Si se pudiera escoger tres reformas urgentes para destrabar la minería peruana, ¿cuáles serían?
Tomando como referencia las experiencias de las principales jurisdicciones mineras analizadas en Mine 2026, el estudio permite identificar tres frentes prioritarios de reforma. El primero es modernizar y simplificar el sistema de permisos, integrando procesos, reduciendo duplicidades y haciendo más predecibles los plazos. La velocidad y certidumbre con la que un proyecto puede avanzar desde la exploración hasta su desarrollo se han convertido en factores determinantes para competir por capital.

El segundo es fortalecer los mecanismos que permitan movilizar capital hacia las etapas tempranas de los proyectos, donde se concentra una parte importante del riesgo. Esto supone generar mayor certidumbre jurídica y evaluar instrumentos que permitan reducir o compartir riesgos en exploración, prefactibilidad e infraestructura asociada, facilitando que proyectos con potencial puedan avanzar hacia etapas financiables.

El tercero es cerrar las brechas de infraestructura y capacidades que condicionan la productividad del sector. Esto implica mejorar el acceso a infraestructura y energía competitiva, acelerar la adopción de tecnología, automatización e inteligencia artificial, y fortalecer las capacidades del talento que deberá operar estos sistemas. No basta con contar con recursos minerales; el desafío es crear las condiciones para desarrollarlos de manera eficiente y competitiva.

¿El régimen tributario peruano sigue siendo competitivo frente a otros países mineros?
Los datos de Mine 2026 muestran que la carga tributaria efectiva de las principales empresas mineras peruanas se encuentra en un nivel comparable con el promedio observado entre las 40 principales compañías mineras a nivel global. En 2025, la recaudación fiscal vinculada al subsector minero en el Perú alcanzó un récord histórico de S/ 26,011.5 millones (ingresos tributarios y no tributarios), lo que representó un incremento interanual de 41.5% frente al 2024. La carga fiscal global para la industria minera en Perú, es decir la tasa efectiva total acumulada del sector (incluyendo renta y gravámenes) promedia el 43.7% sobre las utilidades operativas, porcentaje similar al de países con los que competimos por inversiones en minería, como Chile.

Sin embargo, la competitividad tributaria no puede evaluarse únicamente a partir de la tasa efectiva. Para una industria en la que las decisiones de inversión tienen horizontes de varias décadas, también son determinantes la estabilidad, predictibilidad y claridad del marco fiscal, así como la capacidad de mantener condiciones competitivas a lo largo de los distintos ciclos de precios. En ese sentido, el análisis de Mine 2026 plantea que la competitividad fiscal debe considerar no solo el nivel de la carga tributaria, sino también la certidumbre necesaria para sostener nuevas inversiones.

Sobre el particular, cabe señalar que, si bien Perú cuenta con un régimen de convenios de estabilidad tributaria para proyectos que requieren grandes inversiones, y que estos están destinados a asegurar la estabilidad de las normas en el tiempo, no garantizan la estabilidad en los criterios de la Administración Tributaria sobre la aplicación de las normas, lo cual genera incertidumbre en el sector. Un ejemplo es el cambio de criterio que tuvo la Administración Tributaria alrededor de 2007 respecto de la cobertura del régimen de estabilidad tributaria del impuesto a la renta, reduciendo el beneficio de depreciación del 20% a los activos adquiridos con la inversión comprometida inicialmente en el convenio, mas no para los activos adquiridos con inversiones adicionales hasta el término del convenio (10 o 15 años), como habían venido interpretando los contribuyentes y la misma SUNAT en los 15 años precedentes.

¿Hay espacio real en el Perú para desarrollar fundición, refinación, manufactura o servicios tecnológicos vinculados al cobre?
El cobre es el principal motor de la minería peruana: en 2025 representó el 45.5% del valor total de las exportaciones mineras del país, con US$28,130 millones, y concentró el 55.4% de los ingresos de las principales mineras públicas analizadas. Mine 2026 muestra que, en un escenario de creciente demanda por minerales críticos, la capacidad de los países para desarrollar capacidades de procesamiento intermedio puede convertirse en un factor adicional de competitividad y permitir una mayor participación en las cadenas globales de valor.

El análisis muestra que existe espacio para que el Perú evalúe oportunidades en esta dirección, siempre que respondan a condiciones de viabilidad económica y competitividad. Desarrollar capacidades de fundición y refinación a escala requiere importantes inversiones, energía competitiva, infraestructura adecuada, tecnología y condiciones regulatorias que permitan sostener estos proyectos en el largo plazo. La experiencia internacional recogida en Mine 2026 muestra que el procesamiento se está convirtiendo en un componente cada vez más estratégico de las cadenas de minerales críticos, pero también que existe una fuerte concentración de estas capacidades en determinados países.

Por ello, el desafío para el Perú es identificar en qué segmentos de la cadena del cobre existen ventajas reales para competir y desarrollar proyectos económicamente sostenibles. Esto puede incluir no solo fundición y refinación, sino también servicios, tecnología y otras capacidades asociadas a una industria minera más sofisticada. El objetivo no debería ser procesar más por el hecho de procesar, sino capturar mayor valor en aquellos segmentos donde el país pueda competir de manera sostenible.

Más allá del cobre y el oro, ¿qué minerales deberían estar en el radar estratégico del Perú?
Aunque el cobre y el oro concentraron más del 83% de las exportaciones mineras peruanas en 2025, el país cuenta con una base polimetálica diversificada que merece mayor atención estratégica. El plomo representó 5.3% de las exportaciones mineras, el zinc 4.5% y el molibdeno 2.7%, mientras que el estaño representó 6.8% de los ingresos de las 13 principales mineras analizadas y la plata, 4.3%. Estos minerales tienen mercados y dinámicas distintas, pero forman parte de una cartera que puede contribuir a diversificar la minería peruana y ampliar su participación en distintas cadenas de valor.

Sobre el particular, cabe señalar que hay minerales que están siendo más buscados ahora como el litio y el uranio. Tenemos proyectos de estos minerales, pero aún en fases muy iniciales de exploración. Por otro lado, se han identificado también en Perú yacimientos potenciales de metales o tierras raras —un grupo de 17 elementos químicos esenciales para la tecnología moderna y la transición energética. Destacan el hallazgo de concentraciones significativas en San Ramón, Junín, y zonas de Puno. Algunos de los elementos identificados son lantano, cerio, neodimio, gadolinio, escandio, europio e itrio. Algunos de estos elementos son necesarios para la fabricación de teléfonos inteligentes, pantallas, computadoras, imanes permanentes para turbinas y autos eléctricos, y sistemas de defensa.

La oportunidad, sin embargo, no está únicamente en identificar qué minerales tienen potencial, sino en crear las condiciones para convertir ese potencial en proyectos competitivos. Mine 2026 muestra que cada mineral enfrenta una dinámica particular de capital, demanda, procesamiento y mercados finales. Por ello, el análisis plantea que el Perú debería priorizar aquellos recursos en los que exista una combinación atractiva de dotación geológica, perspectivas de demanda y capacidad para desarrollar proyectos económicamente viables.

Para avanzar en esa dirección, serán determinantes la certidumbre regulatoria, el acceso a capital, una infraestructura eficiente y capacidades de procesamiento que permitan competir en las cadenas de valor correspondientes. La creciente atención internacional sobre los minerales críticos representa una oportunidad para que el Perú amplíe su portafolio minero, pero el desafío es pasar de contar con recursos a desarrollar proyectos capaces de atraer inversión y generar valor de manera sostenible.

La minería peruana genera enormes ingresos, pero persiste una paradoja: muchas de las regiones mineras continúan mostrando importantes brechas de infraestructura y servicios públicos. ¿Qué debería cambiar en el uso del canon y de los recursos que genera la minería para que la actividad produzca un desarrollo más visible y sostenible en las zonas donde opera?
Los datos financieros de Mine 2026 muestran la capacidad que tiene la actividad minera para generar valor económico para el país. En 2025, las exportaciones mineras peruanas alcanzaron US$62,848 millones, mientras que las 13 principales empresas analizadas generaron US$2,378 millones de Impuesto a la Renta y US$4,772 millones de flujo de caja libre. Sin embargo, generar recursos no es suficiente: el desafío está en lograr que parte de ese valor se traduzca efectivamente en mejores condiciones de infraestructura, servicios y desarrollo en los territorios donde se desarrolla la actividad.

En el caso peruano, el análisis sugiere que una mayor capacidad de planificación y ejecución de la inversión pública sería determinante para lograr esa transformación. Esto supone fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos subnacionales, priorizar proyectos con impacto territorial y utilizar de manera más eficiente los mecanismos disponibles para convertir los recursos generados por la actividad minera en infraestructura y servicios públicos de calidad. Herramientas como Obras por Impuestos pueden contribuir en esa dirección, siempre que formen parte de una planificación territorial de largo plazo.

Desde la perspectiva de Mine 2026, esto también es relevante para la competitividad del sector: la minería no opera de manera aislada, sino dentro de un ecosistema en el que participan gobiernos, empresas, inversionistas, comunidades y otros actores.

Una minería capaz de generar valor de manera sostenible requiere que ese valor contribuya también a fortalecer el entorno en el que opera. Por ello, mejorar la capacidad del Estado para transformar los recursos fiscales en desarrollo visible debería formar parte de una agenda más amplia para fortalecer la sostenibilidad y competitividad de la actividad minera.

Uno de los principales objetivos del nuevo gobierno debe ser convertirse en aliado de los gobiernos regionales para ayudarlos en sus capacidades de gestión que históricamente demuestran ser escasas o insuficientes. Lo ideal sería que en cada región se unan el sector privado, la academia y los gobiernos regionales para acordar planes de desarrollo de largo plazo, con participación de la población, de forma tal que cada gobernador regional que sea elegido en el futuro quede comprometido a continuar con la ejecución del plan de desarrollo regional. De esta forma, en un número de años, la región podrá contar con la infraestructura necesaria para su desarrollo. Es decir, carreteras, puentes, escuelas, hospitales, postas médicas, etc. Debemos cambiar eso de que cada 5 años cambien las prioridades de los gobiernos regionales, se abandone lo avanzado y que regrese gran parte del presupuesto no ejecutado al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de año. Existen muchas necesidades en el interior del país y tenemos los recursos, sólo hay que mejorar la planificación y por supuesto, la gestión.

La minería está entrando en una etapa de fuerte transformación tecnológica, con inteligencia artificial, automatización, electrificación y nuevas exigencias ambientales. ¿Está el Perú preparado para esa nueva minería?
Uno de los hallazgos más contundentes de Mine 2026 es que la minería registra el puntaje más bajo en el índice de preparación para la Inteligencia Artificial, con 4.7 sobre 10, entre los sectores industriales analizados. Además, el 40% de los CEO mineros señala que el desempeño tecnológico de sus organizaciones estuvo por debajo de las expectativas. Esto evidencia que el reto de la industria no está únicamente en acceder a nuevas tecnologías, sino en desarrollar las capacidades necesarias para integrarlas a escala y convertirlas en mejoras concretas de productividad.

En el caso peruano, la fortaleza financiera de las principales empresas ofrece una base para avanzar en esta transformación, aunque todavía existe una agenda importante en materia de capacidades, tecnología y talento. Las 13 empresas analizadas en el capítulo Perú incrementaron en 45% sus inversiones en propiedad, planta y equipo durante 2025, hasta alcanzar US$1,816 millones, lo que refleja una capacidad relevante para continuar modernizando sus operaciones.

El análisis de Mine 2026 plantea que el reto es lograr que esta capacidad de inversión se traduzca también en transformación tecnológica y productividad. Esto implica fortalecer las capacidades de datos, desarrollar talento especializado e integrar inteligencia artificial y automatización en los procesos centrales de las operaciones, pasando de iniciativas aisladas a soluciones que puedan escalar. En ese sentido, la preparación para la nueva minería dependerá no solo de la capacidad de incorporar tecnología, sino de desarrollar las capacidades organizacionales y humanas necesarias para aprovecharla plenamente.

