rentable y permitido legalmente».

¿Y en Perú ya cuentan con experiencias concretas?
Sí. Hemos desarrollado soluciones de generación eléctrica con gas natural para importantes industrias en Lima. Actualmente, tenemos proyectos operativos de “peak shaving” utilizando grupos electrógenos a gas natural y contamos con una cartera cercana de proyectos adicionales para este y el próximo año.

La demanda está creciendo rápidamente, especialmente porque Lima tiene acceso a gas natural a costos más competitivos.

¿Qué rol tendrán combustibles alternativos como el hidrógeno o el biogás en la matriz energética peruana?
Todos estos combustibles forman parte del proceso de transición energética, aunque tienen características distintas.

En el caso del hidrógeno, nuestros grupos electrógenos a gas natural ya están preparados para operar con mezclas de hasta 25% de hidrógeno sin modificaciones mecánicas. Eso significa que, cuando las distribuidoras comiencen a incorporar hidrógeno en las redes, nuestros equipos podrán adaptarse automáticamente.

Sin embargo, todavía falta tiempo para que el hidrógeno sea una solución masiva y económicamente competitiva.

En cambio, el biogás sí representa una oportunidad inmediata. Se obtiene de la descomposición de residuos orgánicos o industriales. Incluso, en Perú ya existen instalaciones que generan grandes cantidades de biogás y muchas veces simplemente lo queman para evitar emisiones de metano.

Nuestra propuesta es utilizar ese biogás para generar electricidad y hacer más rentable y sostenible la operación.

Detroit también incorpora soluciones tecnológicas para monitoreo y mantenimiento predictivo. ¿Cómo funcionan?
Nosotros representamos a la marca MTU y utilizamos una plataforma llamada MTU Go, que monitorea permanentemente variables como temperatura, presión, vibración, consumo de combustible y horas de operación.

Toda esa información se analiza en tiempo real y permite pasar de un mantenimiento reactivo a uno preventivo e incluso predictivo. Gracias a ello, se reducen fallas, costos operativos y consumo de combustible, además de extender la vida útil de los equipos.

¿Qué políticas deberían fortalecerse para impulsar la infraestructura energética en Perú?
Uno de los principales problemas es la calidad de los combustibles. Aunque existe una normativa para regular emisiones, el combustible disponible en el país todavía mantiene altos niveles de azufre.

Eso limita el ingreso de tecnologías más limpias y eficientes. Mientras no exista un combustible de mejor calidad, será difícil aprovechar plenamente los avances tecnológicos disponibles a nivel internacional.

También es necesario desarrollar una regulación más clara para el uso masivo y seguro de sistemas BESS y soluciones híbridas.

¿Cuáles son las principales líneas de negocio de Detroit y cuáles tienen mayor proyección?
Las principales líneas de negocio de Detroit Power System Perú están enfocadas en soluciones para minería, energía, industria y transporte.

Nuestra principal fortaleza es el área de servicios, tanto en campo como en talleres, especialmente en mantenimiento, overhaul y repower de motores mineros MTU, donde contamos con amplia experiencia y soporte especializado para operaciones de alta exigencia.

Además, representamos marcas líderes como MTU de Rolls-Royce Solutions, Donaldson, Allison Transmission, ACDelco, CRRC, Foremin y Excel.

Sin embargo, una de las divisiones con mayor proyección, y donde actualmente estamos enfocando gran parte de nuestras inversiones, es el área de energía, impulsada por la creciente electrificación de la industria y la minería.

En esta línea, desarrollamos soluciones con grupos electrógenos diésel y a gas, sistemas híbridos, almacenamiento energético (BESS) y proyectos integrales de generación y respaldo energético, buscando acompañar la transición hacia operaciones más eficientes, confiables y sostenibles.

¿Cómo ha evolucionado el crecimiento del área de energía?
Ha sido un año positivo. Hemos concretado ventas importantes para operaciones mineras sobre los 4000 msnm. Por citar algunos casos, la venta de tres grupos electrógenos de 2.4 MW para una estación de relaves y otra solución móvil sobre semirremolque cama baja de 3.25 MW para movilizar palas eléctricas; todos en media tensión y con altos estándares exigidos por estos importantes clientes.

Gracias a estos proyectos y a otras ventas complementarias, estimamos un crecimiento considerable respecto al año anterior. Además, ya estamos desarrollando nuevas oportunidades para los siguientes años.

Finalmente, ¿qué enseñanzas dejó la reciente interrupción del suministro de gas natural en Perú?
Fue un evento puntual, pero sí generó dudas en algunos clientes sobre la confiabilidad del gas natural. Sin embargo, si analizamos más de 20 años de operación de Camisea, el suministro ha sido históricamente muy estable.

Más que abandonar una tecnología, este tipo de situaciones demuestra que el futuro estará en la coexistencia de distintas soluciones energéticas: gas natural, almacenamiento, generación híbrida y otras alternativas que permitan garantizar continuidad operativa y seguridad energética.

¿Realmente le estamos dando la importancia debida a la actividad en aguas profundas?
Hoy tenemos un contratista interesado en explorar en aguas profundas, pero deberíamos tener muchos más debido al potencial geológico del área. Perú sí tiene potencial en aguas profundas, pero no se le está dando la velocidad ni el foco que requiere.

Solo para que tengas una idea clara de la situación: las cuencas marinas de Perú tienen, aproximadamente, 8,650 millones de barriles de petróleo prospectivos y 8.4 TCF de gas por descubrir. Ocho de las 18 cuencas del país están en el mar y varias de ellas están casi no exploradas.

El año pasado había apenas 5 contratos exploratorios activos en todo el país y de ellos 3 offshore, mientras que en 2009 había 68 contratos exploratorios. Ello nos demuestra que la exploración está en sus mínimos históricos justo cuando más la necesitamos.

¿Eso qué nos muestra? Que el offshore es probablemente el mayor “territorio energético pendiente” de Perú, pero a pesar de representar una gran oportunidad, se encuentra sin impulso real, lo que implica que podríamos correr el riesgo de que se convierta en otra oportunidad perdida.

¿Han sido acertadas las decisiones de Estado para promover el sector energético en los últimos cinco años?
No dudo que las entidades responsables de promover la inversión en el sector han venido trabajando con este objetivo, pero es evidente que no han sido exitosas, puesto que en los últimos 5 años no se han firmado contratos de exploración, ha habido contratos que han culminado y, a pesar de haber sido entregados a un nuevo contratista, se encuentran totalmente parados y, a nivel internacional, hemos perdido competitividad frente a los otros países de la región. La falta de exploración, inversión y señales claras está comprometiendo seriamente la sostenibilidad del sistema en la próxima década. Perú no ha fallado por malas decisiones visibles, sino por falta de políticas estructurales de largo plazo.

¿Qué hacer para ganar o recuperar nuestra competitividad hidrocarburífera ante la escalada de otros vecinos de la región como Argentina, Brasil o Venezuela?
Para comenzar, requerimos del Estado acciones concretas como: simplificación de permisos, predictibilidad regulatoria, contratos de largo plazo, acompañamiento frente al conflicto social, respeto a las condiciones contractuales, por mencionar las más urgentes.

De otra manera, no resultaremos atractivos para la inversión privada porque Perú tiene el potencial para competir con los líderes de la región, pero necesita pasar de un modelo reactivo a uno proactivo en exploración, inversión y estabilidad.

Chevron ya está explorando en Perú, ¿confía en que otros gigantes mundiales del rubro ingresen al país en el corto plazo?
La llegada de Chevron es una señal positiva de confianza en el potencial del país, pero no garantiza un ingreso masivo de otras compañías. Para que eso ocurra, Perú necesita consolidar un entorno competitivo, predecible y ágil para la inversión. Como país, necesitamos posicionarnos como destino prioritario.

Si Perú no mejora sus condiciones, las grandes decisiones de inversión seguirán yéndose a Brasil, Guyana o Argentina.

Con los años que tiene en el sector, ¿qué le da esperanza sobre el futuro de Perú?
Lo que me da esperanza es que Perú ya ha demostrado con creces que tiene toda la capacidad de hacer las cosas muy bien. Camisea es prueba de que, cuando hay visión y decisión, el país logra proyectos de nivel mundial.

Hoy seguimos teniendo recursos, interés internacional y, sobre todo, una oportunidad clara de corregir el rumbo. Mi optimismo se alimenta de la convicción de que, si tomamos las decisiones correctas, Perú puede volver a ser un protagonista energético clave en la región.

¿Cuál es el presupuesto de inversión proyectado para 2026 y cuáles son los principales destinos de ese capital?
Para 2026, nuestro presupuesto de inversión estará enfocado principalmente en la ejecución de la Central Solar Fotovoltaica Solimana, ubicada en la provincia de Camaná. Este proyecto, que contempla una inversión aproximada de USD 190 millones y aún se encuentra sujeto a la aprobación final del Directorio, incluye también el desarrollo de una línea de transmisión de 34 kilómetros, infraestructura clave para garantizar la integración eficiente de la energía al sistema eléctrico.

Los principales destinos de este capital estarán orientados al inicio y avance de las obras de construcción y a la implementación de infraestructura asociada.

Solimana representa un paso importante dentro de nuestra estrategia y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de energía renovable en el país. A través de este proyecto, buscamos seguir fortaleciendo una matriz energética más limpia y acompañar la creciente demanda de sectores estratégicos con soluciones energéticas confiables y competitivas, en el marco de la evolución natural del proyecto y sujeto a las aprobaciones corporativas correspondientes.

¿Qué iniciativas vienen implementando en materia de sostenibilidad con las comunidades de sus zonas de influencia?
En Celepsa venimos implementando iniciativas de sostenibilidad enfocadas en agregar valor a las comunidades de nuestras zonas de influencia.

Una de nuestras principales iniciativas es el Programa de Sostenibilidad del Camarón de Río, este esfuerzo nace antes de nuestra operación comercial, en el 2001, conscientes de la importancia del recurso camarón para la zona de Cañete, en donde empezaríamos nuestras operaciones. El programa tiene como objetivo promover la la conservación de la especie y su aprovechamiento responsable, trabajando de la mano con los extractores locales para fortalecer sus capacidades y fomentar prácticas sostenibles. A la fecha, logramos el incremento de la población del camarón, favoreciendo la recuperación y sostenibilidad del recurso a largo plazo.

Programa de Sostenibilidad del Camarón de Río.

Asimismo, como parte de nuestra responsabilidad con las poblaciones de nuestra zona de influencia, principalmente agrícola y que requiere un abastecimiento sostenible del agua, año a año implementamos la adecuación de bocatomas en la cuenca media del río Cañete. Estas infraestructuras de captación de agua buscan garantizar el abastecimiento para riego, fortalecer la resiliencia hídrica y asegurar una operación sostenible de nuestra central en coordinación permanente con las comunidades.

Para ello, trabajamos de la mano con los agricultores, promoviendo una gestión colaborativa del recurso hídrico y atendiendo las necesidades vinculadas a la actividad agrícola. Además, este esfuerzo incorpora un monitoreo todo el año, una activa participación local y generación de empleo mediante mano de obra de la zona.

¿Cómo viene avanzando Celepsa en la inclusión de talento femenino y el desarrollo del talento local?
En Celepsa, como parte del Grupo UNACEM, contamos con un programa de Diversidad, Equidad e Inclusión, en donde se enmarca nuestro programa Women in Energy by Celepsa, una iniciativa desarrollada en colaboración con el World Energy Council, que busca fortalecer el liderazgo femenino en un sector históricamente masculinizado. A la fecha, ya contamos con dos promociones del programa, con más de 25 profesionales formadas, quienes han pasado por un proceso integral que combina herramientas de liderazgo y desarrollo personal.

Este programa no solo impulsa el crecimiento profesional de nuestras colaboradoras, sino que también promueve nuevas formas de liderazgo más diversas, colaborativas e inclusivas, alineadas con los desafíos de la transición energética.

