Editorial

La paradoja energética

El Perú habita una permanente y trágica paradoja: es una nación bendecida por una geografía extraordinaria, abundante en recursos energéticos de todo tipo, pero paralizada por una miopía política e institucional que lo condena a actuar como un mendigo de energía. Mientras el mundo debate la seguridad energética y la transición hacia matrices limpias, el país asiste como espectador pasivo al despilfarro de sus ventajas competitivas, sacrificando su soberanía financiera y condenando a los ciudadanos a pagar las facturas de una ineficiencia histórica.

En el papel, el potencial peruano es envidiable. La cuenca del río Camisea y las reservas hidrocarburíferas del norte y oriente albergan un volumen considerable de gas y petróleo. En el ámbito de las energías renovables, la franja costera posee algunos de los vientos más constantes y potentes del continente para la energía eólica, mientras que la vertiente oriental y los Andes ofrecen un potencial hídrico capaz no solo de abastecer holgadamente la demanda nacional, sino de convertir al Perú en el gran hub energético de Sudamérica, con capacidad real para exportar electricidad a vecinos como Ecuador y Chile. Incluso reservas complejas y de alto valor ecológico como la cuenca del Candamo representan el símbolo de un debate pendiente: la incapacidad del Estado para poner en marcha proyectos estratégicos bajo estándares ambientales de nivel mundial o, en su defecto, consolidar alternativas limpias que reemplacen los fósiles.

Sin embargo, la realidad económica resulta demoledora. Pese a contar con este abanico de recursos, el Perú es un país estructuralmente dependiente del exterior para abastecer sus necesidades básicas de transporte e industria. En la actualidad, el mercado interno requiere más de 250,000 a 260,000 barriles diarios de petróleo y sus derivados para sostener su actividad económica. Frente a ello, la producción nacional penas bordea los 40,000 barriles por día, lo que obliga al país a importar más del 80% de los combustibles líquidos que consume, con volúmenes de importación que superan diariamente los 200,000 barriles entre petróleo crudo, diésel y gasolinas.

Pese a contar con este abanico de recursos, el Perú es un país estructuralmente dependiente del exterior para abastecer sus necesidades básicas de transporte e industria.

Esta brecha productiva se traduce en una sangría económica devastadora: la fuga anual de divisas para financiar estas importaciones supera habitualmente los 10,000 a 13,000 millones de dólares. Cada dólar que sale del país para comprar diésel o crudo en el extranjero es un recurso que deja de invertirse en infraestructura local, salud o educación. Peor aún, al ser un importador neto de derivados, el costo de la vida en el Perú queda totalmente expuesto a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, las crisis geopolíticas en Oriente Medio o las fluctuaciones del tipo de cambio. Cuando el barril sube en Nueva York o Londres, el impacto lo paga directamente el transportista en Lima, el agricultor en Arequipa y la madre de familia en Piura.

¿Por qué hemos llegado a este punto? La respuesta radica en la falta de oportunidad, la tramitomanía asfixiante, la permanente inestabilidad política y la carencia de una visión estratégica de largo plazo. Se ha postergado la masificación del gas natural a nivel nacional, relegando a las regiones del sur y del norte a seguir consumiendo balones de GLP o diésel importado mientras el gas se reinyecta o se exporta sin procesar. Asimismo, los marcos regulatorios para las energías eólica y solar avanzan a paso de tortuga, impidiendo que el capital privado desarrolle el enorme potencial eólico del sur y el norte peruano.

Es imperativo un viraje radical en la política energética nacional. El Perú no puede continuar a la deriva, importando la energía que le sobra en el subsuelo, en sus ríos y en sus vientos. Oportunidad perdida que no se recupera se convierte en atraso social. Aprovechar nuestros recursos con responsabilidad socioambiental y visión exportadora no es una opción ideológica; es la única garantía para proteger nuestra economía, retener nuestras divisas y construir la soberanía energética que el desarrollo del país exige a gritos.

 

ORO EN PIURA Y MINERAL DE HIERRO EN LAMBAYEQUE
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó áreas de interés de oro en Piura y mineral de hierro en Lambayeque, como parte de un estudio realizado en zonas donde se desarrolla minería artesanal y de pequeña escala. La investigación permitió actualizar el potencial minero de estas regiones y generar información para orientar futuras labores mineras. En Piura, el estudio reconoció tres franjas principales vinculadas a la mineralización de oro, distribuidas en 11 sectores de la región. Entre ellos destacan Servilleta y Cuchicorral, donde la actividad minera presenta un mayor desarrollo debido al tiempo que llevan en operación, la cantidad de yacimientos identificados y el número de mineros que trabajan en ellas. En Lambayeque, los especialistas identificaron hematita, un mineral de hierro utilizado en la industria cementera, principalmente entre Olmos y Cayaltí.

ANTAPACCAY MANTIENE CERTIFICACIONES
Compañía Minera Antapaccay superó exitosamente la auditoría externa llevada por la empresa internacional certificadora LRQA, logrando mantener la certificación de las normas ISO 14001 y 45001; reconoció los altos niveles de competencia, conciencia y compromiso en gestión ambiental (ISO 14001), Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001). “Estos resultados reflejan el compromiso de Antapaccay por fortalecer permanentemente nuestros procesos y mantener una gestión basada en la prevención, el cumplimiento y la mejora continua. La certificación no es solo un reconocimiento, sino una responsabilidad que asumimos todos los días”, destacó Karim Batallanos, gerente general de Antapaccay. La recertificación se concretó en el 2025 y tiene vigencia hasta el 2028, con auditorías anuales de seguimiento. Este año se llevó a cabo la primera auditoría de seguimiento del ciclo de certificación 2025-2028, en modalidad híbrida, que comprendió la evaluación de 16 procesos de la compañía.

KALLPA ENTREGÓ CERTIFICADOS DE ENERGÍA RENOVABLE
Kallpa, empresa generadora líder en el sector eléctrico del país entregó certificados de energía renovable I-REC por 2.4 millones de MWh a 21 reconocidas compañías, acreditando así el origen 100% renovable y sostenible de su consumo de energía eléctrica durante 2025. «La energía certificada es hoy un valor agregado clave que muchas compañías requieren como parte de su suministro eléctrico. Kallpa es uno de los mayores productores de energía renovable en el país y estamos preparados para suministrar energía eléctrica de manera segura, confiable, eficiente y sostenible a nuestros clientes», mencionó Irwin Frisancho, gerente comercial de Kallpa. La distinción I-REC es un mecanismo de certificación a cargo de la International Renewable Energy Certificate, que permite a las empresas validar y contabilizar la reducción de su huella de carbono y así acreditar el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible.

KEIKO FUJIMORI: MENSAJE A INVERSIONISTAS
Al concluir su visita a Estados Unidos, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, dijo haber transmitido a los inversionistas internacionales las fortalezas económicas del Perú y las oportunidades que ofrece el país, así como las acciones que viene impulsando el Gobierno para enfrentar los principales desafíos. “Que miren el Perú, que vayan, que vean las bondades que tiene nuestro país y que apuesten por el Perú”, señaló la mandataria, al hacer un balance de sus actividades en Nueva York. La presidenta Fujimori explicó que si bien comentó a los inversionistas los principales riesgos que enfrenta el país, entre ellos la criminalidad y la delincuencia, se resaltó la participación del Perú en el Compromiso de Santiago y en el Escudo de las Américas, como espacios de cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado. Asimismo, señaló que otro de los temas abordados fue la preparación del país frente al fenómeno El Niño y las medidas que se vienen adoptando para reducir su impacto.

MOODY’S RATINGS: RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
Las empresas no financieras y de infraestructura calificadas de Perú afrontan los próximos dos años desde una posición de fortaleza general, con una mejora de la actividad económica impulsada por una fuerte inversión privada y una demanda sostenida de las exportaciones mineras del país, según un informe de Moody’s. Sin embargo, un episodio históricamente intenso de calentamiento asociado a El Niño en el océano Pacífico hasta principios de 2027 amenaza con interrumpir la actividad minera y la generación de energía, entre otros sectores.

CONCESIONES COLQUEMAYO
Aurora Copper Peru SAC, empresa operadora en Perú de King Copper Discovery Corp., ha recibido 8 concesiones adicionales, sumando aproximadamente 7.170 hectáreas de nuevas áreas de exploración contiguas al norte del proyecto de cobre Colquemayo, en Moquegua. Estas concesiones se obtuvieron mediante un proceso estratégico de solicitud de derechos mineros, ampliando significativamente la superficie bajo control de la compañía. «Obtener concesiones mineras adicionales en torno al área central del proyecto fue el siguiente paso lógico para fortalecer nuestra posición en el distrito, mejorando así las oportunidades a largo plazo en Colquemayo», dijo Jonathan Richards, director ejecutivo de la empresa. Dichas áreas comparten similitudes geológicas, incluyendo datos históricos que muestran anomalías geoquímicas de oro, cobre y molibdeno, indica la empresa a través de un comunicado. Este trabajo ha permitido a King Copper Discovery Corp. comprender mejor el sistema mineral de cobre de Colquemayo en su conjunto y ha reforzado la convicción de la dirección de que se trata de un proyecto a escala de distrito, con el potencial de albergar múltiples depósitos de tipo pórfido.

LA OPINIÓN DE MOODY’S
La mejora de la actividad económica, la fuerte inversión privada y la demanda sostenida de exportaciones mineras respaldan a las empresas no financieras y de infraestructura de Perú hasta 2027. El nuevo gobierno preservará el marco macroeconómico actual del país y mantendrá sus principales fortalezas institucionales, incluyendo la independencia del banco central, lo que reduce la probabilidad de importantes disrupciones de políticas, indicó Moody’s. Las empresas no financieras y de infraestructura peruanas seguirán generando un flujo de efectivo libre (FCF, por sus siglas en inglés) positivo hasta 2028, lo que refleja su enfoque general en la rentabilidad, y su liquidez sigue siendo adecuada en términos generales.

La inseguridad: Una amenaza transversal

El sector extractivo se enfrenta también a la situación de inseguridad, se ha incrementado el acecho a la cadena de valor. La estrategia estatal debe ir hacia un enfoque integral que aborde las actividades ilegales y la delincuencia, teniendo como punto de apoyo a la población, a través de una nueva narrativa alrededor del sector minero y energético.

El avance desmedido del crimen organizado ya no es solo un problema circunscrito a la población urbana; se ha consolidado a tal magnitud que actualmente representa un riesgo sistémico que golpea de manera coordinada a la economía nacional. De esta amenaza no escapa la tríada de industrias extractivas e infraestructura crítica del país: la minería, el sector eléctrico y la industria de hidrocarburos.

Esta convergencia criminal —alimentada por la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando de insumos y el crimen urbano organizado— utiliza el sabotaje, la extorsión y la violencia armada como herramientas habituales de control territorial.

Según el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, la inseguridad en el gasto público representa alrededor del 20% de los ingresos fiscales del Estado. Sin embargo, no solo impacta las arcas públicas: en los últimos cinco años, las propias empresas han tenido que multiplicar entre cinco y diez veces su presupuesto en seguridad. La proporción de estos costos se incrementa cuanto más pequeña es la empresa, siendo las micro y pequeñas empresas las más acosadas por delitos como la extorsión.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que los costos del crimen y la violencia representaron aproximadamente el 2.8% del PBI en 2024. En 2023, las pérdidas económicas ascendieron a S/ 23 000 millones (más del 3% del PBI).

Tres escenarios
Aterrizando en el sector extractivo, Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, indicó durante una exposición en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú que la actual coyuntura de inseguridad es particular. Como nunca antes, se superponen tres escenarios que generan sinergias negativas en la economía minera: conflictos sociales, minería ilegal y crimen organizado. Estas tres amenazas dialogan directa o indirectamente entre sí, golpeando estratégicamente a operaciones e individuos vulnerables dentro de la industria y a la economía peruana en general.

La problemática ha trascendido la discusión entre formalidad e informalidad para incorporar redes delictivas avanzadas. En zonas como Pataz operan actores armados violentos que asaltan, secuestran y atacan tanto a mineros formales como a informales e ilegales, y cuando esto sucede se elimina cualquier posibilidad de diálogo o negociación pacífica.

En otros casos, el golpe más recurrente recae sobre los proveedores mineros, registrándose robos y hurtos en áreas de extracción y en las rutas de transporte, abastecimiento y procesamiento. En el sector se han denunciado constantes cobros de cupos a transportistas y trabajadores, así como amenazas directas a personal, directivos y proveedores que se niegan a pagar extorsiones.

Operaciones de gran relevancia como Compañía Minera Poderosa (La Libertad) o Las Bambas (Apurímac) enfrentan sistemáticos atentados contra su infraestructura eléctrica y logística, además de la invasión violenta de socavones. Esto incrementa de manera drástica los costos operativos en seguridad privada y fuerza paros temporales de producción.

Zevallos explica que el objetivo criminal es meramente económico, por lo que las modalidades delictivas abarcan desde la invasión de concesiones mineras hasta el robo de cargamentos en ruta, la extorsión y el acecho constante. En el sector, al igual que en todo el país, existe una profunda preocupación por una escalada mayor, pues se han detectado organizaciones que se infiltran en la cadena de suministro para integrar minerales ilegales en el mercado formal, distorsionando los mercados y socavando la reputación del sector minero legal.

Sector hidrocarburos
En el sector de hidrocarburos el panorama no es distinto. Carlos González, gerente general de Enerconsult, señala que en algunas empresas petroleras del norte se ha registrado el robo de materiales y equipos en sus instalaciones.

«Las instalaciones de los lotes petroleros de Talara están en el desierto y no es viable colocar un vigilante por cada pozo. Lo peor es que cuando alguien rompe un ducto para robar petróleo, el derrame ocasionado termina siendo sancionado por la OEFA al propio operador del lote», remarca, recordando que también son constantes los cortes a los ductos para que las empresas contraten personal para el recojo del crudo.

A este sabotaje se suma la extorsión. González indica que el año pasado fue necesario trasladar el equipo de una empresa petrolera a la que pretendían extorsionar para permitir el libre tránsito de maquinaria. El jefe de seguridad llegó a ser amenazado y el riesgo de un ataque a las instalaciones era constante.

 

El especialista también sostiene que las actividades ilegales interactúan entre sí. En ese sentido, recuerda la oposición surgida en 2021 contra la exploración de un lote petrolero a cargo de una empresa británica, la cual utilizó como fachada pretextos ambientales y la supuesta afectación a la pesca artesanal y al ceviche.

«Hubo un movimiento en el norte bajo la consigna «Ceviche sí, petróleo no». Sin embargo, estos reclamos podrían estar escondiendo la defensa de otras actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o la pesca ilegal. Lo mismo ocurre en la selva: una actividad legal como la exploración petrolera, al realizar trabajos sísmicos, si descubre un aeropuerto clandestino está obligada a denunciarlo», señala.

Zevallos coincide en que la irrupción de estos actores ilegales de alta peligrosidad anula cualquier espacio de diálogo. Explica que existen diez tipos de delitos tipificados y 52 manifestaciones delictivas que amenazan al sector minero. Se han registrado casos de convivencia conflictiva donde extorsionadores profesionales tienen la capacidad de movilizar a la población para presionar a las empresas, configurando un escenario de crimen predatorio.

De hecho, existen antecedentes de proyectos mineros paralizados por la presión de sectores que, bajo la narrativa de la contaminación ambiental, hicieron retroceder al Estado y a las empresas, permitiendo que en esas concesiones terminara asentándose la minería ilegal. Los casos de Tambogrande y Conga son ilustrativos de cómo las dinámicas de inseguridad interactúan para atentar contra la legalidad.

En este contexto, la minería ilegal ha cobrado una fuerza incalculable a nivel nacional. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería no autorizada pone en riesgo directo más de USD 12 000 millones en proyectos auríferos y cupríferos (tales como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira).

Hoy en día, la minería ilegal produce más oro que la actividad formal en el Perú. En el primer semestre de 2026, la producción de oro ilegal superó a la legal: mientras la producción legal cayó un 5.9%, la de origen ilegal aumentó un 19.4%.

En regiones como Cusco, las denuncias asociadas a la extracción no autorizada y a la incautación de explosivos no regulados (más de 5.7 toneladas decomisadas en operativos recientes) se elevaron a 52 casos reportados entre enero y agosto. Además, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), las denuncias vinculadas a la minería ilegal registraron un incremento del 53% en lo que va del año 2026, evidenciando la rápida expansión de estas mafias hacia concesiones privadas.

¿Qué hacer?
Las actividades mineras y de hidrocarburos se ejecutan en zonas de escasa densidad poblacional, alejadas y con limitada presencia estatal, lo que obliga a las empresas a depender de la seguridad privada. No obstante, Zevallos aclara que la seguridad privada tiene límites normativos y operativos, ya que su función se circunscribe a la protección patrimonial y al resguardo de linderos, no a combatir el crimen organizado.

Las organizaciones delictivas ejercen una presión asfixiante mediante la extorsión, el cobro de cupos para permitir el tránsito o el trabajo en socavones, e incluso recurren al secuestro de geólogos y operarios.

Ante este panorama, resulta indispensable rediseñar la estrategia de respuesta institucional e industrial. Los mecanismos actuales del Estado están concebidos principalmente para la gestión de conflictos sociales comunitarios; sin embargo, la amenaza de las economías ilegales se sitúa en una intersección crítica entre la seguridad nacional y la sostenibilidad operativa. Es urgente transmitir a las poblaciones locales que la convivencia con una empresa formal genera un desarrollo superior a caer bajo el dominio de economías al margen de la ley, cuyos efectos devastadores son visibles en zonas como La Rinconada, Secocha o Pataz.

El analista político Iván Arenas sostiene que el avance de la minería ilegal no es solo un conflicto socioeconómico, sino un dilema de gobernabilidad donde la presencia del Estado debe ser contundente. Esto es prioritario ante la narrativa manipuladora que apela a que la ilegalidad «socializa la riqueza» frente a corporaciones extranjeras, un argumento insostenible en la práctica.

Por su parte, Luis Miguel Castilla advierte que la opinión pública aún no ha tomado dimensión real de la crisis: «Los últimos estudios señalan que las economías criminales mueven cerca de USD 20 000 millones al año en el país, de los cuales más del 50% proviene de la minería ilegal».

El abanico de la economía criminal es amplio: minería ilegal, trata de personas, tala ilegal, extorsión, tráfico de terrenos, contrabando, pesca ilegal y piratería. En hidrocarburos, por ejemplo, el contrabando de gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles subsidiados desde fronteras como Ecuador representa un problema severo. Castilla concluye que esta situación no es fortuita, sino una estructura organizada para mantener el statu quo:
«Existen sectores con competencia legislativa en el Congreso que no actúan y que, bajo banderas ambientalistas o sociales, atacan la formalidad. Esto perpetúa el crecimiento de la criminalidad en sectores estratégicos para el desarrollo del país; lejos de ceder, la amenaza continúa expandiéndose».

La infiltración del crimen organizado en las industrias extractivas es una alerta a la que se debe prestar atención antes de que esta se convierta en una verdadera crisis de soberanía y viabilidad económica. Enfrentar esta amenaza exige superar los enfoques tradicionales de diálogo comunitario y desplegar una estrategia integral del Estado que combine inteligencia financiera, control territorial efectivo e interdicción firme contra las economías ilegales. De no articularse una respuesta inmediata y coordinada entre el sector público y privado, la erosión del principio de autoridad no solo seguirá paralizando inversiones multimillonarias, sino que dejará regiones enteras del país bajo el dominio de la ilegalidad.

La energía cambia de escala

El sistema eléctrico peruano enfrenta una nueva etapa marcada por el crecimiento de la demanda, el avance renovable y mayores exigencias empresariales. Para Javier Kanashiro, gerente comercial de ENGIE Energía Perú, el desafío será combinar confiabilidad, competitividad y sostenibilidad mediante nuevas inversiones, contratos flexibles, trazabilidad energética y soluciones adaptadas a cada consumidor.

El sistema eléctrico peruano está entrando en una etapa de mayor complejidad. El crecimiento sostenido de la demanda coincide con una mayor participación de fuentes renovables, un escenario que obliga a repensar cómo se garantiza el suministro y cómo se integran las distintas tecnologías.