Si miramos al Perú de 2035, ¿cuál sería un escenario realista de lo que podría aportar la minería al país si se hacen las reformas correctas?
El análisis de Mine 2026 plantea un escenario de oportunidades relevantes para la minería peruana hacia 2035, siempre que el país logre generar las condiciones necesarias para transformar su potencial geológico en nuevos proyectos e inversión. A nivel global, la demanda de minerales vinculados a la transición energética y al desarrollo tecnológico seguirá generando oportunidades para productores de cobre, oro y otros minerales, mientras que la inversión en infraestructura de metales y minería se proyecta al alza hacia 2050.

En el caso peruano, la fortaleza financiera que muestran actualmente las principales empresas mineras ofrece una base para sostener mayores niveles de inversión, exploración, modernización y desarrollo de nuevos proyectos. Para que ese potencial se materialice hacia 2035, el análisis identifica como condiciones relevantes la predictibilidad regulatoria, la eficiencia en los permisos, la productividad, la tecnología y la infraestructura.

El escenario de mayor valor para el país no pasa únicamente por producir más minerales, sino por capturar mayor valor a partir de ellos. Esto implica contar con una cartera dinámica de proyectos, elevar la productividad de las operaciones existentes, incorporar tecnología y fortalecer las capacidades que permitan al país participar de manera más competitiva en las cadenas globales de suministro. Bajo estas condiciones, la minería puede mantener su papel como motor relevante de inversión, divisas, ingresos fiscales y desarrollo económico durante la próxima década.

Estos factores incluyen los extensos procesos de permisos, presencia de minería informal e ilegal, los desafíos de relacionamiento con las comunidades, las brechas de infraestructura y la incertidumbre política; que pueden elevar costos y extender plazos. En una industria globalmente competitiva, estos factores pueden afectar la oportunidad relativa de inversión frente a jurisdicciones más predecibles.

La ventaja competitiva no depende solo de tener cobre, también depende de ofrecer condiciones que permitan desarrollar los recursos con plazos más predecibles y menor incertidumbre.

Moody’s ha señalado que reducir las trabas regulatorias y acelerar los permisos sería clave. ¿Qué cambios deberían priorizarse?
Una prioridad sería hacer que los proyectos que cumplen con los estándares aplicables avancen de manera más rápida y predecible, sin debilitar los requisitos ambientales o sociales.

Esto implica simplificar procedimientos, reducir duplicidades entre entidades, establecer cronogramas más transparentes para las evaluaciones y fortalecer la capacidad técnica del Estado para revisar proyectos de manera más ágil. También supondría avanzar en formalización minera, dado que la informalidad puede aumentar riesgos operativos, sociales y reputacionales para el sector.

Reducir demoras en los procesos de aprobación de los proyectos, podría facilitar que avancen desde etapas de factibilidad hacia construcción. Ese sería un avance visible para mejorar la posición relativa del Perú frente a otros destinos de inversión minera.

¿Considera Moody’s que el Perú está aprovechando suficientemente su cartera de proyectos?
El Perú tiene una cartera minera de escala global, con margen para convertir una mayor proporción de esos proyectos en inversión y crecimiento. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, a junio 2026, el Perú contaba con una cartera de 66 proyectos con una inversión estimada de US$64 mil millones. Además, en el periodo de enero a junio de 2026, la inversión minera se incrementó 42.7% en comparación al mismo periodo de 2025.

La oportunidad es significativa, pero su materialización dependerá de avances concretos en certeza regulatoria, reducción de conflictividad social y mayor predictibilidad política. Si esos frentes mejoran, el Perú podría transformar el ciclo favorable del cobre en inversión, empleo y crecimiento más sostenido.

¿Hasta qué punto la incertidumbre política, los conflictos sociales y la debilidad institucional pesan más que los factores económicos?
En minería, los precios favorables pueden abrir oportunidades, pero la política y la institucionalidad influyen de manera importante en la velocidad con que esas oportunidades se traducen en inversión. La incertidumbre política, los conflictos sociales y la debilidad institucional pueden pesar tanto o más que las variables económicas cuando afectan permisos, continuidad operativa o decisiones finales de inversión.

En Moody’s hemos elevado nuestros rangos de sensibilidad de precios para varios metales, incluido el cobre, por fundamentos sólidos de oferta y demanda. Sin embargo, precios altos no eliminan los riesgos de ejecución: las señales más importantes serán menos interrupciones operativas, permisos más ágiles y avances concretos en grandes proyectos.

En segundo lugar, establecería una verdadera autoridad con capacidad de decisión. Una única entidad debe tener la facultad de decidir o, al menos, de exigir que se adopte una decisión, y debe contar con funcionarios que estén legalmente protegidos cuando aprueban un proyecto, en lugar de quedar expuestos profesionalmente. En mi opinión, la falta de respaldo institucional para los funcionarios que dicen que sí es una de las causas de demora más subestimadas en Perú.

La arquitectura para una ventanilla única se construyó en gran medida hace años, lo que convierte esta medida en una de las oportunidades más fáciles que tiene el Gobierno peruano: un pequeño cambio que podría atraer capital minero significativo y sentar un precedente de eficiencia administrativa que otros sectores podrían seguir, con un impacto en el crecimiento que se haría visible rápidamente.

Por último, propondría que los procesos de consulta tengan plazos definidos, sean lideradas por el Estado y tengan carácter definitivo. La consulta debería desarrollarse durante un período establecido por ley, ser conducida por el Estado, con la participación de la empresa, pero sin que esta asuma el rol que corresponde al Estado— y generar un registro vinculante.

Las comunidades tienen derecho a ser escuchadas adecuadamente, y un proceso sin un punto final las perjudica, porque termina sin generar una mina, empleos ni ingresos fiscales.

¿Qué diferencia a un proyecto que avanza rápidamente hacia la producción de uno que permanece estancado durante años en las etapas de estudios, permisos o conflictos?
Hay cuatro aspectos principales que son fundamentales para hacer avanzar un proyecto a lo largo de su ciclo de desarrollo.

El primero es contar desde una etapa temprana con una licencia social que se mantenga de manera continua. No se trata de un evento de consulta, sino de construir una relación de una década con las mismas comunidades, respetada a través de los ciclos de los commodities y de los cambios de administración. Los proyectos que consideran la relación con las comunidades simplemente como un hito dentro del proceso de permisos casi siempre terminan pagando el precio más adelante.

En Appian creemos en el concepto de “integración social”, que va más allá del enfoque tradicional y más transaccional de la licencia social. Queremos formar parte de nuestras comunidades anfitrionas mediante inversiones en iniciativas que generen valor duradero, ya sea a través de educación, creación de empleo o programas de emprendimiento que permitan impulsar el desarrollo de las poblaciones locales.

Esto puede incorporarse a todos los proyectos mediante objetivos de contratación local, planes de adquisiciones locales y transferencia de capacidades como condiciones de las inversiones internacionales o de los procesos de permisos.

El segundo aspecto es la alineación política e institucional entre los tres niveles de gobierno. Un proyecto puede contar con aprobación nacional y aun así ser bloqueado por una autoridad regional o municipal con una estructura de incentivos diferente.

El tercero es la capacidad técnica. Los proyectos grandes y complejos, ubicados a gran altura, con restricciones hídricas, largos trayectos de transporte hasta los puertos o dificultades metalúrgicas, fracasan cuando el propietario no cuenta con la profundidad técnica y de ingeniería interna necesaria para resolver esos problemas, en lugar de limitarse a estudiarlos.

El cuarto es contar con capital comprometido por el plazo adecuado. El desarrollo minero requiere capital paciente capaz de sostener una construcción de cinco a diez años sin generar ingresos. Un capital que necesita reciclarse o salir en un horizonte de tres años no siempre es suficiente para construir una mina.

Aquí es donde Appian se diferencia como inversionista del sector. Hemos llevado doce minas a producción y completado dieciséis desinversiones, y contamos con aproximadamente US$5.000 millones en activos bajo gestión en nuestra plataforma, además de equipos técnicos internos, geólogos, metalurgistas e ingenieros de minas.

El año pasado lanzamos un fondo dedicado a mercados emergentes junto con la IFC del Banco Mundial, con compromisos totales de hasta US$1.000 millones, aplicando los estándares de desempeño y ESG de la IFC. Este año abrimos una oficina regional en São Paulo porque América Latina necesita esa combinación de capacidad técnica y capital paciente a escala.

¿Cuánto de la cartera de proyectos mineros del Perú podría destrabarse si el país redujera sustancialmente los plazos regulatorios y fortaleciera la seguridad jurídica?
Prácticamente toda la cartera podría destrabarse, pero no de manera simultánea ni únicamente como resultado de una reforma regulatoria. Las principales restricciones —la velocidad de los permisos, la seguridad jurídica y los conflictos sociales— interactúan entre sí. Permisos más rápidos otorgados en un entorno social no resuelto pueden generar bloqueos en lugar de una mayor producción.

Un enfoque más alcanzable sería concentrarse inicialmente en la cartera de cobre. A fines de 2025, alrededor de US$24.700 millones en proyectos cupríferos no tenían una fecha de inicio definida. Lograr que esos proyectos pasen de no tener fecha a contar con una fecha definida sería el resultado regulatorio de mayor valor que podría obtener este Gobierno.

La SNMPE estima que Perú necesita agregar entre 300.000 y 500.000 toneladas de producción anual de cobre simplemente para mantener su participación en el mercado mundial hacia 2035. Y dado que Antamina, Las Bambas, Cerro Verde, Cuajone y Toquepala se encuentran cerca de sus niveles máximos de producción, ese crecimiento necesariamente deberá provenir de los proyectos actualmente estancados.

El FMI ha estimado que el desarrollo de esta cartera podría elevar el crecimiento potencial de Perú entre 0,5 y 1 punto porcentual. El BCRP sitúa la inversión privada asociada en alrededor del 15,7% del PIB, con una producción adicional equivalente aproximadamente al 6,5% del PIB durante la vida de las minas.

Publicar plazos vinculantes para la obtención de permisos y luego cumplirlos no requiere nuevos recursos ni una reforma constitucional. Requiere una decisión.

¿Qué debería hacer Perú para garantizar que la expansión minera esté acompañada por energía suficiente, confiable y competitivamente valorada? ¿Ve oportunidades de integración entre minería y energías renovables?
La demanda máxima de la minería representa una fracción de la capacidad renovable que ya ha sido presentada al operador de la red para su conexión. La prioridad debería ser acelerar la expansión de la transmisión, aplicar a los proyectos energéticos que necesita la minería los mismos plazos para la obtención de permisos y planificar conjuntamente la generación, la transmisión y la demanda minera, en lugar de hacerlo de manera secuencial.

Si un proyecto de cobre alcanza su decisión final de inversión en 2028 y su línea de transmisión no está lista hasta la década siguiente, el proyecto habrá quedado efectivamente varado incluso antes de comenzar.

También existe una señal de alerta en los datos actuales. La generación hidroeléctrica ha disminuido mientras la generación a diésel ha aumentado considerablemente este año, lo que resulta costoso, intensivo en carbono y es típico de situaciones en las que la capacidad firme y la transmisión no avanzan al ritmo de la demanda.

En materia de energías renovables, la oportunidad es considerable y Perú no la está aprovechando plenamente. La irradiación solar en el sur alcanza entre 5,5 y 6,5 kWh/m² al día, una de las mejores del mundo, y un estudio del Minem realizado con cooperación alemana estimó un potencial solar total superior a 399.000 MW. Sin embargo, la energía solar representa apenas alrededor del 2% de la generación del sistema interconectado.