Por otro lado, impulsamos el desarrollo del talento local en las zonas donde operamos, especialmente en mujeres. Un ejemplo son nuestros talleres de costura en Chilca, con los que buscamos fortalecer habilidades, generar oportunidades de ingreso y contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades.

¿Cómo visualizan la evolución de la matriz energética del Perú en el largo plazo?
Visualizamos que la matriz energética del Perú evolucionará hacia una mayor diversificación, manteniendo una base sólida de generación hidrotérmica, que continuará siendo uno de los principales pilares del sistema eléctrico nacional.

A ello se sumará una mayor incorporación de energías renovables no convencionales, especialmente solar y eólica, así como soluciones que aporten mayor firmeza y flexibilidad al sistema, como el almacenamiento de energía. En ese sentido, esperamos que en el corto plazo se impulse una discusión más amplia sobre la incorporación de sistemas de almacenamiento que contribuyan a fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico.

Asimismo, se estima que durante 2026 ingresarán alrededor de 1,000 MW de nueva generación eólica y solar, mientras que para 2027 se proyectan cerca de 500 MW adicionales.

De cara al largo plazo, el principal desafío será consolidar una matriz energética equilibrada, capaz de combinar seguridad energética, competitividad y sostenibilidad.

Subestación El Platanal.

¿Qué rol están otorgando a los sistemas de almacenamiento de energía dentro de su estrategia de crecimiento?
Consideramos que el desarrollo de los sistemas de almacenamiento de energía debe ir más allá de la regulación de frecuencia y contemplar mayores aplicaciones que permitan potenciar la integración de la generación renovable. En esa línea, es importante que esta discusión continúe profundizándose en el país para habilitar todo su potencial.

En Celepsa, los sistemas de almacenamiento representan una línea que venimos explorando de manera progresiva como complemento a nuestras operaciones, en un contexto donde la flexibilidad y la firmeza del sistema eléctrico cobran cada vez más relevancia.

Por otro lado, recientemente hemos implementado un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para nuestro cliente UNACEM, en su planta de Atocongo. Este proyecto ya se encuentra construido y próximo a entrar en operación, con su energización prevista para julio. Estas soluciones se alinean con nuestro enfoque de gestión activa de la demanda, orientado a generar eficiencias para clientes industriales y, en una siguiente etapa, contribuir a una mayor estabilidad del sistema eléctrico.

¿Cómo evalúan el desarrollo de los servicios complementarios en el sistema eléctrico peruano y su impacto en la operación del mercado?
Evaluamos que el desarrollo de los servicios complementarios en el sistema eléctrico peruano viene funcionando adecuadamente en términos operativos.

No obstante, consideramos que aún existe una oportunidad importante de evolución para fortalecer su rol dentro del mercado eléctrico. En particular, el principal desafío está en contar con un marco regulatorio más claro y específico que permita su adecuada definición, valorización e implementación.

Avanzar hacia un esquema más moderno de servicios complementarios permitiría no solo optimizar la operación del sistema, sino también acompañar mejor la incorporación de nuevas tecnologías y fuentes renovables.

¿Qué objetivos tiene Celepsa con su participación en el evento PERÚ ENERGÍA y qué mensaje buscan transmitir al sector?
Nuestra participación tiene como objetivo aportar activamente a la discusión sobre los principales desafíos del sector energético, compartiendo nuestra experiencia y promoviendo soluciones que contribuyan a un sistema más eficiente, seguro y sostenible. Es también una oportunidad para reencontrarnos con los principales actores del sector y fortalecer el diálogo sobre el futuro de la energía en el país.

Buscamos poner en valor el rol compartido que tienen todos los actores del sistema en la transición energética, destacando la importancia de avanzar hacia un sistema energético confiable y seguro, incorporando una visión de largo plazo que permita su desarrollo ordenado y equilibrado.

Asimismo, por segundo año consecutivo, auspiciamos el concurso Energízate Perú, una iniciativa que busca identificar y visibilizar proyectos innovadores con potencial de generar un impacto positivo en el sector. A través de esta plataforma, buscamos impulsar nuevas ideas y talentos que contribuyan a acelerar la transición energética en el país.

¿Cuáles serían los riesgos a corto plazo de no tomar decisiones energéticas claras?
El mayor riesgo de no tomar decisiones energéticas claras no es inmediato, pero es profundamente estructural.

En el corto plazo, el sistema puede seguir funcionando. Pero lo que empezamos a perder es margen de maniobra como país y capacidad de anticiparnos a escenarios más complejos.

Primero, se afecta la seguridad energética. Si no desarrollamos nuevas reservas ni impulsamos la exploración, vamos a depender cada vez más de importaciones. Eso nos vuelve vulnerables a la volatilidad de los precios internacionales y a shocks externos.

Segundo, impacta en la competitividad. La energía deja de ser una ventaja y pasa a ser un costo. Eso encarece la industria, desincentiva nuevas inversiones y limita el crecimiento.

Y tercero, se genera un riesgo más silencioso, pero igual de importante: se pierde el interés y la confianza de largo plazo del inversionista. Cuando un país no tiene una dirección clara, el capital naturalmente se mueve a donde sí la hay.

¿Qué hacer para que la crisis gasífera sucedida en marzo no se repita a futuro?
Lo que ocurrió en marzo nos deja una lección clara: la energía debe ser una prioridad de Estado. Para evitar que se repita, necesitamos avanzar en una mayor resiliencia de la infraestructura y en una planificación integral más eficiente, con verdadera mirada de largo plazo.

No se trata solo de reaccionar ante las crisis, sino de anticiparnos a ellas, fortaleciendo el sistema y gestionando los riesgos de manera oportuna.

¿Por qué después de 20 años no hemos vuelto a poner en operación otro Camisea?
Porque un proyecto de esa magnitud requiere tres condiciones fundamentales que no se han dado de la misma forma en los últimos años.

Primero, exploración sostenida. No hemos invertido ni explorado al nivel necesario para generar nuevos descubrimientos de escala comparable.

Segundo, condiciones para desarrollar proyectos complejos. Camisea implicó infraestructura, financiamiento y coordinación público-privada en un contexto de estabilidad y claridad regulatoria.
Y tercero, una visión compartida de largo plazo. Ese tipo de proyectos no avanza solo con recursos; avanza cuando hay alineamiento entre el Estado, la inversión y el país.

Mientras otros países han tomado decisiones claras para desarrollar sus recursos, Perú ha reducido su actividad exploratoria, ha complejizado sus procesos y ha enviado señales contradictorias a la inversión.

Camisea es el resultado de una visión país, de estabilidad y de decisión de ejecutar.

¿Cuál es la solución más realista para la masificación: gasoducto físico o virtual?
El gasoducto físico sin duda es la solución de largo plazo; permite transportar volúmenes grandes, tener costos más bajos en operación y un suministro continuo para las industrias y ciudades conectadas. Sin embargo, estos proyectos son altamente complejos, y requieren de inversiones significativas, largos plazos de maduración y condiciones habilitantes muy claras.

En ese contexto, el gas natural licuado transportado a través del “gasoducto virtual” se posiciona como un aliado estratégico para la masificación. Permite llegar más rápido a nuevas zonas, aprovechar la infraestructura existente y sustituir combustibles más contaminantes, facilitando la transición hacia una matriz energética más limpia.

Además, el gasoducto virtual cumple un rol clave: crear demanda y desarrollar mercados, lo que a su vez hace viables futuras inversiones en infraestructura física.

En la práctica, es una solución complementaria. El gasoducto virtual permite avanzar hoy, mientras se crean las condiciones para desarrollar el gasoducto físico mañana. De hecho, en la Planta de PERU LNG contamos con dos cargaderos de gas natural licuado, desde donde salen camiones que abastecen al norte, sur y centro del país, incluyendo regiones como Cusco, contribuyendo de manera concreta a la masificación.

¿Qué país le gustaría que encuentren las próximas generaciones de peruanos?
Me gustaría que encuentren un Perú que haya sabido convertir su potencial en oportunidades concretas y sostenibles.

Un país donde la energía, y en particular, el gas natural se haya aprovechado estratégicamente como un motor de desarrollo, no solo para crecer, sino para cerrar brechas y descentralizar el progreso.

Un Perú donde todas las regiones tengan acceso a energía moderna, confiable, sostenible y competitiva, donde la industria se haya fortalecido y que las autoridades hayan podido articular esfuerzos de manera efectiva, permitiendo que la inversión genere un impacto directo en la calidad de vida de más personas.

Pero, sobre todo, un país que haya aprendido a ejecutar. Que no se quede en el potencial, sino que sea capaz de transformarlo en resultados concretos para su gente. Nuestro país tiene todo para lograrlo.

En los últimos años, la sostenibilidad ha dejado de ser un tema reputacional para convertirse en una variable de competitividad. ¿Cómo está integrando Toyota los objetivos de carbono neutralidad dentro de su estrategia de negocio?
La sostenibilidad forma parte de nuestra estrategia de negocio y de nuestra visión de largo plazo. No la entendemos como una iniciativa aislada, sino como un elemento transversal que influye en nuestras decisiones de inversión, operación y desarrollo de productos.

Esto se refleja en la ampliación progresiva de nuestro portafolio de soluciones electrificadas, así como en nuevas alternativas de acceso a la movilidad. Por ejemplo, a través de KINTO venimos ampliando las alternativas de acceso a la movilidad, permitiendo que más personas y empresas puedan conocer y utilizar nuevas tecnologías mediante modelos flexibles de uso.

Asimismo, venimos trabajando en la reducción de nuestra propia huella ambiental. Como resultado de este esfuerzo, Toyota del Perú recibió por segundo año consecutivo la cuarta estrella del programa Huella de Carbono Perú, reconocimiento otorgado por el Ministerio del Ambiente a las organizaciones que demuestran una gestión sostenida de medición y reducción de emisiones.

Finalmente, creemos que la transición energética requiere construir capacidades en todo el ecosistema. Por ello realizamos actividades de formación y transferencia de conocimiento con universidades, centros de formación técnica, empresas y entidades públicas en distintas regiones del país.

Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales barreras que hoy frenan una adopción más acelerada de tecnologías de bajas emisiones en el país?
Existen desafíos relacionados con infraestructura, predictibilidad regulatoria y conocimiento técnico.

La infraestructura de carga seguirá siendo un factor importante para acelerar la adopción de tecnologías enchufables a gran escala. Del mismo modo, contar con reglas claras y una visión de largo plazo contribuye a generar confianza para las inversiones que requiere la transición energética.

También observamos una brecha importante de información. Muchas personas todavía no conocen las diferencias entre las distintas tecnologías disponibles ni los beneficios concretos que cada una puede ofrecer según su realidad de uso. En algunos casos, existe la percepción de que hay una única solución para todos los usuarios, cuando en realidad las necesidades de una familia, una empresa logística o una operación minera pueden ser muy distintas.

Por ello, además de comercializar vehículos, promovemos espacios de capacitación y diálogo con universidades, institutos técnicos, gremios y entidades públicas. Asimismo, compartimos conocimiento técnico con autoridades como el Ministerio de Energía y Minas para contribuir a una mejor comprensión de las oportunidades y desafíos asociados a la movilidad sostenible.

A pesar de estos desafíos, vemos señales positivas. Existe un interés creciente de consumidores y empresas por incorporar soluciones más eficientes, lo que demuestra que la transición energética ya está en marcha.

¿Qué políticas públicas considera prioritarias para acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible y generar un entorno atractivo para la inversión de largo plazo?
Lo más importante es contar con una visión de largo plazo que genere confianza y predictibilidad para todos los actores involucrados en la transición energética.

Desde nuestra perspectiva, las políticas públicas deben enfocarse en crear las condiciones para que las personas y las empresas puedan adoptar soluciones de menor impacto ambiental de manera progresiva y según sus necesidades. La transición será más efectiva cuando los usuarios tengan la posibilidad de elegir la tecnología que mejor se adapte a su realidad, considerando factores como infraestructura disponible, tipo de operación, autonomía requerida y costo total de uso.