Javier Kanashiro, gerente comercial de ENGIE Energía Perú, señala que en 2026 el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) registró una demanda máxima histórica superior a los 8,200 MW. Para el ejecutivo, este dato refleja la presión creciente que enfrenta el sistema y la necesidad de anticiparse a sus próximos requerimientos.

“El reto es acompañar ese crecimiento manteniendo un equilibrio entre confiabilidad, competitividad y sostenibilidad”, sostiene Kanashiro.

A su juicio, esto demanda inversión oportuna en generación y transmisión, fuentes de respaldo y almacenamiento, además de un marco regulatorio capaz de evolucionar al mismo ritmo que el sistema. La experiencia reciente, añade, deja una lección concreta: “La seguridad energética requiere anticipación, planificación y una mejor integración entre generación, transmisión y operación”.

La energía como variable estratégica
Para las industrias intensivas en consumo, particularmente la minería, la energía ha dejado de ser únicamente un costo operativo. Su impacto sobre la competitividad, la continuidad de las operaciones y los objetivos de descarbonización la convierte en una variable estratégica.

En el caso de la minería, Kanashiro estima que la energía puede representar entre 10% y 15% del cash cost. Por ello, contar con un suministro confiable, costos previsibles y una menor huella de carbono puede tener efectos directos sobre el desempeño de las compañías.

“Una energía competitiva y sostenible deja de ser solo un insumo y se convierte en una herramienta estratégica para mejorar el desempeño y la resiliencia de las empresas”, afirma.


Los PPAs de largo plazo buscan reducir la incertidumbre sobre los costos energéticos y acompañar el desarrollo de nueva generación renovable.

El cambio también se refleja en las demandas de los grandes consumidores. Hace cinco o diez años, la conversación estaba concentrada principalmente en asegurar el suministro y conseguir un precio competitivo. Hoy, las compañías buscan además flexibilidad, previsibilidad, gestión de riesgos y trazabilidad, junto con soluciones que acompañen sus objetivos de descarbonización.

Esta evolución es especialmente relevante en minería, sector que representa más del 55% del consumo del mercado libre peruano. Según Kanashiro, se trata de clientes cada vez más sofisticados, que ya no buscan simplemente comprar electricidad, sino construir una estrategia energética alineada con la evolución de su negocio.

Del suministro a la solución
En este escenario, la propuesta de ENGIE busca integrar generación renovable, generación flexible, transmisión y soluciones comerciales diseñadas según las necesidades de cada cliente.

Uno de los ejemplos mencionados por Kanashiro es Energía Libre de Carbono 24/7, una solución que permite conocer, hora por hora, qué porcentaje del consumo de una empresa estuvo cubierto con energía renovable y no únicamente acreditar ese atributo en un balance anual.

“Energía Libre de Carbono 24/7 permite a una empresa conocer, hora a hora, qué porcentaje de su consumo estuvo cubierto con energía renovable proveniente de uno o varios activos identificados”, explica.


La trazabilidad horaria de la energía renovable gana espacio frente a los esquemas tradicionales de acreditación anual.

El valor de esta trazabilidad está relacionado con las crecientes exigencias de los reportes ESG y con la necesidad de entregar información verificable a directorios, inversionistas y casas matrices. Para ENGIE, este modelo también puede anticipar una tendencia regulatoria y empresarial hacia mediciones más precisas del origen de la energía.

El nuevo papel de los PPA
Los contratos de suministro de largo plazo, conocidos como PPA, están adquiriendo mayor relevancia en el mercado peruano, en paralelo con el desarrollo de nuevos proyectos renovables.

Estos acuerdos permiten a las empresas asegurar precios competitivos durante períodos prolongados y, al mismo tiempo, contribuyen a viabilizar nuevas inversiones en generación. Sin embargo, la expansión de las renovables también introduce nuevos riesgos que requieren estructuras contractuales más sofisticadas.

“Los PPA están cobrando cada vez más relevancia en Perú porque coinciden con una etapa de fuerte desarrollo de proyectos renovables”, explica Kanashiro.

El desafío consiste en encontrar contratos que permitan reducir la incertidumbre sobre uno de los principales costos operativos de las compañías, sin perder capacidad de adaptación frente a un mercado energético cambiante.

Por ello, el ejecutivo anticipa una mayor presencia de soluciones contractuales flexibles, capaces de combinar gestión del riesgo de precio con una exposición controlada a la volatilidad del mercado.

Renovables, almacenamiento y flexibilidad
La transición energética también abre interrogantes sobre el papel que tendrán las baterías y las soluciones híbridas. Kanashiro considera que, en el corto plazo, la adopción de sistemas que combinen generación renovable y almacenamiento seguirá siendo limitada debido a los actuales niveles de precios.

“Con los niveles actuales de precios, las baterías aún enfrentan desafíos de competitividad económica”, señala. Sin embargo, proyecta un escenario diferente en el largo plazo, cuando la reducción de costos y una mayor necesidad de flexibilidad puedan impulsar su adopción.

En paralelo, los atributos ambientales de la energía ganarán importancia. La tendencia, explica, apunta a evolucionar desde esquemas de acreditación anual hacia modelos con trazabilidad más granular, incluso horaria.

La apuesta hacia 2030
De cara a 2030, las empresas mineras e industriales requerirán energía confiable, competitiva y flexible, pero también herramientas para reducir emisiones, optimizar su consumo y conocer con mayor precisión el origen de la electricidad que utilizan.


ENGIE cuenta con aproximadamente 2 GW de proyectos renovables en desarrollo y cerca de 600 km de líneas de transmisión en operación.

Para Kanashiro, alcanzar ese escenario exige ampliar la generación, la transmisión y el almacenamiento, además de contar con reglas que faciliten la inversión y la incorporación de nuevas tecnologías. También será necesario modificar la forma en que las empresas contratan y consumen energía.

ENGIE busca acompañar esa transformación con una oferta integrada. La compañía cuenta con aproximadamente 2 GW de proyectos renovables en desarrollo. Durante 2026 entró en operación la expansión solar Intipampa y comenzó la construcción de Hanaqpama, una nueva central de 140 MW en Moquegua.

A ello se suma el fortalecimiento de su infraestructura de transmisión. Tras la adquisición de Terna Perú en marzo, la empresa alcanzó cerca de 600 km de líneas de transmisión en operación.

La visión planteada por Kanashiro apunta, así, a un mercado donde la energía no se limite a garantizar el funcionamiento de las operaciones, sino que forme parte de las decisiones estratégicas de las empresas. El desafío será integrar crecimiento de la demanda, nuevas tecnologías, seguridad de suministro y descarbonización en un mismo sistema.

El norte crece ¿puede el sistema eléctrico seguir su ritmo?

Agroindustria, pesca y minería aceleran su crecimiento en el norte del país, pero la congestión en las líneas de transmisión y las limitaciones de las distribuidoras regionales amenazan con frenarlo.

En los últimos años, el norte del país ha acelerado la expansión de la agroindustria, la pesca, la acuicultura y la minería, pero esta dinámica, tan beneficiosa para la región, está generando también nuevas necesidades de suministro eléctrico que ponen a prueba la capacidad de las redes de transmisión y distribución encargadas de llevar esa energía hasta los nuevos centros de consumo.

En 2025 las agroexportaciones peruanas alcanzaron un récord de US$15.013 millones, 17.3% más que el año anterior, según Mincetur. En el norte, La Libertad, Piura y Lambayeque concentran una importante actividad productiva asociada a cultivos como arándanos, uvas y paltas. A ello se suma una industria langostinera concentrada principalmente en Tumbes y Piura, que en 2025 exportó más de 26.300 toneladas por encima de US$216 millones, de acuerdo con Sanipes. En minería, Cajamarca concentra una cartera de siete proyectos por US$16.586 millones, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Una economía que demanda más electricidad
El problema es que ese crecimiento productivo avanza en paralelo con una infraestructura eléctrica que requiere ampliaciones y refuerzos. Y la evidencia ya no es únicamente una proyección: también aparece en los indicadores operativos del sistema.

Según cifras del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), las horas de congestión registradas en las líneas de alta tensión pasaron de 7,88 horas en julio de 2025 a 66,2 horas en julio de 2026, un incremento significativo en apenas doce meses.

El impulso productivo tampoco se detuvo con el cambio de año. En enero de 2026, las exportaciones de Piura sumaron US$313,1 millones, 16.9% más que en enero de 2025, impulsadas por un incremento de 198.3% en productos pesqueros y de 12.7% en productos agropecuarios, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En Tumbes, el langostino, principal producto de exportación del departamento, alcanzó US$8,2 millones en el mismo mes, con un crecimiento interanual de 9.9%.

Cada nueva planta industrial, operación minera, centro de procesamiento, cámara frigorífica, sistema de bombeo o instalación acuícola representa, en la práctica, una nueva carga eléctrica que el sistema debe atender con confiabilidad.

Una demanda que ya pone a prueba al sistema
César Butrón, presidente del COES, explica que la demanda eléctrica del norte ha venido creciendo, impulsada por el comercio, la agroindustria, la pesquería y las actividades acuícolas.

El problema más preocupante, precisa, no está actualmente en la generación —que no enfrenta un problema general de racionamiento— sino en la cadena de transmisión y distribución que debe llevar la electricidad hasta el usuario final.

“Hay una etapa de generación, luego vienen las grandes líneas de transmisión, que son el sistema troncal, y luego viene la transmisión de las distribuidoras y luego finalmente las redes de distribución propiamente dichas”, explica Butrón. “Es una cadena”.

Cuando las líneas de transmisión alcanzan sus límites operativos, el sistema puede verse obligado a recurrir a generación térmica. Butrón señala que, bajo determinadas condiciones, el costo de generación puede pasar de alrededor de US$45 por MWh con gas natural a aproximadamente US$280 por MWh cuando se requiere generación térmica más cara.

La diferencia es relevante porque muestra que una restricción física de la red puede terminar teniendo consecuencias económicas para el sistema eléctrico.

66,2 horas de congestión se registraron en las líneas de alta tensión en julio de 2026, frente a 7,88 horas en julio de 2025, según los datos utilizados del COES.

El cuello de botella
Uno de los principales problemas se encuentra en las redes troncales. Aunque el COES identifica y planifica las necesidades de transmisión con anticipación, la ejecución de los proyectos puede enfrentar demoras durante las etapas administrativas, regulatorias y de permisos.

Un caso representativo es el Enlace 500 kV Huánuco–Tocache–Celendín–Trujillo, acompañado por el Enlace 500 kV Celendín – Piura.Ambos proyectos los presentó el COES en 2020 y fueron aprobados por el Ministerio de Vivienda ese mismo año. Sin embargo, se licitó y adjudicó recién en 2023. Los contratos de concesión fueron suscritos para reforzar la capacidad de transmisión hacia el norte, con una inversión conjunta cercana a US$800 millones.

El problema es el tiempo. Aunque ambos contratos ya están firmados y los concesionarios trabajan en la construcción, el cronograma no contempla su entrada en operación antes de 2029 — casi una década después de que el COES identificara esta infraestructura como prioritaria.

Butrón es enfático en señalar dónde no está el origen del retraso: «no puede hacer nada el concesionario, ya hay concesionarios, ya están trabajando, haciendo lo necesario, pero no va a llegar a tiempo de ninguna manera».

 

El desfase es particularmente relevante porque la infraestructura fue concebida precisamente para acompañar el crecimiento de la demanda. Mientras las nuevas líneas todavía se encuentran en construcción, el sistema debe operar con las capacidades disponibles y administrar las restricciones que aparecen en determinados momentos.

El retraso administrativo que terminó impactando al sistema
Luis Flores Alvarado, especialista en regulación eléctrica, coincide en que el problema actual del norte es la congestión física de la transmisión, pero identifica como uno de los factores que contribuyeron al retraso un diseño regulatorio que introdujo una revisión adicional en proyectos que ya habían sido evaluados dentro del proceso de planificación.

“Los proyectos de sistema de transmisión fueron incluidos de manera equivocada en una norma que obligaba al Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión a revisar nuevamente la factibilidad de los proyectos cuando esto ya se había realizado en el proceso de aprobación del plan de transmisión por los organismos competentes especializados”, sostiene.

A ello se sumaron los tiempos asociados a permisos y autorizaciones. Flores señala que estos procesos pueden extenderse más allá de los plazos establecidos en los respectivos TUPA, contribuyendo a que los proyectos no estén disponibles cuando la demanda los requiere.

Parte de estos procedimientos ya habría sido simplificada. Butrón reconoce que se han reducido tiempos en la etapa previa a las licitaciones, aunque considera que todavía existe espacio para acelerar los procesos.

Flores, por su parte, considera que el tiempo perdido durante la fase administrativa ya no puede recuperarse.

Cómo acelerar las próximas licitaciones
Para Flores, el reto regulatorio no pasa necesariamente por rediseñar todo el esquema de transmisión. El especialista considera que existe un marco regulatorio adecuado, pero plantea evitar que los proyectos del plan de transmisión sean sometidos a procedimientos diseñados para iniciativas que requieren cofinanciamiento estatal.

Los proyectos de transmisión, explica, se adjudican mediante competencia por el mercado, donde el concesionario que ofrece las mejores condiciones económicas obtiene la concesión. Por ello, considera prioritario acelerar los permisos y autorizaciones necesarios para su ejecución.

La planificación de nuevas inversiones será igualmente importante. El objetivo es evitar que el sistema vuelva a encontrarse con una infraestructura identificada como necesaria, pero que todavía no está disponible cuando la demanda ya ha crecido.

El eslabón más complejo: las redes de distribución
Si la transmisión troncal cuenta con planificación y proyectos en ejecución, las redes de distribución del interior del país afrontan un problema estructural de mayor complejidad.

Butrón advierte que las distribuidoras estatales enfrentan dificultades para aprobar, financiar y ejecutar las inversiones necesarias para ampliar sus redes. El resultado es un círculo que dificulta que las empresas puedan responder a la velocidad que requiere el crecimiento de la demanda.

La consecuencia puede ser particularmente relevante para nuevas inversiones. Si una agroindustria, una pesquera o una planta de procesamiento solicita un nuevo suministro o una ampliación de potencia y la red no tiene capacidad disponible, la empresa puede verse obligada a buscar alternativas propias.

Según Butrón, algunas empresas están recurriendo a paneles solares o grupos electrógenos a diésel ante estas restricciones. El problema tampoco es completamente nuevo. El Minem ha declarado situaciones de grave deficiencia del servicio eléctrico vinculadas a restricciones de capacidad de transporte en distintos sistemas del país.

Para Butrón, el desafío exige una reforma de fondo en la manera en que las distribuidoras estatales aprueban, financian y contratan sus proyectos de ampliación de redes.

“Es muy fácil que entremos en una crisis de crecimiento: crece la demanda, pero se retrasa la infraestructura o la oferta”. Luis Flores, especialista en regulación eléctrica.

Generación renovable: una oportunidad para el norte
Mientras las nuevas líneas de transmisión avanzan, el desarrollo de generación local puede contribuir a reducir parte de la presión sobre el sistema.

Flores identifica una oportunidad particular en la generación eólica. Según el especialista, el norte cuenta con un recurso eólico de alta calidad y centrales como Cupisnique, en La Libertad, y Talara, en Piura, presentan factores de planta superiores al 45% en determinadas condiciones.

El argumento es que una mayor generación localizada cerca de los centros de consumo puede contribuir a atender parte de la demanda mientras se concretan los refuerzos de transmisión.

Flores estima, además, que una central eólica puede construirse en 18 a 24 meses, por lo que proyectos que ya estén listos para construcción podrían constituir una alternativa para los próximos años. La generación solar podría complementar a la eólica mediante esquemas de hibridación.

 

Sin embargo, esta alternativa no elimina la necesidad de reforzar la red
Butrón advierte que incluso una gran disponibilidad de generación renovable pierde parte de su utilidad si no existe capacidad suficiente para transportar esa electricidad desde las centrales hasta los centros de consumo.

La expansión de la generación y la infraestructura de transmisión, por tanto, deberán avanzar de manera coordinada.

Un sistema expuesto a nuevos shocks
A las restricciones estructurales se suma la exposición del sistema a factores climáticos y contingencias de suministro. El Comunicado Oficial ENFEN N.° 16-2026, publicado el 14 de septiembre, elevó la probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027, con posibles lluvias por encima de lo normal en la costa norte.

En un sistema que ya enfrenta restricciones de transmisión, eventos que reduzcan la disponibilidad de generación o afecten la infraestructura pueden incrementar la presión operativa.

Butrón había advertido previamente sobre una pérdida de firmeza del sistema asociada a condiciones climatológicas. En este escenario, la capacidad de contar con generación local, almacenamiento y redes reforzadas adquiere una importancia adicional.

Otra alternativa consiste en acercar la generación al consumo. Flores considera posible que grandes usuarios —mineros, agroindustriales o pesqueros— desarrollen esquemas de generación renovable próximos a sus operaciones o establezcan contratos financieros con generadores.

La viabilidad dependerá, explica, de que estos modelos resulten económicamente competitivos frente a la compra de energía del sistema. En esta coyuntura, las alianzas entre grandes consumidores y empresas especializadas en generación pueden adquirir mayor relevancia. Un modelo de este tipo permitiría desarrollar proyectos diseñados alrededor de una demanda concreta y con horizontes de consumo previsibles.

Evitar una “crisis de crecimiento”
El norte enfrenta así una paradoja. Tiene recursos eólicos y solares, una creciente actividad agroindustrial y acuícola, importantes operaciones mineras y proyectos de generación y transmisión en desarrollo.

Pero la velocidad de crecimiento de la economía puede superar la velocidad de construcción de la infraestructura que debe sostenerla. Flores advierte sobre el riesgo de una eventual “crisis de crecimiento”: “crece la demanda, pero se retrasa la infraestructura o la oferta”. Por ello, considera que planificar y anticiparse resulta fundamental, aunque también se requiere actuar con pragmatismo para resolver los problemas existentes en el menor tiempo posible.

Butrón coincide en que la transmisión troncal cuenta con una ruta de solución mediante nuevos proyectos, aunque estos llegarán después de que algunas restricciones ya se hayan manifestado. El problema más complejo, a su juicio, se encuentra en las redes de distribución estatales y en la necesidad de reformar los mecanismos mediante los cuales se aprueban, financian y ejecutan sus inversiones.

Entre ambos diagnósticos aparece un punto de coincidencia: el norte continuará demandando energía al ritmo de sus propios ciclos de inversión, mientras la infraestructura eléctrica requiere procesos de planificación, licitación, construcción y puesta en servicio que toman varios años.

US$45 a US$280 por MWh puede pasar el costo de generación, según Butrón, cuando el sistema debe recurrir a generación térmica más cara ante restricciones de transmisión.

Cerrar esa brecha entre la velocidad de la inversión productiva y la de la infraestructura eléctrica será uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento del norte. La cuestión, en última instancia, no será solamente cuánta electricidad puede producir el país, sino si el Estado puede ponerla a disposición de las nuevas inversiones con la velocidad, confiabilidad y competitividad que el mercado requiere.

Baterías: flexibilidad mientras llegan las líneas
El almacenamiento puede desempeñar otro papel en esta transición. Flores considera que las baterías pueden ayudar a gestionar sobrecargas de demanda o generación y brindar servicios al sistema mientras se construyen nuevas líneas y subestaciones. Su ventaja es que pueden implementarse en plazos menores que una infraestructura de transmisión de gran escala.

El marco normativo peruano ya incorpora la figura del proveedor de servicios complementarios a través de la Ley 32249. El siguiente desafío es desarrollar la regulación que permita que los sistemas de almacenamiento participen efectivamente en esos servicios y establecer el tratamiento correspondiente a la energía utilizada para cargar las baterías.

Butrón considera que el almacenamiento puede ser útil para atender variaciones y puntas de demanda, pero todavía no constituye una solución capaz de sustituir por sí sola las grandes ampliaciones de transmisión troncal. Las baterías pueden, por tanto, funcionar como una herramienta de flexibilidad mientras se construye la infraestructura estructural.

Iris Cárdenas: «La reposición de reservas de gas natural es una prioridad para la seguridad energética del país»

La viceministra de Hidrocarburos sostiene que el Perú debe acelerar la exploración, reactivar campos maduros y desarrollar nuevas reservas de gas y petróleo, mientras impulsa inversiones en infraestructura, intensifica la masificación del gas natural y se desarrollan mecanismos para mejorar la predictibilidad del sector.