La mejor irradiación solar se encuentra precisamente en las mismas regiones del sur donde están los mejores yacimientos de cobre de Perú. La vía práctica consiste en contratos corporativos de compraventa de energía —power purchase agreements (PPA)—, generación en sitio o cercana al sitio y, cada vez más, energía solar combinada con sistemas de almacenamiento, dado que una mina opera las 24 horas del día y el sol no.
Estamos aplicando este enfoque en nuestra propia cartera. En Rosh Pinah, en Namibia, estamos combinando la expansión de un proyecto de zinc con el desarrollo de una nueva planta solar.

Más allá del cobre, ¿qué minerales podrían convertirse en nuevas oportunidades relevantes para Perú durante los próximos 10 a 20 años?
Los separaría en tres categorías, porque tienen horizontes y niveles de riesgo muy diferentes.

Ya de clase mundial, pero reciben una inversión insuficiente: zinc, plata, oro, plomo, estaño y molibdeno.

Perú es uno de los mayores productores mundiales de plata y zinc, y el mayor productor de oro de América Latina. El molibdeno, en particular, se está volviendo estratégicamente relevante como subproducto del cobre. Estos minerales pueden destrabarse aplicando la misma solución en materia de permisos que para el cobre.

De más largo plazo y todavía especulativos: tierras raras, fosfatos y mineral de hierro.

El mineral de hierro ya cuenta con capacidad de desarrollo a corto plazo dentro de la cartera peruana. Las tierras raras y los fosfatos presentan un potencial geológico real, pero, al no existir prácticamente una cadena de procesamiento en el país, su desarrollo corresponde a una perspectiva de 15 a 20 años y requeriría una política industrial de apoyo, no solamente exploración.

La oportunidad de diversificación de Perú está menos en encontrar nuevos minerales que en detener la pérdida de participación en aquellos en los que ya es líder. Perú está perdiendo participación de mercado en zinc y plata por las mismas razones regulatorias por las que está perdiendo participación en cobre. En la práctica, diversificación y ejecución requieren las mismas soluciones.

¿Qué cambios se necesitan en la relación entre el Gobierno, las empresas y las comunidades para reducir los conflictos sociales y otorgar mayor predictibilidad a los proyectos?
Un desafío central es que la participación del Estado y de los gobiernos locales ha sido limitada, dejando que las empresas asuman negociaciones con las comunidades sobre asuntos que normalmente corresponderían a responsabilidades públicas: agua, salud, caminos, escuelas y titulación de tierras. Esto está provocando que cada reclamo legítimo relacionado con los servicios públicos termine convirtiéndose en un reclamo contra la mina, lo que está generando mayores niveles de conflicto social.

A junio de 2026, la Defensoría del Pueblo registraba 151 conflictos sociales activos, de los cuales 96 eran de carácter socioambiental y estaban directamente vinculados a actividades extractivas. Los conflictos socioambientales relacionados con la minería se han mantenido de manera consistente en torno a un tercio del total de conflictos sociales en Perú.

La minería aportó más de S/10.000 millones a través del canon minero a los tres niveles de gobierno en 2025. Al mismo tiempo, la pobreza monetaria alcanza el 25,7% a nivel nacional y el 35,5% en las zonas rurales. Es necesario hacer más para garantizar que estos ingresos provenientes de la minería se utilicen para financiar y mejorar los servicios locales.

Por ello, propondría tres cambios.

Primero, el Estado debe tener una presencia más permanente en los territorios mineros.

Segundo, los ingresos del canon deben traducirse en mejoras visibles. Este es mucho más un problema de ejecución y de capacidad para realizar inversión pública en los gobiernos regionales y locales que un problema de ingresos.

Tercero, se debe hacer más para promover y compartir las mejores prácticas. Perú cuenta con operadores formales realmente excelentes, con sólidas prácticas ESG, y existe poca conciencia sobre su impacto socioeconómico duradero.

Comparemos una localidad antes y después de una mina formal bien gestionada —el camino, el centro de salud, la escuela, la cadena de proveedores locales— con un distrito tomado por la minería ilegal. El contraste es evidente. Sin embargo, esta comparación rara vez se realiza o se analiza públicamente.

¿Qué señales concretas debería enviar el Gobierno durante su primer año para convencer a un fondo internacional de que Perú vuelve a ser una jurisdicción prioritaria?
En primer lugar, debería publicar plazos vinculantes para los permisos y luego cumplirlos. No un documento estratégico, sino un decreto con plazos máximos establecidos por ley. Los inversionistas tomarán nota si durante doce meses el Gobierno cumple los plazos comprometidos.

También debería destrabar de manera visible y completa dos o tres proyectos emblemáticos. Que un proyecto llegue a la etapa de construcción con el Estado claramente presente junto a la empresa vale más que cualquier cantidad de foros promocionales.

El Estado debería recuperar su presencia y su voz en las regiones mineras, con una presencia permanente, información transparente sobre lo que un proyecto hará y no hará, y un monitoreo ambiental verificable de manera independiente, en el que las comunidades puedan confiar porque no dependen de la empresa ni de un tercero para interpretarlo.

Finalmente, es necesario garantizar estabilidad fiscal y regulatoria. El régimen de concesiones de Perú goza de buena reputación y es conocido por el sector, proporcionando un nivel de certeza a los inversionistas. Un compromiso de largo plazo con este régimen contará con el respaldo de los inversionistas.

Si Perú destrabara su cartera de proyectos, mejorara la regulación, ampliara su infraestructura energética y mantuviera la estabilidad macroeconómica, ¿qué potencial de crecimiento podría alcanzar durante los próximos diez años?
Perú podría aproximadamente duplicar su producción de cobre, agregando hasta 3,2 millones de toneladas anuales, según el BCRP, y recuperar el segundo lugar a nivel mundial.

En términos de crecimiento, el FMI estima que el desarrollo de esta cartera podría aportar entre 0,5 y 1 punto porcentual adicional al crecimiento potencial del PIB, con una inversión privada asociada de aproximadamente 15,7% del PIB y una producción incremental equivalente a cerca del 6,5% del PIB durante la vida de las minas.

En materia de empleo, el empleo minero directo promedió más de 264.000 puestos en 2025 y alcanzó un récord de 276.765 en diciembre. El Minem y el IPE utilizan un multiplicador de ocho empleos indirectos por cada empleo directo, lo que implica aproximadamente dos millones de puestos de trabajo adicionales respaldados actualmente por el sector.

El 73% de ese empleo directo corresponde actualmente a contratistas y empresas proveedoras o asociadas al sector, en lugar de las propias compañías mineras. Perú ha desarrollado un verdadero ecosistema de proveedores, compuesto por unas 8.000 empresas especializadas, que permite sostener una cadena de suministro más distribuida geográficamente y más resiliente.

Además, esta actividad está concentrada en las regiones donde los niveles de pobreza son más altos, dado que las compañías mineras contratan predominantemente mano de obra directa e indirecta de las comunidades cercanas.

Hay una salvedad que vale la pena mencionar: las cifras récord de exportaciones del año pasado estuvieron impulsadas principalmente por los precios y no por los volúmenes. En diciembre de 2025, el valor de las exportaciones de cobre aumentó 39,3%, mientras que el volumen cayó 2,6%.

Actualmente, Perú está monetizando un ciclo de precios, no una expansión de la producción. Por eso es tan importante ayudar a que los proyectos más viables de la cartera avancen hasta la producción.

Si tuviera que presentar mañana una sola medida al Presidente, ¿cuál sería y por qué?
Que el Estado vuelva a estar presente en los territorios mineros, de manera permanente, visible y con autoridad para tomar decisiones una vez que se hayan cumplido todos los requisitos.

La mayoría de los inversionistas probablemente plantearía una reforma del sistema de permisos. Esta es necesaria, pero no suficiente, porque un permiso otorgado en un territorio donde el Estado está ausente sigue pudiendo generar un bloqueo.

La presencia del Estado es la única medida que mejora todo lo demás simultáneamente: hace creíble la consulta, permite que el canon se traduzca en beneficios socioeconómicos visibles, desplaza a la minería ilegal del territorio y elimina la posición imposible en la que quedan las empresas cuando se les pide asumir funciones que corresponden al Gobierno.

Si se me permitiera agregar una segunda frase al Presidente, le diría que la ventana de oportunidad está abierta ahora. Los precios del cobre y del oro se encuentran cerca de máximos históricos y el capital global está buscando activamente jurisdicciones donde invertir en minerales críticos.

Ese capital se asignará durante los próximos tres a cinco años y se dirigirá hacia aquellas jurisdicciones capaces de convertir su geología en permisos y construcción.

En energía, el 70 % del consumo total provino de fuentes renovables de origen hidroeléctrico. También hemos desarrollado proyectos para mejorar la eficiencia y confiabilidad del sistema energético, como la ampliación de la Subestación Eléctrica Caylloma, que permitió reducir el uso de generación a diésel.

En optimización de recursos destaca la Planta de Relleno Hidráulico, que permite reutilizar aproximadamente 11.000 m³ de relaves al mes como material de relleno y reducir entre 20 y 23 viajes diarios de volquetes.

Frente al desafío de reducir la huella ambiental de la actividad minera, ¿qué proyectos o soluciones viene implementando la compañía y qué resultados han obtenido hasta el momento?
Uno de los proyectos más relevantes es la Planta de Relleno Hidráulico, que entró en funcionamiento en 2025. Esta solución reemplazó el transporte convencional de relaves por volquetes por un sistema de impulsión hidráulica. Con ello se reducen entre 20 y 23 viajes diarios, disminuyen el consumo de combustible, la generación de polvo y el tránsito pesado, y se reaprovechan cerca de 11.000 m³ de relave al mes.

También modernizamos el proceso de fundición del Laboratorio Químico, reemplazando un horno a diésel por uno eléctrico. Este cambio eliminó el consumo de aproximadamente 300 galones de diésel mensuales, redujo 2,1878 tCO₂e y generó ahorros operativos cercanos a US$590 mensuales.

Además, culminamos la ampliación de la Subestación Eléctrica Caylloma, que elimina el consumo aproximado de 400 galones diarios de petróleo y reduce el impacto asociado al uso de combustibles fósiles.

¿Qué papel están desempeñando la innovación y la tecnología en la estrategia de sostenibilidad de Minera Bateas? ¿Existe algún proyecto o iniciativa que consideren especialmente relevante?
La innovación nos ayuda a identificar oportunidades de mejora, optimizar procesos y encontrar soluciones desde la propia operación. Buscamos que forme parte de la cultura de la organización y no dependa solo de un área.

Contamos con una plataforma de innovación que promueve iniciativas de optimización y mejora continua. También impulsamos Bateas Innova, un programa que permite a los colaboradores proponer y desarrollar ideas orientadas a innovación y productividad. Así aprovechamos el conocimiento de nuestros equipos para responder mejor a los desafíos de la operación.

En el componente social, ¿cómo viene trabajando Minera Bateas con las comunidades de su área de influencia para generar oportunidades y desarrollo sostenible más allá de la actividad minera?
Nuestro trabajo con las comunidades parte de un relacionamiento cercano y continuo. Priorizamos educación, desarrollo de capacidades, empleabilidad, desarrollo productivo y acceso a servicios, de acuerdo con las necesidades identificadas en el territorio.

En educación, impulsamos Becas Bateas para promover el acceso a formación técnica y apoyamos la incorporación de nuevas tecnologías en instituciones educativas de Caylloma. En desarrollo productivo, trabajamos con productores locales de alpaca para fortalecer capacidades y mejorar oportunidades de ingreso mediante la venta de ganado.