Por ello, creemos que es importante mantener un enfoque tecnológicamente neutral que promueva la reducción de emisiones sin restringir el desarrollo de distintas alternativas. Los vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos pueden desempeñar roles complementarios en diferentes etapas de la transición.

Asimismo, será fundamental continuar impulsando la infraestructura, fortalecer las capacidades técnicas del país y promover espacios de colaboración entre el sector público, la academia y el sector privado. La transición energética requiere una visión compartida y una construcción gradual que permita generar beneficios ambientales, económicos y sociales de manera sostenible.

Sectores como minería, energía y logística vienen avanzando en sus propias metas ESG y de reducción de emisiones. ¿Qué rol tendrá la movilidad sostenible dentro de la transformación de estas industrias?
La movilidad sostenible tendrá un papel cada vez más relevante dentro de las estrategias ESG de múltiples sectores productivos.

Muchas empresas ya cuentan con objetivos concretos de reducción de emisiones y están incorporando indicadores ambientales dentro de sus procesos de toma de decisiones. En ese contexto, las flotas representan una de las oportunidades más concretas para reducir emisiones sin afectar la productividad del negocio. Además del beneficio ambiental, permiten generar eficiencias operativas y ahorros asociados al consumo de combustible.

Sin embargo, la transición no será igual para todas las organizaciones. Las necesidades de una operación minera son distintas a las de una empresa logística o una compañía de servicios. Por ello, la elección tecnológica deberá responder a las características de cada operación, considerando factores como recorridos, infraestructura disponible, exigencias operativas y objetivos de sostenibilidad.

Precisamente por eso creemos en un enfoque de múltiples opciones tecnológicas. Algunas organizaciones encontrarán oportunidades inmediatas en soluciones híbridas, mientras que otras podrán avanzar progresivamente hacia tecnologías con mayores niveles de electrificación conforme evolucionen las condiciones de infraestructura y operación.

La sostenibilidad genera mayor valor cuando logra combinar beneficios ambientales, económicos y operativos. En ese sentido, la movilidad sostenible se está consolidando como una herramienta estratégica de gestión empresarial y no únicamente como una iniciativa ambiental.

En un contexto marcado por transición energética, presión climática y transformación tecnológica, ¿qué tipo de liderazgo deben asumir hoy las empresas para generar un impacto real y sostenible en el país?
Las empresas tenemos la responsabilidad de contribuir activamente a la construcción de soluciones para los desafíos que enfrenta el país. Esto exige una visión de largo plazo, capacidad de innovación y disposición para colaborar con distintos actores del ecosistema.

En Toyota entendemos el liderazgo como la capacidad de convertir los compromisos en acciones concretas. Por ello, impulsamos tecnologías que permiten reducir emisiones desde hoy, ampliamos progresivamente las alternativas de electrificación disponibles para los usuarios y promovemos espacios de formación y transferencia de conocimiento en distintas regiones del país.

Asimismo, creemos que el liderazgo implica compartir experiencia y generar capacidades. Por ello trabajamos de manera cercana con universidades, institutos técnicos, empresas y entidades públicas para contribuir al desarrollo de una movilidad más sostenible y mejor preparada para los desafíos futuros.

Los cambios que el país necesita no dependen únicamente de incorporar nuevas tecnologías. También requiere información, preparación y articulación entre distintos sectores. El desafío no es elegir entre crecimiento económico y sostenibilidad. El desafío es construir soluciones que permitan avanzar en ambos objetivos al mismo tiempo. Ese es el tipo de liderazgo que el país necesita.

Tecnología para una industria más sostenible
Frente a estos desafíos, ABB viene impulsando una nueva generación de soluciones enfocadas en maximizar el rendimiento energético de las operaciones industriales.

La propuesta combina motores eléctricos de eficiencia NEMA Premium, motores de alta eficiencia hasta IE6, motores de reluctancia, motores de imanes permanentes, variadores de velocidad y plataformas digitales de monitoreo como ABB Ability™, capaces de supervisar en tiempo real el comportamiento de los equipos, anticipar fallas y optimizar el consumo energético.

La integración de estas tecnologías permite alcanzar importantes ahorros energéticos, incrementar la disponibilidad operativa de los activos y obtener retornos de inversión que, en algunos casos, pueden ser inferiores a 18 meses.

Para Roberto Amaya, sectores como minería, cemento, agua y tratamiento de aguas, agroindustria, alimentos y bebidas encuentran en estas soluciones una oportunidad concreta para reducir su huella de carbono, fortalecer su productividad y responder a los nuevos requerimientos de sostenibilidad que exigen los mercados globales.

La transición energética comienza donde se consume la energía
La transición energética no depende únicamente de cómo se genera la electricidad. Su éxito también está determinado por la eficiencia con la que esa energía es utilizada dentro de cada planta industrial.

Mientras las inversiones en energías renovables continúan expandiéndose, existe una oportunidad inmediata y altamente rentable en la modernización de los sistemas de motorización industrial.

Por ello, la verdadera transformación energética de la industria peruana y latinoamericana comienza en el piso de planta, donde cada motor, cada proceso y cada decisión tecnológica pueden marcar la diferencia entre una operación tradicional.

ABB lidera el cambio hacia motores más eficientes en Perú
Mauricio Rosales, IEC, NEMA & Large Motors Product Manager de ABB en Perú, se centra en un desafío estructural del país: cómo la industria puede volverse más eficiente en el uso de energía y agua en un contexto de creciente presión sobre los recursos.

En esa línea, ABB impulsa sus motores para bombeo VHS, diseñados para aplicaciones en pozos profundos y orientados a sectores estratégicos como agroindustria y minería, donde el abastecimiento hídrico se ha convertido en un factor crítico de productividad.

Rosales advierte que muchas decisiones industriales siguen enfocadas en el costo inicial de los equipos, cuando el verdadero impacto está en su operación de largo plazo. “El 97% del costo total de un motor corresponde al consumo de energía durante su vida útil”, señala, destacando la importancia de la modernización tecnológica.

En Perú, sectores como minería, agroindustria e industria papelera ya están migrando hacia motores IE3 e IE4, impulsados por metas de eficiencia y reducción de emisiones. Sin embargo, el especialista señala que la ausencia de una regulación sólida en eficiencia energética aún limita una adopción más acelerada.

Finalmente, enfatiza que la eficiencia no solo debe medirse en términos económicos, sino también ambientales, ya que la reducción de emisiones de CO2 es clave para enfrentar el cambio climático y asegurar la sostenibilidad industrial del país.

Con un equipo de más de 4.500 expertos, en 2025 Metso logró una facturación de 1,1 billones de euros en Sudamérica

Enfocada en las necesidades de sus clientes y en los desafíos del sector minero, la compañía se consolida como un socio estratégico orientado a construir relaciones de confianza, agregar valor y desarrollar soluciones que optimicen la rentabilidad de cada operación. Bajo este enfoque, su propuesta apunta a mitigar las incertidumbres operativas, acelerar los procesos de ramp-up y garantizar que los activos alcancen su máxima capacidad de manera predecible.

Con un equipo de más de 4.500 expertos, en 2025 Metso logró una facturación de 1,1 billones de euros en Sudamérica y ahora espera alcanzar los 1,3 billones al cierre de 2026.

En tanto, la división de servicios del área Andina (que abarca Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Guyana y Surinam) logró ventas por más de 200 millones de euros el año pasado. Por ello, en 2026 se ha planteado la meta de alcanzar los 253 millones de euros, una proyección respaldada por un primer trimestre que superó sus objetivos en un 25%, impulsado en gran medida por proyectos clave como Tía María, en donde Metso suministrará la tecnología para la parte húmeda en un contrato que ronda los 100 millones de dólares.

SERVICIOS DE CLASE MUNDIAL
Este desempeño responde principalmente a la maduración de los contratos de Servicios de Largo Plazo (LCS o Life Cycle Services), un modelo donde Metso se integra en las operaciones para asegurar la eficiencia y disponibilidad de sus equipos a través planes de mantenimiento y del suministro oportuno de componentes críticos. Al cierre del 2025, Metso contabilizó 600 contratos LCS activos a nivel mundial, de los cuales Sudamérica concentra cerca de 100.

En paralelo a este pilar, la firma introduce al mercado soluciones comerciales emergentes como el esquema «Asset as a Service». Una propuesta diseñada para optimizar la eficiencia de capital, permitiendo transformar el CapEx de los proyectos en OpEx mediante un formato tipo leasing donde Metso asume la ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de la planta; una alternativa que ya cuenta con un primer contrato exitoso en Perú y que proyecta sumar al menos cinco contratos hacia el 2030.

Para dar soporte físico a este portafolio, Joe Pezo, VP de Ventas de Servicios del Área Andina, detalló que la compañía actualmente está invirtiendo 15 millones de dólares en la construcción de un nuevo Service Center en La Joya, Arequipa. “Esta instalación triplicará la capacidad de la sede actual de Río Seco e integrará naves de reparación especializada para equipos de gran envergadura (como sistemas HPGR, zarandas y tolvas mineras), laboratorios y una planta de bombas; infraestructura con la que proyectan alcanzar una facturación de 30 millones de euros anuales a mediano plazo”, resaltó Pezo.

Para lograrlo, Metso cuenta con un equipo técnico cuyo talento es altamente demandado en la región. Además, potencia constantemente las capacidades de su recurso humano, incorporando también a especialistas de las zonas donde opera, los mismos que por su expertise participan constantemente en las paradas de planta en donde participa la empresa.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Bajo una estrategia que busca maximizar el rendimiento, el tonelaje y la recuperación, Metso ha implementado una serie de herramientas y tecnologías para sus tareas de mantenimiento que se complementan con cámaras portátiles y algoritmos de análisis. Esto le permite auditar las paradas de planta, identificar tiempos muertos y rediseñar los procedimientos para reducir el tiempo de las intervenciones críticas al mínimo.

A nivel corporativo, Metso respalda esta evolución tecnológica destinando el 4% de su presupuesto anual a I+D, lo que se traduce en el lanzamiento o actualización de alrededor de 100 productos por año. «Lo que hacemos es la creación de nuevos productos de acuerdo con las necesidades de los clientes. Miramos cuáles son sus problemas y, en base a eso, desarrollamos un nuevo equipo o hacemos un upgrade de los existentes», explica Fernando Samanez, VP Minerals Sales South America de Metso.

Por ejemplo, bajo el sello Metso Plus, la firma diseña tecnologías tanto para proyectos greenfields como para optimizaciones de plantas maduras brownfields donde las mineras buscan elevar su producción y mejorar los ratios de recuperación de manera limpia y sostenible. Estas soluciones permiten garantizar como mínimo un 20% de ventaja en eficiencia energética, menor consumo de agua y reducción de la huella de carbono.

En un sector donde las contingencias operativas pueden costar millones, la confianza es un activo invaluable. Para Metso, la promesa es clara: ofrecer equipos y servicios que cumplan con lo que la marca promete. “No nos gusta sobreprometer ni sobredimensionar; vendemos lo que corresponde para que el cliente obtenga el resultado esperado», aseguró Samanez.

¿Cómo se desarrolla el trabajo articulado entre FOSPIBAY, las autoridades locales y las comunidades para priorizar y ejecutar proyectos?
El trabajo articulado es uno de los pilares fundamentales de FOSPIBAY. La priorización de proyectos se desarrolla mediante diálogo constructivo y permanente con autoridades locales, dirigentes y población, identificando las principales necesidades y alineando las intervenciones a las prioridades del territorio.

El fondo cumple un rol de articulador entre actores públicos, privados y comunidad, promoviendo consensos y asegurando que las inversiones respondan a demandas reales. Esta coordinación permite optimizar recursos, fortalecer la sostenibilidad de los proyectos y generar mayor impacto social. No reemplaza el rol del Estado sino como un modelo de gestión complementa ese rol con un esfuerzo articulador.