Con la producción de petróleo crudo en mínimos históricos y la masificación del gas natural aún pendiente en buena parte del país, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) apuesta por una batería de medidas para reactivar el sector hidrocarburos: incentivos a la inversión exploratoria, una oferta más dinámica de áreas, la reglamentación de la Agencia de Inventarios de Combustibles y la renegociación de contratos clave con Cálidda y TGP.

La viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, explica en esta entrevista exclusiva para Energiminas los principales plazos y mecanismos que plantea el Gobierno, desde la reactivación de los lotes 192 y 64 hasta la reposición de reservas de gas natural y el futuro de Petroperú.

La producción de petróleo crudo en el país ha mostrado cifras críticamente bajas. ¿Qué incentivos específicos plantea para atraer inversión privada en exploración sin perjudicar las regalías del Estado?
El incentivo principal apunta a reducir el riesgo y los costos de explorar, dar predictibilidad contractual y agilizar procedimientos, antes que recortar permanentemente los ingresos del Estado. Una mayor actividad exploratoria puede generar nuevos descubrimientos y ampliar la base para recaudar regalías, canon e impuestos.

Se busca mantener un esquema de regalías competitivo y progresivo, considerando producción, precios y rentabilidad. También se diseñan instrumentos ambientales más ágiles, sin reducir estándares socioambientales, y se evalúa crear una Comisión Multisectorial permanente para facilitar la exploración y explotación de hidrocarburos así como fortalecer la coordinación entre entidades.

¿Qué mecanismos, a partir de la experiencia de otros países, se pueden implementar para alentar la producción petrolera y gasífera?
Perú puede adaptar mecanismos que vinculen los incentivos con nueva inversión y producción incremental. Ecuador aplica contratos en los que la empresa financia inversiones y recibe una retribución vinculada a la producción adicional; Colombia otorga incentivos sobre producción incremental en campos maduros sin afectar el régimen aplicable a la producción base; y Brasil mantiene una oferta permanente de áreas para facilitar el ingreso de nuevos operadores.

Estas experiencias podrían adaptarse a campos maduros y marginales, acompañadas de una oferta más dinámica de áreas y una mayor articulación social y ambiental. El criterio central es que los beneficios estén vinculados a resultados verificables: mayor inversión, nuevos pozos, más reservas y producción adicional.

La reactivación de lotes clave en la cuenca del Marañón y en el zócalo continental enfrenta constantes retrasos. ¿Cuándo empezarán a operar con plenitud y qué metas de barriles diarios tienen previstas?
Los lotes 192 y 64 cuentan con reservas probadas de 125 y 35 millones de barriles, respectivamente, según el Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2024.

El reinicio del Lote 192 está condicionado a que Petroperú incorpore un socio estratégico y se modifique el contrato de licencia. Se estima una reactivación progresiva desde 2027, con un potencial de 12,000 barriles por día (BPD).

En el Lote 64 continúa el trámite del Estudio de Impacto Ambiental para el desarrollo del campo Situche Central y se requiere avanzar en la incorporación de un socio operador y la modificación contractual. De acuerdo con las estimaciones de Petroperú, el inicio de la extracción comercial está previsto para el 2028, con una producción inicial estimada de aproximadamente 10,000 BPD acompañada de inversiones en facilidades de producción, reacondicionamiento y perforación de pozos de desarrollo.

Petroperú accederá a un financiamiento de hasta US$ 2,000 millones de la banca privada internacional para garantizar su continuidad operativa.

En el zócalo continental, el Lote Z-69 de los proyectos exploratorios de la Cuenca Trujillo.registró a diciembre de 2025 una producción aproximada de 3,400 BPD de petróleo y 8.6 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) de gas natural. Como su contrato culmina el 15 de mayo de 2027, PERUPETRO inició en septiembre el proceso para seleccionar un nuevo operador por 30 años. Se busca que el ganador comprometa mayores inversiones en reacondicionamiento y perforación. Por tanto, la meta futura de producción debe ser en promedio igual o mayor a la producción actual, y su incremento dependerá del programa de trabajo que resulte ganador del proceso.

Su retorno a la cartera de Hidrocarburos ocurre en un contexto de constantes cambios de gestión en el MINEM. ¿Cómo planea sostener una política de Estado de largo plazo con alta inestabilidad política?
La estrategia se centra en institucionalizar las reformas, fortalecer el marco regulatorio y construir consensos técnicos en torno a un Plan Energético Nacional que funcione como hoja de ruta de cumplimiento obligatorio para las gestiones sucesivas, alineando el petróleo y el gas natural con una transición energética justa y gradual.

Un aspecto clave, teniendo en cuenta la alta dependencia de la energía eléctrica del gas natural, es la importancia de la reposición de reservas. ¿Qué espera hacer el Gobierno en ese sentido? ¿La exploración del gas natural de Candamo es una posibilidad?
La reposición de reservas de gas natural es una prioridad para la seguridad energética del país. Según el Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2024, al cierre de ese año el Perú contaba con 7.13 TCF de reservas probadas, con una tendencia decreciente.

Por ello, se busca promover nueva exploración, poner en valor recursos descubiertos, continuar explorando Camisea y áreas adyacentes, y desarrollar el potencial de Madre de Dios y el noroeste peruano.

Un proyecto importante dentro de esta estrategia es el Lote 58, donde existe un volumen de gas descubierto (3,13 TCF de gas) y en el cual se viene ejecutando actividades orientadas a su desarrollo.

Asimismo, PERUPETRO viene desarrollando acciones orientadas a reducir la incertidumbre exploratoria y generar nuevas oportunidades de inversión mediante los Convenios de Evaluación Técnica (CET). Actualmente destacan el Área XCIII, en Madre de Dios, y el Área CXIV, en Cusco, entre otras áreas bajo evaluación.

Respecto de Candamo, desde el punto de vista geológico constituye una oportunidad relevante, los estudios exploratorios han confirmado la presencia de hidrocarburos, y se tiene reportado alrededor de 2.063 TCF de gas de recursos contingentes siendo que la cuenca Madre de Dios tiene un potencial prospectivo de alrededor 20.4 TCF.

Sin embargo, existe una restricción jurídica y ambiental porque el área se superpone con el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Cualquier evaluación o desarrollo deberá determinar previamente su viabilidad dentro del marco legal y garantizar las disposiciones ambientales y sociales correspondientes.

¿Cuál es su evaluación respecto a la infraestructura existente para el sector hidrocarburos, desde los tanques en puertos, pasando por la capacidad de combustibles para contingencias hasta el Oleoducto Norperuano? ¿Acaso no es un buen momento para invertir en esto? ¿Qué mecanismos usar para esto?
La infraestructura de hidrocarburos es clave para la seguridad energética, por lo que el MINEM promueve inversiones que amplíen la capacidad de almacenamiento y fortalezcan la continuidad del abastecimiento.

Se avanza en la reglamentación de la Ley N.° 32315 para implementar la Agencia de Inventarios de Combustibles, que permitirá cerrar brechas de almacenamiento. Además, mediante la Resolución Ministerial N.° 310-2026-MINEM/DM se declararon de interés sectorial proyectos para incrementar la capacidad de almacenamiento de GLP, mientras que la Resolución Directoral N.° 126-2026-MINEM/DGH autorizó pruebas de viabilidad para un proyecto de almacenamiento no convencional mediante barcaza en Iquitos.

 

El país continúa pagando precios elevados por GLP mientras la masificación del gas natural no alcanza la cobertura prometida en el sur y zonas rurales. ¿Qué hitos o plazos concretos fija su gestión para conectar a estas regiones al sistema de gasoductos o virtuales?
La masificación del gas natural en el sur y en las regiones donde no existe distribución de gas natural, constituyen una prioridad de la gestión actual, por lo que estamos trabajando en ello. Cabe precisar que no todas las regiones requieren esperar la construcción de un gasoducto, donde la infraestructura por ductos no sea viable en el corto plazo, se utilizará el esquema de suministro virtual, con plantas satélite de regasificación de GNL.

En ese sentido, tenemos tres hitos principales. El primero es, finalizar durante el 2026 con la evaluación del proyecto de modificación contractual solicitado por la empresa Calidda, proyecto que permitirá ampliar la cobertura de gas natural en 7 regiones del sur principalmente (Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali), mediante una combinación de ductos y sistemas virtuales. Asimismo, el proyecto contempla alrededor de 3,700 km de redes y una primera etapa orientada a 15 localidades.

Como segundo hito, en el sur, el proyecto de distribución para Arequipa, Moquegua y Tacna contempla su adjudicación para el cuarto trimestre del 2027, el cual contempla la ampliación de la infraestructura existente con el fin de conectar más usuarios en dichas regiones. Cabe señalar que el proyecto está a cargo de Proinversión.

Y finalmente como tercer hito, para acelerar resultados mientras avanzan los proyectos de mayor escala, a través del FISE se han ejecutado proyectos de abastecimiento con plantas satélite de regasificación, como el de Cusco, que inició conexiones residenciales en 2026 en modo de prueba, y se vienen desarrollando intervenciones adicionales en regiones del interior. Así también están desarrollando pilotos en Puno y Huancavelica.

Adicionalmente, es necesario contar con una tarifa nivelada para que los usuarios regulados de las distintas regiones del país paguen por el uso de gas natural un costo similar al de la capital y el desarrollo de demandas ancla como la Petroquímica para que las concesiones de distribución del gas natural sean sostenibles; así también es necesario planificar los ductos de transporte para que un mediano plazo los sistemas de distribución de gas se conecten a ellos.

Respecto a las renegociaciones de contratos de concesión, ¿qué avances concretos se tiene y en cuánto tiempo se podría tener un horizonte claro respecto a una mayor distribución, producción y transporte de gas natural?
La propuesta de modificación contractual de Cálidda está siendo evaluada bajo la normativa de APP. Actualmente se encuentra en la etapa de solicitud de opiniones a OSINERGMIN, MEF, Proinversión y la Contraloría. El objetivo es que la adenda pueda suscribirse en octubre de 2026.
En el caso de TGP, la propuesta de modificación contractual para el transporte de gas natural y líquidos de gas natural está en evaluación conjunta. Se acordó que la empresa presente una nueva propuesta de adenda, que posteriormente será evaluada por las entidades competentes.

En cuanto a la producción, uno de los principales hitos es el inicio de la extracción comercial del Lote 58, operado por CNPC. Según la última actualización del Plan Inicial de Desarrollo reportada por PERUPETRO, está previsto para noviembre de 2026, con una incorporación inicial estimada de alrededor de 55 MMPCD de gas natural en 2027.

El Lote 192 reactivaría su producción de forma progresiva desde 2027, con un potencial de 12,000 barriles diarios.

El salvataje financiero de Petroperú sigue generando debate sobre la asignación de fondos públicos. ¿Cuál es el plan concreto de reactivación que garantice autonomía financiera sin comprometer de nuevo el tesoro nacional?
Petroperú cuenta, por ley (D. Leg. N.° 43, artículo 3), con autonomía económica, financiera y administrativa. No obstante, mediante el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 se dispuso su reorganización patrimonial, a cargo de Proinversión, para recuperar su sostenibilidad y garantizar la continuidad operativa. Además, el Decreto de Urgencia N.° 003-2026 estableció un mecanismo de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones con banca privada internacional; su Primera Disposición Complementaria Final encarga a Proinversión aprobar el protocolo para administrar y controlar esos recursos. El objetivo es que la empresa recupere progresivamente su capacidad de operar con recursos propios y financiamiento estructurado, reduciendo la necesidad de nuevos apoyos fiscales.

Los atentados y paros al Oleoducto Norperuano representan pérdidas multimillonarias y severos daños ambientales. ¿Cuál es la estrategia integral con las comunidades nativas para frenar los ataques y garantizar el transporte continuo?
Los tres tramos del ONP se encuentran operativos, pero su continuidad exige una estrategia integral que combine seguridad de la infraestructura, mantenimiento preventivo y relacionamiento comunitario, sobre todo tras los incidentes registrados en 2026 en el Tramo II, entre Sechura y Piura. Petroperú tiene proyectos de relacionamiento comunitario y un programa de vigilancia comunitaria del ONP listos para las zonas de mayor incidencia de ataques, pero no se han podido ejecutar por limitaciones presupuestarias; el programa de vigilancia, en particular, requiere S/ 12 millones anuales.

¿Considera necesario reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para flexibilizar plazos o regalías, o el marco normativo actual es suficiente para reactivar el sector?
El marco normativo vigente ya permite avanzar en la reactivación, por lo que no todas las mejoras requieren modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En el corto plazo se puede simplificar procedimientos, dar mayor predictibilidad y promover de forma más competitiva las áreas; en paralelo, se evalúan mejoras estructurales puntuales, como la vigencia de los contratos y el fortalecimiento del rol de Perupetro. En regalías también hay flexibilidad, pues el régimen vigente ya vincula las condiciones económicas a la escala de producción y a la rentabilidad del proyecto. Además, en junio de 2026 se publicó el proyecto del nuevo Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

La alta volatilidad de los precios internacionales del petróleo afecta directamente al bolsillo de los peruanos. ¿Qué mecanismo, más allá del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), prevé aplicar para evitar impactos inflacionarios?
Según el artículo 77 del TUO de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, los precios del petróleo y sus derivados se rigen por la oferta y la demanda, en condiciones de libre competencia. El FEPC atenúa la volatilidad, pero no garantiza que el beneficio llegue íntegramente al consumidor final, y ya arrastra una deuda de alrededor de S/ 980 millones desde 2022, lo que limita su sostenibilidad fiscal. Por eso, en 2026 el Ejecutivo optó por medidas extraordinarias focalizadas en el transporte público —los decretos de urgencia N.° 004-2026, 006-2026, 007-2026 y 011-2026— para mitigar el traslado del alza de combustibles a los pasajes y fletes. Cualquier subsidio adicional al FEPC debe evaluarse desde las competencias del MEF y el MTC, y debe ser temporal, focalizado y dirigido a la población más vulnerable.

Perú mantiene una fuerte dependencia de la importación de diésel y gasolinas. ¿Qué pasos concretos se darán para lograr la seguridad e independencia energética a mediano plazo?
La masificación del gas natural, reforzada a través del FISE, ayuda a reducir la dependencia de combustibles importados. Pero la seguridad energética también exige inventarios e infraestructura suficientes para responder a interrupciones externas o contingencias climáticas, por lo que a mediano y largo plazo se prevé instalar la Agencia de Inventarios de Combustibles, cuyo reglamento se encuentra actualmente en elaboración.

La Ventanilla Única Digital busca destrabar la permisología ambiental y técnica en el sector hidrocarburos. ¿Para cuándo estiman reducir los tiempos de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental sin flexibilizar los estándares de protección?
Se espera lograrlo este año, mediante instrumentos de gestión ambiental que, a partir de una línea de base pública, describan las actividades, identifiquen los impactos y definan las medidas para evitarlos, reducirlos o mitigarlos, sin bajar los estándares socioambientales.

«La demanda de financiamiento se ha desplazado desde proyectos convencionales hacia iniciativas de transición energética y energías renovables»

El desafío, en definitiva, no parece estar en identificar dónde están las oportunidades. El capital y los proyectos potenciales existen. En lo que va de 2026, el Banco de Crédito del Perú realizó desembolsos por aproximadamente S/ 765 millones incluyendo una operación de S/495 millones y una segunda de S/270 millones para el sector energético

El sector energético peruano atraviesa un momento de oportunidades, pero también de decisiones pendientes. La mayor electrificación de la economía, el desarrollo de nuevos proyectos mineros e industriales y la necesidad de ampliar la infraestructura están generando una demanda creciente por nueva capacidad de generación y redes de transmisión. Ruth Echaiz, gerente adjunta de Banca gerente de Negocios del Sector Energía del Banco de Crédito del Perú (BCP), señala que el escenario abre espacio para inversiones importantes durante los próximos años. Sin embargo, materializar ese potencial dependerá de que el país logre reducir los tiempos de ejecución y entregar mayor predictibilidad a los inversionistas.

Los factores que suelen dificultar el cierre financiero son incertidumbre regulatoria, ausencia de contratos de largo plazo, retrasos en permisos, conflictos sociales, dependencia excesiva de ingresos merchant y estructuras demasiado apalancadas.

“Las perspectivas son positivas porque el Perú enfrenta una necesidad real de expandir su infraestructura energética para acompañar el crecimiento de la demanda, la mayor electrificación de la economía y el desarrollo de nuevos proyectos mineros e industriales”, afirma. La ejecutiva apunta además a las señales recientes de presión sobre el sistema. En particular, menciona los costos marginales registrados en julio y agosto como una evidencia de la necesidad de contar con nueva infraestructura y capacidad de generación.

Las oportunidades, a su juicio, se concentran en generación renovable, transmisión eléctrica, almacenamiento y masificación del gas natural. Pero junto con ellas persisten obstáculos vinculados con los extensos plazos de permisos, la obtención de servidumbres, la incertidumbre sobre determinados desarrollos regulatorios y los retrasos en infraestructura complementaria. “El potencial de inversión existe, pero materializarlo dependerá de generar mayor predictibilidad y acelerar la ejecución de los proyectos”, sostiene.

Un financiamiento que cambia de perfil
Desde la banca, el sector energético mantiene un peso relevante. A mayo de 2026, la cartera de energía del BCP alcanzaba aproximadamente S/5.100 millones en colocaciones, equivalentes a una participación de mercado cercana al 54% en colocaciones y alrededor de 36% en contingentes, según las cifras proporcionadas por la ejecutiva.

El portafolio energético representa cerca del 10% del saldo de la Banca Empresas y Corporaciones del banco y mantiene, de acuerdo con Echaiz, una alta calidad crediticia y presencia en los principales grupos empresariales del mercado energético peruano.

Cuando existe incertidumbre respecto a remuneraciones futuras, reglas operativas o criterios regulatorios, aumenta el costo de capital y algunos proyectos pueden postergarse o incluso dejar de ser viables.

El dinamismo también se refleja en las operaciones realizadas durante este año. Solo en 2026, el BCP efectuó desembolsos por aproximadamente S/765 millones, incluyendo operaciones por S/495 millones y S/270 millones. A ello se suma su participación en financiamientos corporativos y estructurados, así como en emisiones en el mercado de capitales.

Pero la composición de la demanda también está cambiando. La experiencia del banco muestra un desplazamiento progresivo desde proyectos convencionales hacia iniciativas vinculadas con la transición energética, las renovables y la transmisión. La razón es doble: incorporar fuentes competitivas y sostenibles y, al mismo tiempo, mantener la seguridad energética del país.

 

Para atraer más capital hacia estas iniciativas será necesario reducir los riesgos de ejecución, fortalecer los mecanismos de servidumbre, acelerar los permisos y mantener reglas estables durante toda la vida de los proyectos.

Qué hace financiable un proyecto
En un mercado donde las inversiones energéticas requieren horizontes de largo plazo, la denominada “bancabilidad” de un proyecto se construye sobre cuatro pilares, según Echaiz. El primero son los ingresos predecibles, que pueden provenir de contratos de compra de energía (PPA), concesiones reguladas u otros mecanismos que entreguen estabilidad al flujo de caja.

El segundo es la fortaleza del sponsor, considerando su experiencia técnica, capacidad financiera y compromiso con el proyecto. El tercero corresponde a un marco regulatorio claro que permita anticipar cómo será remunerada la infraestructura durante su vida útil. El cuarto es una adecuada asignación de riesgos. Construcción, operación, recurso energético, mercado y regulación deben ser asumidos por las partes con mayor capacidad para gestionarlos.

En sentido contrario, la incertidumbre regulatoria, la falta de contratos de largo plazo, los retrasos en permisos, los conflictos sociales, una exposición excesiva a ingresos merchant y estructuras demasiado apalancadas pueden dificultar o impedir un cierre financiero.

Renovables: de alternativa emergente a activo financiable
Las energías renovables también han cambiado su posición frente al sistema financiero. Según Echaiz, dejaron de ser una tecnología emergente para convertirse en una alternativa competitiva y plenamente financiable. La reducción de costos tecnológicos y la mejora de los factores de planta han reforzado su atractivo para inversionistas y bancos. Sin embargo, financiar un proyecto renovable exige hoy un análisis más amplio que el recurso solar o eólico disponible.