También buscamos que las oportunidades vinculadas a nuestra operación lleguen a la población local. En 2025, el 25,26 % de nuestra fuerza laboral estuvo conformada por personas de la comunidad local, y continuamos fortaleciendo proveedores y emprendimientos del territorio. Este trabajo se desarrolla en articulación con autoridades, instituciones y organizaciones locales.

¿Cuáles consideran que son actualmente los principales desafíos para continuar avanzando hacia una operación cada vez más sostenible y eficiente?
Uno de los principales desafíos es seguir mejorando la eficiencia en el uso de recursos, especialmente agua y energía, manteniendo una operación segura y competitiva.

En agua, tenemos el reto de continuar incrementando la recirculación. En energía y cambio climático, debemos avanzar hacia la meta de reducir en 15 % las emisiones de Alcances 1 y 2 al 2030, tomando 2023 como año base.

También debemos fortalecer nuestra resiliencia frente a los riesgos físicos y de transición asociados al cambio climático.

De manera transversal, tenemos el reto de consolidar una cultura ESG en toda la organización, para que los objetivos de sostenibilidad se traduzcan en decisiones concretas en las distintas áreas.

Mirando hacia los próximos años, ¿cuáles serán las principales prioridades, metas o proyectos de Minera Bateas en materia de sostenibilidad?
Nuestro principal foco será avanzar en el cumplimiento de las metas de sostenibilidad al 2030. Para ello, seguiremos fortaleciendo una gestión que permita medir el desempeño, identificar oportunidades de mejora y convertir compromisos en resultados.

En materia ambiental, continuaremos trabajando en eficiencia en el uso de recursos, gestión del agua, reducción de emisiones y gestión de relaves.

En el ámbito social, seguiremos aportando al desarrollo de Caylloma mediante educación, formación técnica, empleabilidad, desarrollo productivo y generación de oportunidades para la población local. También continuaremos fortaleciendo la participación de proveedores locales.

Con estas acciones buscamos consolidar una gestión que contribuya a una operación más eficiente y resiliente, y a la generación de valor para el negocio y el entorno.

En los últimos años hemos observado una evolución positiva, impulsada por mayores inversiones en ampliaciones, optimizaciones operativas, sostenimiento de minas y proyectos vinculados a sostenibilidad. Además, la actividad minera genera una importante demanda financiera en toda su cadena de valor, desde grandes compañías hasta proveedores y contratistas. Hacia adelante mantenemos una perspectiva favorable; los altos precios de los minerales, la cartera de proyectos del país y las oportunidades asociadas a la transición energética siguen generando espacio para nuevas inversiones y necesidades de financiamiento. El principal desafío continúa siendo convertir ese potencial en proyectos efectivamente ejecutados.

El BCP ha participado en el financiamiento de importantes proyectos de gran minería, como Mina Justa. ¿Qué otros proyectos relevantes han financiado o acompañado el banco en los últimos años y qué volumen de recursos ha destinado a este tipo de operaciones?
Desde BCP hemos participado históricamente en el financiamiento de distintos proyectos y compañías mineras relevantes del país, acompañando tanto inversiones de crecimiento como de sostenimiento, ampliaciones, desarrollo de nuevos yacimientos y soluciones de capital de trabajo. Nuestro enfoque no se limita a nuevas minas, sino también a ampliaciones, sostenimiento de operaciones y financiamiento de proveedores del sector. Contamos con líneas de crédito aprobadas para atender rápidamente a las necesidades de las empresas mineras para capital de trabajo, inversiones financiadas y otros.

¿Cómo están evolucionando actualmente las tasas de financiamiento para el sector minero?
Las tasas de financiamiento para el sector minero han venido mostrando una tendencia más favorable que la observada hace uno o dos años, impulsada por la normalización de la inflación y una trayectoria descendente de las tasas de referencia en los principales mercados. Para compañías mineras, el acceso a financiamiento sigue siendo competitivo, especialmente para proyectos con fundamentos sólidos, bajos costos operativos y una estrategia clara de crecimiento. La estructura y condiciones de financiamiento continúan siendo tan relevantes como la tasa misma. Desde nuestra perspectiva, un escenario de tasas gradualmente más bajas favorecería la ejecución de inversiones, particularmente en ampliaciones de planta, reposición de equipos, extensiones de vida de mina y otros proyectos brownfield, que suelen tener periodos de recuperación más cortos. También podría mejorar la rentabilidad esperada de algunos proyectos y acelerar decisiones de CAPEX que hoy se encuentran en evaluación. Sin embargo, en minería la decisión de invertir no depende únicamente del costo financiero. Factores como el precio de los metales, la estabilidad regulatoria, la obtención de permisos y la predictibilidad del entorno operativo tienen un peso igual o incluso mayor. En ese sentido, una reducción de tasas es un catalizador positivo, pero debe ir acompañada de condiciones adecuadas para que las inversiones puedan materializarse.

En su relación con las compañías mineras, ¿han cambiado las prioridades de inversión en los últimos años?
Vemos que las prioridades de inversión han evolucionado. Hoy observamos una mayor concentración de capital en proyectos de expansión, optimización operativa, extensión de vida de mina, reposición de equipos y sostenimiento de activos. También viene creciendo la inversión en automatización, digitalización, gestión hídrica, eficiencia energética y cumplimiento de estándares ambientales y sociales. Esto refleja que las compañías buscan aumentar productividad, reducir costos, fortalecer la resiliencia operacional y avanzar en sus metas de sostenibilidad. En términos generales, las mineras están priorizando proyectos que generen retornos más rápidos, mitiguen riesgos y mejoren la competitividad de sus operaciones existentes, mientras preparan sus activos para un entorno cada vez más exigente en materia de eficiencia, sostenibilidad y licencia social. Los proyectos greenfield siguen siendo evaluados, pero con un horizonte de más largo plazo.

Otro aspecto relevante es el avance del financiamiento vinculado a sostenibilidad. Cada vez más empresas incorporan objetivos ambientales y sociales dentro de sus decisiones de inversión, destinando recursos a iniciativas relacionadas con gestión del agua, seguridad, eficiencia operativa, relación con comunidades y otros indicadores ESG que forman parte de sus estrategias corporativas. Las inversiones actuales buscan asegurar continuidad operativa, capturar oportunidades de crecimiento y mantener la capacidad de generar valor en un entorno cada vez más exigente en términos de costos, sostenibilidad y gestión de riesgos.

¿Cuáles son hoy los riesgos que más pesan en la evaluación financiera de una inversión minera en el Perú?
Más que el costo del financiamiento, los factores que más pesan en la evaluación de una inversión minera en el Perú son la capacidad de ejecución, la obtención oportuna de permisos y la predictibilidad regulatoria y social. La liquidez global y los precios de los metales permiten acceder a capital para proyectos sólidos, pero los inversionistas buscan certeza sobre cuándo podrán construir y operar. Estos factores también aparecen recurrentemente en conversaciones de financiamiento y evaluación de proyectos mineros dentro del sector.

Desde la perspectiva de la banca, el principal riesgo no suele ser la tasa de interés, sino la posibilidad de que un proyecto experimente retrasos significativos por permisos, conflictos sociales o cambios regulatorios, afectando plazos, costos y retornos esperados. En ese contexto, la predictibilidad se ha convertido en un factor tan importante como la calidad del yacimiento o el entorno de precios de los metales.

Mirando hacia 2030, ¿cuál considera que es la principal oportunidad que el Perú no debería dejar pasar para consolidar un nuevo ciclo de inversión minera y cuál es el principal riesgo de que esa oportunidad se postergue?
Mirando hacia 2030, la principal oportunidad que el Perú no debería dejar pasar es convertir su enorme cartera de proyectos de cobre en inversión efectiva, aprovechando la creciente demanda global asociada a la transición energética, electrificación, centros de datos e infraestructura tecnológica. El país cuenta con una posición geológica privilegiada y una de las mayores carteras de proyectos mineros del mundo, por lo que tiene las condiciones para consolidar un nuevo ciclo de crecimiento, exportaciones y desarrollo regional.

El principal riesgo es que esa oportunidad vuelva a postergarse por factores que ya conocemos: permisología, incertidumbre regulatoria y dificultades para ejecutar proyectos en los plazos previstos. Si no logramos transformar el potencial geológico en proyectos en construcción y producción, el capital podría dirigirse a otras jurisdicciones y el Perú perdería una ventana histórica para capturar valor en un mercado que demandará cada vez más cobre. Desde la perspectiva de la banca, el desafío no es la falta de recursos ni de interés inversionista, sino la capacidad del país para dar previsibilidad y velocidad a la ejecución.

Siete Regiones es un buen ejemplo. El proyecto puede llevar gas natural a regiones que hoy tienen acceso limitado o nulo y generar una expansión importante de la demanda. La masificación no se logrará con anuncios, necesitamos infraestructura, inversión privada y reglas que hagan viable esa inversión. La SPH ha advertido que excluir consumidores importantes del esquema tarifario puede poner en riesgo la expansión del servicio.

El sector suele advertir sobre la excesiva tramitología y la incertidumbre jurídica. ¿Cuánto tiempo podría reducirse el desarrollo de un proyecto petrolero o gasífero si se simplificaran los permisos, sin afectar los estándares ambientales y sociales?
Desde la SPH creemos que los tiempos regulatorios actuales son incompatibles con la urgencia de reponer reservas y desarrollar infraestructura energética. En el Perú, realizar una campaña sísmica y perforar un pozo exploratorio puede tomar entre 10 y 20 años, muy por encima de los tiempos observados en países como Colombia y Ecuador, lo que resta competitividad al país para atraer inversión de riesgo.

Esta situación responde, entre otros factores, a la desarticulación institucional, la limitada capacidad técnica y la falta de mecanismos efectivos de coordinación y seguimiento. La solución no es reducir estándares, sino eliminar duplicidades, establecer plazos claros, digitalizar procesos y aplicar criterios proporcionales al nivel de riesgo de cada actividad.

En energía, cada año de retraso tiene un costo, significa menos inversión, menos producción futura y mayor exposición a contingencias y a los precios internacionales.

¿Cómo evalúa la situación de Petroperú dentro del mercado actual? ¿Considera que la empresa estatal debe redefinir su rol para complementar la inversión privada o mantener una presencia más amplia en la cadena de hidrocarburos?
Petroperú debe tener un rol que sea sostenible, eficiente y complementario a la inversión privada. El país necesita una empresa estatal financieramente sólida y con un mandato claro, pero también necesita aprovechar la capacidad de inversión, tecnología y gestión del sector privado.

Lo fundamental es evitar que una empresa estatal financieramente debilitada termine desplazando recursos que podrían destinarse a infraestructura, exploración o servicios públicos.

Si el gobierno de Keiko Fujimori decide convertir al sector hidrocarburos en una prioridad económica, ¿cuánto podrían crecer la producción, la inversión y la recaudación fiscal al término del quinquenio si se implementan las reformas que propone el gremio?
No podría dar una cifra cerrada sin contar con un modelo que considere precios internacionales, descubrimientos, inversiones y tiempos de desarrollo. Lo que sí podemos afirmar es que existe un potencial significativo para revertir la tendencia actual.

El Perú ya cuenta con una cartera concreta de proyectos que puede generar un nuevo ciclo de inversión, entre ellos: Siete Regiones, que contempla una inversión de alrededor de US$550 millones para ampliar la masificación del gas natural a siete regiones (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco y Puno) y beneficiar a cientos de miles de usuarios. TGP Extensión Sur, una iniciativa de inversión privada de aproximadamente US$2.000 millones, plantea extender el sistema de transporte en 923 kilómetros hacia el sur, conectando el gas de Camisea con el nodo energético de Arequipa y Moquegua y generando condiciones para ampliar el acceso de hogares, industrias y vehículos al gas natural. La petroquímica representa una oportunidad para darle mayor valor agregado al gas natural y desarrollar nuevas cadenas industriales, incluyendo la producción de fertilizantes. Finalmente, el Gasoducto Regional de Cusco contempla aproximadamente 314 kilómetros de ductos para conectar el sistema de transporte con Cusco, Anta y Quillabamba, con una inversión estimada que ha sido planteada en alrededor de US$780 millones

El objetivo debe ser recuperar progresivamente los niveles de inversión, acelerar los proyectos que ya están en cartera y reactivar la exploración. Si logramos volver a atraer capital hacia la búsqueda de nuevas reservas, podremos generar una nueva cartera de desarrollo, incrementar la producción futura y, con ella, las regalías, el canon y los ingresos fiscales que genera el sector.