Es importante mencionar alianzas, entre estas con el Programa Mundial de Alimentos para la implementación del Programa “Compartiendo la Mesa” que articula y promueve sinergias entre productores que desarrollan agricultura familiar, sistema de compras locales, piloto de alimentación escolar y promover la disminución de la desnutrición y anemia.

En este rol articulado es relevante mencionar el rol propositivo de los miembros del directorio, tanto la Municipalidad Provincial de Sechura, la empresa mayor aportante Compañía Minera Miski Mayo S.R.L., el Ministerio de Energía y Minas y la Comunidad Campesina San Martín de Sechura.

En materia de desarrollo productivo, ¿qué iniciativas vienen impulsando para fortalecer la economía local y generar oportunidades sostenibles para la población?
Venimos impulsando iniciativas orientadas al fortalecimiento de capacidades productivas, articulación multisectorial y promoción de actividades económicas sostenibles, especialmente vinculadas a pesca, acuicultura, agricultura, apicultura, emprendimientos y generación de empleo y servicios.

Nuestro enfoque busca no solo ejecutar infraestructura, sino también contribuir a la reactivación económica local mediante proyectos que generen empleo, fortalezcan cadenas productivas y permitan a las familias mejorar sus ingresos de manera sostenible. Debido a nuestras intervenciones, 6 asociaciones (4 de miel de abeja y 2 de cultivos alternativos) han logrado acceder al programa Agroideas y ahora ya tienen sus proyectos en marcha y de manera sostenibles, además, otras 29 asociaciones se han fortalecido mejorando su producción y capacidad técnica para postular a programas que permitan desarrollar aún más sus planes de negocio. Asimismo, más de mil jóvenes se capacitan y certifican para mejorar la empleabilidad e incluso promover el autoempleo gracias al convenio que tenemos con el programa “Jóvenes Productivos” el cual ha sido reconocido, entre otras intervenciones como el proyecto “Sechura Mujer, Emprendemos”, que fortalece la igualdad de género e inclusión en el desarrollo productivo de nuestra provincia.

Además, promovemos espacios de articulación entre instituciones, sector privado y comunidad, porque entendemos que el desarrollo sostenible requiere trabajo conjunto y visión de largo plazo.

La transparencia y la adecuada gestión de recursos son fundamentales en este tipo de organizaciones. ¿Cómo trabaja FOSPIBAY para fortalecer la confianza y legitimidad de su gestión?
La transparencia es fundamental para fortalecer la confianza de la población y garantizar la sostenibilidad institucional. En FOSPIBAY trabajamos bajo criterios de responsabilidad, rendición de cuentas y cumplimiento normativo, promoviendo procesos técnicos y participativos. Además, todos los años nos sometemos a auditorías contable-financieras y de gestión, en las cuales logramos opinión favorable y positiva de manera consecutiva desde el año 2021 hasta el 2024 en los resultados de dichas auditorías, actualmente ya se está realizando el proceso de auditoría del año 2025.

Asimismo, impulsamos una gestión basada en resultados e impacto social, donde cada proyecto busca responder a necesidades concretas de la población. La legitimidad se construye con obras, pero también con diálogo, transparencia y cercanía con las comunidades.

Desde su perspectiva, ¿qué aprendizajes deja la experiencia de FOSPIBAY para otros espacios de inversión social vinculados a actividades extractivas y energéticas?
Uno de los principales aprendizajes es que los recursos generan mayor impacto cuando existe articulación territorial, planificación y participación de la comunidad. La inversión social debe ir más allá de la obra física y orientarse a generar desarrollo sostenible y cierre de brechas reales.

También hemos aprendido que la sostenibilidad depende de la capacidad de construir alianzas y fortalecer capacidades locales. El desarrollo no se logra de manera aislada; requiere diálogo, corresponsabilidad y visión compartida entre todos los actores.

Pensando en los próximos años, ¿cuáles son las prioridades y metas que se ha trazado FOSPIBAY para seguir contribuyendo al desarrollo de Sechura?
Las prioridades están enfocadas en continuar reduciendo brechas en servicios básicos, fortalecer proyectos de impacto social y consolidar iniciativas orientadas al desarrollo económico sostenible.

Buscamos seguir impulsando proyectos en electrificación, educación, salud, saneamiento, infraestructura y fortalecimiento productivo, priorizando intervenciones que generen impacto territorial y sostenibilidad en el tiempo.

Asimismo, queremos fortalecer la articulación institucional y promover una gestión cada vez más alineada a criterios de sostenibilidad y desarrollo humano.

Finalmente, en el marco de este aniversario, ¿qué mensaje le gustaría compartir a las comunidades y aliados que han acompañado el trabajo del fondo durante todos estos años?
En este aniversario queremos expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a las empresas aportantes (Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. y Pacasmayo), a la comunidad sechurana, a la Municipalidad Provincial de Sechura, autoridades locales, instituciones y aliados estratégicos que han acompañado este proceso de desarrollo.

Los avances alcanzados expresan el resultado del trabajo conjunto y del compromiso compartido por construir una Sechura con más oportunidades y menos brechas. Desde FOSPIBAY renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, transparencia y visión de futuro el manejo de fondos provenientes de las regalías mineras; impulsando proyectos que contribuyan al bienestar y desarrollo sostenible de nuestra población sechurana.

Protagonistas del Cambio
Detrás de cada puente, red de agua o complejo educativo ejecutado bajo esta modalidad, hay un ecosistema corporativo que ha entendido que la sostenibilidad de sus negocios está ligada al bienestar de sus zonas de influencia. Sin embargo, si bien este mecanismo ha sido exitoso, hay oportunidades de mejora.

David Guerrero, supervisor senior de Gestión Social en Compañía Minera Antamina, señala que si bien el mecanismo viene funcionando, los gobiernos locales vienen experimentando dificultades para planificar sus proyectos, lo que se traduce en debilidad para estructurarlos bien. Además, no se prioriza de manera adecuada y se elaboran expedientes técnicos no muy bien formulados, lo que retrasa la ejecución.

Igualmente, otra preocupación es que si bien existen muchos proyectos, estos se encuentran muy atomizados y no tienen un impacto real en la reducción de brechas de infraestructura, lo que debería ser una de las preocupaciones principales del mecanismo.

Enrique Aguilar, gerente de Planeamiento Social en Sociedad Minera Cerro Verde, sostiene que aún existe una baja priorización de proyectos de gran envergadura o impacto. “En algunos casos nos piden intervenir en proyectos que van desde miradores turísticos a la compra de maquinaria, de todo tipo”, indica.

En una presentación, realizada para el Instituto de Ingenieros de Minas, explicó que existen aún oportunidades para lograr por ejemplo que reducir la burocracia en entidades estatales en permisos que estén alrededor de los proyectos, promover incentivos regulatorios positivos, ampliar el número de empresas constructoras con experiencia en el mecanismo.

En realidad, el mecanismo ha tenido recientemente un upgrade para ampliar su uso con el nuevo reglamento de la Ley N° 29230, Ley de Obras por Impuestos (OxI), con la que se introdujeron mejoras orientadas a acelerar la ejecución de infraestructura y servicios públicos que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Una de las principales innovaciones es que proyectos de gran envergadura, alta complejidad técnica o carácter urgente, se podrán diseñar y ejecutar en paralelo, siempre que se demuestre una ventaja competitiva frente a la metodología secuencial, utilizando la metodología BIM, la cual permite optimizar la planificación, coordinación y control técnico de las obras.

El reglamento incorpora la categoría normativa de “intervenciones”, que agrupa todo aquello que puede ejecutarse mediante el mecanismo: proyectos de inversión, Inversiones de Optimización; Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR); IOARR de emergencia; actividades de operación y mantenimiento; servicios; así como iniciativas de construcción de viviendas rurales.

Pero aún hay más, otro cambio relevante es la incorporación de la modalidad de Servicios por Impuestos, aplicable en sectores como salud, educación y saneamiento. Esta herramienta permitirá financiar servicios públicos con resultados concretos y medibles, en zonas rurales, de emergencia o de frontera con una provisión más ágil de servicios públicos.

En realidad el mecanismo viene funcionando bien y se espera que con las mejoras esto se impulse a un horizonte nunca previsto. Enrique Aguilar sostiene un sí rotundo al hecho de que este es una excelente fórmula para contribuir al sector público con la reducción de brechas.

“Lo que más hay en el país son necesidades. Y este es un espacio genial para que la empresa privada ponga toda su capacidad, su know how, su voluntad para contribuir a que el Perú tenga una mejor infraestructura pública”, sostiene.

Obras por Impuestos ha demostrado que cuando las reglas del juego son transparentes y los incentivos están bien alineados, el sector privado puede ser un gestor público mucho más veloz y eficiente que el aparato estatal tradicional. En un contexto donde la ciudadanía exige con urgencia servicios básicos de calidad, la consolidación y descentralización de este mecanismo no es solo una alternativa financiera viable; es, por encima de todo, una herramienta de paz social y competitividad para el país.

Un producto de exportación
La eficiencia de Obras por Impuestos para sortear la tramitología estatal y mitigar los riesgos de corrupción —gracias a la supervisión concurrente y al interés del privado por cuidar su reputación— captó rápidamente la atención internacional. El Perú dejó de ser un simple receptor de recetas multilaterales para convertirse en el diseñador de un modelo exitoso.

El principal caso de éxito en la traslación de esta experiencia es Colombia. En 2017, inspirándose directamente en la Ley N° 29230 del Perú, el gobierno colombiano implementó el programa «Obras por Impuestos» enfocado inicialmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC). La transferencia de conocimiento técnico por parte de ProInversión y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) peruano facilitó que las autoridades colombianas adaptaran el uso de certificados tributarios para que las empresas financien servicios públicos, educación y conectividad vial en áreas vulnerables.

Del mismo modo, otros países de la región como Ecuador, Paraguay y diversas delegaciones de Centroamérica han sostenido mesas técnicas de trabajo y misiones de intercambio con ProInversión. Buscan replicar el andamiaje legal de los certificados de inversión (CIPRL/CIPGN) para atraer el capital privado hacia la obra pública sin elevar la deuda soberana.

Claro, porque en estos 18 años de funcionamiento del mecanismo se han introducido cambios.
Así es, cada vez se ha ampliado más el tipo de intervenciones que se pueden financiar con el mecanismo. Antes eran solo proyectos de inversión. Ahora tenemos algo que se llama las IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación), que son intervenciones rápidas de puesta a punto de infraestructura ya existente. Por ejemplo, un colegio que tiene todas las ventanas rotas o el mobiliario deteriorado se puede reparar mediante OxI, porque son inversiones que no necesitan un perfil, sino una intervención mucho más rápida.

¿Esta ampliación qué otros alcances tiene?
Hoy tenemos proyectos de inversión, IOARR, tenemos también operación y mantenimiento, por ejemplo, de carreteras, y recientemente se han incluido algunas opciones relacionadas, por ejemplo, con servicios por impuestos en salud, educación y saneamiento, también vivienda rural, que es algo que está priorizado para hacerse por OxI, y algo muy importante, son los planes de desarrollo urbano, intervenciones de planificación, que son bastante importantes considerando que muchas veces en nuestras ciudades no crecemos ordenadamente.

¿Hay un límite para poder invertir en OxI?
Los gobiernos regionales, gobiernos locales y las universidades públicas, cuentan con un tope asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para financiar Obras por Impuestos, ese tope es publicado una vez al año. Entonces, si soy un gobierno local que tiene como límite, digamos, 10 millones de soles, yo no puedo hacer un proyecto de 11 millones. Por el lado de la empresa privada no hay límite; si la empresa privada acomete un proyecto de 10 millones, pero solo paga 1 millón de soles de impuestos, sí podría financiar el proyecto aliándose con otras empresas en un consorcio, por ejemplo. Al financiar va a recibir un certificado por el valor de lo invertido y este certificado puede guardarlo para el siguiente año o venderlo a otra empresa, recuperando así la liquidez.