La capacidad de evacuación, la exposición a precios spot, la calidad de los contratos de venta y los riesgos de curtailment adquieren una importancia creciente. A ello se sumará la interacción con sistemas de almacenamiento y servicios complementarios. “La mejor estructura suele ser aquella que combina un recurso competitivo con una estrategia robusta de comercialización y gestión de riesgos”, explica.

Siguen existiendo factores que limitan el desarrollo de proyectos, principalmente los extensos plazos de permisos, los desafíos para la obtención de servidumbres, la incertidumbre sobre algunos desarrollos regulatorios y los retrasos en infraestructura complementaria.

En este proceso, la banca puede desempeñar un papel que va más allá de proporcionar capital. Echaiz considera que el sistema financiero puede ayudar a estructurar proyectos, distribuir riesgos y atraer inversionistas nacionales e internacionales. También existe espacio para nuevos instrumentos, entre ellos financiamiento verde, préstamos vinculados a sostenibilidad, emisiones de bonos y esquemas de project finance. “En un contexto de necesidades crecientes de inversión, el financiamiento debe verse como un socio del desarrollo y no solamente como una fuente de recursos”, afirma. Pero para que ese capital llegue a los proyectos, la predictibilidad regulatoria será determinante. En inversiones con vidas útiles que pueden superar los 20 o 30 años, las reglas que determinan remuneraciones, operación y condiciones de mercado forman parte esencial de la evaluación financiera. “En proyectos cuya vida útil puede superar los 20 o 30 años, la regulación es prácticamente parte del activo que se financia”, sostiene.

La incertidumbre, en cambio, eleva el costo de capital y puede llevar a postergar proyectos o hacerlos inviables. Echaiz menciona como ejemplos pendientes los servicios complementarios, la generación distribuida y el reglamento asociado a la nueva Ley 32249.

De cara a los próximos cinco años, la ejecutiva identifica cinco grandes áreas de oportunidad: generación solar y eólica; transmisión eléctrica; almacenamiento y servicios complementarios; gas natural e infraestructura asociada; y electrificación de sectores como minería, industria y centros de datos. Todas ellas responden, con distintos grados, a una misma necesidad: disponer de más capacidad energética y de una infraestructura capaz de sostener una economía crecientemente electrificada.

Convertir ese potencial en proyectos requerirá, sin embargo, algo más que capital. Echaiz plantea como condiciones necesarias la estabilidad regulatoria, una reducción de los plazos de permisos, una planificación energética de largo plazo y una mayor coordinación entre el Estado, los reguladores y el sector privado.

El desafío, en definitiva, no parece estar en identificar dónde están las oportunidades. El capital y los proyectos potenciales existen. La tarea pendiente es construir las condiciones que permitan que esas oportunidades pasen de las carteras de inversión a infraestructura efectivamente ejecutada.

¿Por qué seguimos tan expuestos a los vaivenes del petróleo?

El precio del petróleo no cesa en su vaivén, sobre todo al alza, exponiéndonos a una fragilidad energética por los altos costos. ¿Cuáles son las opciones para ponerle un alto a esta amenaza constante y cuál es el horizonte que tenemos que enfrentar? El siguiente informe propone soluciones.

No pasa un día sin que los más de 34 millones de peruanos sintamos el golpe del alto precio del petróleo, que lleva meses oscilando y no nos da tregua. La subida ya alcanza a demasiadas áreas de la economía y pone en el centro del debate una pregunta de fondo: ¿tomó el país las medidas necesarias para el corto y el mediano plazo? ¿En qué debemos trabajar para dejar de estar expuestos al alza por los conflictos y crisis de los países petroleros?

Para entender cómo llegamos hasta aquí hay que mirar hacia afuera. Desde que estalló el conflicto en Medio Oriente, a fines de febrero, y se cerró el estrecho de Ormuz —paso por el que transita una quinta parte del petróleo mundial—, el crudo ha vivido meses de sobresaltos que un país importador neto como el Perú no puede esquivar.

Sobre ese escenario, sus consecuencias, las medidas tomadas por el Gobierno y los retos del país a largo plazo, conversamos con Erick García Portugal, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), quien sostiene que los precios seguirán altos mientras la guerra no tenga un final.

Y es que una consecuencia de este conflicto ha sido una montaña rusa del precio del crudo que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) registra mes a mes: el WTI, referencia para el mercado peruano, pasó de un promedio de US$ 60 por barril en enero a US$ 102 en mayo, en plena escalada, para luego ceder hasta los US$ 84 en agosto, sin volver nunca a los niveles previos a la guerra. «Hasta que no se defina el fin de la guerra, los precios van a mantenerse altos», afirma García.

El propio mercado financiero parece darle la razón. El 16 de septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés a un rango de entre 3.75% y 4%, la primera alza desde 2023, citando una inflación estadounidense que se mantiene «elevada».

Para García, la decisión es una lectura implícita de que el conflicto no se va a resolver pronto: «Siente que esto no se va a acabar en el corto plazo», explica. El BCRP, en cambio, ha optado por la cautela: mantiene su tasa en 4,25% desde hace doce meses, mientras espera que la inflación peruana —que en agosto llegó a 4,4% interanual, por encima del rango meta de 1% a 3%— converja de nuevo hacia su objetivo.

Ese vaivén internacional golpeó al Perú justo cuando el país enfrentaba su propia fragilidad energética. Según el Minem, el 83% del petróleo que consumimos es importado y el 70% de la matriz energética depende de hidrocarburos: cualquier choque externo se traslada casi de inmediato a nuestros bolsillos. A eso se sumó, en marzo, un factor propio: la rotura del ducto de TGP en Cusco, que paralizó casi dos semanas la producción de GLP en Pisco y obligó a racionar el gas natural en pleno pico de la crisis internacional. La combinación fue explosiva: entre el 23 de febrero y el 27 de abril, el diésel subió 170%, los gasoholes 60% y el GLP 41% en su precio de referencia de importación, según el propio ministerio.


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

El 83% del petróleo que consumimos es importado y el 70% de la matriz energética depende de hidrocarburos: cualquier choque externo se traslada casi de inmediato a nuestros bolsillos.

El país lo sintió casi de inmediato. En marzo, el IPC de Lima subió 2.38% en un mes —la variación mensual más alta registrada en 32 años—, con el transporte disparado 9,06% por el diésel, el gasohol y el GLP vehicular, según el INEI. «Los combustibles impactan en todas las actividades: en los fletes, en la medicina, en las materias primas», detalla García.

Acciones del gobierno
Frente a ese escenario, el Ejecutivo respondió con subsidios focalizados y sucesivos, cada uno más amplio que el anterior: el DU 002-2026 dio en marzo un bono de S/ 120 vía FISE a taxistas de GNV; el DU 004-2026 fijó en mayo S/ 4 por galón de diésel para transportistas nacionales (hasta S/ 33.8 millones, vía ATU); el DU 006-2026 sumó en julio, tras la amenaza de un paro en Lima y Callao, hasta S/ 0.50 por kilómetro para buses y micros (S/ 44.1 millones del MEF); el DU 007-2026 renovó en agosto el esquema con S/ 105 millones hasta noviembre; y el DU 011-2026, del 18 de septiembre, llevó por primera vez la ayuda a mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios: S/ 4 por galón, con tope de S/ 100 mensuales.

«No vamos a hacer subsidios de amplio espectro, hemos optado por subsidios focalizados», ha explicado el ministro de Economía, Elmer Cuba. Para García, sin embargo, lo que importa es la velocidad: si el transportista no recupera el dinero rápido, terminará trasladando el sobrecosto al pasaje de todas formas. «No es lo mismo que te ayuden con 4 soles hoy día a que te ayuden con 4 soles a fin de mes», señala, y propone un fideicomiso que aplique el descuento al momento mismo de la compra, en lugar de un reembolso que demora semanas.

Medidas de largo plazo
Pero los subsidios, reitera García, son una buena medida mientras dure la emergencia. La pregunta de fondo —la misma que abría esta nota— es qué debe cambiar para dejar de estar tan expuestos. Él plantea dos frentes: más competencia entre mayoristas de combustibles, hoy limitados por la falta de capacidad de almacenamiento en las plantas y reducir la dependencia del crudo importado masificando el gas natural, los híbridos y la electromovilidad. «No hay una política clara del Estado» en esa dirección, sostiene: solo esfuerzos aislados del sector privado, sin una meta articulada entre sectores.

El propio Minem coincide: reconoció al Congreso que, en episodios de alta volatilidad, el consumidor y el regulador carecen de trazabilidad para distinguir un alza justificada de un aprovechamiento indebido, y propuso declarar en emergencia el mercado de combustibles y publicar precios de referencia cada semana.

El BCRP, a su vez, advirtió que el petróleo caro también presiona insumos clave para los alimentos, como fertilizantes y granos, en un país donde la canasta alimentaria pesa mucho en el índice de precios. Mientras esas reformas no se concreten, la frase de García resume el momento: «Mientras tú dependas de los precios internacionales, vas a estar sujeto a eso».

La pregunta que queda planteada no es si el barril seguirá caro —probablemente lo hará mientras la guerra continúe—, sino si el Perú comprenderá con esta crisis que se requiere construir fundamentos a largo plazo. De lo contrario, el próximo choque externo encontrará al país exactamente donde lo encontró este: expuesto.

Piura: respaldo relevante para la seguridad energética del país

La descentralización de la generación eléctrica enfrenta una oportunidad clave con la conversión a gas natural de las centrales de reserva fría del norte y sur del país. Piura y Lambayeque podrían incorporar más de 500 MW de generación eficiente, reducir costos y acelerar la masificación del gas natural para hogares, comercios y vehículos.

La llegada del gas de Camisea permitió contar con una fuente importante para la generación eléctrica, con el componente adicional de que el gas natural del Lote 88 cuenta con un precio anclado, lo que lo hace muy competitivo como insumo para la generación eléctrica.

En la conceptualización inicial para la implementación de una generación descentralizada basada en gas natural, se consideró que el desarrollo inicial de la generación debía realizarse en la costa central (Lima e Ica), donde se desplegó una infraestructura muy robusta para el abastecimiento de gas natural. Esto permitió que la zona de Chilca, al sur de Lima, se consolidara como el polo de generación para la zona central del país.


La generación eléctrica peruana se ha concentrado históricamente en la zona central, donde confluyen la mayor demanda y la infraestructura de gas natural.

Adicionalmente, siendo Lima la región con mayor demanda de energía, previo a la llegada del gas de Camisea, las centrales de generación hídrica también se instalaron en la sierra central para atender el mercado de mayor demanda. En conclusión, ambos tipos de generación se han concentrado en esta zona de la parte central del país.

Fuera de la zona central del país, con el objetivo de que en el mediano plazo se lograra descentralizar la generación térmica, se instalaron centrales de generación en calidad de “reserva fría”, para que ingresaran a generar, en una primera etapa, en situaciones excepcionales ante limitaciones operativas de la generación eficiente (basada en agua, aire, sol y gas natural).

Todas las instalaciones de reserva fría funcionan con diésel para cubrir la demanda en situaciones de emergencia, en la medida en que el uso de este combustible incrementa de forma significativa el costo de la energía. Pero el propósito final de las centrales de reserva fría consistía en que, en el mediano plazo, funcionaran con gas natural. Por ello, se estableció la exigencia de que las mismas fueran duales, esperando que se desarrollara infraestructura de ductos de gas natural que alcanzara estas instalaciones.

Las centrales de reserva fría se instalaron en el sur del país (Arequipa y Moquegua), esperando que llegara el gasoducto que, atravesando la sierra sur, llegaría a ambas regiones. La construcción del gasoducto no prosperó en 2016, no obstante haberse iniciado el proyecto, por lo que ambas centrales se encuentran a la espera de una nueva infraestructura que permita el acceso al gas natural.

En el caso del norte del país, se han instalado centrales de reserva fría en Piura y Lambayeque.

La reserva fría en la zona de Piura ya cuenta con infraestructura que conecta a diversos productores con la central térmica ubicada en Talara, pero no ha sido posible el acceso al consumo por aspectos regulatorios que deben ser atendidos por la autoridad. Esto puede permitir incorporar generación eficiente hasta 200 MW.

En el caso de la reserva fría de Lambayeque, se encuentra a 130 km de la zona de producción de gas natural, ubicada al sur de Piura. Atendiendo al nivel de demanda que pueden presentar dos centrales de reserva fría (350 MW) y a la geografía (el desierto de Sechura), resulta viable llevar el gas natural.


Piura cuenta con infraestructura de conexión a productores de gas, pero enfrenta trabas regulatorias para habilitar su consumo en generación eléctrica.

Sin embargo, como ocurre en el norte de Piura, existen algunos aspectos regulatorios que dificultan la viabilidad de la construcción del gasoducto que conecte esta posible demanda para generación eléctrica. Esto permitiría incorporar mayor generación eficiente, que ya viene presentando limitaciones en las épocas de estiaje. Ante el incremento de la demanda eléctrica, resulta cada vez más urgente que estas centrales pasen a consumir gas natural.

Estamos ante la posibilidad de incorporar una “generación eficiente” que puede superar los 500 MW, lo que en gas natural representa una demanda superior a 100 MMPCD. Esto permite no solo incorporar mayor generación competitiva, sino también impulsar la masificación del gas natural para todos los usos en el norte del país.

Desde el norte del país apostamos por la descentralización de la generación eléctrica, que, a su vez, impulsará de forma muy importante el acceso al gas natural por parte de los usuarios, en especial los hogares, comercios y vehículos en la región macronorte.

Juan Martin Castro, un nuevo líder, la misma visión: la seguridad energética del norte y el país

Tras asumir la Gerencia General de Promigas Perú, Juan Martin Castro plantea como prioridades ampliar el acceso al gas natural, fortalecer la infraestructura y desarrollar nuevas soluciones energéticas. El ejecutivo aborda las oportunidades del norte, las brechas regulatorias y de inversión, y el potencial de la energía para impulsar competitividad, industrialización y desarrollo regional.

Usted asume la Gerencia General después de haber liderado la estrategia comercial de Promigas Perú y conocer directamente el mercado del norte. ¿Cuáles serán las prioridades de esta nueva etapa y dónde identifica hoy las mayores oportunidades de crecimiento para la compañía?
Liderar al equipo de Promigas Perú representa un reto que asumo con responsabilidad. Mi prioridad será mantener la confiabilidad del servicio a los cerca de 1.5 millones de peruanos que atendemos en el norte del país, al mismo tiempo que buscamos brindar soluciones energéticas innovadoras y sostenibles al sector industrial y de movilidad.


Con El Niño al acecho, Promigas ha redoblado sus esfuerzos para contener sus efectos: monitoreo de activos, control de procesos y más son parte de plan de contingencia.

El avance que logramos en estos 9 años de operaciones es visible; hemos acompañado de cerca el desarrollo energético en las 5 regiones de nuestra área de cobertura. En esta zona, creemos que, para viabilizar las oportunidades de expansión del acceso al gas natural a más familias, así como promover el crecimiento de la demanda, se deben concretar las condiciones regulatorias para continuar con las inversiones.

Promigas concentra una parte importante de sus operaciones en el norte del país. Desde una perspectiva energética y económica, ¿qué potencial tiene hoy esta región y cuáles son las principales brechas que todavía limitan su desarrollo?
El norte tiene condiciones muy importantes para convertirse en uno de los principales polos de desarrollo energético del país. Tenemos actividad industrial, agroindustrial, minera, pesquera y comercial, además de ciudades que continúan creciendo y requieren mayor infraestructura y servicios.

Por ejemplo, tenemos más de 370,000 hogares conectados al gas natural, y el potencial supera los dos millones.

El potencial existe, pero todavía tenemos brechas de infraestructura, acceso y cobertura energética. La masificación requiere seguir desarrollando redes, generar demanda y facilitar que más hogares y empresas puedan conectarse; sin embargo, esto no se podrá concretar si no se brinda predictibilidad regulatoria, competitividad del gas natural en las regiones, a través de una tarifa nivelada, y no se da continuidad a los programas del Estado que contribuyen a la reducción de brechas de pobreza energética, como el FISE.


Pero más allá de pensar en una cifra de conexiones, lo primordial es que el Estado restaure la confianza de los inversionistas para echar a andar sus planes.

La masificación del gas natural sigue siendo uno de los grandes desafíos del país. En el caso del norte, ¿qué metas de expansión manejan para los próximos años, cuántos nuevos usuarios esperan incorporar y qué inversiones serán necesarias para conseguirlo?
En el norte, hemos invertido más de US$ 700 millones para construir una infraestructura robusta y llevar los beneficios del gas natural a nuestros clientes. Trabajamos para identificar nuevos espacios de crecimiento residencial, comercial e industrial.

Hoy, el panorama de expansión es limitado porque, más allá de pensar únicamente en una cifra de conexiones, se deben generar las condiciones para que esa expansión sea sostenible y esta es una tarea impostergable del Estado.

El gas natural significa ahorro para los usuarios, reducción de emisiones contaminantes, progreso para las comunidades y es un motor de la descentralización. Creemos que el nuevo Gobierno tiene la oportunidad de tomar medidas para retornar la confianza de los inversionistas.

Piura produce gas natural y, al mismo tiempo, cuenta con una importante demanda residencial, comercial e industrial. ¿Se está aprovechando realmente todo ese potencial? ¿Qué hace falta para que el gas disponible en la región se traduzca en mayor competitividad, industrialización y desarrollo económico?
Piura tiene una ventaja muy importante: cuenta con recursos energéticos y una base productiva que puede aprovecharlos. Hasta el 2021, que iniciamos la operación de distribución de gas natural, carecía de la posibilidad de usar este recurso.

 

El desafío es seguir conectado la disponibilidad de gas natural con nuevos proyectos productivos, porque la infraestructura ya existe, y tiene la capacidad para poder atender las nuevas necesidades de la región.

Desde Promigas Perú buscamos contribuir justamente con el proceso que haga viables nuevos negocios. El gas natural no debe verse únicamente como un servicio, sino como una plataforma para que una empresa pueda producir de manera más eficiente, ampliar sus operaciones y ser más competitiva.

El norte del país es particularmente vulnerable a lluvias intensas e inundaciones asociadas a eventos como El Niño. Considerando la infraestructura de distribución de gas natural que Promigas opera en la región, ¿qué puntos críticos han identificado y qué acciones preventivas están ejecutando para proteger las redes y asegurar la continuidad del servicio ante una eventual emergencia climática?
La continuidad del servicio y la seguridad de las personas son prioridades para nosotros. Por eso contamos con protocolos de prevención y respuesta frente a escenarios climáticos que pueden afectar nuestra infraestructura.

El trabajo empieza antes de una eventual emergencia. La prevención nace desde el diseño, enfocado en la seguridad.

Realizamos monitoreo de las condiciones de riesgo, revisión de infraestructura y coordinación entre las áreas operativas para identificar puntos vulnerables, tanto a nivel del transporte virtual como en nuestro gasoducto, y establecer medidas preventivas. Además, buscamos asegurar inventarios de gas natural necesarios en cada ciudad que atendemos.


¿Y la tarifa nivelada? Promigas exhorta reanudar el debate en torno a este tópico, que permitirá llevar una energía competitiva y confiable a zonas excluidas.

Asimismo, contamos con sistemas de monitoreo y control de procesos que brindan soporte operativo a las estaciones de distrito, permitiendo una supervisión continua de las condiciones de operación y una adecuada gestión de las novedades, en articulación con los entes de control correspondientes.

La experiencia de eventos anteriores nos ha permitido fortalecer nuestra preparación y mejorar permanentemente nuestros planes de contingencia.

Con la central térmica de Paita, Promigas Perú amplía su participación desde la distribución de gas hacia la generación eléctrica. ¿Estamos frente a una nueva línea de crecimiento para la compañía en Perú? ¿Qué otros proyectos de generación o soluciones energéticas están evaluando para el norte?
La central térmica de Paita representa un paso importante dentro de la estrategia y el propósito de la organización, ofreciendo soluciones energéticas a nuestros clientes. Este proyecto fortalece el suministro de energía eléctrica en el norte del país y contribuye al desarrollo industrial y social de la región.