En un contexto de transición energética y descarbonización, algunos sostienen que el petróleo y el gas tienen cada vez menos futuro. ¿Cuál es su mensaje para quienes creen que el Perú debería dejar de apostar por los hidrocarburos y concentrarse exclusivamente en energías renovables?
La transición energética no significa que debamos prescindir de una fuente antes de contar con alternativas suficientes. El Perú necesita una transición ordenada, segura y competitiva, en la que las distintas fuentes de energía cumplan el rol que les corresponde.

El gas natural, por ejemplo, permite contar con energía firme y competitiva y puede complementar el crecimiento de las energías renovables. Además, los hidrocarburos seguirán siendo necesarios en actividades industriales, transporte y diversos procesos productivos.

Hidrocarburos y renovables se deben desarrollar de manera responsable, mientras avanzamos hacia una matriz cada vez más limpia y segura. Como gremio planteamos una transición ordenada y reconocemos el rol estratégico del gas y la exploración responsable.

¿Qué espera la SPH exactamente del gobierno en su primer año de gestión?
Esperamos decisiones y resultados concretos. El primer año debería dejar sentadas las bases de una política energética de largo plazo. Esperamos que el primer año permita recuperar la confianza de los inversionistas, destrabar proyectos, simplificar procesos, impulsar nuevas exploraciones y avanzar decididamente en la infraestructura de gas natural.

El objetivo final es muy concreto, que el Perú deje de reaccionar ante las crisis energéticas y vuelva a tener una política que se adelante a ellas. Necesitamos explorar hoy para tener reservas mañana, invertir hoy para tener infraestructura mañana y tomar decisiones hoy para garantizar energía segura, competitiva y suficiente para los próximos años.

La reducción de emisiones en minería no puede abordarse únicamente como un compromiso ambiental. Eficiencia energética, gestión de datos, innovación tecnológica y decisiones de inversión deben integrarse para reducir la huella de carbono sin comprometer productividad, seguridad ni competitividad

El primer paso es medir. Una operación minera puede disponer de información sobre consumo eléctrico, combustibles o emisiones y, aun así, no contar con una lectura suficientemente integrada para decidir dónde actuar primero. Construir una línea base energética permite relacionar consumo, producción, costos y emisiones, identificar procesos intensivos y establecer indicadores que muestren dónde se encuentran las mayores oportunidades de mejora.

Esta mirada resulta especialmente importante porque no todas las acciones de descarbonización requieren grandes inversiones. Antes de incorporar nueva infraestructura, una operación puede encontrar oportunidades en la optimización de equipos, la gestión de cargas, los sistemas de bombeo, ventilación, transporte, trituración, molienda o aire comprimido, según las características de cada unidad. La eficiencia energética tiene una ventaja fundamental: la energía que deja de consumirse innecesariamente también deja de generar costos y emisiones asociadas.

A partir de allí, la tecnología adquiere un papel estratégico. Electrificación, generación renovable, almacenamiento energético, automatización y sistemas digitales ofrecen posibilidades relevantes para la minería. Sin embargo, ninguna tecnología debería incorporarse únicamente porque representa una tendencia. Su evaluación debe considerar inversión, ahorro esperado, confiabilidad operacional, mantenimiento, vida útil, reducción de emisiones y periodo de recuperación. El objetivo no es acumular soluciones tecnológicas, sino seleccionar aquellas capaces de generar valor comprobable.

Este enfoque también modifica la manera de entender los indicadores ESG. Durante varios años, muchas organizaciones han concentrado esfuerzos en medir y reportar su desempeño. El siguiente paso es lograr que esa información participe directamente en las decisiones operativas y de inversión. Indicadores como intensidad energética, emisiones por unidad producida, consumo específico, participación de fuentes renovables o reducción acumulada de emisiones pueden convertirse en herramientas de gestión cuando se vinculan con productividad y desempeño económico.

En ese sentido, los datos cumplen una función cada vez más relevante. Contar con tableros de seguimiento y sistemas que permitan visualizar tendencias facilita detectar desviaciones, comparar periodos, priorizar acciones y verificar resultados. La digitalización no reemplaza el criterio técnico, pero puede fortalecerlo al transformar grandes volúmenes de información en señales útiles para decidir. La gestión energética deja así de ser una revisión periódica para convertirse progresivamente en una capacidad permanente de la organización.

Una ruta práctica para avanzar puede resumirse en cinco etapas: medir, priorizar, optimizar, invertir y verificar. Medir permite conocer la situación real; priorizar ayuda a concentrar recursos en los puntos de mayor impacto; optimizar reduce ineficiencias antes de comprometer capital; invertir incorpora las soluciones tecnológicas que resulten técnica y económicamente justificadas; y verificar permite comprobar si las medidas implementadas alcanzaron los resultados esperados. Esta secuencia evita que la descarbonización se convierta en una colección de proyectos aislados.

Para el Perú, este desafío tiene además una dimensión competitiva. La minería participa en mercados globales donde clientes, inversionistas y cadenas de suministro observan con creciente atención el desempeño ambiental de los productos y las operaciones. Reducir emisiones manteniendo productividad y confiabilidad puede convertirse en un atributo de competitividad, particularmente cuando las mejoras están respaldadas por indicadores verificables y decisiones de inversión sostenibles en el tiempo.

La discusión, por tanto, no debería plantearse como una elección entre competitividad y sostenibilidad. Una gestión energética adecuada puede contribuir simultáneamente a controlar costos, modernizar procesos, reducir emisiones y fortalecer la resiliencia operacional. El reto de los próximos años será desarrollar la capacidad de identificar dónde conviene intervenir, qué soluciones generan mayor impacto y cómo demostrar que cada inversión produce resultados. La descarbonización de la minería peruana será sostenible cuando, además de ambientalmente necesaria, sea técnica, operativa y económicamente viable.

Para facilitar ese salto, Cálidda ha desarrollado herramientas de financiamiento junto con el Consorcio Camisea. El programa Fraccionamiento GNV ofrece créditos a cero intereses de hasta US$ 45,000 por vehículo para la adquisición de unidades pesadas nuevas a gas natural. A ello se suma Flota Ahorro GNV, un programa de Cálidda que contempla plazos de hasta cinco años, una cuota inicial mínima de 20% y tasas que parten de cerca del 9%.

La apuesta, explica Aguilar, busca reducir la barrera de entrada para empresas que deben enfrentar inversiones importantes. Un tracto puede costar alrededor de US$ 100,000, mientras que determinados buses pueden alcanzar entre 150,000 y 170,000 dólares. En ese escenario, combinar herramientas financieras permite disminuir el desembolso inicial y comenzar a capturar desde temprano el ahorro operativo del GNV.

El atractivo no termina en las cuentas. En materia ambiental, el combustible también ofrece una ventaja significativa. Aguilar señala que el GNV puede reducir hasta en 99% el material particulado frente al diésel y disminuir en más de 30% las emisiones de CO2. En un sector cada vez más observado por sus impactos ambientales, estos atributos empiezan a tener consecuencias comerciales.

Las empresas de sectores como minería, hidrocarburos y consumo masivo, señala, están incorporando mayores exigencias ambientales para sus proveedores de transporte. Certificaciones de reducción de emisiones, protocolos y sistemas de gestión ambiental forman parte de los requisitos que pueden abrir o cerrar puertas a nuevas operaciones.

Y la geografía tampoco parece ser una barrera definitiva. Los vehículos pesados a GNV utilizan motores dedicados, fabricados específicamente para este combustible. Su potencia se mantiene de acuerdo con las especificaciones del fabricante tanto en zonas de menor altitud como en rutas de altura. Como cualquier vehículo, pueden experimentar una afectación por la menor disponibilidad de oxígeno, pero Aguilar sostiene que no existe una desventaja adicional frente al diésel por utilizar gas natural.

La prueba está en las rutas que ya realizan estas unidades. Con una autonomía aproximada de 800 a 900 kilómetros, vehículos a GNV llegan actualmente a ciudades y operaciones ubicadas en zonas de altura, incluyendo Huancayo, Cusco, Cajamarca y operaciones como Antamina. La cordillera de los Andes, en ese sentido, comienza a ser una ruta y no necesariamente una frontera.

El desafío siguiente está en la infraestructura. Actualmente existen más de 330 grifos de GNV en el país, pero la cobertura todavía presenta vacíos fuera de los principales mercados. Cajamarca, Arequipa y Huánuco aparecen entre las regiones donde se preparan nuevas alternativas de abastecimiento, mientras que proyectos en La Libertad buscan reforzar la cobertura en el norte.

Para Aguilar, ampliar esa red requiere no solo inversión privada, sino también acelerar los procesos administrativos. La instalación de nuevos surtidores demanda permisos, registros y evaluaciones cuyos plazos pueden retrasar la puesta en operación. Reducir los tiempos de respuesta y de atención de observaciones permitiría que la infraestructura avance al ritmo de un parque vehicular que crece con rapidez.

El GNV, entonces, se encuentra en un punto distinto al de hace algunos años. Ya tiene flotas, rutas, estaciones y empresas que encuentran en él una herramienta de competitividad. El siguiente paso será conectar esos puntos. Para Aguilar, la oportunidad está en que más infraestructura permita que el ahorro que hoy mueve a los transportistas en Lima y Callao pueda recorrer también las carreteras que llevan hacia el resto del país.

Me acompañan Miluska Cervantes en la primera vicepresidencia, Mirtha Rodríguez en la segunda vicepresidencia, Yhamilet Pérez como secretaria y Sisley Báez como tesorera. Cada miembro del Consejo tiene un área o comité a su cargo, lo que garantiza una gestión descentralizada, especializada y orientada a resultados. Desde sus respectivas responsabilidades, cada una aporta su liderazgo y experiencia ejecutiva para diseñar programas de alto impacto, fortalecer comités técnicos y regionales, consolidar alianzas corporativas y monitorear de manera continua nuestros indicadores estratégicos.

¿Cómo ha contribuido WIM PERÚ a transformar la cultura de un sector tradicionalmente masculinizado hacia uno más inclusivo y equitativo? Aunque se han logrado avances importantes en contratación y equidad, ¿en qué áreas o niveles gerenciales/operativos identifica que aún persiste la mayor brecha?
Hemos contribuido visibilizando modelos de rol, capacitando a líderes en sesgos inconscientes y promoviendo entornos laborales seguros e inclusivos. Adicionalmente, nuestro aporte clave radica en acompañar a las mujeres en todas las etapas de su línea de vida y desarrollo: desde sus primeras etapas de formación académica en las escuelas, pasando por la etapa universitaria e inicios de carrera, hasta acompañar a profesionales en niveles ejecutivos y senior.