¿En cuanto a los proyectos hay límites?
El tipo de proyecto tampoco tiene un límite. Hay proyectos muy pequeñitos de 160,000 soles, y hay proyectos muy grandes. El más grande en la fecha es uno adjudicado por el Gobierno Regional de Ancash de 1,100 millones de soles.

En cuanto a servicios, ¿en qué se puede intervenir?
Son servicios que estén autorizados. Hemos anunciado hace poco que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud han publicado los lineamientos autorizando qué servicios por impuestos se pueden hacer en esos sectores. Estamos esperando que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento también lo haga. También se financiará vivienda rural y planes de desarrollo urbano.

¿Qué tan rápido se ejecuta una obra bajo el mecanismo de OxI frente a un esquema convencional del Estado?
Mira, hay dos espacios en los que hay una mejor performance. El primero es el proceso de selección. En la ley de contrataciones, donde los procesos de selección dependen de la magnitud de la contratación, las que son más grandes suelen ser más engorrosas y demoran mucho, entre otras cosas por las apelaciones. Mientras que en el caso de OxI el proceso de selección dura poco más de 20 días hábiles, así sea un proyecto de un millón o de mil millones.

La ejecución también es más rápida. De acuerdo con un estudio encargado por PROINVERSIÓN, los proyectos ejecutados mediante OxI presentan mayor eficiencia en plazos y costos frente a las obras públicas tradicionales. Según el análisis, el 74% de los proyectos bajo este mecanismo se culminó dentro del plazo previsto o en menor tiempo, frente al 63% registrado en la contratación pública tradicional.

¿Cuál es el principal cuello de botella que todavía limita una mayor expansión del mecanismo?
Yo creo que el mecanismo de OxI, a pesar de que ya tiene 18 años de funcionamiento, no es muy conocido en comparación con las modalidades tradicionales. En ProInversión, cada 4 años iniciamos una campaña bastante exhaustiva para difundir no solo la norma, sino los procedimientos, y acercarnos a las autoridades para que usen este mecanismo. Ahora, que se van a cambiar a gobernadores y alcaldes, vamos a desplegar a nivel nacional la difusión para poner en la agenda de los políticos la necesidad de usar OxI.

Si bien algunas autoridades políticas no lo entienden, ¿qué hay de las empresas?
Si bien estos últimos 2 años hemos tenido récord de cantidad de empresas que se han sumado a financiar OxI, tenemos una brecha bastante alta respecto, por ejemplo, a los grandes contribuyentes que pueden participar en OxI. En el país hay casi 5000 grandes contribuyentes, y tenemos solamente participando en OxI a menos de 500 empresas. Entonces, es grande el espacio de crecimiento.

¿A qué sector pertenecen las empresas que más participan en OxI?
El 25% de las empresas que financian OxI son mineras. De ahí viene el sector financiero, el sector construcción, el sector comunicaciones y, por ejemplo, hay un par de empresas del sector energía que han entrado, pero son muy pocas.

¿Cuánto ha contribuido a cerrar brechas en infraestructura en las regiones del país en los últimos años?
En toda la existencia de OxI se han financiado S/ 20 000 millones, de los cuales el 84% son recursos de gobierno regionales y locales. Ese dato es clave porque moviliza los recursos que tienen los niveles de gobierno regional y local. O sea, sí, estamos haciendo que se gasten eficientemente esos recursos.

¿Qué evidencias tienen de que las obras por impuestos que ya han sido ejecutadas tienen, o mejor dicho, han contribuido o aportado a mejorar la calidad de vida o sostenibilidad de estas regiones o localidades?
La mejor evidencia creo que es que los proyectos que se hacen por OxI se terminan, se entregan y la población los tiene a disposición lo antes posible. De esos 20 000 millones prácticamente la mitad los hemos adjudicado en estos 2 últimos años, e incluyen infraestructura básica en los sectores de mayor impacto social.

¿Qué cambios normativos o mejoras urgentes necesita el mecanismo de OxI para atraer más inversión privada?
Mira, yo creo que hemos tenido el cambio más importante de obras por impuestos el 2025 y con el reglamento que se ha publicado en este año, donde ha sido importante la inclusión del pago del IGV. Eso ha hecho que muchas empresas que no pagan impuesto a la renta o pagan muy poco ahora sí tengan la posibilidad de usar su certificado. Un tema también importante es que la norma dispone de que si la entidad pública se demora en darte el certificado, tú puedes pedir directamente al Ministerio de Economía y Finanzas para que te lo entregue. Algo también bien potente es que permite el fast track. Si yo tengo un proyecto, puedo ir avanzando el expediente y a la par ir ejecutando. Si bien siempre hay espacios de mejora, no creo que sea un momento, digamos, indicado para hacerlo ahora.

Usted ha sido ministra de Economía y Finanzas y presidenta del Consejo de Ministros. Desde estos cargos, ¿cómo ha impulsado o fortalecido el mecanismo de OxI?
Antes de asumir este cargo, ya se estaba iniciando un trabajo conjunto con toda la comunidad de OxI para lograr mejoras. En el Congreso había, me parece que, hasta 4 proyectos de ley; estoy hablando de hace 3 a 4 años antes. Ya desde mi rol en el MEF lo que me tocó es trabajar el reglamento y tuve la oportunidad de, ya con el relacionamiento con las autoridades locales en el MEF, por ejemplo, fomentar que se use este mecanismo. Muchos de los gobernadores o los alcaldes iban a veces al ministerio solicitando recursos adicionales para financiar proyectos de obras con ley de contrataciones y veíamos que tenían suficientes montos para hacer OxI, por lo que les dábamos la asesoría técnica de Proinversión para que pudieran hacer uso de esos certificados.

¿Cuál sería su reflexión final?
Creo que es importante el mecanismo porque le permite al sector público generar bienestar lo antes posible, con la colaboración de la empresa privada, es una alianza por el desarrollo. El dinero de los impuestos tiene que servir para generar mayor desarrollo; hay que ver que se gasten en proyectos integrales, bien hechos, proyectos que mejoren los indicadores de vida de la población. Eso es lo que deberíamos promover. Y estamos convencidos de que OxI es una de las maneras más eficientes de ejecutar inversiones en el país.

EL MAYOR INCENTIVO, CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR SOCIAL

¿Cuál es el incentivo para la empresa privada en participar en OxI? Porque podría pagar sus impuestos y no asumir el riesgo.
Cada sol que paga la empresa como impuesto no necesariamente llega a ser bienestar para los peruanos, porque, como es un ciclo bastante largo, puede haber ineficiencias o corrupción. En cambio, si yo soy una empresa privada y hago obras con impuestos, me aseguro de que el 100% del impuesto que pagué se transforme de una manera rápida. Además, una empresa que no promueve el desarrollo de su región está condenada a tener menores beneficios económicos, porque mientras más prospera la comunidad donde vendo mis productos, más oportunidades tengo como empresa de crecer. Esa es la visión de muchas empresas que están financiando obras por impuestos.

¿Qué impactos concretos han generado estos proyectos en las comunidades o zonas de influencia?
En Ferreycorp, apostamos por OxI desde sus inicios, de manera ininterrumpida y apalancados en nuestra presencia nacional, generando mejoras concretas en la calidad de vida de miles de peruanos y peruanas en costa, sierra y selva, demostrando la fuerza del mecanismo para crear desarrollo.

Por ejemplo, en saneamiento, quisiera destacar la ampliación y modernización de servicios básicos de agua en zonas altoandinas y rurales, que no solo contribuye a aumentar el alcance y la continuidad del servicio, sino a reducir riesgos sanitarios y mejorar las condiciones de vida. Asimismo, con la construcción y modernización de infraestructura escolar, creamos mejores condiciones de aprendizaje, apalancando el motor de desarrollo que es la educación.

Buscando ampliar nuestro impacto positivo, hemos venido sumando obras en nuevos sectores. En 2025, concluimos nuestra primera OxI de infraestructura vial, impactando en la modernización urbana en Piura.

¿Podrían destacar un proyecto emblemático ejecutado mediante Obras por Impuestos y explicar su impacto?
Quisiera resaltar la construcción de la nueva institución educativa 40220 “Héroes del Cenepa” en Paucarpata (Arequipa) —que está por concluir—, y va a aportar a la formación integral de 7,000 estudiantes de inicial, primaria y secundaria en un horizonte de diez años. El proyecto de 7,500 m² comprende más de 30 aulas, cinco laboratorios, tres bibliotecas, salas especializadas, zonas deportivas y equipamiento tecnológico. A la vez, es la primera OxI en el Perú en recibir la certificación preliminar EDGE, promovida por la Corporación Financiera Internacional (IFC), por contar con un diseño que generará ahorros en energía y agua. Esta obra refleja nuestra visión de sostenibilidad e impacto a largo plazo.

¿Cuáles han sido los principales desafíos en la implementación de proyectos bajo este mecanismo y qué aprendizajes han obtenido?
La amplia experiencia en el desarrollo de OxI nos deja varias lecciones. En primer lugar, hay que tener presente que el compromiso, la voluntad y la comunicación de todas las partes es un factor clave para llevar adelante el proyecto. A lo largo de la ejecución, es fundamental la articulación para una buena gestión de los desafíos propios de cada obra, por lo que es de gran ayuda que la entidad pública cuente con unidad o un responsable dedicado a OxI.

En Ferreycorp, ha sido muy importante nuestra norma corporativa para el desarrollo de OxI, con lineamientos desde la identificación hasta la ejecución de proyectos, además establecer pilares para este esfuerzo, como el sentido de responsabilidad social; y articular la participación y saberes de las áreas de la corporación en los procesos.

¿Qué oportunidades y mejoras consideran necesarias para fortalecer el mecanismo de Obras por Impuestos en el Perú?
Desde nuestra experiencia en el sector industrial y como aliados estratégicos de la minería, consideramos que para potenciar aún más el impacto que OxI viene creando, necesitamos incentivar el liderazgo y un rol de promoción activa de las entidades públicas, que refleje el compromiso y la voluntad de impulsar el mecanismo; mejorar la gestión, agilizando los plazos y simplificando los procesos; más capacidad técnica en entidades públicas, fundamental para identificar, priorizar y gestionar proyectos; y transparencia y predictibilidad institucional y normativa, lo que da confianza y asegura que los recursos se canalicen a zonas con mayores necesidades.

En una frase, ¿cómo resumiría el impacto de las Obras por Impuestos en el desarrollo del Perú?
Las OxI reflejan el valor que puede generar la colaboración entre el sector público y privado, para incrementar y agilizar el desarrollo de proyectos donde más se necesita, cerrando brechas urgentes y generando un valor compartido que impulsa el desarrollo. Además de recursos, desde el sector privado aportamos experiencia en gestión de proyectos y eficiencia operativa; e impulsamos altos estándares en calidad, cumplimiento de plazos, seguridad y buen manejo de recursos, trabajando de la mano con el sector público. En Ferreycorp reafirmamos nuestro compromiso de seguir creando desarrollo con OxI a lo largo del país.

IMPACTO GENERADO
Conectividad. Los proyectos que hemos ejecutado mediante Obras por Impuestos han generado mejoras concretas en conectividad, acceso a servicios básicos y desarrollo urbano en distintas localidades de la provincia de Sánchez Carrión.

Infraestructura vial. Hemos logrado mejorar la transitabilidad urbana y reducir riesgos para peatones y vehículos, especialmente durante temporadas de lluvia. Asimismo, hemos fortalecido la conexión entre caseríos y zonas urbanas, facilitando el acceso a servicios y actividades económicas.

Saneamiento. Proyectos como el de Shiracmaca permitirán que miles de familias accedan por primera vez a servicios adecuados de agua potable y alcantarillado, contribuyendo a mejorar las condiciones de salud pública.

Educación. Las nuevas infraestructuras escolares buscan brindar mejores condiciones para el aprendizaje y fortalecer las oportunidades de niños y jóvenes de la zona.