Esto forma parte de la estrategia de Promigas. Nuestra experiencia en gas natural nos permite identificar oportunidades en otros segmentos y desarrollar soluciones que respondan de manera integral a las necesidades energéticas de nuestros clientes.

Estamos evaluando permanentemente oportunidades en generación y otras soluciones energéticas. El objetivo es que cada nuevo proyecto propuesto a nuestros clientes tenga sentido desde el punto de vista energético, económico y de las necesidades del territorio.

Desde una perspectiva de competitividad, ¿qué impacto puede tener una mayor disponibilidad de gas natural y energía competitiva sobre sectores como la industria, minería, agroindustria y transporte del norte? ¿Existe hoy suficiente demanda para impulsar nuevas inversiones energéticas?
Una energía competitiva y confiable puede marcar una diferencia importante en la estructura de costos y en la capacidad de crecimiento de una empresa. Esto es especialmente relevante en actividades intensivas en energía como la industrial, minera o incluso en el transporte.

Por eso, urge retomar el debate para corregir la ley de tarifa nivelada con alcance a todos los clientes regulados, como inicialmente fue propuesto por el Gobierno peruano, debido a que permitiría reducir las brechas de competitividad entre regiones e impulsaría el desarrollo de la infraestructura requerida en las zonas donde aún no llega el gas natural.


Piura es un caso particular: cuenta con infraestructura, pero persiste el desafío de conectar a la disponibilidad de energía con nuevos proyectos productivos.

Finalmente, asume la Gerencia General de Promigas Perú en un momento de importantes desafíos y oportunidades para el sector. En lo personal, ¿qué significa para usted asumir este liderazgo y qué huella le gustaría dejar al frente de la compañía?
He tenido la oportunidad de conocer de cerca a nuestros clientes, nuestros equipos y los mercados donde operamos, y eso me permite asumir esta nueva etapa con una perspectiva muy cercana a las necesidades del negocio y del país.

Me gustaría que mi gestión contribuya a consolidar a Promigas Perú como una compañía cada vez más cercana a sus clientes, más innovadora y con capacidad para ofrecer soluciones energéticas que acompañen el crecimiento del país.

Y, sobre todo, que podamos dejar una compañía que haya contribuido de manera concreta al desarrollo del norte y la calidad de vida de sus habitantes: ampliando el acceso a la energía, impulsando la competitividad y avanzando responsablemente hacia una matriz energética más sostenible.

¿Cómo puede el Perú acelerar su transición energética sin perder confiabilidad?

La generación solar creció 78,46% entre enero y julio, pero la eólica cayó 7,42% y la hidroeléctrica 3,10%. El uso de diésel para las térmicas se disparó 1.260% y los costos marginales superaron los US$100 por MWh. El episodio muestra que el reto ya no es únicamente incorporar renovables, sino construir el sistema de respaldo, almacenamiento, transmisión y regulación que permita sostenerlas.

La transición energética peruana ya está en marcha. El crecimiento de las fuentes renovables está modificando progresivamente la composición del sistema eléctrico, pero también está poniendo sobre la mesa una pregunta que será determinante para los próximos años: ¿cómo aumentar la participación de tecnologías solares y eólicas sin comprometer la seguridad del suministro ni trasladar mayores costos a los consumidores?

Los datos del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) permiten dimensionar el desafío. Entre enero y julio de 2026, la producción eléctrica nacional creció 4,79% respecto del mismo periodo de 2025. Sin embargo, la evolución por tecnologías fue desigual: la generación hidroeléctrica cayó 3,10% y la eólica retrocedió 7,42%, mientras que la solar aumentó 78,46%. La generación térmica a gas natural creció 9,84% y el uso de centrales a diésel se incrementó 1.260%.

El contraste resulta revelador. El país está incorporando más generación solar, pero simultáneamente enfrenta condiciones en las que otras fuentes renovables reducen su aporte. Cuando esa menor disponibilidad coincide con restricciones de infraestructura, el sistema debe recurrir a tecnologías de mayor costo.

La experiencia permite entender por qué la transición energética no puede medirse únicamente por los megavatios renovables que se incorporen. No basta con producir electricidad limpia: esa electricidad debe estar disponible cuando se necesita y llegar hasta donde se consume.

La generación solar creció 78,46% entre enero y julio de 2026, mientras el uso de diésel para generar electricidad se disparó 1.260%, evidenciando la necesidad de fortalecer el respaldo energético.

Para Arturo Vásquez Cordano, economista especializado en energía, esa discusión debe comenzar por la confiabilidad. “No podemos pensar solo en renovables y descartar la confiabilidad que da el gas”. Su planteamiento es que el gas natural puede cumplir una función de respaldo mientras se desarrollan otras tecnologías capaces de administrar la variabilidad de las fuentes renovables. En su visión, el país necesita fortalecer simultáneamente la infraestructura gasífera, ampliar la generación renovable y crear mecanismos regulatorios que permitan que ambas piezas funcionen dentro de un mismo sistema.

Cuando la variabilidad se convierte en un problema de sistema
La generación solar y eólica presenta una característica que obliga a modificar la operación tradicional del sistema eléctrico: depende de recursos que no están disponibles de manera constante.

La solar produce principalmente durante las horas de radiación; la eólica depende del comportamiento del viento y la hidroeléctrica de la disponibilidad hídrica. Esto no convierte a estas tecnologías en incompatibles con la confiabilidad, pero sí obliga a contar con mecanismos que permitan responder cuando su producción disminuye.

El episodio de 2026 es ilustrativo. Mientras la generación solar acumuló un crecimiento de 78,46% hasta julio, la eólica disminuyó 7,42% y la hidráulica 3,10%. La menor disponibilidad de estas fuentes fue compensada, entre otros recursos, con generación térmica. En particular, el uso de diésel aumentó 1.260% respecto de los primeros siete meses de 2025. El COES atribuyó este comportamiento a una combinación de factores, entre ellos el corte del suministro de gas natural a través del gasoducto de TGP registrado en marzo, restricciones de transmisión en el norte y la menor producción hidroeléctrica y eólica.

El sistema enfrenta así una paradoja: mientras las renovables reducen costos y emisiones cuando existe disponibilidad del recurso, una menor producción simultánea puede obligar a utilizar generación térmica más cara. La respuesta, por tanto, no consiste en frenar la expansión renovable, sino en incorporar flexibilidad al sistema.

El respaldo: gas, almacenamiento y servicios complementarios
En este punto aparece el papel que Vásquez asigna al gas natural. “El gas natural nos da el combustible barato y la confiabilidad energética” según señala la generación térmica a gas tiene una ventaja para la operación del sistema: puede ser despachada cuando se necesita, lo que permite complementar fuentes variables. El propio MINEM señala que la generación térmica contribuye a garantizar la confiabilidad y continuidad del suministro. En marzo de 2026 representó 31% de la producción eléctrica nacional.

Pero el futuro sistema eléctrico no debería depender de una sola tecnología de respaldo. La flexibilidad también puede provenir del almacenamiento, de centrales hidráulicas con capacidad de regulación, de interconexiones, de servicios complementarios y de mecanismos de gestión de la demanda.

Baterías: almacenar cuando sobra para utilizar cuando hace falta
Una planta solar puede generar grandes cantidades de electricidad durante las horas de mayor radiación, pero su producción cae al atardecer. Una batería permite almacenar parte de esa energía y entregarla posteriormente. El desafío es que el almacenamiento todavía necesita una arquitectura regulatoria que determine cómo se remunera y qué servicios puede prestar.

Vásquez identifica este punto como uno de los pendientes del mercado eléctrico: “Uno de los temas pendientes de nuestra regulación es definir cómo se va a incentivar la inversión en sistemas de almacenamiento y cómo se va a integrar eso al esquema tarifario”.

Las horas de congestión en líneas de alta tensión aumentaron de 7,88 a 66,20 durante julio, una señal de que la transmisión será clave para conectar el potencial renovable con los centros de consumo.

La pregunta es especialmente relevante porque una batería no presta una única función. Puede almacenar energía, entregar potencia durante períodos de alta demanda, reducir congestiones y contribuir a determinados servicios de estabilidad de la red. Por eso, el debate no debería reducirse al precio de una batería, sino al valor sistémico de los servicios que puede proporcionar.

Vásquez plantea que las empresas renovables deberían asumir la responsabilidad de garantizar los compromisos que adquieren con las distribuidoras. Para ello podrían utilizar baterías, contratos de respaldo u otros mecanismos. “Ellos verán cómo garantizan esa potencia y energía, si ponen su batería o si hacen un contrato de respaldo”.

Sin transmisión no hay transición
El episodio de julio introduce además otra dimensión: la electricidad puede existir, pero no necesariamente llegar donde se necesita.

Las 66,20 horas de congestión registradas por el COES en líneas de alta tensión durante julio, frente a 7,88 horas un año antes, muestran que la infraestructura de transmisión puede convertirse en un cuello de botella para la transición. La línea Carabayllo-Chimbote 1 concentró 55,80 horas de esa congestión.

Esto adquiere especial relevancia si se considera que buena parte del potencial renovable peruano se encuentra en regiones alejadas de los principales centros de consumo.

 

El MINEM estima un potencial de 937 GW de energía solar, 70 GW de hidroenergía, 20 GW de energía eólica y 3 GW de geotermia. Se trata de recursos potenciales, no de capacidad instalada, pero dimensionan la oportunidad de expansión que enfrenta el país.

El reto será conectar ese potencial con la demanda.
Por eso, las redes inteligentes adquieren importancia. El Perú cuenta con una Hoja de Ruta de Redes Eléctricas Inteligentes 2023-2030, que contempla la incorporación de tecnologías digitales, medición inteligente y recursos energéticos distribuidos.

La transformación de las redes permitirá gestionar una matriz más compleja, con generación distribuida, almacenamiento, electromovilidad y consumidores capaces de modificar sus patrones de consumo.

La energía más barata también puede ser la que no se consume
La eficiencia energética completa esta transformación y merece una consideración propia porque suele quedar relegada frente a las grandes inversiones en generación.

La lógica es sencilla: cada unidad de energía que deja de consumirse gracias a una mejora de eficiencia reduce la necesidad de generar, transportar y eventualmente respaldar esa electricidad.

El propio MINEM viene impulsando instrumentos como auditorías energéticas, estándares mínimos de eficiencia, etiquetado energético y medidas de ecoeficiencia. En 2026, además, el ministerio continuó promoviendo tecnologías como iluminación LED, medidores y enchufes inteligentes y automatización para mejorar el uso de la energía. La eficiencia, por tanto, no debería considerarse únicamente una política ambiental. También es una herramienta de seguridad energética y competitividad.

El país cuenta con un potencial estimado de 937 GW de energía solar, 20 GW de energía eólica y 70 GW de hidroenergía. El desafío es convertir esos recursos en energía disponible y confiable.

Hidrógeno verde: descarbonizar donde electrificar es más difícil
Hay sectores industriales y aplicaciones de transporte para los que la electrificación directa puede resultar más compleja. Allí aparece el hidrógeno verde como un vector energético con potencial para reducir emisiones. Nuestro país cuenta con la Ley N.° 31992, Ley de Fomento del Hidrógeno Verde, y el MINEM prepublicó en 2025 el proyecto de reglamento orientado a establecer condiciones para su investigación, producción, almacenamiento, transporte, comercialización y exportación.

Su desarrollo, sin embargo, dependerá de contar con electricidad renovable competitiva, infraestructura y demanda. En otras palabras, el hidrógeno verde será tan competitivo como lo sea el ecosistema energético que lo sustente.

CCUS: una alternativa para las emisiones difíciles de evitar
La captura, utilización y almacenamiento de carbono —CCUS— constituye otra pieza de la transición, especialmente para industrias cuyas emisiones son difíciles de eliminar mediante electrificación o eficiencia.

En Perú todavía se encuentra en una etapa incipiente. Un proyecto de cooperación técnica de la GIZ, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, viene apoyando el desarrollo de medidas de mitigación que incorporen CCUS.

Su incorporación debe entenderse como una tecnología complementaria y de largo plazo, no como sustituto de la eficiencia energética o de las fuentes renovables. La transición, en suma, no tendrá una sola tecnología ganadora. Será una combinación de soluciones.

El verdadero cuello de botella: reglas e instituciones
Vásquez considera que el Perú ha perdido capacidades técnicas en el Estado debido a la alta rotación de funcionarios.

“Ha habido una pérdida de competencias técnicas en los ministerios, especialmente en Energía y Minas, por la rotación de funcionarios”. Su diagnóstico forma parte de una posición personal y de un debate más amplio sobre la institucionalidad energética. Pero plantea una cuestión que trasciende la coyuntura: las inversiones en infraestructura energética requieren horizontes de largo plazo y reglas previsibles.

El entrevistado propone que las nuevas licitaciones permitan competir a las tecnologías bajo un principio de neutralidad tecnológica, pero que los contratos garanticen energía y potencia durante las 24 horas.

“Que entren las solares en bloques de energía y potencia completo, las veinticuatro horas”. El planteamiento desplaza la discusión desde qué tecnología debe ganar hacia qué producto necesita el sistema.

Si el mercado requiere electricidad disponible durante todo el día, cada generador podrá decidir cómo cumplir ese compromiso: mediante almacenamiento, generación propia, contratos de respaldo u otras soluciones.

Una transición que también debe ser socialmente sostenible
Toda esta transformación tendrá un costo. Se necesitarán nuevas centrales, líneas de transmisión, sistemas de almacenamiento, infraestructura de gas, redes inteligentes y tecnologías emergentes.

La cuestión será determinar cómo se financian esas inversiones y cómo se distribuyen sus costos. Los episodios recientes de mayores costos marginales muestran que las decisiones técnicas tienen finalmente consecuencias económicas. Si el sistema debe recurrir a generación de mayor costo o enfrenta restricciones de transmisión, el impacto puede alcanzar a empresas y consumidores.

Por eso, la transición justa no debería limitarse al retiro de tecnologías intensivas en carbono o a la creación de empleos verdes. También implica garantizar seguridad energética, tarifas razonables y competitividad para las actividades productivas.

Una infraestructura energética para las próximas décadas
En esta arquitectura, Vásquez también asigna un papel importante a la masificación del gas natural. Su propuesta contempla un plan vinculante de infraestructura gasífera y plantea incluso la construcción de un anillo que permita conectar distintas zonas del sur del país.

“Lo ideal sería hacer un anillo gasífero en el sur (…) para la redundancia energética”.

Las baterías pueden aportar flexibilidad al sistema eléctrico, pero su expansión requiere definir mecanismos regulatorios que incentiven la inversión y reconozcan el valor de los servicios que ofrecen.

El objetivo sería ampliar las alternativas de suministro y reducir las restricciones que pueden limitar el uso del gas en generación y otros sectores. La discusión, sin embargo, debe insertarse dentro de una planificación energética de largo plazo. La infraestructura que se construya hoy tendrá que convivir durante décadas con una matriz eléctrica progresivamente más renovable.

El desafío es integrar las piezas
La transición energética peruana se parece cada vez menos a una sustitución de una tecnología por otra y más a la construcción de un sistema integrado. La solar y la eólica pueden aportar nueva generación renovable; la hidráulica continuará desempeñando un papel relevante; el gas natural puede aportar flexibilidad; las baterías pueden almacenar energía y prestar servicios al sistema; las redes inteligentes pueden mejorar la gestión; la eficiencia puede reducir la demanda; el hidrógeno puede contribuir a descarbonizar sectores difíciles de electrificar; y el CCUS puede abordar determinadas emisiones residuales.

La transición, por tanto, no dependerá únicamente de cuántos megavatios renovables se incorporen. Dependerá de la capacidad del Perú para construir transmisión antes de que aparezcan los cuellos de botella, almacenamiento antes de que aumente la variabilidad, reglas antes de que lleguen las nuevas inversiones y capacidades institucionales antes de que las decisiones tecnológicas se conviertan en problemas regulatorios.

Como resume Vásquez: “Acá todas las tecnologías funcionan, pero cada una tiene su rol”. La verdadera discusión energética del Perú no será entonces escoger entre gas natural, sol, viento, agua, baterías o hidrógeno. Será diseñar las condiciones para que cada tecnología pueda aportar aquello que el sistema necesita.

Porque descarbonizar la matriz eléctrica es solo una parte de la transición. La otra —igual de importante— será conseguir que, cuando el sol no brille, el viento no sople o el agua escasee, la electricidad siga estando disponible, llegue a donde se necesita y pueda ser pagada por quienes la consumen.

Electrificación, el reto minero

La tecnología para electrificar la minería ya está disponible, pero la infraestructura eléctrica aún representa el principal cuello de botella. Fernando Sandoval, Sales Manager Minería de Nexans para Sudamérica, advierte que Perú puede aprender de la experiencia chilena y anticiparse al desafío mediante redes más robustas, energías renovables, reciclaje y nuevas soluciones eléctricas. Nexans es uno de los principales proveedores de cables para la minería latinoamericana, siendo representada en Perú por Indeco by Nexans.

La electrificación de la minería dejó de ser una posibilidad tecnológica para convertirse en una necesidad asociada a la eficiencia operacional y la reducción de emisiones. Sin embargo, el principal desafío ya no estaría en disponer de equipos eléctricos, sino en contar con la infraestructura necesaria para llevar suficiente energía hasta las operaciones mineras.

Así lo sostiene Fernando Sandoval, Sales Manager Minería de Nexans para Sudamérica, quien considera que Chile está algo más avanzado en este proceso, aunque su experiencia deja una lección para Perú: la incorporación de tecnologías eléctricas debe ir acompañada del fortalecimiento de las redes.

“La tecnología existe. Hoy día tenemos, por ejemplo, camiones eléctricos e incluso camiones que se alimentan a través de un sistema de trolley para cargarse”, explica.

El ejecutivo menciona también la migración hacia sistemas eléctricos de ventilación y calefacción en minería subterránea, así como la electrificación de los sistemas de impulsión de agua. El problema, afirma, está en la capacidad eléctrica instalada.

Perú debe fortalecer sus redes eléctricas antes de acelerar la incorporación de equipos mineros eléctricos.

“El punto que hoy frena un poco es la capacidad eléctrica de lo que está instalado”, señala. En determinadas operaciones, las subestaciones son pequeñas o no existe capacidad suficiente para llevar la energía requerida.

La lección de Chile
Para Sandoval, esta situación constituye una experiencia que Perú debería considerar al planificar su transición energética minera.

“La experiencia chilena muestra que la incorporación de tecnología eléctrica debe planificarse junto con el refuerzo de la capacidad de alimentación. Es un aprendizaje que Perú puede aprovechar”, afirma.

Perú cuenta con proyectos de generación renovable, pero el desafío está en conectar esa oferta con las operaciones mineras. “Perú tiene energía; lo que falta es consolidar la infraestructura necesaria para llevarla de manera eficiente hasta las minas”, sostiene.

El ejecutivo destaca que no necesariamente se requiere construir toda la infraestructura desde cero. Existen soluciones que permiten incrementar la capacidad de las redes mediante conductores especializados y procesos de repotenciación, aprovechando las actuales “carreteras eléctricas”.

Camiones, el gran desafío
Entre los procesos con mayor potencial de electrificación están los camiones de extracción.

“Uno de los principales consumos dentro de una minera es el tema de los camiones diésel. Pasar a camiones eléctricos es uno de los principales factores que va a hacer que sea más verde la producción”, afirma.

En minería subterránea también existen oportunidades en ventilación y calefacción, mientras que la impulsión de agua constituye otra área con potencial de sustitución de combustibles fósiles.

Pero electrificar equipos no basta. Para que exista una reducción real de emisiones, la electricidad utilizada debe provenir progresivamente de fuentes renovables.

“No saco nada con tener todo electrificado en la minera si la generación sigue siendo de fósiles”, advierte Sandoval.

Por ello, plantea que deben avanzar simultáneamente la generación renovable, la transmisión de esa energía y la electrificación de los equipos que la consumen.

Más cobre para la transición
El desafío adquiere otra dimensión debido al aumento esperado de la demanda de cobre, impulsado por la propia transición energética.