Para acelerar la equidad en un sector tan complejo y retador como el minero, es indispensable abordar la estrategia desde un enfoque integral, tal como lo promueve WIM Perú. La equidad ya no debe verse solo como un tema de cumplimiento legal, sino como una ventaja competitiva y un pilar de sostenibilidad. Para lograrlo, hemos lanzado nuestro Manual de Buenas Prácticas que establece lineamientos corporativos clave que transforman el entorno tanto en las minas como en los campamentos. Esta hoja de ruta abarca tres ejes fundamentales: desde la adaptación de infraestructura y condiciones óptimas de salud y seguridad en terreno para las colaboradoras; pasando por el diseño de políticas vanguardistas de conciliación laboral-familiar y corresponsabilidad; hasta garantizar procesos de selección 100% libres de sesgos inconscientes para asegurar una meritocracia real tanto en roles operativos como de supervisión. Lo pueden encontrar de forma gratuita en nuestra web: www.wimperu.org

A pesar de estos avances en atracción e inclusión, la mayor brecha persiste en dos extremos: en los cargos operacionales de campo (operaciones en mina y mantenimiento técnico) y en la alta dirección (gerencias generales y directorios), donde la representación femenina aún requiere un mayor impulso.

¿Qué iniciativas o políticas públicas y privadas promovidas o respaldadas por WIM PERÚ considera esenciales para acelerar la equidad de género en las operaciones mineras?
Acelerar la equidad en las operaciones requiere actuar de manera integral, abordando los factores culturales mediante la preparación técnica continua, el quiebre de estereotipos y la erradicación de sesgos inconscientes en el sector.

Desde el ámbito de las iniciativas públicas y la articulación estatal, trabajamos de la mano con el MINEM, MIMP y el MIDIS, además de desarrollar mentorías con becarias de PRONABEC. Estas alianzas son clave para canalizar nuevo talento femenino altamente preparado hacia el sector, demostrando que la solidez técnica y la formación académica son el principal motor para derribar los viejos mitos sobre el trabajo de las mujeres en mina.

En el plano de las iniciativas privadas y programas propios, impulsamos acciones transversales para transformar la cultura minera:

Superación de sesgos inconscientes y estereotipos: Mediante el programa Mujeres en Terreno, llevamos a nuestras asociadas (estudiantes y profesionales) directamente a las unidades mineras. Este acercamiento al campo democratiza el conocimiento in situ, rompe mitos sobre la vida en campamento, demuestra la capacidad operativa del talento femenino y sensibiliza a las organizaciones para eliminar sesgos en los procesos de selección y promoción en mina.

Preparación y desarrollo descentralizado: Con el programa Umalliq Warmi, impactamos en 12 de las 17 regiones mineras del país entrenando de forma integral a egresadas universitarias. Este programa fortalece sus competencias para facilitar su ingreso, rendimiento y permanencia en las operaciones, asegurando que lleguen con la preparación requerida para asumir roles técnicos y de supervisión sin condicionamientos de género.

Diagnóstico y cultura inclusiva: Impulsamos que las empresas completen la encuesta de madurez en DEI para medir objetivamente sus avances y aplicamos el Manual de Buenas Prácticas de WIM Perú, el cual establece lineamientos clave en infraestructura adecuada, salud en terreno, conciliación laboral-familiar y capacitaciones corporativas para erradicar sesgos en la gestión de personas.

¿Cuáles son las principales diferencias entre las oportunidades de la mujer en campo/mina frente a las posiciones directivas y corporativas?
En las posiciones corporativas las barreras suelen asociarse a «techos de cristal» y a la falta de redes de patrocinio para ascender a directorios. En campo o mina, las barreras son más físicas y logísticas: jornadas de régimen atípico, disponibilidad de infraestructura diferenciada e integración en equipos históricamente masculinos. Ambos frentes requieren enfoques específicos de intervención.

¿Qué impacto han demostrado tener en las carreras de las participantes?
El impacto es plenamente cuantificable. Contamos con programas clave como espacios de mentoring internacional, entrenamiento intensivo como Umalliq Warmi, grupos especializados de trabajo técnico (GreaTTs), voluntariado, participación en las diferentes iniciativas, y espacios de networking entre asociadas y con actores clave del sector.

Todas estas iniciativas aceleran los ascensos profesionales, fortalecen la autoconfianza y amplían significativamente las redes de contacto. Como resultado, muchas de nuestras participantes reportan haber asumido ascensos, jefaturas, supervisiones de campo o pasantías técnicas gracias a las herramientas y al acompañamiento brindado por WIM Perú.

¿De qué manera trabaja WIM PERÚ para motivar e inspirar a más niñas y jóvenes estudiantes a optar por carreras STEM relacionadas con la minería?
Trabajamos fuertemente a través de iniciativas como el programa Kuraq Ñañayki (“Tu hermana mayor”), con el que llegamos directamente a estudiantes de secundaria en diversas regiones para romper estereotipos sobre la industria. Al mostrarles que la minería moderna es tecnológica, sostenible y que hay ingenieras o científicas liderando proyectos, abrimos su visión hacia las carreras STEM. Al momento hemos impactado a más de seis mil escolares, en 15 departamentos del país y hemos visitado más de 60 colegios con este programa dirigido a niñas y jóvenes.

Como líder de una organización referente en la industria, ¿cuáles son los atributos o cualidades clave que debe cultivar una mujer para liderar en el sector minero actual?
Sólida preparación técnica, capacidad de negociación y resiliencia. Además, en la minería actual es clave desarrollar el liderazgo empático, la visión integradora para generar consensos en entornos complejos y el aprendizaje continuo en nuevas tecnologías.

La minería se encuentra en un proceso profundo de transformación sostenible. ¿Cómo se posiciona WIM en el debate sobre innovación, sostenibilidad y cambio climático?
WIM Perú sostiene firmemente que «la minería del futuro será diversa y tecnológicamente avanzada, o no será sostenible». Nos posicionamos como un actor técnico propositivo; por ejemplo, contamos con el GreaTT Ambiental y Sostenibilidad, un Grupo Especializado de Trabajo Técnico integrado por nuestras asociadas expertas que promueve la transferencia de conocimientos, el desarrollo de investigaciones y la difusión de buenas prácticas ambientales e innovación en el sector.

Aportamos al debate demostrando que los equipos multidisciplinarios con diversidad de género mejoran la toma de decisiones en gestión ambiental, prevención de riesgos operativos y relacionamiento comunitario.

¿Cómo beneficia la automatización y la digitalización de las operaciones mineras al cierre de brechas de género en la industria?
La automatización rediseña la naturaleza del trabajo minero. El control de flotas remotas, la analítica de datos y las salas de control integradas nivelan la cancha, ya que reducen la exigencia física del esfuerzo tradicional y priorizan el talento analítico y digital, donde las mujeres están preparadas para desempeñarse en igualdad de condiciones.

¿Cuáles son los principales objetivos estratégicos de WIM para los próximos 5 a 10 años?
Nuestro gran objetivo es impulsar la participación de las mujeres a cifras de dos dígitos en el sector. Buscamos expandir nuestros programas educativos en zonas de influencia minera y lograr que cada empresa del sector adopte políticas efectivas de medición y cierre de brechas de género.

¿Qué llamado o mensaje hace a las empresas mineras, proveedoras y entidades gubernamentales para consolidar aliados en esta hoja de ruta?
El mensaje es directo: la equidad de género no es una tarea aislada de la responsabilidad social o de un comité, es una decisión estratégica de competitividad para el Perú. Hacemos un llamado al Estado, las empresas mineras y la cadena de proveedores a medir sus brechas, establecer metas concretas y sumarse como aliados estratégicos en esta hoja de ruta. Sumar más talento femenino beneficia a las personas, a la productividad de las operaciones y al país en su conjunto. En estos 10 años hemos crecido juntos, siempre con el respaldo del ecosistema minero, el Estado y la academia. Hoy renovamos nuestro compromiso para consolidar una industria minera peruana cada vez más inclusiva, moderna, sostenible y con visión de futuro.

El reto de crecer
El crecimiento de la participación femenina en minería requiere actuar simultáneamente sobre la formación, las condiciones de trabajo y las oportunidades de desarrollo profesional. WIM Perú identifica dos espacios donde la brecha continúa siendo especialmente visible: las posiciones operacionales de campo, como minería y mantenimiento técnico, y los niveles de alta dirección, incluidos gerencias generales y directorios. Frente a ello, la organización impulsa programas de capacitación, mentoría, networking y acercamiento a las operaciones mineras. Su apuesta apunta a que la equidad deje de entenderse únicamente como una obligación y se consolide como una ventaja competitiva para una industria más moderna, sostenible y diversa.

El diagnóstico es significativo. Según los insumos del Plan, la generación eólica potencial de la zona Colectora-Poroma podría alcanzar unos 4.700 MW hacia 2030. Con el máximo despacho renovable, la capacidad actual del enlace Poroma-Chilca —840 MVA— resultaría insuficiente y podría producir congestiones de hasta 80%.

La solución incluye también la segunda etapa del Hub Poroma, que aumentará la capacidad de transformación hacia la red de 500 kV.

En el sur, el Plan Vinculante incorpora el enlace Tintaya Nueva-Nueva San Gabán, el enlace Nueva San Gabán-Puerto Maldonado, la segunda etapa del Hub San José y Los Héroes-Garita. Estas obras buscan elevar la capacidad y confiabilidad de corredores que atienden al sur andino y a Madre de Dios.

El enlace Tintaya Nueva-Nueva San Gabán, por ejemplo, pretende fortalecer el sistema San Gabán-Azángaro y mejorar la conexión hacia Puerto Maldonado.

El desafío renovable
La expansión de la transmisión está estrechamente relacionada con el crecimiento de las energías renovables no convencionales.

Según las cifras proporcionadas por Osinergmin, Perú tiene 13,955 MW de capacidad instalada, mientras que el COES ha aprobado Estudios de Pre Operatividad para 103 proyectos renovables, que representan 22,995.7 MW adicionales. Quince de ellos ya cuentan con concesión definitiva y aportarían cerca de 2,9 GW entre 2025 y 2030.

La magnitud de estas cifras explica el problema. Los parques solares y eólicos suelen ubicarse donde existe el recurso energético, no necesariamente donde se concentra la demanda. Por ello, el crecimiento de la generación debe estar acompañado por nuevos corredores de transmisión.

Además, la generación renovable tiene una característica particular: su producción varía según las condiciones del viento y la radiación solar. Esto puede generar flujos de potencia cambiantes y mayores exigencias sobre determinadas líneas.

El caso Colectora-Poroma es ilustrativo. Si la generación eólica aumenta fuertemente y la red permanece con la capacidad actual, parte de esa electricidad podría no tener una vía suficiente para llegar a los centros de consumo.

La segunda frontera: Ecuador, Chile y Bolivia
La expansión del sistema también contempla la posibilidad de intercambiar electricidad con países vecinos.

Ecuador es el proyecto que presenta mayor grado de avance. Perú adjudicó en 2023 a Celeo Redes la línea de transmisión de 500 kV Piura Nueva-Frontera. Según la información proporcionada, la puesta en operación comercial está prevista para agosto de 2027.

La primera etapa permitirá incrementar las transferencias entre ambos países. Una segunda etapa, todavía no programada, contempla un segundo circuito y permitiría elevar sustancialmente la capacidad de intercambio, además de aportar redundancia al corredor Piura-Pasaje.

Con Chile, los estudios han avanzado a nivel técnico, pero todavía no existe una ejecución equivalente. Se han evaluado una conexión de 220 kV entre Tacna y Arica, mediante una estación convertidora, y una alternativa de 500 kV en corriente continua entre Montalvo y Crucero.

El estudio conjunto de 2015 sobre el enlace Los Héroes-Parinacota concluyó que una conexión de aproximadamente 55 kilómetros y hasta 200 MW sería rentable y tendría un alto factor de utilización. La actualización realizada en 2019 llegó nuevamente a una conclusión favorable.

Con Bolivia, el resultado ha sido diferente. El estudio de interconexión realizado en 2019 concluyó que las alternativas analizadas no eran rentables.

La interconexión internacional, por tanto, representa una capa adicional de seguridad y flexibilidad, pero su desarrollo depende tanto de la conveniencia técnica como de la viabilidad económica y regulatoria.