Economía local. Estas obras generan empleo temporal, impulsan la contratación de proveedores locales y fortalecen la articulación entre empresa privada, Estado y población.

RETOS Y APRENDIZAJES
Articulación. Uno de los principales desafíos que hemos identificado en la implementación de proyectos mediante Obras por Impuestos es lograr una adecuada articulación entre los distintos actores involucrados, considerando que cada iniciativa requiere coordinación permanente entre empresa privada, gobiernos locales, entidades regionales y población beneficiaria. A ello se suman los procesos técnicos, administrativos y de priorización necesarios para viabilizar este tipo de proyectos, especialmente en zonas donde existe una alta demanda de infraestructura y servicios básicos.

Diálogo. Desde nuestra experiencia, hemos aprendido que el diálogo temprano con autoridades y comunidades, así como la transparencia y la planificación conjunta, son claves para generar confianza y asegurar resultados sostenibles.

Necesidades históricas. Hemos comprobado que las Obras por Impuestos permiten acelerar inversiones prioritarias y atender necesidades históricas de manera más eficiente, siempre que exista una visión compartida de desarrollo territorial entre el sector público, privado y la población.

MIRADA A FUTURO
Desde nuestra experiencia en el sector minero, consideramos que el mecanismo de Obras por Impuestos tiene un enorme potencial para seguir acelerando el cierre de brechas de infraestructura y servicios básicos en el país, especialmente en regiones que requieren inversiones urgentes en agua, saneamiento, educación y conectividad.

En esa línea, creemos importante continuar fortaleciendo la articulación entre Estado, empresa privada y comunidades para priorizar proyectos que respondan a necesidades reales de la población y generen impactos sostenibles en el tiempo.

Asimismo, consideramos fundamental impulsar iniciativas que no solo permitan ejecutar infraestructura con mayor rapidez, sino que también aseguren su sostenibilidad, mantenimiento y funcionamiento a largo plazo. Para nosotros, el verdadero valor de una obra no está únicamente en su construcción, sino en su capacidad de seguir mejorando la calidad de vida de las familias durante muchos años.

Por ello, creemos que el mecanismo puede seguir evolucionando hacia proyectos integrales que generen desarrollo territorial duradero, fortalezcan servicios esenciales y contribuyan a crear mayores oportunidades para las comunidades.

PROYECTO EMBLEMÁTICO
El “Primer proyecto de telesalud y Sistema de Atención Médica de Urgencias y Emergencias (SAMUE) en Chumbivilcas: Innovación y tecnología para cuidar la salud familiar a más de 4 mil msnm” fue implementado por Minera Hudbay en la provincia de Chumbivilcas en 2022, teniendo como población objetivo más de 83 mil habitantes que antes no contaban con atención médica y debían viajar a otras regiones para conseguirla, lo que en muchos casos ponía en peligro sus vidas.

Este proyecto optimiza la capacidad operativa de las Redes Integradas de Atención Primaria de Salud (RIS), interconectando a la fecha a más de 35 establecimientos de salud que cuentan con equipamiento informático, software, ambulancias y camionetas. Su horizonte de vida se extiende hasta el año 2032. Para el desarrollo del proyecto se generaron alianzas con entidades del Estado como el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional del Cusco.

Dado su gran impacto en la población de Chumbivilcas, el proyecto fue reconocido como un caso de éxito por ProInversión y otras entidades gubernamentales, destacando su innovación y su impacto social. Además, ha generado interés en otros países de la región, como modelo replicable de telesalud en zonas de difícil acceso.

Del mismo modo, IPAE Acción Empresarial premió a Hudbay por este proyecto, entregando la distinción durante la ceremonia del CADE 2024.

GENERAR CONFIANZA EN EL TERRITORIO
Consideramos que Obras por Impuestos sí se ha consolidado como una herramienta efectiva de articulación entre la empresa privada, el Estado y las comunidades, porque convierte una necesidad pública en un proyecto compartido y con roles muy claros: el Estado prioriza la inversión, la empresa aporta gestión y capacidad de ejecución, y la comunidad recibe infraestructura o servicios que impactan directamente en su calidad de vida. También es una herramienta valiosa porque fortalece la presencia del Estado en el territorio, ayudando a prevenir posibles conflictos sociales.

Asimismo, resaltamos como beneficio la transparencia en el gasto público, ya que a través de este mecanismo logramos que los impuestos generados por nuestras operaciones se ejecuten en la región donde operamos, aportando a la reducción de brechas de infraestructura.

En este punto, es importante recordar que un estudio hecho por Proinversión en 2024 indica que el 74% de los proyectos ejecutados mediante Obras por Impuestos se concluyó dentro de los plazos establecidos en los expedientes técnicos o en menor tiempo; mientras que en el caso de las obras públicas tradicionales el resultado fue de 63%.

Del mismo modo, el estudio concluye que el 43.7% de los proyectos de Obras por Impuestos han logrado un nivel de eficiencia alta, es decir, los costos de ejecución son menores o iguales a los costos estimados en los expedientes técnicos; mientras que, en el caso de los proyectos de contratación pública tradicional, el porcentaje es del 32%.

Sin embargo, el verdadero valor de las OxI no está solo en ejecutar obras, sino en generar confianza, coordinación y corresponsabilidad. Cuando el mecanismo se gestiona bien, ayuda a alinear expectativas entre autoridades, empresas y ciudadanía; mejora la trazabilidad de los proyectos; y permite que las comunidades vean resultados concretos en sectores clave como educación, salud, transporte, seguridad, saneamiento o infraestructura local.

Pero para ello se requiere una buena identificación de necesidades, expedientes técnicos sólidos, comunicación permanente con la población y claridad de roles entre todos los actores.

RETOS Y APRENDIZAJES
Respuesta: Consideramos que el mecanismo ha presentado cambios positivos en los últimos años ya que nos han permitido generar un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos de Obras por Impuestos.

Institucional. Sin embargo, creemos que uno de los mayores desafíos ahora es que la intervención que realiza ProInversión y el MEF pueda incrementarse a nivel de seguimiento, asistencia técnica e interpretación del marco normativo (consultas y otras). Esto permitirá que las entidades públicas cuenten con el soporte adecuado para brindar una respuesta oportuna, así como para evaluar de mejor manera los informes correspondientes dentro de los plazos establecidos.

Expedientes. Asimismo, hemos encontrado desafíos vinculados a la coordinación entre múltiples actores —empresa privada, entidad pública, supervisión, contratistas y comunidad—, así como a la calidad de los expedientes técnicos, la obtención de permisos, cambios en las prioridades institucionales (producto de los continuos cambios de gobierno), así como a la necesidad de alinear tiempos públicos con estándares de gestión privada. A ello se suma el reto, importantísimo, de asegurar que las obras respondan realmente a las necesidades del territorio y no solo a una cartera de proyectos disponible.

Gestión integral. Creemos que uno de los principales aprendizajes es que el éxito del mecanismo no depende únicamente del financiamiento, sino de una gestión integral del proyecto, lo que debe involucrar una planificación temprana, roles claramente definidos, seguimiento permanente, comunicación transparente con la población y una relación de confianza con las autoridades. Estos factores permiten incrementar el porcentaje de éxito de una obra y asegurar su trascendencia.

UNA HERRAMIENTA CON POTENCIAL PARA TRANSFORMAR EL PAÍS
Visión a futuro
Las Obras por Impuestos pueden consolidarse como una de las herramientas más efectivas para acelerar el cierre de brechas en el Perú, porque permiten convertir capacidad privada en infraestructura pública concreta, especialmente en regiones donde la ejecución tradicional suele enfrentar mayores demoras y cuestionamientos sobre el avance de su financiamiento.

El reto es enorme: el nuevo Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 prioriza 72 proyectos por S/ 144,117 millones, orientados a mejorar la conectividad, competitividad y acceso a servicios públicos en todo el país. Sin embargo, el mecanismo ya ha demostrado escala e impacto. Desde su creación en 2009 hasta el cierre de 2025, Obras por Impuestos permitió adjudicar 1,105 intervenciones por S/ 16,969 millones, con participación de 393 empresas privadas. Solo en 2025 se alcanzó un récord histórico: 501 proyectos e intervenciones por S/ 5,180 millones, la cifra más alta desde la creación del mecanismo.

Además, su potencial territorial es claro: en 2025, los gobiernos regionales concentraron el 55% del monto adjudicado —unos S/ 2,845 millones— y los gobiernos locales el 35%, equivalente a S/ 1,788 millones. En ese sentido, Obras por Impuestos no solo puede financiar más obras, sino ayudar a ordenar prioridades, articular Estado-empresa-territorio y acelerar proyectos de alto impacto social, haciendo que la inversión llegue con mayor oportunidad a las zonas que más lo necesitan.

OBRAS QUE TRANSFORMAN VIDAS
Puente. En el caso del Puente Lavasén, por ejemplo, la obra permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado y mejorar la seguridad vial para miles de personas que transitan entre distintas localidades de Pataz y Bolívar. Esto facilitará el acceso a servicios de salud, educación y comercio, además de fortalecer el transporte de productos agrícolas y dinamizar la economía local.

Electrificación rural. El proyecto de electrificación rural en Pías permitió que familias que antes no contaban con energía eléctrica puedan acceder a mejores condiciones de vida, ampliando oportunidades educativas para niños y jóvenes y laborales para adultos. De igual manera, los proyectos de agua y saneamiento contribuyen directamente a mejorar las condiciones sanitarias y la salud de la población.

Riego tecnificado. En el ámbito agrícola, el proyecto de infraestructura riego tecnificado en Chuquitambo tiene un impacto especialmente relevante porque fortaleció la productividad, permite un mejor aprovechamiento del recurso hídrico y brindan mayor estabilidad económica a las familias dedicadas a la agricultura.

EL PROYECTO QUE CAMBIÓ UNA COMUNIDAD
Uno de los proyectos más emblemáticos para Poderosa fue la “Creación del servicio de energía eléctrica mediante red primaria y secundaria para los caseríos de Alacoto, Pamparacra y Pucuchuyo”, en el distrito de Pías, provincia de Pataz.

Si bien la inversión fue de S/1.4 millones, el impacto social generado fue profundamente transformador para las 135 conexiones realizadas, que representaron 526 habitantes. La llegada de energía eléctrica significó mucho más que acceso a un servicio básico; representa nuevas oportunidades para niños, jóvenes y adultos que durante años vivieron en condiciones de limitada conectividad y acceso a servicios.

Uno de los cambios más importantes se reflejó en la educación. Gracias a la electrificación, muchos estudiantes pudieron ampliar sus horarios de estudio y acceder a mejores condiciones para continuar su formación académica.

Este proyecto refleja que el verdadero valor de Obras por Impuestos no se mide por el tamaño de la inversión, sino por la capacidad de transformar vidas, conectar territorios y generar oportunidades sostenibles para las comunidades.

ACELERAR EL CIERRE DE BRECHAS
Retos. Uno de los principales desafíos es lograr una adecuada articulación entre los distintos actores involucrados: entidades públicas, empresa privada y comunidades. Muchas veces existen limitaciones técnicas o presupuestarias en los gobiernos locales, especialmente en zonas rurales donde las necesidades son amplias, pero los topes del Certificado Público Regional y Local (CIPRL) son reducidos. Asimismo, el proceso requiere una coordinación permanente y una alta capacidad técnica para asegurar que los proyectos avancen de manera eficiente desde la formulación hasta la recepción y liquidación final.

Aprendizajes. Desde nuestra experiencia, uno de los principales aprendizajes es que OxI no solo ejecuta infraestructura, sino que también fortalece capacidades institucionales y genera confianza entre los diferentes actores del territorio. Cuando existe una buena articulación entre la empresa privada, las autoridades y la población, los proyectos avanzan con mayor dinamismo y generan impactos más sostenibles.