“La demanda de cobre es real y va asociada al cambio climático”, sostiene Sandoval. Sin embargo, considera que la brecha entre oferta y demanda será difícil de cerrar rápidamente debido al lento crecimiento de la producción minera, los mayores costos de capital y materiales y el contexto geopolítico.

También influye la experiencia del ciclo 2012–2014, cuando la oferta superó a la demanda. Hoy las mineras son más conservadoras al comprometer capacidad y prefieren avanzar detrás de la demanda antes que adelantarse a ella.

Los camiones diésel concentran una de las principales oportunidades para reducir emisiones mediante electrificación.

“Los mineros son muy conservadores. No quieren volver a repetir eso. Van muy ahora detrás. Prefieren que esté la demanda por sobre la oferta”, explica.

Frente a este escenario, la respuesta deberá combinar nuevas minas, ampliaciones, mejoras de productividad y reciclaje.

El cobre que ya existe
El reciclaje aparece como una alternativa para complementar la nueva producción.

“Hoy día podemos sacar mucho cobre del reciclaje”, afirma Sandoval. El Grupo Nexans desarrolla actividades de recuperación en Chile y Perú y plantea como meta que, hacia 2028, el 25% del material utilizado sea cobre reciclado.

La compañía estima que aproximadamente 60% del cobre producido en el mundo se destina a cables, lo que representa un importante potencial de recuperación.

Además, a diferencia de los combustibles fósiles, el cobre puede volver a utilizarse.

“El cobre lo puede reciclar infinitas veces. Ese tema podría ayudar fuertemente a cortar esa brecha”, sostiene.

Sandoval también destaca la eficiencia asociada al uso del cobre. “Entre más cobre se use, menos pérdidas hay”, explica, debido a su elevada conductividad.

Demanda por soluciones eléctricas
El crecimiento de la electrificación también está elevando la demanda de cables y soluciones especializadas. Sandoval sostiene que Nexans se encuentra entre los principales proveedores de cables para la minería latinoamericana, a través de sus operaciones en la región. En Perú, representada por Indeco by Nexans.

La compañía apunta a que 25% del material utilizado sea cobre reciclado en los próximos años.

La compañía señala que la fuerte demanda del sector mantiene a sus plantas con un alto nivel de actividad, y su estrategia regional apunta a ampliar y especializar capacidades para responder a ese crecimiento.
Pero el mercado también demanda soluciones que vayan más allá del cable.

“Hoy día no solamente estamos entregando el cable, sino también una solución”, explica Sandoval.

Entre ellas están los cables conectorizados y sistemas plug and play, que llegan a las operaciones preparados para su instalación. Esto resulta especialmente relevante en faenas de altura o expuestas a condiciones climáticas adversas.

“Si yo estoy aportando a que el producto también facilite el trabajo, la manipulación, es un beneficio para la minería. No solamente en temas de costo, sino también en temas de seguridad y continuidad operacional”, concluye.

La transición energética minera, en suma, no dependerá únicamente de incorporar camiones eléctricos o sistemas de ventilación electrificados. Requerirá desarrollar toda una cadena: generación renovable, transmisión, redes robustas, equipos, cables, soluciones de conexión y reciclaje.

Para Perú, la experiencia chilena plantea una advertencia concreta: el límite de la electrificación minera no estará solamente en la tecnología disponible, sino en la capacidad de llevar energía suficiente, limpia y confiable hasta las operaciones.

La ecuación Komatsu-Mitsui de la minería subterránea: productividad, precisión y costo por metro

“Los clientes evalúan no solo el precio de adquisición, sino también la confiabilidad del equipo, disponibilidad de repuestos, soporte técnico, productividad y costo por metro avanzado”, señala Diego Salgado, gerente general de Construcción y Minería subterránea de la empresa

La industria minera subterránea en Perú está transitando hacia una nueva forma de evaluar la incorporación de maquinaria. En un escenario marcado por la necesidad de elevar la productividad y controlar los costos operacionales, la discusión ya no se concentra exclusivamente en cuánto cuesta adquirir un equipo, sino en cuánto valor puede generar durante su vida útil. Ese cambio se refleja en el mercado de equipos de perforación, donde confluyen la renovación de flotas, las ampliaciones de operaciones existentes y los nuevos desarrollos mineros. Para Diego Salgado, gerente general de Construcción y Minería subterránea de Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú, los clientes están realizando una evaluación cada vez más integral antes de comprometer una inversión.

“Los clientes evalúan no solo el precio de adquisición, sino también la confiabilidad del equipo, disponibilidad de repuestos, soporte técnico, productividad y costo por metro avanzado”, señala. La renovación de flotas y la expansión de operaciones están abriendo espacio para nuevos equipos de perforación en el país. En Komatsu-Mitsui advierten que las mineras están sofisticando sus criterios de inversión: además del precio de adquisición, pesan cada vez más la disponibilidad, productividad, soporte técnico y costo total de propiedad.

La ecuación adquiere especial relevancia en las labores de desarrollo, donde el desempeño de los equipos de perforación puede incidir directamente en los resultados posteriores del ciclo minero.

Del precio de la máquina al costo total de propiedad
La elección de un equipo comienza, según Salgado, por entender las características de cada operación. Las dimensiones de las labores, el tipo y las condiciones de la roca, la sección de excavación, la longitud y diámetro de perforación, el diseño del disparo y la productividad requerida forman parte de las variables técnicas que deben considerarse.

A ellas se agregan las condiciones ambientales. En Perú, la operación a gran altitud constituye uno de los factores que deben incorporarse al momento de definir una solución tecnológica. Desde el punto de vista financiero, la variable central es el costo total de propiedad o TCO, en inglés. Este considera no solo la inversión inicial, sino también mantenimiento, repuestos, consumibles, vida útil de componentes, disponibilidad y productividad.

“Debemos entender cuánto le cuesta al cliente cada metro efectivamente avanzado y qué impacto tiene el equipo en todo el ciclo de desarrollo”, afirma Salgado. La lógica supone trasladar la discusión desde el valor de adquisición hacia el desempeño económico de la máquina durante toda su permanencia en faena.

Una oferta que busca ir más allá del equipo
En ese contexto, Komatsu-Mitsui viene ampliando su propuesta para minería subterránea. Su portafolio incluye equipos de perforación y sostenimiento como el jumbo ZJ21 y el empernador ZB21, además de las perforadoras Montabert. La compañía apunta a combinar productividad, precisión y confiabilidad, mediante tecnologías que permitan facilitar la operación y mantener parámetros de trabajo más consistentes.

Salgado pone énfasis en que la competencia no se limita a las características técnicas de la maquinaria. La propuesta incorpora soporte técnico, disponibilidad de repuestos, capacitación y seguimiento durante el ciclo de vida del equipo.

En Perú, la operación a gran altitud constituye uno de los factores que deben incorporarse al momento de definir una solución tecnológica. Desde el punto de vista financiero, la variable central es el costo total de propiedad.

Esta dimensión resulta especialmente relevante en Perú, donde las operaciones presentan condiciones diversas, labores de distintas dimensiones y faenas ubicadas a gran altitud. El objetivo es establecer una relación basada en resultados operacionales y no únicamente en la entrega de una máquina.

Precisión: una variable que impacta todo el ciclo
En las labores de desarrollo, la calidad de la perforación tiene consecuencias que pueden extenderse a las etapas posteriores del proceso. Una correcta posición de los taladros permite mejorar la distribución del explosivo, lograr avances más consistentes y controlar de mejor manera el perfil de la excavación.

Una mayor precisión también puede contribuir a reducir la sobreexcavación y los costos derivados del sostenimiento, carguío y acarreo de material adicional.

Por eso, para evaluar el desempeño de un jumbo, la velocidad de perforación es solo uno de los indicadores. Salgado incorpora a la ecuación los metros avanzados por disparo, el cumplimiento del diseño, el tiempo de ciclo, la disponibilidad y el costo por metro de avance. “La tecnología tiene valor cuando finalmente se traduce en mejores resultados para la operación”, sostiene.

Automatización: tecnología y preparación operacional
La automatización y la digitalización están avanzando progresivamente en la minería subterránea. Los equipos incorporan herramientas destinadas a mejorar la precisión, consistencia y seguridad de las operaciones. El ZJ21, por ejemplo, incorpora funciones que facilitan determinadas etapas de la perforación y permiten mantener parámetros de operación más uniformes.

Sin embargo, la tecnología por sí sola no garantiza una mejora de productividad. para aprovechar estas herramientas, plantea Salgado, las operaciones deben contar con operadores y técnicos capacitados, infraestructura de comunicaciones, disciplina operacional y una gestión adecuada de los datos.

La automatización debe ser entendida, en este contexto, como una herramienta de apoyo. “No busca reemplazar a las personas, sino entregarles mejores herramientas para tomar decisiones y operar de manera más segura y productiva”, explica.

Uno de los cambios que observa Komatsu-Mitsui es la importancia creciente del acompañamiento posterior a la compra. La compañía trabaja con compañías mineras y empresas contratistas en Perú y viene fortaleciendo sus capacidades locales para responder a los requerimientos de la minería subterránea y desarrollar conocimiento especializado en perforación.

El seguimiento considera indicadores como disponibilidad, utilización, productividad, metros perforados, avance por disparo, costos de mantenimiento y costo por metro. Por razones de confidencialidad, la empresa no siempre puede revelar los nombres de las operaciones en las que trabaja ni sus resultados específicos. Sin embargo, cada implementación constituye, según Salgado, una oportunidad para generar conocimiento local y comprender mejor las necesidades de los clientes.

Un mercado que mira hacia la automatización y electrificación
Las perspectivas para el negocio de perforación subterránea son positivas, de acuerdo con el ejecutivo. La ampliación de operaciones existentes, los nuevos proyectos y la renovación de flotas representan oportunidades para los fabricantes y proveedores de tecnología.

Al mismo tiempo, el mercado enfrenta una transformación tecnológica. La automatización, digitalización y electrificación están modificando progresivamente la forma en que se diseñan y operan los equipos mineros.

Para Komatsu-Mitsui, el desafío estará en llevar esas soluciones al mercado peruano acompañándose de las capacidades locales necesarias para capturar su potencial. En esa transición, la vara para medir una inversión parece desplazarse. la pregunta ya no es únicamente qué equipo comprar, sino qué desempeño puede entregar y cuánto cuesta, finalmente, cada metro avanzado. Y es precisamente allí donde la perforación comienza a ser evaluada no como una operación aislada, sino como una pieza determinante de toda la cadena de desarrollo subterráneo.

Renzo Lea

Renzo Lea

Asociado, Perú Renovable

Las energías renovables y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la matriz energética peruana

Cuando se debate sobre el cambio climático en el Perú, la conversación suele girar en torno a cuántos megavatios solares o eólicos se han instalado. Sin embargo, la pregunta más relevante desde el punto de vista climático es otra: ¿de dónde provienen realmente los GEI del país? La respuesta más reciente y oficial proviene del Primer Informe Bienal de Transparencia del Perú (BTR1-Perú), publicado en diciembre de 2024 por el Ministerio del Ambiente (MINAM) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Este documento incorpora el Inventario Nacional de GEI (INGEI) con datos actualizados al 2021 y revela que las emisiones netas del país alcanzaron 194.9 MtCO₂eq, donde la principal fuente sigue siendo el sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS), básicamente la deforestación amazónica, que concentra 43.5% del total nacional, seguido por el sector energético con 31.8%. Es indispensable entender esta distribución para evaluar el peso real de las energías renovables en la estrategia climática peruana.

Dentro del sector energético, el transporte es el subsector con mayores emisiones: el metano (CH₄) y el óxido nitroso (N₂O) provienen de la actividad agropecuaria, mientras que el CO₂ tiene su mayor fuente en el UTCUTS. Esta radiografía revela que ampliar las energías renovables es necesario pero no suficiente, puesto que la descarbonización real del Perú requiere también combatir la deforestación y electrificar el transporte. Perú aporta únicamente el 0.35% de las emisiones globales de GEI, pero se sitúa entre los tres países más vulnerables a los efectos del cambio climático¹, lo que otorga especial urgencia a toda política climática integral.

Así, al actualizar sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en 2020, Perú elevó su compromiso a una reducción del 40% de emisiones para 2030, condicionada a financiamiento internacional equivalente a no superar las 179 MtCO₂eq ese año, con una meta no condicionada de techo en 208.8 MtCO₂eq netas. En noviembre de 2025, Perú presentó su NDC 3.0, la cual reafirma su compromiso climático y amplía las medidas de mitigación a más de 150 acciones³ ⁴. Asimismo, la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 (ENCC2050) añade la meta de neutralidad de carbono a mediados de siglo, lo que exige transformaciones estructurales en el sector forestal, el transporte y la generación eléctrica.

Para el segmento eléctrico, el Decreto Legislativo N° 1002 (2008) habilitó las subastas de Recursos Energéticos Renovables (RER), con las que el Estado atrajo inversiones en centrales solares y eólicas desde 2013. El objetivo vigente es alcanzar el 20% de generación RER no convencional para 2030, multiplicando por 2.5 la participación actual en menos de una década. No obstante, dicha meta es solo una pieza de una ecuación climática mucho más amplia.

Llegar al 20% de RER no convencionales para 2030 es hoy un objetivo alcanzable al ritmo actual, pero insuficiente como única apuesta climática.

Al cierre de 2025, las fuentes RER no convencionales: solar, eólica, bagazo y biogás cubrieron el 13% de la generación eléctrica nacional, con un crecimiento interanual del 27% certificado por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Dicho incremento se explica, en gran medida, por las entradas en operación de la Central Solar San Martín (252 MW, Arequipa) y la primera etapa de la Central Solar Sunny (204 MW), que sumaron 456 MW al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) con una inversión conjunta de USD 306 millones⁵.

La tendencia es, pues, preocupante: la industria eléctrica incrementó su huella de carbono en 300% entre 1990 y 2024, mientras que el sector transporte creció 262% en el mismo período. Esto ilustra tanto el avance en las energías renovables como la magnitud del reto pendiente.

Así, llegar al 20% de RER no convencionales para 2030 es hoy un objetivo alcanzable al ritmo actual, pero insuficiente como única apuesta climática (el sector UTCUTS exige políticas de conservación forestal con igual o mayor urgencia, por ejemplo). Pese a contar con un alto potencial solar y eólico, la participación de estas fuentes sigue siendo reducida por la falta de nuevas subastas RER y las barreras administrativas y financieras que frenan su incorporación al sistema.

Por otro lado, el gas natural seguirá siendo el respaldo operativo indispensable durante la transición, puesto que su flexibilidad cubre la variabilidad eólica y solar. Sin embargo, la matriz de generación eléctrica del Perú aún depende, aproximadamente, en 40% de centrales termoeléctricas (principalmente a gas natural), mientras que las fuentes renovables no convencionales cubren apenas el 13%⁶. El riesgo es que esa dependencia se extienda más allá de lo que los compromisos climáticos permiten, especialmente si no avanzan en paralelo el almacenamiento energético y las redes inteligentes.

En suma, reducir las emisiones de GEI en el Perú no es sinónimo de instalar paneles solares. Es una tarea que cruza bosques amazónicos, flotas de transporte urbano, procesos industriales y sistemas de generación eléctrica. Las energías renovables son un pilar indispensable y su expansión reciente es alentadora, pero el país necesita una política climática integral que trate cada fuente de emisión con la misma rigurosidad con que trata los megavatios renovables.


¹ Plataforma Transición Energética
² Procesos Industriales y Uso de Productos (PIUP)
³ MINAM
⁴ Entre las principales acciones de mitigación destacadas en la NDC 3.0 se encuentran: i) transición energética segura y sostenible, ii) desarrollo de un sistema de transporte público integrado, iii) gestión sostenible de residuos, iv) impulso del enfoque de economía circular, y v) implementación de programas para reducir la deforestación y promover la gestión sostenible de los ecosistemas boscosos.
⁵ MINEM
⁶ Al 2025.

Ferreyros entrega el camión minero Caterpillar número 1,000 en el Perú

A lo largo de más de 30 años, los camiones Caterpillar forman parte de la historia y los altos objetivos de producción de operaciones mineras de clase mundial

Ferreyros, líder en maquinaria pesada, entregó a Compañía Minera Antamina el camión minero Caterpillar número 1,000 en el Perú, un hecho histórico en la industria de maquinaria. Este camión emblemático, un CAT 798 de 400 toneladas métricas, se incorporó a las operaciones de Antamina (Áncash), a 4,300 m.s.n.m., tras una ceremonia conmemorativa con líderes de ambas empresas y de Caterpillar.

Desde la introducción en 1994 del primer camión Caterpillar –un CAT 777 de 100 toneladas en Cerro Verde–, el portafolio experimenta una permanente evolución en dimensiones clave, como capacidad de carga y vanguardia tecnológica. Destacan la adopción de los primeros camiones gigantes del Perú, con unidades CAT de 400 toneladas en 2011, y la implementación pionera de los camiones mineros autónomos CAT 794, hace cinco años, con el soporte 24/7 de Ferreyros en las minas.

A lo largo de más de 30 años, los camiones Caterpillar forman parte de la historia y los altos objetivos de producción de operaciones mineras de clase mundial como Antamina, Antapaccay, Cerro Verde, Constancia, Cuajone, Las Bambas, Mina Justa, Pierina, Quellaveco, Toquepala, Toromocho y Yanacocha, que se caracterizan por su aporte permanente al desarrollo del Perú.

“Para Ferreyros es un honor celebrar el legado de 1,000 camiones Caterpillar en nuestro país. Este hito refleja la expansión del sector minero y sus posibilidades de desarrollo; la confianza depositada por nuestros clientes en Ferreyros y Caterpillar; y la solidez de nuestros vínculos de largo plazo”, destacó Gonzalo Díaz Pró, gerente general de esta compañía centenaria.

“La entrega del camión CAT número 1,000 reafirma la contribución líder de Ferreyros y Caterpillar a la minería peruana y nuestra visión de futuro. Continuaremos impulsando la productividad y confiabilidad de las flotas CAT, con un soporte dedicado, y proyectamos nuevos horizontes, como la electrificación y la expansión de tecnologías innovadoras, de la mano con nuestros clientes”, indicó Santiago Basualdo, gerente Central Gran Minería de Ferreyros.

Este hecho se produce en un año de significativas operaciones en la minería. Recientemente, Antamina expandió su flota de camiones ultraclass CAT 798, de máxima envergadura, hasta alcanzar las 45 unidades. Asimismo, Minera Las Bambas adjudicó a Ferreyros la licitación de una amplia flota de maquinaria para la gran minería, con la posibilidad de extenderse a 45 unidades. Entre ellas destaca la totalidad de la flota de camiones ultraclass, compuesta por 27 equipos CAT 798.

CAPACIDADES LÍDERES
El soporte 24/7 de Ferreyros en mina está respaldado por capacidades líderes en la industria, con continuas inversiones; el compromiso con la seguridad y la productividad de las operaciones; una visión transformadora al servicio de la minería, de la mano de un equipo humano comprometido con un servicio de clase mundial.

EN VIDEO: PUESTA EN MARCHA DEL CAMIÓN 1,000
Para documentar la magnitud de este hito, Ferreyros lanzó un video especial que retrata el despliegue logístico, técnico y humano detrás de la puesta en marcha de este equipo emblemático. Registra la llegada, traslado, puesta en marcha y entrega del camión CAT 1,000 en el Perú, que arribó al país vía marítima tras viajar más de 5,000 km, y que hoy contribuye a la producción minera nacional, tras comenzar su operación en Antamina. Video disponible en: bit.ly/camioncat1000

 

Planta Fundición: cambios y mejoras en complejo industrial de Minsur

Un objetivo: la comercialización de los ladrillos refractarios se efectuará a través de empresas comercializadoras (traders)

La Planta Fundición y Refinería de Estaño de Minsur en la provincia de Pisco, región Ica, requiere de una inversión de US$ 9.6 millones para diversos objetivos de optimización. Uno de ellos es la ampliación del 20% del depósito de escoria; otro, la comercialización de ladrillos refractarios; un tercero, la implementación de una nueva balanza de 100 toneladas métricas, entre otros muchos trabajos.