Del plan a la inversión
El siguiente paso corresponde a ProInversión. El COES establece las necesidades de expansión y el Ministerio de Energía y Minas puede encargar a la agencia los procesos para concesionar las instalaciones. El propio COES explica que el Plan de Transmisión sirve como insumo para que el Estado encargue a ProInversión la convocatoria de las concesiones.

La cartera presentada por ProInversión comprende 18 proyectos, de los cuales 16 corresponden al Plan 2025-2034 y dos al plan anterior. El paquete fue anunciado inicialmente con una inversión aproximada de US$ 930 millones.

La modalidad elegida es la Asociación Público-Privada, mediante concesiones de largo plazo. La estrategia busca aprovechar capital y capacidad de gestión privada para cerrar las brechas de infraestructura.

El primer resultado ya se produjo. El Grupo 1 del nuevo plan fue adjudicado por aproximadamente US$ 339 millones. El paquete comprende cuatro proyectos de transmisión y representa el primer paso concreto de la nueva cartera.

El segundo grupo incorpora, entre otras obras, el enlace Colectora-Bicentenario-Chilca y proyectos para reforzar la transmisión hacia Cusco, Puno y Madre de Dios. Los grupos siguientes completarán la cartera con proyectos en regiones como La Libertad, Piura, Lima, Junín, San Martín, Ucayali, Ica y Tacna.

El reto después de adjudicar
El desafío ya no es únicamente identificar qué líneas hacen falta. También es construirlas a tiempo.

Osinergmin mantiene un seguimiento periódico de los proyectos de transmisión y publica información sobre su avance. En junio de 2026, su sistema de supervisión continuaba registrando proyectos en distintas etapas de ejecución.

Ese seguimiento resulta relevante porque entre la planificación y la puesta en operación pueden aparecer retrasos en estudios, permisos, servidumbres, financiamiento o construcción.

La transmisión necesita, además, adelantarse al crecimiento de la generación. Una línea que llega después de que una nueva central entra en operación puede convertirse en un cuello de botella; una obra que se anticipa demasiado puede enfrentar el riesgo de quedar sobredimensionada.

Por eso el Plan de Transmisión se actualiza cada dos años. La planificación intenta encontrar ese punto de equilibrio entre anticiparse a las necesidades y evitar inversiones innecesarias.

Perú cuenta hoy con una red mucho más extensa que hace veinte años. La siguiente etapa consiste en hacerla suficientemente robusta para una economía que demanda más electricidad y para una matriz que incorporará progresivamente más generación renovable.

El objetivo final no es simplemente construir nuevas líneas. Es conseguir que la energía pueda circular por el sistema aun cuando aumenten los flujos, cambie la generación o una instalación quede temporalmente fuera de servicio.

En ese escenario, la redundancia deja de ser un concepto exclusivamente técnico. Es la garantía de que el crecimiento de la generación y de la demanda pueda sostenerse sobre una red capaz de responder cuando más se la necesita.

La historia muestra así una tensión permanente: el comprador busca el suministro más competitivo y el Estado intenta evitar que determinadas prácticas comerciales destruyan una industria que todavía busca consolidarse.

El cuello de botella de la palma
La principal materia prima del biodiésel peruano es el aceite crudo de palma. Su producción se concentra principalmente en San Martín y Ucayali, y su expansión está vinculada desde hace años con programas de desarrollo alternativo.

Ahí aparece una de las oportunidades que la política pública no ha conseguido convertir plenamente en realidad. La palma puede generar actividad agrícola, empleo y demanda para productores de la Amazonía. Pero transformar esa ventaja agronómica en una industria competitiva exige algo más que disponer de tierra y materia prima.

Se necesitan escala, productividad, financiamiento, tecnología, infraestructura, contratos de largo plazo y condiciones de competencia previsibles. También trazabilidad y estándares ambientales y sociales cada vez más exigentes.

El aceite de cocina usado constituye otra posibilidad. Empresas como Reborn han desarrollado modelos para recolectarlo y convertirlo en biodiésel, mientras la Universidad Nacional Agraria La Molina ha investigado durante años la producción a partir de aceites usados y grasas animales. Sus experiencias demuestran que existe conocimiento técnico en el país y que la economía circular puede aportar nuevas fuentes de materia prima.

Pero estas iniciativas siguen siendo pequeñas frente a las dimensiones del mercado de combustibles. El desafío consiste en pasar de experiencias aisladas a una cadena capaz de operar a escala comercial.

El comprador también importa
El papel de los grandes compradores ha sido otro punto de controversia. Petroperú sostiene que sus procesos de adquisición se realizan bajo competencia entre proveedores nacionales e internacionales y que la adjudicación considera precio, volumen, calidad y fechas de entrega. En información proporcionada por la empresa, los productores nacionales podían cubrir como máximo 35% del mercado identificado en sus procesos, mientras que los proveedores internacionales podían atender hasta 100%.

Esa diferencia ayuda a explicar por qué la importación se convirtió en una pieza estructural del abastecimiento.
Para un comprador, la decisión no se reduce al origen del producto. También importan la capacidad de entrega, la confiabilidad logística, la escala y el precio. Para una industria naciente, en cambio, competir únicamente con esos parámetros puede resultar difícil si no ha conseguido todavía una escala suficiente.

La discusión, por ello, no debería plantearse únicamente como “biodiésel nacional contra biodiésel importado”. La pregunta de fondo es qué condiciones permitirían que un productor peruano sea competitivo sin convertir la política energética en una protección permanente e ineficiente.

Una ley que vuelve a abrir la puerta
En abril de 2025, el Congreso modificó la Ley 28054 mediante la Ley 32276. La reforma busca fortalecer la producción de biocombustibles y promover su consumo. Entre otros cambios, incorpora criterios de sostenibilidad ambiental y social, incentiva la participación privada para posicionar a Perú como exportador y plantea promover la producción en áreas aptas de la selva dentro de programas de desarrollo alternativo sostenible.

La modificación resulta significativa porque reconoce que el problema no se resuelve únicamente estableciendo una mezcla obligatoria. Hay que construir una cadena productiva.

Sin embargo, en 2026 la reforma todavía está en proceso de aterrizaje regulatorio. El Minem informó en abril que trabaja con los sectores de Ambiente, Agricultura, Producción, Economía y Transportes en una propuesta integral para actualizar el marco normativo y establecer criterios de sostenibilidad, calidad y seguridad.

La señal es relevante: después de años de estancamiento, el Estado vuelve a discutir el diseño del mercado.

Más allá del B5
Existe además una limitación técnica que ha condicionado la evolución del biodiésel peruano. El aceite de palma puede presentar problemas de comportamiento a bajas temperaturas, especialmente en determinadas condiciones de operación y altitud. Petroperú y el USDA han señalado esta característica como una de las razones por las que la mezcla no ha avanzado por encima del B5.

La alternativa tecnológica sería avanzar hacia diésel renovable o HDRD, que presenta características diferentes al biodiésel convencional y podría superar algunas de esas restricciones. Pero el USDA señala que Perú todavía no ha desarrollado iniciativas de producción de este combustible.

Ese vacío abre una pregunta estratégica. Si el país quiere profundizar la descarbonización del transporte pesado, ¿debe concentrarse en ampliar el biodiésel convencional o comenzar a construir desde ahora una industria de combustibles renovables avanzados?

La discusión no ocurre en un vacío. En marzo de 2026, una emergencia en el suministro de gas natural llevó al Minem a establecer temporalmente excepciones a determinadas obligaciones de mezcla de biocombustibles para evitar problemas de abastecimiento de combustibles líquidos. La medida fue transitoria, pero dejó una lección: la política de biocombustibles también debe convivir con las necesidades inmediatas de seguridad energética.

Una promesa todavía abierta
El biodiésel peruano no es una historia de fracaso absoluto ni de éxito consolidado. Es, más bien, la historia de una política que creó un mercado antes de conseguir construir una industria capaz de dominarlo.

El país tiene demanda, productores, experiencia tecnológica, materia prima agrícola y una regulación que acaba de ser reformada. También tiene un mercado internacional capaz de abastecer rápidamente el déficit. Lo que sigue faltando es la articulación de esos elementos.

La oportunidad ya no consiste solamente en producir más litros. Consiste en construir una cadena competitiva: desde el cultivo y la recolección de materias primas hasta el procesamiento, la certificación, la logística y la comercialización. Y hacerlo bajo reglas que permitan competir, pero que también reconozcan los costos ambientales y sociales de cada alternativa.

Casi veinte años después de aquella primera planta, la promesa permanece. El B5 consiguió instalar al biodiésel en la matriz de combustibles peruana. Lo que todavía está pendiente es que esa obligación se convierta en una industria nacional sólida, innovadora y capaz de mirar más allá de la mezcla mínima.

En 2026, el debate vuelve a comenzar, pero con una diferencia: ya no se trata de demostrar que el biodiésel puede existir en Perú. Se trata de decidir qué lugar quiere ocupar el país en la próxima generación de combustibles renovables.

En Perú, la adopción avanza de manera gradual, con mayor velocidad en empresas de retail, consumo masivo, farmacéutica, operadores logísticos y comercio electrónico. El mercado todavía tiene espacio para madurar, pero la tendencia es clara: los usuarios están elevando sus estándares y eso también presiona a los desarrolladores a ofrecer infraestructura más preparada para operar con tecnología.

La adopción tecnológica en logística viene avanzando de forma progresiva. Las empresas más grandes y los operadores especializados ya están incorporando sistemas de gestión, trazabilidad y control de inventarios, y esa tendencia seguirá marcando la evolución del mercado.

Además de la ubicación, ¿qué atributos valoran más las empresas al momento de elegir una infraestructura logística? ¿La eficiencia energética, la automatización o la flexibilidad de los espacios son ya factores decisivos?
Además de la ubicación, las empresas valoran cada vez más la eficiencia operativa del activo. Esto incluye altura, resistencia de piso, número de andenes, patios de maniobra, seguridad, continuidad operativa, acceso a servicios, flexibilidad para crecer y eficiencia energética.

La automatización, la sostenibilidad y la flexibilidad ya son factores que influyen en la decisión, especialmente para empresas con operaciones más sofisticadas o contratos de largo plazo. Los activos modernos, estabilizados y bien ubicados vienen ganando protagonismo como clase de activo atractivo para inversionistas institucionales, precisamente por la combinación de baja vacancia, demanda sostenida y necesidad de infraestructura especializada.

La ubicación sigue siendo importante, pero ya no es el único factor. Hoy las empresas evalúan el costo total de operar: tiempos, eficiencia, seguridad, capacidad de expansión, sostenibilidad y qué tan preparado está el espacio para soportar una operación más tecnológica.

¿Qué sectores económicos están liderando actualmente la demanda de infraestructura logística moderna y qué tipo de requerimientos específicos presentan?
La demanda se encuentra diversificada. Los principales sectores que impulsan el mercado son retail, consumo masivo, alimentos y bebidas, farmacéutica, comercio electrónico, operadores logísticos, industria ligera y empresas vinculadas al comercio exterior. Esta diversificación ha permitido que el mercado logístico mantenga un comportamiento resiliente.

Hoy vemos una demanda que se diversifica cada vez más. El retail y el consumo masivo siguen siendo relevantes, pero también han ganado peso los operadores logísticos, farmacéuticas, alimentos, comercio electrónico e industrias que requieren espacios más especializados

En zonas como Callao y Ventanilla, la demanda está especialmente vinculada a operadores logísticos, importadores, exportadores, empresas de consumo masivo, alimentos y compañías que requieren conectividad directa con infraestructura portuaria y aeroportuaria.

¿Existen brechas entre la oferta disponible y las necesidades actuales del mercado? De ser así, ¿cuáles son los principales desafíos para cerrar esa diferencia?
La brecha no está únicamente en tener más superficie, sino en desarrollar el tipo de producto que el mercado necesita. Los usuarios buscan espacios modernos, bien ubicados y con especificaciones técnicas que les permitan operar de manera más eficiente.