UNA APUESTA POR EL FUTURO
El potencial del mecanismo de OxI para el Perú es enorme. Nuestro país aún mantiene importantes brechas en infraestructura y servicios básicos, especialmente en las zonas rurales; por ello, debe continuar consolidándose como una herramienta estratégica para acelerar el desarrollo territorial sostenible.

Creemos que este mecanismo permite complementar el trabajo del Estado, generando inversiones más ágiles y enfocadas en necesidades prioritarias para la población. Además, contribuye a fortalecer la confianza entre empresa privada, autoridades y comunidades, promoviendo una visión compartida de desarrollo.

En el caso de Poderosa, seguiremos apostando por proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas y fortalezcan las capacidades productivas del territorio, especialmente en sectores como educación, agua, saneamiento, conectividad e infraestructura agrícola.

Asimismo, consideramos que el reciente fortalecimiento normativo del mecanismo permitirá ampliar su alcance hacia nuevos sectores y generar un impacto todavía mayor en beneficio de las comunidades y del desarrollo económico regional.

La minería tiene el potencial de ser un puente entre las oportunidades y necesidades que tiene el país, y para eso se debe actuar con sentido de urgencia y con visión compartida, sostuvo Darío Zegarra, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Zegarra dijo que la transición energética ha abierto una oportunidad sin precedentes para el Perú. Agregó que el mundo necesita más cobre, más litio, más minerales críticos, y nuestro país está entre los mejor posicionados para proveerlos. “Pero no basta con tener los recursos. Aprovechar esta oportunidad dependerá, exclusivamente, de nuestra capacidad para aprender: a lograr acuerdos, a perseverar colectivamente para construir infraestructura, competitividad e institucionalidad”, refirió.

Asimismo, señaló que si bien el Perú tiene una cartera de inversión minera superior a los US$ 64.000 millones, con potencial real de generar empleo, infraestructura y bienestar, “seguimos tropezando con viejos obstáculos: burocracia, inseguridad jurídica, conflictividad social y desconfianza entre actores clave. A los mismos se suma además la amenaza de la minería ilegal”. Posteriormente dijo: “Nuestro principal cuello de botella ya no es geológico: es institucional”.

La economista Dambisa Moyo, miembro de la Cámara de los Lores británica y una de las voces más influyentes del mundo en macroeconomía y globalización, afirmó que el Perú tiene la oportunidad de “cambiar su historia” y convertir su riqueza minera en una plataforma de progreso sostenible, en un contexto global encaminado a la desglobalización, la inteligencia artificial, la transición energética y una creciente competencia por capitales.

La especialista señaló que el mundo ha ingresado a una etapa de menor crecimiento económico, luego de la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020. En ese contexto, explicó que ya no se observarán con facilidad tasas de crecimiento de dos dígitos ni niveles cercanos al 6% que economías emergentes como la peruana alcanzaron en décadas anteriores. “Para que un país pueda duplicar su ingreso per cápita en una generación, necesita crecer de manera sostenida al menos 3% anual y el Perú se viene manteniendo alrededor de este umbral”, afirmó. Moyo remarcó que el reto del Perú no es solo vender cobre, sino transformar su potencial minero en desarrollo, competitividad y resiliencia frente a un mundo más fragmentado. Para lograrlo, indicó, el país debe actuar con visión de largo plazo, humildad estratégica y capacidad de adaptación ante los cambios tecnológicos, económicos y geopolíticos.

La economía peruana crecerá 2,9 % en 2026, según el informe Situación Perú de marzo de 2026 elaborado por BBVA Research, y muchos economistas respetados lo explican por un contexto de mayor dinamismo económico sustentado en la austeridad y eficiencia, el impulso a la inversión pública y privada, el ‘shock’ de desburocratización y ampliación de la base tributaria. La inversión privada creció 13,2 % en el primer trimestre de 2026 y acumuló nueve trimestres consecutivos de expansión, consolidándose como uno de los principales motores del dinamismo de la demanda interna y del crecimiento de la economía peruana.

Nuestro país, además, es uno de los pocos de la región que mantiene el grado de inversión otorgado simultáneamente por Fitch, Moody’s y S&P, lo que refleja la confianza de los mercados internacionales en nuestra política económica responsable y predecible, reservas internacionales por US$ 90.000 millones y un crecimiento económico proyectado de más de 3% para este año. Mantener esta calificación es una garantía de futuro para las inversiones, la generación de empleo y el crecimiento sostenido. Mejorarla, un fin.

La digitalización también incrementa los riesgos tecnológicos. ¿Cómo abordan la ciberseguridad y la continuidad operativa?
Nosotros priorizamos soluciones con redundancia tecnológica, monitoreo permanente y arquitecturas seguras. Hemos participado en proyectos de data centers y sistemas críticos, incluyendo trabajos vinculados a Sirion y al futuro centro de monitoreo 911 en Chorrillos.

En este tipo de infraestructuras es indispensable minimizar riesgos operativos y asegurar continuidad del servicio. Hasta el momento no hemos tenido incidentes relacionados con ciberseguridad.

OV Corp también trabaja en proyectos relacionados con hidrógeno verde. ¿Qué oportunidades observan para esta tecnología en Perú y Latinoamérica?
El hidrógeno verde representa una gran oportunidad a futuro. La energía solar ya atravesó una etapa de expansión importante y continúa evolucionando, especialmente cuando se combina con sistemas de almacenamiento energético. Ahora aparece el hidrógeno como una alternativa prometedora para industrias, transporte y movilidad.

Es un mercado nuevo que probablemente tendrá un crecimiento importante en los próximos años. Todo dependerá también de la disposición de las empresas para apostar por tecnologías limpias de largo plazo.

¿Existe interés empresarial por implementar estas soluciones?
Sí, definitivamente existe interés. Sin embargo, el desarrollo del mercado depende también de factores regulatorios y financieros. Países como España, Colombia o México tienen mercados más maduros y regulaciones más avanzadas, lo que facilita la expansión de estas tecnologías.

En Perú todavía falta mayor regulación e incentivos que permitan acelerar la adopción de soluciones energéticas sostenibles.

Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos para desarrollar infraestructura energética moderna en Perú?
Uno de los mayores desafíos sigue siendo el financiamiento. Muchas empresas aún perciben estas tecnologías como inversiones elevadas, aunque a largo plazo generan importantes ahorros.

También existe una necesidad urgente de fortalecer la regulación y la articulación tecnológica. Mientras no exista un marco regulatorio más sólido, el crecimiento del mercado será más lento.

OV Corp también tiene proyección regional. ¿Qué estrategias de internacionalización vienen impulsando?
Actualmente, trabajamos con empresas internacionales vinculadas a cadena de frío y networking. Hemos brindado soporte en ciberseguridad y comunicaciones para operaciones en Chile y otros mercados.

Nuestra meta es expandir gradualmente nuestra oferta tecnológica hacia otros países de Latinoamérica, especialmente en soluciones de seguridad, energía y sistemas críticos.

¿Qué proyectos destacan como los más importantes para la empresa?
Hay dos proyectos que consideramos especialmente significativos. Uno fue la implementación simultánea de tres colegios bicentenarios en Junín, en una zona geográficamente compleja y con condiciones climáticas muy exigentes. Allí desarrollamos soluciones eléctricas, digitales, sanitarias y de energía renovable.

El segundo es nuestra participación en proyectos de data centers, particularmente el de Sirion y el futuro centro 911 en Chorrillos, que será clave para la gestión de emergencias y almacenamiento de información crítica.

¿Cómo ven el futuro de OV Corp en los próximos años?
Queremos consolidarnos en el desarrollo de proyectos de energía renovable y ampliar nuestra participación en minería e infraestructura crítica. También estamos apuntando a fortalecer nuestra área de consultoría y supervisión técnica, porque hemos identificado vacíos importantes en esos segmentos.

Nuestra meta es crecer alrededor de 70% en los próximos años, apoyándonos en capacitación constante, experiencia de campo y fortalecimiento tecnológico.

Uno de los elementos más innovadores es la ventilación bajo demanda. ¿Cómo cambia esto la operación de una mina subterránea tradicional?
La ventilación bajo demanda o VOD cambia completamente la lógica tradicional de ventilación minera. En una mina convencional, los ventiladores operan constantemente, enviando grandes volúmenes de aire a toda la mina, incluso hacia zonas donde no existe actividad.

En cambio, el sistema VOD utiliza sensores y monitoreo en tiempo real para dirigir el flujo de aire únicamente hacia las zonas activas de trabajo. Esto permite optimizar el consumo energético y reducir pérdidas innecesarias.

El sistema monitorea variables como presencia de personal, operación de equipos, calidad del aire, temperatura y concentración de gases. Con esa información, ajusta automáticamente la velocidad de ventiladores y la distribución del caudal.

El proyecto incluye tecnologías como vehículos eléctricos, turbinas en chimeneas y microhidroelectricidad. ¿Qué tan realista es implementar todo esto en una operación minera real?
Actualmente, muchas de estas tecnologías ya están siendo implementadas progresivamente en operaciones mineras alrededor del mundo. Existen minas que utilizan flotas eléctricas BEV, sistemas de ventilación inteligente y automatización avanzada.

Nuestro proyecto busca integrar varias de estas tecnologías dentro de un solo sistema autosostenible adaptado a la minería subterránea peruana.

Los vehículos eléctricos ya representan una alternativa técnicamente viable para operaciones subterráneas debido a sus menores emisiones y menores costos de mantenimiento. Asimismo, los sistemas BESS y parques solares son tecnologías ampliamente desarrolladas y utilizadas en distintos sectores industriales.

En el caso de las turbinas en chimeneas y sistemas de microhidroelectricidad, proponemos soluciones complementarias orientadas a recuperación energética parcial dentro de la operación minera.

Si bien algunas tecnologías todavía requieren mayor desarrollo y adaptación a gran escala, consideramos que la minería del futuro avanzará progresivamente hacia operaciones más electrificadas, automatizadas y energéticamente eficientes.

A pesar de tener un mayor costo inicial, el proyecto muestra una fuerte reducción de costos operativos. ¿Qué lo hace económicamente viable en el largo plazo?
La viabilidad económica del proyecto se basa principalmente en la reducción de costos operativos durante toda la vida útil de la mina.

Aunque el CAPEX inicial es más alto debido a la implementación de tecnologías renovables, electrificación y automatización, el OPEX disminuye considerablemente gracias al ahorro energético, reducción de consumo de diésel y menores costos de mantenimiento.

Los equipos eléctricos requieren menos mantenimiento mecánico, generan menos desgaste y reducen gastos asociados a combustibles y lubricantes. Asimismo, el sistema VOD disminuye el consumo eléctrico de ventilación, uno de los mayores costos energéticos en minería subterránea.

El proyecto también optimiza la producción mediante múltiples frentes de explotación, automatización y monitoreo inteligente, mejorando la continuidad operacional.

En conjunto, estos factores permiten obtener indicadores financieros positivos como VAN favorable, TIR competitiva y un periodo de recuperación atractivo para una operación minera moderna.

¿Creen que este modelo de mina autosostenible podría convertirse en un estándar para la minería del futuro en el Perú o en el mundo?
Sí, creemos que la minería subterránea del futuro avanzará progresivamente hacia modelos más sostenibles, automatizados y electrificados.

Cada vez existe mayor presión ambiental y social para reducir emisiones, mejorar eficiencia energética y disminuir impactos operacionales. Además, la transición energética mundial está impulsando el desarrollo de tecnologías más limpias dentro de la industria minera.

Perú posee un enorme potencial para implementar este tipo de proyectos debido a sus recursos minerales y condiciones favorables para la generación solar. Regiones como Arequipa presentan altos niveles de radiación solar que podrían aprovecharse para alimentar operaciones mineras mediante energías renovables.

Consideramos que la integración de electrificación, automatización, energías renovables y recuperación energética podría convertirse en un nuevo estándar para operaciones subterráneas modernas, especialmente en proyectos de largo plazo.