Con respeto al depósito de escoria, Minsur sostiene que se encuentra próximo a alcanzar su capacidad máxima autorizada (cota 75), por lo que la habilitación de la nueva banqueta hasta la cota 77,5 m s.n.m. es indispensable para evitar interrupciones en el ciclo de producción de estaño. Esta ampliación vertical se desarrollará sobre la huella aprobada, pero se reducirá el área de la ampliación a 3,24 ha, permitiendo la recepción de un volumen incremental de 75 000 m3 de escoria.

La empresa del Grupo Breca señala que la preparación mecánica de los ladrillos refractarios usados (provenientes de la Planta Fundición y Refinería de Estaño) se realizará en la planta concentradora de la unidad minera San Rafael (Puno) para la recuperación del estaño.

Como parte de una prueba industrial, se trasladaron a San Rafael aproximadamente 306 toneladas de ladrillo refractario con contenido de estaño, las cuales fueron procesadas obteniéndose concentrado. Sin embargo, la recuperación obtenida fue inferior a la esperada, por lo que la reincorporación de la totalidad del material procesado como concentrado de estaño a la Planta de Fundición no resulta actualmente eficiente.

Minsur, además, proyecta instalar 3 cristalizadores automatizados para producción de Estaño 4N y Low Lead.

La comercialización de los ladrillos refractarios se efectuará a través de empresas comercializadoras (traders), quienes gestionarán su colocación con la empresa que finalmente empleará el material como insumo directamente aprovechable para el desarrollo de sus actividades. La comercialización se realizará de manera eventual; en los períodos o fracciones del material en que no se concrete la comercialización, este continuará siendo reincorporado al proceso de la Planta de Fundición en forma de concentrado de estaño.

La compañía, una de las más importantes productoras de estaño del mundo, también requiere descongestionar el área de operaciones de la balanza actual (la cual está ubicada en el frontis del almacén central) y gestionar el flujo de ingreso de camiones de una manera segura y ágil. Por tal razón, planea incorporar una balanza (adicional a la aprobada) de 100 tm para el pesaje de camiones. Minsur habilitará un área de 180 m² que actualmente está libre en la parte externa de planta para la implementación de la nueva balanza.

Otra labor vital es implementar un Sistema de Seguridad en Fajas Planta que integrará los sistemas de detección, alarma y extinción de incendios. Actualmente, la faja principal de abastecimiento no cuenta con protección contra incendios.

Minsur, además, proyecta instalar 3 cristalizadores automatizados para producción de Estaño 4N y Low Lead. Actualmente, la producción de estaño de alta pureza se encuentra limitada por la capacidad de los cristalizadores existentes y la disponibilidad/flexibilidad de las ollas de refinación de 30 toneladas en la refinería. Por ello, la empresa plantea la optimización de la línea de producción mediante la adquisición e instalación de tres cristalizadores automatizados para el reemplazo de los cristalizadores existentes. La implementación de estos equipos automatizados permitirá pasar de una producción actual de aproximadamente 25–30 ton/mes a 130 ton/mes de calidad 4N, y de 300 ton/mes a 500 ton/mes de calidades STD25 y STD50.

APM Terminals: US$ 13.8 millones para dragado en Terminal Norte del Callao

La necesidad de los cambios se origina en la compatibilización de la ingeniería revisada con las condiciones batimétricas actualizadas

El Terminal Norte Multipropósito, de APM Terminals ubicado en el área industrial del puerto del Callao, principal puerto del Perú, proyecta invertir US$ 13.8 millones para realizar el ajuste del perfilado del talud del nuevo Muelle 5C y modificar las condiciones de profundidad en el sector del Muelle Centro N.° 4.

La necesidad de los cambios se origina en la compatibilización de la ingeniería revisada con las condiciones batimétricas actualizadas y con los requerimientos constructivos de las obras aprobadas para la Etapa 3B. En ambos casos, las intervenciones corresponden a ajustes localizados dentro del ámbito de las obras marítimas evaluadas, indicó APM Terminals.

Ajuste del perfilado del talud del nuevo Muelle 5C
Como resultado de la revisión de la ingeniería, APM Terminals requiere ajustar localmente el perfil del fondo por debajo de la cota -16,00 m NMBSO (siglas de Nivel Medio de Bajamares de Sicigias Ordinarias), con el fin de obtener la geometría necesaria para la conformación constructiva del talud y la colocación de su protección.

Las dragas TSHD y la BHD operarán con personal técnico idóneo y con experiencia internacional en la ejecución de proyectos de dragado de características similares.

La ejecución del perfilado del talud del nuevo Muelle 5C se realizará con una draga tipo retroexcavadora (Backhoe Dredger o BHD), con apoyo de una barcaza autopropulsada de tolva partida (Split Hopper Barge o SHB) para el manejo y transporte del material extraído.

Modificación de la profundidad de dragado y conformación de transición en el Muelle Centro N° 4
La empresa ha identificado la necesidad de ajustar la superficie de dragado del Muelle Centro N.° 4 hasta la cota de -13,80 m NMBSO y, de manera complementaria, conformar una superficie de transición en la zona de entremuelles, a fin de compatibilizar la nueva configuración del fondo marino con las profundidades preexistentes de las zonas contiguas que no serán intervenidas.

El cambio comprende la modificación de la profundidad de dragado del Muelle Centro N.° 4 hasta la cota -13,80 m NMBSO y la conformación de una transición batimétrica progresiva en la zona de entremuelles, con cotas comprendidas entre -10,00 m y -13,80 m NMBSO. Esta transición enlazará la nueva superficie de dragado con los sectores adyacentes del fondo marino que conservarán sus profundidades preexistentes.

La compañía empleará una draga de arrastre y succión con tolva (Trailing Suction Hopper Dredger o TSHD) y la BHD, con apoyo de SHB para las operaciones asociadas a la BHD.

Las dragas TSHD y la BHD operarán con personal técnico idóneo y con experiencia internacional en la ejecución de proyectos de dragado de características similares. La SHB contará con personal extranjero debidamente certificado y calificado para la operación de este tipo de embarcaciones, en cumplimiento de la normativa internacional aplicable.

Jorge Pasco

Jorge Pasco

Senior Partner Córdova y Pasco Asociados

El conflicto de la «Emergencia Operativa»: la transformación del regulador en rector

En el fútbol, la FIFA fija las reglas y el árbitro las aplica: no puede inventar a mitad del partido una nueva forma de anotar un gol ni sancionar una jugada que el reglamento no contempla. ¿Qué ocurre cuando el árbitro decide reescribir las reglas?

¿Quién pone las reglas del juego?
En el subsector hidrocarburos del Perú ocurre algo similar. El MINEM es la FIFA: el Ente Rector con autoridad para establecer las reglas sustantivas —obligaciones y definiciones— para todas las empresas. El Osinergmin es el árbitro: supervisa, fiscaliza y sanciona el cumplimiento de las reglas que el MINEM ya fijó.

La regla original del MINEM
En el Decreto Supremo N.º 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, el MINEM fijó una definición oficial de «Emergencia». Para que un evento sea reportable ante Osinergmin deben concurrir tres elementos:
— El hecho: una situación generada por la ocurrencia de un evento. Por sí solo es amplio; los dos elementos siguientes le dan sentido práctico y jurídico.
— El origen: solo cuatro causas posibles —incidente, accidente, siniestro o desastre—. No hay otras.
— La condición: la situación debe requerir la movilización de recursos para ser atendida.

El propio reglamento dispuso que sus definiciones prevalecen sobre cualquier norma que se les oponga. La regla era clara y jerárquicamente superior; a Osinergmin solo le correspondía aplicarla en sus términos, sin desnaturalizarla.

Aunque los reguladores gozan de potestad normativa, el reglamento le asignó a Osinergmin un encargo muy específico: fijar los formatos y procedimientos de reporte. Su tarea era definir cómo se reporta, no qué se reporta.

Sin embargo, mediante la RCD N.º 172-2009-OS-CD —Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en materia de Emergencias y Enfermedades Profesionales— introdujo una nueva categoría que alteró la regla del rector: la «Emergencia Operativa».

Conforme al artículo 26 del reglamento, toda Emergencia activa obligaciones y consecuencias jurídicas para el administrado. Ampliar ilegalmente sus supuestos implicó, en la práctica, ampliar esas obligaciones, transgrediendo las competencias rectoras del MINEM.

Inicialmente, Osinergmin la definió como la «paralización total de instalaciones por un periodo mayor a 12 horas». Ya era ilegítima, pero al menos contenía un umbral concreto.

Lejos de corregir su intromisión, en 2021, mediante la R.C.D. N.º 253-2021-OS-CD, eliminó todo límite temporal: la definición pasó a ser la «paralización o interrupción de la continuidad del servicio de una o más instalaciones o unidades». La categoría se volvió radicalmente más vaga y expansiva.

Al añadir y luego ampliar esta quinta causa, Osinergmin no solo modificó una definición: desafió principios fundamentales del derecho administrativo, con una afectación de competencias que se agravó con el tiempo.

Vulneración del principio de legalidad
Las entidades públicas solo pueden hacer lo que la ley les permite expresamente. El numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la Ley N.º 27444 exige actuar «dentro de las facultades que le estén atribuidas». Ninguna ley facultó a Osinergmin a crear o modificar definiciones sustantivas a cargo del Ente Rector; su competencia se limitaba a los formatos de reporte.

Vulneración de la competencia normativa
Cada entidad tiene su cancha definida. La competencia del MINEM para dictar normas sustantivas es exclusiva y se funda en el bloque de constitucionalidad: le correspondía definir qué es una Emergencia. Al crear la «Emergencia Operativa», Osinergmin invadió ese ámbito.

Tres impactos para las empresas
— Inseguridad jurídica. La definición es tan amplia que una parada de mantenimiento o el cambio de un repuesto podrían calificar como emergencia reportable, dejando a las empresas en incertidumbre constante sobre qué y cuándo reportar.
— Cargas desproporcionadas. Sin base habilitante, se exige reportar en dos formatos y en plazos muy cortos, sin atender al costo-beneficio ni a la gravedad: basta una paralización, cualquiera sea su origen. Se transgrede así el principio de razonabilidad.
— Sanciones injustas. Detener un minuto una unidad para cambiar una pieza obliga a tratarlo como Emergencia Operativa. Si no se reporta, o se hace fuera de plazo o sin las formalidades, el operador es sancionado. La Administración crea cargas desproporcionadas y luego castiga su incumplimiento.

Corani: en busca de potenciales recursos adicionales

El Senace, mediante la Resolución Directoral N.° 00137-2026-SENACE-PE/DEAR, ha aprobado un plan exploratorio de la minera de capitales canadienses Bear Creek

El proyecto de plata Corani se ubica en el distrito del mismo nombre, provincia de Carabaya y región Puno. Comprende 13 concesiones mineras bajo la titularidad de Bear Creek Mining en un 100%, y recientemente el Senace, mediante la Resolución Directoral N.° 00137-2026-SENACE-PE/DEAR, ha aprobado un plan exploratorio de la minera de capitales canadienses. El objetivo de la empresa es incluir 12 plataformas de perforación y 20 sondajes con una longitud total conjunta de 7.030 m.

Por tanto, el proyecto contará con 70 plataformas de perforación y 132 sondajes con una longitud total conjunta de 25.276 m, dado que requiere obtener información geológica de potenciales recursos minerales adicionales en la zona del proyecto.

Bear Creek incluirá seis trincheras de exploración de 1.5 m de ancho y 1.5 m de profundidad, cuya longitud total conjunta será de 2.234 m, además de la incorporación de inclusión de 2.81 km de accesos asociados con las nuevas plataformas de perforación propuestas con un ancho de 4 m, lo que haría un total de aproximadamente 34.8 km de largo y con un ancho variable.

En 2024, Eric Caba, presidente y CEO de Bear Creek Mining, dijo que la inversión estimada en el proyecto minero Corani se incrementó de US$ 580 a US$1,300millones.

Bear Creek avanzará a un máximo de 60 m/día por máquina y tendrá un avance promedio de 20,74 m/día por máquina para el periodo de 113 días (aproximadamente 3,77 meses). Durante las actividades de perforación, Bear Creek empleará hasta cuatro máquinas perforadoras en paralelo, las cuales permitirán obtener los correspondientes testigos (cores) de perforación.

El proyecto requiere una demanda de agua de 24 m3/día por cada máquina perforadora, la cual será cubierta a partir de los puntos de captación autorizados para el proyecto; ésta es una demanda de carácter temporal. Los fluidos (lodos) a generarse serán manejados en las pozas de manejo de fluidos de perforación, las cuales en conjunto tendrán una tasa de recuperación de aproximadamente 55%.

Actualmente, la empresa sigue buscando financiamiento para iniciar la construcción del proyecto. En el 2019, este proyecto había obtenido los permisos para iniciar su construcción; sin embargo, no pudieron ejecutarlo por la pandemia del covid-19 y diversos problemas coyunturales.

En 2024, Eric Caba, presidente y CEO de Bear Creek Mining, dijo que la inversión estimada en el proyecto minero Corani se incrementó de US$ 580 a US$1,300millones, principalmente por la subida de los costos de construcción.

Quellaveco: US$ 1,648 millones para optimizar plan de minado y otros componentes

Anglo American propone la actualización del plan de minado como consecuencia de una modificación en la secuencia de explotación del yacimiento, la cual requiere mayores actividades de remanejo operativo de mineral

Unos US$ 1,648 millones en inversión, tanto en construcción como en operación, prepara Anglo American para optimizar el plan de minado del yacimiento Quellaveco en Moquegua. Las actividades de construcción masiva de la unidad minera iniciaron en 2018. Posteriormente, en 2022 comenzó la explotación del Tajo Quellaveco y el mismo año inició la operación comercial del yacimiento. Por tanto, el año 1 de Quellaveco es 2022.

En cuanto al Tajo Quellaveco, Anglo American plantea extender su vida operativa del año 20 al año 25, es decir, hasta el 2047, periodo en el cual en el Área de Operaciones Mina se continuará realizando la extracción de minerales del referido tajo, la disposición de desmonte en el Depósito de Material Estéril y la disposición de mineral en el Stock de Mineral, conjuntamente con el soporte de los componentes auxiliares aprobados.

Así también, Quellaveco considera que hasta el año 34 (2056) se continuará procesando material estéril de alta ley, obteniendo concentrados y finos, siendo los finos depositados en el Depósito de Relaves Cortadera hasta el año 26 (2048) y luego a partir del año 27 (2049) los finos serán depositados en el tajo como parte de la codisposición (actividades de cierre del tajo).

Actualmente, el Tajo Quellaveco tiene aprobados una extensión de 420 ha, una cota de profundidad de 3,030 msnm y un tiempo de vida útil hasta el año 20 (2042), con un movimiento de material que se estima aproximadamente en 150 000 ktpa o 150 Mtpa. El yacimiento Quellaveco corresponde a un depósito de tipo pórfido cobre-molibdeno.

Anglo American también propone incorporar una ruta adicional para los 120 viajes diarios en promedio de transporte de concentrado que realiza Quellaveco y cuatro rutas alternas para contingencias asociadas al transporte de concentrado.

Anglo American propone la actualización del plan de minado como consecuencia de una modificación en la secuencia de explotación del yacimiento, la cual requiere mayores actividades de remanejo operativo de mineral y material estéril para optimizar el desarrollo de las operaciones que se proyectan hasta el año 25. En ese sentido, si bien se modifican las secuencias y distribución temporal de los movimientos de material, el movimiento total anual se mantendrá dentro del límite aprobado de 150 Mtpa en promedio.

Como parte de la actualización del plan de minado propuesta, la minera contempla la reconfiguración del Depósito de Material Estéril dentro de su actual área de emplazamiento, con el objetivo de disponer de la capacidad necesaria para recibir los volúmenes de material estéril generados por la explotación del Tajo Quellaveco reconfigurado, manteniendo condiciones adecuadas para una descarga segura y la flexibilidad operativa requerida durante la disposición del material.

El plan de la empresa contempla la habilitación de nuevos componentes auxiliares dentro del Área de Operaciones Mina, tales como las Plataformas Multiuso y el Depósito de Material Excedente Asana. Asimismo, incorpora el realineamiento del Acceso Planta–Mina y la modificación de las estructuras de manejo de aguas asociadas a la reconfiguración del Tajo Quellaveco y del Depósito de Material Estéril.

Anglo American también propone incorporar una ruta adicional para los 120 viajes diarios en promedio de transporte de concentrado que realiza Quellaveco y cuatro rutas alternas para contingencias asociadas al transporte de concentrado.

La planta concentradora de Quellaveco cuenta con una capacidad aprobada de 150,000 tpd para el procesamiento del mineral y la producción de concentrados de cobre y molibdeno.

Industria para el desarrollo

Hay muchos ejemplos de la contribución de las grandes mineras y empresas conexas, además del pago normativo de impuestos, canon y regalías, para el desarrollo de las zonas más necesitadas del país

La actividad de las grandes empresas mineras en el Perú ya no se limita a la extracción y procesamiento de minerales. En sus zonas de influencia, las más grandes compañías y sus más importantes contratistas han desarrollado o financiado proyectos vinculados con agua, saneamiento, educación, salud, infraestructura, empleo local y gestión ambiental. Una parte importante de estas iniciativas se canaliza mediante Obras por Impuestos, mecanismo que ha adquirido un peso creciente en la relación entre minería, Estado y comunidades.

Las empresas mineras habían financiado decenas de proyectos mediante Obras por Impuestos. Los recursos se orientaron principalmente a cerrar brechas en educación, transporte, salud y saneamiento en 16 regiones.

Entre las principales obras figuran el Colegio de Alto Rendimiento de Áncash, en Cátac, el sistema de agua potable y saneamiento de Huarmey y el Hospital de Huarmey nivel II-1. La gestión del agua constituye, además, uno de los principales componentes ambientales.

En Arequipa, la minería ha concentrado una parte importante de su estrategia social y ambiental en el agua. Cerro Verde, por ejemplo, anunció inversiones superiores a US$ 1,292 millones en proyectos destinados a optimizar el saneamiento y el abastecimiento hídrico de la ciudad. Entre sus compromisos está continuar operando y manteniendo la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlozada y ejecutar proyectos de agua y saneamiento por US$ 363 millones. También contempla un eventual nuevo sistema para tratar 1,200 litros por segundo adicionales mediante Obras por Impuestos.

Southern Perú mantiene una presencia histórica en proyectos de infraestructura hídrica y social en el sur. Energiminas ha reportado la construcción y entrega de la represa Cularjahuira, en Tacna, con una capacidad de almacenamiento de 2.5 millones de metros cúbicos, suficiente para contribuir al riego de cientos de hectáreas agrícolas. La compañía también ha impulsado proyectos de educación, salud, saneamiento y carreteras mediante Obras por Impuestos. Entre ellos figuran los Colegios de Alto Rendimiento de Tacna y Moquegua y proyectos adicionales previstos para otras regiones.

Como estos, hay muchos ejemplos de la contribución de las grandes mineras, además del pago normativo de impuestos, canon y regalías, para el desarrollo de las zonas más necesitadas del país. Más allá de las cifras, los proyectos descritos muestran distintos caminos para abordar las brechas de los territorios mineros: desde hospitales, colegios y sistemas de agua hasta represas, tratamiento de aguas residuales, energía solar, reciclaje de residuos y capacitación comunitaria. En conjunto, constituyen una parte cada vez más visible de la relación entre las grandes compañías mineras y las regiones donde desarrollan sus operaciones.

Minera Bateas: veinte años de cambios en la forma de hacer minería

Rafael Helguero repasa la modernización de la operación en Caylloma, los avances y los próximos pasos para la compañía.

En el marco de los veinte años de operación comercial de Minera Bateas, conversamos con su gerente general, Rafael Helguero, sobre la evolución de la empresa, sus próximos pasos y la relación con sus trabajadores y la población de Caylloma.

Al celebrar sus 20 años, ¿qué decisión considera que cambió el rumbo de Minera Bateas y cómo se refleja hoy en la empresa?
Destacaría la decisión de modernizar la unidad minera Caylloma y poner en marcha nuestra operación comercial en octubre de 2006. Así comenzó una etapa de inversión y aprendizaje que hemos mantenido durante estos veinte años.

Desde entonces, hemos incorporado nuevos métodos de minado, tecnología y mejoras en nuestros procesos, junto con la formación de nuestros equipos. Hoy ese esfuerzo se refleja en una operación más mecanizada, con herramientas para trabajar con seguridad y aprovechar mejor los recursos.