Si bien el mercado viene incorporando nueva oferta, las brechas están principalmente en la disponibilidad de infraestructura moderna, flexible y bien conectada. En ese sentido, el desarrollo de proyectos en Ventanilla y el futuro crecimiento del eje Ancón-Chancay son relevantes, porque permiten ampliar la oferta hacia zonas con mayor potencial de conexión portuaria y disponibilidad de suelo.

La sostenibilidad se ha convertido en un criterio importante para la inversión inmobiliaria. ¿Qué tan relevante es hoy la incorporación de estándares ambientales y de eficiencia en los proyectos logísticos del Perú?
La sostenibilidad se ha vuelto cada vez más relevante en el desarrollo logístico, sobre todo para empresas multinacionales, operadores especializados e inversionistas institucionales. Hoy se valoran atributos como eficiencia energética, iluminación LED, ventilación adecuada, manejo eficiente del agua, reducción de costos operativos y diseño orientado a una operación más sostenible.

Si bien el mercado peruano aún se encuentra en una etapa de adopción progresiva frente a otros países de la región, la tendencia apunta a que los estándares ambientales serán cada vez más importantes en la selección de espacios. A nivel regional, C&W identifica una presión por activos bien localizados y de mayor estándar, donde los precios se mantienen firmes o con presión al alza.

La sostenibilidad ya forma parte de la conversación inmobiliaria logística. Para muchas empresas, un centro más eficiente no solo responde a objetivos ambientales, sino también a menores costos operativos y mejores condiciones para contratos de largo plazo.

Considerando el crecimiento urbano y la necesidad de reducir los tiempos de entrega, ¿cómo están cambiando las estrategias de ubicación de los centros logísticos y de distribución?
Las estrategias de ubicación están cambiando hacia un modelo más equilibrado entre grandes centros de distribución y espacios más cercanos a los principales puntos de consumo. Las empresas buscan reducir tiempos de entrega, mejorar cobertura urbana y optimizar costos de transporte.

En Lima, esto ha reforzado el rol de corredores como Lima Sur, Callao y Lima Este. Durante el primer semestre de 2026, aproximadamente el 60% de la superficie ocupada de almacenes de ambas clases se ubicó en la Zona Sur, mientras que un 25% fue en el Callao y el resto en la zona Este, evidenciando que la demanda se distribuye entre los principales corredores logísticos de la ciudad.

La ubicación logística hoy responde a una estrategia más integral. Las empresas evalúan acceso a vías principales, cercanía a clientes, conexión con puertos o aeropuertos y capacidad para atender entregas más rápidas dentro de la ciudad.

Mirando hacia los próximos cinco años, ¿cuáles serán las principales tendencias que definirán el desarrollo del mercado logístico peruano y cómo deberían prepararse las empresas para ese nuevo escenario?
En los próximos cinco años, el mercado logístico peruano estará marcado por una mayor demanda de infraestructura moderna, el crecimiento de desarrollos Clase A, la expansión de soluciones built to suit, la incorporación gradual de tecnología y una mayor relevancia de la sostenibilidad en los proyectos.

También veremos una consolidación de nuevos corredores logísticos. Lima Sur, Callao y Lima Este seguirán siendo relevantes, pero el eje norte comenzará a tomar mayor protagonismo con Ventanilla, Ancón y Chancay. Este corredor responde a una nueva lógica de conectividad, asociada al comercio exterior, al puerto del Callao, al nuevo aeropuerto Jorge Chávez y al megapuerto de Chancay.

Sin embargo, para que este crecimiento se traduzca en una mejora real de eficiencia logística, será clave que la infraestructura vial avance al mismo ritmo que la infraestructura portuaria, aeroportuaria e inmobiliaria. Proyectos como el mejoramiento de la Panamericana Norte, el Anillo Vial Periférico, los accesos al puerto y antepuerto del Callao, así como futuras conexiones ferroviarias, serán determinantes para evitar que el incremento de carga genere mayores tiempos de traslado o congestión en los principales corredores.

Desde la perspectiva de las empresas, esto implica planificar sus redes de distribución con una mirada de largo plazo. Ya no se trata solo de elegir un almacén por ubicación o costo de renta, sino de entender cómo ese activo se conecta con puertos, aeropuertos, vías principales, zonas de consumo y futuros nodos logísticos. La competitividad del sector dependerá cada vez más de esa integración entre infraestructura logística, infraestructura vial y tecnología operativa.

Retrasar la expansión del gas natural no solo posterga el acceso a una energía más competitiva: también significa aplazar ahorros para las familias, empleo formal, desarrollo de proveedores y nuevas oportunidades de inversión y competitividad para las regiones.

En el Perú solemos analizar el gas natural desde una perspectiva energética. Sin embargo, al abordarlo como una palanca de desarrollo territorial y relacionamiento con el entorno, cada mes de retraso en estos proyectos representa menos ahorro para las familias, menos oportunidades de empleo y desarrollo de proveedores locales, así como oportunidades perdidas de competitividad e inversión para las regiones.

La experiencia en las zonas de concesión demuestra que el impacto del gas natural trasciende con creces la fase constructiva. En los lugares donde el proceso de masificación de gas natural se consolidó, el beneficio socioeconómico fue inmediato: un hogar conectado a la red puede ahorrar más del 50% respecto del uso de un balón de GLP, un alivio que se siente cada mes en la economía familiar, no solo en las cifras nacionales.

Además, se consolida una cadena de valor compuesta por PYMES contratistas, talleres mecánicos y servicios especializados, junto con programas de formación técnica que desarrollan nuevas capacidades profesionales, incluida la formación de instaladores certificados, con impacto en la generación de empleo formal e inclusión económica.

El efecto multiplicador se aprecia también a nivel nacional: recordemos que, según Macroconsult, el aporte al crecimiento económico de la cadena de valor de Camisea ha representado cerca del 2% del PBI peruano en promedio entre 2004 y 2023. En el mismo periodo, la sustitución de diésel y petróleo residual por gas natural generó ahorros por más de S/89 mil millones para el sector industrial y comercial.

Por eso, la discusión no debería reducirse a cuánto cuesta construir una red. También deberíamos calcular cuánto cuesta retrasarla. Proyectos como el de Siete Regiones (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali) o la ampliación de infraestructura gasífera por la costa podrían potenciar el proceso de masificación, pues multiplicarían el número de hogares, comercios e industrias que hoy dependen de combustibles que pueden representar mayores costos, replicando en más ciudades, el mismo efecto que el gas natural ya demostró en las zonas donde está presente.

El Perú necesita energía competitiva y, sobre todo, demanda empleo formal, capacidades técnicas e integración territorial. Una red de gas no termina donde culmina el ducto: allí empieza su verdadero efecto multiplicador: más capacidades, más empleo, más competitividad y nuevas oportunidades para el territorio. Ese es, en definitiva, el verdadero rostro social del proceso de masificación.

Sobre el autor
Yusepi Quiñones Romero es especialista en Comunicación Corporativa y Reputación. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en minería y energía. Ha liderado estrategias de comunicación, reputación, gestión social y articulación multiactor en proyectos de infraestructura y desarrollo territorial. Es docente, conferencista y es Máster de Comunicación Corporativa por la Universidad de Barcelona.

concebida para almacenar excedentes de la temporada de lluvias. Según Anglo American, la mayor parte del recurso está destinada a mejorar la disponibilidad hídrica para la población y la agricultura, mientras una fracción abastece a la operación. Los resultados reportados por la compañía para 2024 muestran la magnitud del esfuerzo de recirculación: 85% del agua utilizada en el proceso operativo correspondió a agua recirculada y 15% a agua continental.

En Arequipa, Sociedad Minera Cerro Verde ha seguido otra ruta: aprovechar aguas residuales tratadas para reducir la presión sobre fuentes convencionales. La operación está vinculada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada. De acuerdo con la Memoria Anual 2025 de la compañía, Cerro Verde puede reutilizar hasta 1,5 metros cúbicos por segundo, en promedio anual, de aguas residuales tratadas para sus operaciones. La empresa señala que las inversiones acumuladas relacionadas con este esquema, incluyendo infraestructura y operación y mantenimiento de la planta, superan los US$3.000 millones.

El modelo tiene una particularidad: conecta la gestión minera con una necesidad urbana. Tratar aguas residuales que de otro modo llegarían al río Chili permite reducir la contaminación y, simultáneamente, generar una fuente adicional para la actividad minera.

Ese tipo de infraestructura representa una posible respuesta a una pregunta cada vez más frecuente en los territorios mineros: ¿puede la minería aumentar su productividad sin aumentar proporcionalmente su demanda de agua fresca?

Recientemente, Sociedad Minera Cerro Verde anunció la firma de un acuerdo estratégico con Sedapar. El convenio consolida una visión compartida entre el sector público y privado para brindar soluciones sostenibles que beneficien a la ciudadanía arequipeña. Cerro Verde ejecutará inversiones superiores a los US$ 1,292 millones en proyectos clave destinados a optimizar el saneamiento, asegurar el abastecimiento y elevar la calidad del agua para miles de habitantes de Arequipa.

En Las Bambas, de MMG Limited y que opera en la región de Apurímac, el programa de monitoreo participativo también juega un rol vital. Cada año, la empresa realiza decenas de monitoreos de la calidad del agua en su zona de influencia.

Mina Justa constituye uno de los ejemplos más relevantes de incorporación del agua de mar desde el diseño de una operación minera de gran escala. La operación se encuentra en Marcona, una zona caracterizada por condiciones áridas y elevada presión sobre los recursos hídricos, en la región de Ica. Desde la concepción del proyecto se consideró el agua de mar como fuente para la operación, precisamente teniendo en cuenta el estrés hídrico de la zona. Marcobre reportó que en 2023 utilizó 7.467.053 m³ de agua de mar para sus operaciones.

El sistema de abastecimiento parte de la bahía de San Juan de Marcona. De acuerdo con el reporte de sostenibilidad de Marcobre, el agua es captada en el terminal portuario y transportada mediante una tubería enterrada de aproximadamente 41 km hasta la operación minera. Una vez en Mina Justa, el agua es almacenada y distribuida a las plantas de sulfuros y óxidos.

El agua desalinizada se emplea en actividades que requieren una calidad de agua superior, entre ellas la preparación de reactivos, determinados procesos asociados a la producción de cátodos de cobre, mantenimiento y actividades de laboratorio. La desalación genera, a su vez, una corriente de salmuera que debe ser gestionada adecuadamente.

Otro elemento destacable es la recirculación. Marcobre señala que el agua se recircula tanto en los circuitos de flotación como en lixiviación y que la operación no genera efluentes líquidos convencionales hacia cuerpos receptores.

La experiencia de Miski Mayo es diferente porque corresponde a una operación de fosfatos ubicada en Bayóvar, Sechura, en la región Piura.

La empresa ha desarrollado un sistema en el que el agua de mar constituye un componente importante del proceso de concentración del fosfato. En su reseña institucional correspondiente a 2023 reportó una extracción de 18.996.656 m³ de agua de mar durante ese año y un consumo de 0,60 m³ de agua desalinizada por tonelada de concentrado húmedo producido. La empresa señala que el agua de mar está presente en gran parte de su proceso productivo.

Con todo, la siguiente etapa debería consistir en pasar de “les mostramos nuestros datos” a “construimos juntos el sistema de información”. Esto supone publicar no solamente resultados de calidad del agua, sino también volúmenes utilizados, fuentes de abastecimiento, niveles de recirculación, comportamiento de aguas superficiales y subterráneas y tendencias históricas. También implica que los datos sean comprensibles y puedan ser contrastados con información de la ANA y del OEFA.