Más que reemplazar completamente la minería tradicional de forma inmediata, creemos que este tipo de propuestas representan el inicio de una transición progresiva hacia una minería más inteligente y sostenible.

Finalmente, ¿qué significó para ustedes haber ganado el concurso PERÚ ENERGÍA Universitario y cómo influyó esa experiencia en el desarrollo del proyecto?
Haber ganado el concurso PERÚ ENERGÍA Universitario representó una experiencia muy importante tanto a nivel académico como personal. Para mí, fue una validación de que las ideas innovadoras aplicadas a minería y energía sí pueden generar impacto real.

El concurso nos permitió desarrollar una visión mucho más integral de la minería, entendiendo que actualmente ya no basta únicamente con producir mineral, sino que también es necesario considerar sostenibilidad, eficiencia energética, automatización y responsabilidad ambiental.

Además, esta experiencia fortaleció nuestro interés por desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas a minería subterránea y nos motivó a seguir investigando nuevas alternativas relacionadas con electrificación minera, ventilación inteligente y recuperación energética.

Finalmente, creemos que este reconocimiento demuestra el potencial que tienen los estudiantes universitarios peruanos para proponer soluciones innovadoras orientadas al futuro de la industria minera y energética del país.

Cusco: entre el canon millonario y la infraestructura incompleta
Uno de los debates más críticos fue planteado por el presidente del Instituto Cusqueño de Economía, Rogers Valencia, quien cuestionó la gestión de los recursos generados por Camisea.

Desde 2004, Cusco ha recibido más de S/ 33,000 millones en canon y sobrecanon gasífero, pero más de S/ 12,000 millones permanecen sin ejecutar en cuentas bancarias. A ello se suman más de 6,800 obras paralizadas en la región.

“Cualquier obra con más de ocho años de abandono tiene pocas posibilidades de reactivarse. Es necesario sincerar qué proyectos continúan y cuáles no”, advirtió.

Valencia también alertó sobre la vulnerabilidad del sistema energético nacional debido a su dependencia de un único ducto de transporte, señalando que la falla del gasoducto de TGP habría generado pérdidas equivalentes al 1% del PBI.

Cálidda y el proyecto que busca conectar el sur del país
En medio de las discusiones técnicas y políticas, Cálidda se posicionó como uno de los actores centrales del debate.

La empresa propuso la extensión de su concesión para implementar el proyecto Siete Regiones, que permitiría llevar gas natural no solo a Cusco, sino también a Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín y Ucayali.

El director de Regulación y Legal de la empresa, Giancarlo Guardia, sostuvo que el plan beneficiaría a más de 300,000 hogares y 1.2 millones de personas, con ahorros superiores al 50% en energía doméstica.

Además, el proyecto contempla la construcción de 4 city gates, 12 plantas de regasificación y 3,700 km de redes, así como la generación de más de 10,000 empleos y la reducción de 183,000 toneladas de CO₂.

“El gas natural ha generado más de US$ 40,000 millones en ahorro para los usuarios en Lima y Callao. Queremos replicar ese impacto en el sur”, indicó.

El avance lento en Cusco y la primera infraestructura en San Jerónimo
Mientras los grandes proyectos siguen en evaluación, la implementación concreta del gas en Cusco avanza de manera gradual.

El director ejecutivo del FISE, Francisco Torres, informó que el distrito de San Jerónimo registra un avance del 77% en la conexión de 1,000 hogares al gas natural. Actualmente, ya existen cinco viviendas conectadas.

El proyecto incluye una planta regasificadora de 30 m³ y 25 kilómetros de redes, financiadas íntegramente por el fondo estatal.

El FISE ha permitido, además, la conexión de más de 1.7 millones de hogares a nivel nacional y la conversión de más de 171,000 vehículos a GNV.

El debate sobre transporte: brechas en el sur y alto costo logístico
El sector transporte también evidenció profundas desigualdades regionales.

Representantes de la industria señalaron que, de las 25,000 unidades pesadas inscritas en 2025, solo el 5% opera con gas natural, y ninguna en Cusco. La principal barrera es la falta de estaciones de abastecimiento.

El costo logístico también juega un rol clave. En zonas sin gasoducto, el precio del gas transportado por cisternas puede duplicarse respecto a Lima.

No obstante, los beneficios potenciales son significativos: el gas natural puede reducir hasta en 50% los costos operativos del transporte pesado y disminuir hasta en 80% las emisiones contaminantes.

Cusco: entre la expectativa social y el reto político
El componente social también estuvo presente en el debate. Para algunos especialistas, la ausencia de acceso directo al gas en la región productora alimenta tensiones sociales y percepciones de inequidad.

Desde el Instituto Cusqueño de Economía se advirtió que la falta de infraestructura energética adecuada puede incluso ser aprovechada políticamente, mientras se mantiene una brecha evidente entre la región productora y las zonas beneficiarias.

Una transición energética aún incompleta
El evento concluyó con una visión compartida: el gas natural seguirá siendo un eje central en la transición energética del país, pero su desarrollo enfrenta tres grandes desafíos simultáneos: inversión en infraestructura, estabilidad regulatoria y ampliación de reservas.

Mientras tanto, el país se mueve entre proyectos en evaluación, infraestructura incipiente y una demanda creciente que anticipa tensiones futuras si no se acelera la toma de decisiones.
En Cusco, el gas natural sigue siendo, al mismo tiempo, recurso estratégico, promesa de desarrollo y símbolo de una brecha territorial aún no resuelta.

La electrificación de procesos y la sustitución de combustibles fósiles por energía eléctrica renovable son tendencias irreversibles

Esta emisión de señales oportunas de los países referentes no es gratuita. Responde a que la región recibirá flujos masivos de capital en infraestructura, principalmente en data centers -que podrían atraer hasta US$ 43.000 millones hacia 2028- y proyectos mineros -cuya inversión regional superará los US$ 300.000 millones para entrar en construcción en los próximos años. Esto crea una demanda sostenida por energía firme, baja huella de carbono y servicios de confiabilidad que Perú puede aprovechar. O podría. El tiempo de la conjugación verbal depende de cuan severa sea nuestra procrastinación.

A día de hoy, ciertamente la oportunidad peruana versa directamente sobre si el próximo reglamento de la Ley 32249 entregará señales claras de remuneración para servicios complementarios, si permitirá apilar ingresos, si abrirá mecanismos de licitación previsibles, en fin: si se dictarán reglas que permitan el nacimiento de un boyante mercado BESS tomando la experiencia internacional, sin ahogarla en medios caminos.

En concreto, la clave será diseñar esta nueva generación de normas para regular eficientemente los BESS as a Service; dado que resulta especialmente atractivo para el capital de riesgo transformar un activo intensivo en CAPEX -que será inserto en un sistema con riesgo de curtailment y severos retrasos en inversiones de transmisión- en un modelo escalable, recurrente y de rápida rotación de caja, reduciendo las barreras de entrada para clientes industriales y acelerando la adopción.

Este enfoque convierte al almacenamiento en una infraestructura flexible y monetizable, ideal para fondos que buscan crecimiento acelerado, retornos ajustados al riesgo y exposición temprana a mercados energéticos en transición.

Mercado regional y lecciones prácticas
En Sudamérica, básicamente las políticas combinan subastas competitivas, reconocimiento regulatorio del almacenamiento y señales de transmisión para atraer proyectos a escala. Casos exitosos muestran que:
• Reconocer al almacenamiento como activo del sistema y permitirle competir en mercados de ancilares, capacidad y arbitraje hace los proyectos bancables.
• Subastas con criterios técnicos y financieros claros (y cronogramas previsibles) aceleran despliegues y reducen riesgo de inversión.
• La coordinación entre planificación de generación y refuerzos de transmisión evita curtailment y mejora la rentabilidad de proyectos híbridos (generación + BESS).
• Garantizar confiabilidad con contratos de largo plazo y opciones de suministro de energía que garanticen continuidad (generación + BESS) da cumplimiento a objetivos ESG.

Recomendaciones concretas para el reglamento de la Ley 32249
Para que Perú atraiga inversión en servicios complementarios y BESS, el reglamento debe incluir lo siguiente:

1. Definiciones y modelos operativos claros
• Definir operacionalmente servicios complementarios (primaria, secundaria, terciaria, control de tensión, black start) y modelos de BESS: independiente, híbrido y activo de red.
2. Mecanismos de remuneración múltiples y stacking
• Permitir pagos por capacidad, por servicios ancilares y por arbitraje en mercado spot; autorizar stacking de ingresos con reglas que eviten doble cobro.
• Establecer subastas específicas para ancilares y mecanismos de mercado para que BESS compita en igualdad de condiciones.
3. Contratos y horizonte de licitaciones previsibles
• Planificar crecimiento y proponer cronograma público de licitaciones con horizonte 5–10 años.
• Habilitar contratos de disponibilidad y PPAs de 10–15 años para proyectos que aporten capacidad firme, reduciendo el costo de capital.
4. Acceso a la red, curtailment y señales de transmisión
• Definir criterios de asignación de capacidad de interconexión y fórmulas de compensación por curtailment.
• Crear incentivos para financiar refuerzos de transmisión cuando los proyectos reduzcan congestión (mecanismos de reembolso o cofinanciamiento).
5. Requisitos técnicos, telemetría y certificación
• Establecer estándares mínimos (horas de duración, eficiencia, ciclos, integración con AGC), telemetría en tiempo real y procesos de certificación para proveedores de servicios complementarios.
6. Garantías, EOL y ESG
• Exigir garantías financieras proporcionales (performance bonds), planes de fin de vida útil (EOL) para baterías y obligaciones de reciclaje; incorporar criterios ESG para acceso a ciertos mercados o beneficios regulatorios.
7. Transparencia y datos
• Publicar resultados de subastas, precios de ancilares y reportes operativos para crear señales de mercado y reducir asimetrías de información.

Recomendación práctica: mitigaciones
La experiencia regional nos indica que la mitigación de riesgos en proyectos de almacenamiento requiere un enfoque integral que combine estabilidad regulatoria, certidumbre contractual y coordinación institucional. La adopción de cláusulas de estabilidad y mecanismos de renegociación frente a cambios regulatorios materiales reduce la exposición a shocks políticos, mientras que el uso de contratos estandarizados y cronogramas públicos disminuye la asimetría de información y acelera la toma de decisiones de inversión.

Asimismo, es clave priorizar la ejecución de los Planes de Transmision con inversiones oportunas en refuerzos y establecer mecanismos de reembolso y compensación por curtailment. Para todo será menester una planificación coordinada entre MINEM, COES y operadores. Finalmente, la mitigación de riesgos financieros, ESG y EOL (fin de vida) se fortalece al permitir stacking de servicios, contratos de largo plazo, garantías públicas limitadas y la exigencia de planes de reciclaje y garantías de desmantelamiento, creando un marco más robusto y bancable.

Conclusión
Perú tiene una ventana de oportunidad: los grandes flujos de capital hacia data centers (decenas de miles de millones) y proyectos mineros (cientos de miles de millones en la región) buscan mercados con reglas claras y suministro confiable. Tal lo mencionado sus principales escollos serán de ejecución de inversiones (modernización del Sistema de Transmisión) y de diseño regulatorio (nueva generación de normas que creen un nuevo mercado de servicios complementarios).

Así, la oportunidad el reglamento de la Ley 32249 deberá -o debería- combinar definiciones técnicas precisas, mecanismos de remuneración múltiples, cronogramas de licitación previsibles y reglas de acceso a la red convertirá a Perú en un destino atractivo para PPAs renovables + BESS y para inversiones en transmisión que soporten la electrificación industrial y digital del país.
Finalmente, la expansión del almacenamiento también impulsa empleo local, cadenas de valor y mayor resiliencia energética, mejorando directamente las condiciones sociales. Los proyectos que aportan capacidad firme a sectores estratégicos (como los mencionados data centers y gran minería) pueden acceder a garantías parciales o facilidades crediticias, acelerando su ejecución y ampliando el impacto económico territorial.