Si compara la operación de Caylloma de sus primeros años con la actual, ¿cuál ha sido su transformación más importante y qué resultados destacaría de ese proceso?
La transformación más importante está en cómo trabajamos. Hemos avanzado en mecanización, gestión de la seguridad, control de procesos y comunicación dentro de la mina. Estos cambios nos ayudan a controlar mejor los riesgos, contar con mejor información y responder con mayor rapidez a las necesidades de la operación.

El minado con taladros largos y la nueva planta de relleno hidráulico son ejemplos recientes. En 2025 procesamos más de 555 mil toneladas de mineral, por encima del plan anual. Detrás hay mejoras en infraestructura y equipos que han aprendido a trabajar con nuevas herramientas.

En una operación que produce plomo y zinc, ¿cómo influye esa combinación en sus decisiones de negocio y dónde están concentrando los esfuerzos para fortalecer su competitividad?
Producimos concentrados de zinc y concentrados de plomo con contenidos de plata. Esta combinación nos sitúa en una posición bastante equilibrada: tenemos exposición al zinc y al plomo, cuya demanda está más ligada a la actividad industrial, y también a la plata, cuya demanda responde a una lógica mixta.

Buscamos las mejores condiciones de venta para maximizar el valor del mineral, aumentar la productividad y controlar los costos. La mecanización, el mantenimiento y las mejoras en flotación nos ayudan a aprovechar mejor el mineral y sostener una operación competitiva.

¿Qué papel tendrá la exploración en el futuro de Caylloma y qué oportunidades han identificado para incorporar reservas y prolongar la vida de la operación?
La exploración forma parte de nuestra planificación de largo plazo. Nos permite conocer mejor el yacimiento y evaluar oportunidades para el futuro de la unidad minera.

El programa previsto para 2026 se concentra en objetivos cercanos a la operación. Buscamos identificar mineralización adicional y contar con más información para evaluar su posible aprovechamiento. Los resultados de ese trabajo, junto con la evaluación técnica y económica, orientarán las siguientes decisiones de desarrollo de la mina.

 

¿Cuáles serán las principales inversiones de Bateas en los próximos tres a cinco años y qué mejoras esperan alcanzar con ellas?
Priorizamos el desarrollo de mina, la exploración y la infraestructura necesaria para operar con seguridad.

Para 2026, Fortuna anunció inversiones estimadas de US$ 29,9 millones en Caylloma, que incluyen desarrollo de mina y perforaciones de definición, la ampliación del depósito de relaves 3 y la primera fase del cierre del depósito 2.

Los resultados de exploración y la evaluación de los proyectos orientarán nuestra planificación para los siguientes años.

¿Qué mejora reciente en la forma de trabajar destacaría por haber contribuido tanto a la seguridad de las personas como al desempeño de la operación?
La nueva planta de relleno hidráulico es un buen ejemplo. Reemplazamos el traslado de relaves en volquetes para el relleno de labores por un sistema de impulsión y conducción a través de tubería hacia el interior de la mina.

Su implementación permitió reducir entre 20 y 23 viajes diarios de volquetes, disminuyendo el tránsito pesado, el consumo de combustible y la generación de polvo. También mejoró la continuidad del suministro de relleno y redujo la exposición a riesgos asociados al transporte.

En gestión ambiental, ¿qué avances concretos destacaría en el manejo del agua y los relaves, y cuáles son las siguientes metas que se han propuesto?
En 2025, el 68 % del agua utilizada en nuestros procesos productivos fue agua recirculada; es decir, agua recuperada para volver a utilizarla en la operación. También mejoramos la infraestructura de almacenamiento y distribución de agua.

Al cierre de 2025, reportamos un avance del 85 % en el alineamiento con los principios del Estándar Global de Gestión de Relaves, GISTM. Nuestra estrategia contempla adecuar las instalaciones actuales a este estándar para 2028.

Hacia 2030, buscamos reducir el consumo total de agua fresca en un 23 % respecto de 2022. Para avanzar, necesitamos mejorar el control del agua y mantener la vigilancia y el mantenimiento de nuestras instalaciones.

Durante los últimos tres años, alrededor de una cuarta parte de nuestros colaboradores directos provienen del distrito de Caylloma. En 2025, esta participación alcanzó el 25,26 % y las compras locales superaron los US$ 2,6 millones.

Después de dos décadas en Caylloma, ¿qué experiencia representa mejor la confianza que han construido con la población y qué han aprendido de ese vínculo?
Becas Bateas representa un trabajo sostenido con jóvenes y familias de Caylloma. Además del financiamiento de estudios, incluye acompañamiento académico y personal. En el reporte 2025 registramos una inserción laboral del 73 % entre sus egresados.

Hemos aprendido que la confianza necesita presencia, escucha y seguimiento. Hay preocupaciones que debemos atender y expectativas que necesitamos recibir, entender y buscar alinear. La confianza se cuida cumpliendo compromisos, explicando lo que podemos hacer y manteniendo abiertos los espacios de conversación.

¿Cómo ha evolucionado la participación de trabajadores y proveedores locales en Bateas, y qué oportunidades buscan abrir para las nuevas generaciones de Caylloma?
Durante los últimos tres años, alrededor de una cuarta parte de nuestros colaboradores directos provienen del distrito de Caylloma. En 2025, esta participación alcanzó el 25,26 % y las compras locales superaron los US$ 2,6 millones. La participación de trabajadores y proveedores es mayor si consideramos toda la región Arequipa.

Aun así, hay oportunidades de mejora. Por eso, trabajamos en la preparación de postulantes, la bolsa de trabajo local y el fortalecimiento de empresas del distrito.

Para las nuevas generaciones, buscamos ampliar el acceso a formación técnica y herramientas para encontrar empleo. También queremos que los negocios locales estén mejor preparados para participar en nuestras contrataciones y, sobre todo, atender otros mercados.

En lo personal, ¿qué significa para usted liderar Minera Bateas en este aniversario y qué le gustaría que distinguiera a la empresa cuando cumpla 30 años?
Es una responsabilidad que asumo con mucho respeto por quienes han construido esta empresa. Estos veinte años reúnen el trabajo de muchas personas, en la operación y en nuestras oficinas de Caylloma, Arequipa y Lima.

Me gustaría que, al cumplir treinta años, Bateas se distinguiera por buscar la excelencia, ofrecer un espacio seguro a nuestros colaboradores y contribuir positivamente al entorno. Que nuestros trabajadores encuentren oportunidades para crecer y que la población pueda reconocer aportes a su desarrollo. Las decisiones que tomemos hoy tienen que ayudarnos a construir ese futuro.

La apuesta de Poderosa por infraestructura y desarrollo productivo en Pataz

El desafío de largo plazo es que las comunidades puedan generar oportunidades económicas que no dependan exclusivamente de la actividad minera

Compañía Minera Poderosa y Asociación Pataz ejecutaron más de S/23 millones en contribuciones sociales durante 2025. La estrategia combina Obras por Impuestos, inversión social directa, convenios y fondos concursables, con una apuesta por fortalecer capacidades productivas y organizaciones locales para que el desarrollo trascienda la actividad minera.

Luis Vásquez Madueño, gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, sostiene que, aunque los resultados del censo de 2025 muestran una mejora socioeconómica considerable respecto de 2017, persisten desafíos en ámbitos como agua y saneamiento, conectividad vial y digital, educación, salud, nutrición, desarrollo productivo y gestión pública y comunal. “Evaluamos aspectos importantes como la urgencia, la población beneficiada, el impacto, la viabilidad técnica, la complementariedad con recursos públicos y la sostenibilidad”, explica Vásquez Madueño.

La premisa, agrega, no es sustituir las responsabilidades del Estado, sino contribuir a que las comunidades cuenten con mejores proyectos y capacidades para impulsar su desarrollo.

El cierre de brechas en territorios donde conviven actividad minera y comunidades requiere, además de recursos, una combinación de planificación, coordinación institucional y capacidades locales. Esa es la perspectiva que Compañía Minera Poderosa viene desarrollando en la provincia de Pataz, en La Libertad, donde concentra parte de sus esfuerzos de contribución social.

A estas brechas se suman las características geográficas del territorio. La dispersión de las localidades y las dificultades de acceso elevan los costos y dificultan la provisión de servicios, mientras que el fortalecimiento institucional y la seguridad constituyen otros desafíos para el desarrollo.

Ante este escenario, la compañía ha optado por combinar diagnósticos e indicadores con planificación participativa. La identificación de prioridades se realiza mediante los Comités de Desarrollo Comunal (CODECO), además del diálogo con autoridades y sectores competentes.

La estrategia de Poderosa no se concentra en un solo mecanismo de intervención. La empresa utiliza Obras por Impuestos para proyectos de infraestructura pública de mayor escala, mientras que la inversión social directa le permite responder con mayor agilidad a necesidades específicas.

También existen convenios con gobiernos locales, establecimientos de salud, instituciones educativas y organizaciones especializadas. A través de Asociación Pataz, la compañía desarrolla iniciativas vinculadas con salud, educación, desarrollo productivo, ambiente y fortalecimiento institucional, además de fondos concursables que buscan otorgar a las organizaciones comunales un papel activo en la gestión de sus proyectos.

La elección del mecanismo depende de factores como la titularidad y competencia sobre el servicio, la madurez del proyecto, el monto de inversión, los plazos, la capacidad de operación y mantenimiento y la posibilidad de obtener cofinanciamiento.

“Independientemente del mecanismo de intervención, en Poderosa promovemos la articulación entre actores públicos, privados y sociales como una condición indispensable para acelerar el cierre de brechas”, señala el ejecutivo.

 

Resultados concretos
Entre los proyectos ejecutados figura el sistema de agua potable y saneamiento de Tayabamba, entregado entre 2023 y 2024, que representó una inversión cercana a S/19,6 millones y beneficia aproximadamente a 2.800 personas de cinco localidades.

En Pías, la electrificación rural entregada en 2021 incorporó 150 conexiones domiciliarias, mientras que ese mismo año se entregó el Parque Biblioteca de Pataz, con un alcance estimado de 2.000 habitantes.

En Chuquitambo, la compañía desarrolló infraestructura de riego tecnificado en dos etapas, entregadas en 2015 y 2018. La inversión alcanzó S/9,8 millones y permitió mejorar el uso del agua en 220 hectáreas productivas.

La intervención también incluye el ámbito sanitario. El programa “Unidos por la Salud de Pataz”, según los resultados reportados por la compañía, permitió reducir la anemia infantil al 6%.

Para Vásquez Madueño, estos casos muestran que la infraestructura obtiene mejores resultados cuando se acompaña de educación, organización y seguimiento.

El desafío
Uno de los puntos centrales de la estrategia es evitar que los proyectos terminen con la entrega de la infraestructura. “Cualquier proyecto sostenible no se construye desde un escritorio”, afirma el ejecutivo. Bajo este enfoque, las comunidades participan en la identificación de necesidades y validación de alternativas; las autoridades públicas mantienen sus competencias y titularidad sobre los servicios, mientras Poderosa aporta gestión y acompañamiento técnico, social y legal.

Los CODECO, cuya organización estructurada se inició en 2007, cumplen un papel en la definición de prioridades y seguimiento de compromisos. En los proyectos de agua y saneamiento, además, intervienen las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS). Los acuerdos contemplan responsabilidades sobre terrenos, expedientes, permisos, supervisión, recepción, operación y mantenimiento.

La compañía también contempla capacitación, monitoreo de calidad, asistencia a las JASS y fortalecimiento de las áreas técnicas municipales. El objetivo, explica Vásquez Madueño, es que la infraestructura funcione “de manera segura y continua” y no se limite a una obra entregada.

La empresa utiliza Obras por Impuestos para proyectos de infraestructura pública de mayor escala, mientras que la inversión social directa le permite responder con mayor agilidad a necesidades específicas.

Nuevas inversiones
La cartera futura apunta principalmente a agua y saneamiento, educación, conectividad, seguridad hídrica y desarrollo productivo. Uno de los proyectos en desarrollo es el Puente Lavasén, ejecutado en coordinación con el Gobierno Regional de La Libertad mediante Obras por Impuestos. La iniciativa contempla una inversión estimada de S/34,6 millones y beneficiará a más de 12 mil personas, al conectar las provincias de Pataz, Bolívar y Sánchez Carrión y facilitar el tránsito durante todo el año. En Suyubamba, en tanto, comenzó en 2026 la elaboración del expediente técnico para mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado en cinco sectores, en convenio con la Municipalidad Distrital de Pataz y la comunidad.

La cartera contempla además infraestructura educativa en Vijus y futuros colegios en Pataz y Cochorco, junto con proyectos de riego, cosecha de agua, electrificación y conectividad. La compañía precisa que estos proyectos deben completar previamente sus procesos de maduración técnica y los acuerdos institucionales antes de definir sus cronogramas definitivos.

El desafío de largo plazo es que las comunidades puedan generar oportunidades económicas que no dependan exclusivamente de la actividad minera. El programa de fortalecimiento agropecuario de Asociación Pataz beneficia directamente a 353 productores de Pataz, Pías, Cochorco, Chillia y Sartimbamba, vinculados a actividades agrícolas, pecuarias, apícolas y forestales.

Entre los resultados reportados se encuentra la comercialización de 72,9 toneladas de palta por 60 productores, con ingresos de S/335 mil. También se comercializaron y consumieron 156 cerdos, generando S/193 mil, mientras que la venta de queso y suero de productores de Chillia alcanzó S/271 mil.

A ello se suma un programa de bionegocios agrícolas en Pataz y Sánchez Carrión, que beneficia directamente a 911 personas y a más de 3.500 de manera indirecta. La iniciativa permitió comercializar 63,5 toneladas de productos andinos y alternativos, generando ingresos por S/212 mil.

En Chuquitambo, la infraestructura hidráulica y el riego tecnificado permiten irrigar 170 hectáreas y beneficiar a 67 familias, generando condiciones para una cadena de producción de palta Hass orientada a mercados de exportación.

La apuesta de Poderosa, según Vásquez Madueño, apunta a que la inversión social deje algo más que infraestructura. “No solo como infraestructura, sino como una plataforma para el desarrollo”, resume al referirse al rol de las Obras por Impuestos.

Komatsu-Mitsui y la sostenibilidad como estrategia del negocio

En su encuesta de clima laboral, el 95% de los trabajadores manifestó satisfacción o alineamiento con la manera en que la compañía aborda la seguridad. La compañía también apunta a reducir en 30% su huella de carbono al 2030

La sostenibilidad en la industria de maquinaria pesada ya no se limita a reducir impactos ambientales. Para Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú, el concepto está cada vez más integrado al negocio y abarca desde la economía circular y la gestión de residuos hasta la formación de talento técnico, la seguridad, la diversidad y el desarrollo de proveedores.

Mirtha Rodríguez Rojas, directora corporativa de HSSEQ (Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Calidad) y Sostenibilidad de Komatsu-Mitsui, al revisar los principales avances y desafíos que deja el Informe de Sostenibilidad correspondiente a 2025.

Uno de los datos menos conocidos del informe es el aporte de la remanufactura. Durante 2025, US$35,4 millones de los ingresos de la compañía provinieron de servicios con beneficios ambientales, sociales y de gobernanza asociados a la remanufactura de componentes para equipos mineros.

Rodríguez explica que esta actividad está directamente relacionada con la economía circular y forma parte de las soluciones que la empresa ofrece a sus clientes mineros. Komatsu-Mitsui cuenta con centros de remanufactura en el Callao y Arequipa, donde se han implementado nuevas técnicas de recuperación y mejoras en los procedimientos de trabajo.

Como resultado, durante 2025 se incrementó en 34% el aprovechamiento de componentes destinados a equipos mineros. Para los clientes, esto representa ahorros derivados de una mayor vida útil de las piezas. Para el medio ambiente, significa reducir la necesidad de materias primas y las emisiones asociadas con la fabricación e importación de componentes nuevos.

“Al extender esa vida útil estamos contribuyendo a la reducción del consumo de materias primas y de las emisiones asociadas a la fabricación y a la importación de nuevas piezas”, sostiene Rodríguez.

Diversidad y nuevos desafíos
En diversidad, equidad e inclusión, la empresa mantiene iniciativas orientadas a la participación y desarrollo de mujeres, pero ahora concentra nuevos esfuerzos en la inclusión de personas con discapacidad.

El Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión trabaja actualmente en establecer una línea base que permita diseñar planes de acción. La expectativa es contar con ella al inicio del año fiscal 2027.

Para Rodríguez, el elemento que permite articular estas iniciativas es el compromiso de la alta dirección. La sostenibilidad, sostiene, no debe operar como una agenda paralela, sino como parte integral del negocio.

También se está explorando el componente generacional. Rodríguez señala oportunidades para promover la interacción entre distintas generaciones de trabajadores y desarrollar mecanismos como la mentoría inversa.

De cara a los próximos años, la ejecutiva resume la estrategia en varios frentes: seguridad, circularidad, reducción de emisiones, inclusión, derechos humanos, desarrollo de proveedores y planes sociales con clientes mineros.

Para Rodríguez, el elemento que permite articular estas iniciativas es el compromiso de la alta dirección. La sostenibilidad, sostiene, no debe operar como una agenda paralela, sino como parte integral del negocio.

Menos residuos
La gestión de residuos constituye otro de los frentes de la estrategia ambiental. Cerca del 22% de los residuos generados por Komatsu-Mitsui durante 2025 fueron comercializados para su posterior aprovechamiento.

La lógica detrás de este indicador es reducir progresivamente la cantidad de residuos que termina en rellenos sanitarios. La chatarra, por ejemplo, puede ingresar a nuevos procesos productivos, mientras que determinados lodos generados durante los procesos de lavado de equipos pueden ser reutilizados como fuentes para generar energía en otras industrias.

 

La meta de largo plazo es avanzar hacia el denominado “zero waste to landfill”, es decir, minimizar al máximo el envío de residuos a rellenos sanitarios. La compañía reconoce que alcanzar este objetivo requiere avanzar de manera progresiva y mediante alianzas e iniciativas coordinadas a nivel regional.

Electricidad renovable y reducción de emisiones
En materia climática, uno de los avances destacados por Rodríguez es haber llevado a cero las emisiones correspondientes al alcance 2 de la huella de carbono, asociadas al consumo de electricidad.

La compañía utiliza certificados I-REC para acreditar que la electricidad consumida proviene de fuentes renovables no convencionales. Esta estrategia se aplica tanto en sus principales sedes como en sus sucursales y tiendas a nivel nacional.

La estrategia considera los tres alcances de emisiones: el primero, relacionado con fuentes directamente controladas por la compañía; el segundo, vinculado al consumo de electricidad; y el tercero, asociado a la cadena de valor.

Este último representa uno de los principales desafíos, debido a que involucra actividades que no dependen completamente de la gestión directa de la empresa.

En 2025, Komatsu-Mitsui reportó cero accidentes fatales. Sin embargo, el objetivo no termina en ese indicador. La compañía busca fortalecer los mecanismos preventivos para evitar también lesiones.

La hoja de ruta ambiental establece como objetivo reducir en 30% la huella de carbono nacional al 2030. A ello se suman metas como convertir la sede del Callao en carbono neutral, reducir en 30% su consumo de agua y alcanzar allí el objetivo de “zero waste to landfill”.

Formación técnica
Uno de los programas sociales emblemáticos de la empresa es el Technical Education for Communities (TEC), desarrollado junto con Senati en Arequipa. La iniciativa nació en 2016 y busca contribuir a cerrar la brecha de talento técnico que existe en el país, especialmente en actividades vinculadas al mantenimiento de maquinaria pesada.

Más de 840 jóvenes han egresado del programa en los últimos años. Uno de los cambios que la compañía busca acelerar es la participación femenina en carreras tradicionalmente asociadas con los hombres.

En los dos últimos años, alrededor de diez mujeres han egresado del programa, una cifra que Rodríguez considera un avance frente a los años anteriores, cuando la presencia femenina era mucho menor.

La estrategia no se limita a atraer estudiantes. Komatsu-Mitsui realiza actividades en colegios para explicar a las jóvenes las oportunidades profesionales de la industria y presenta testimonios de mujeres que desarrollaron sus carreras dentro de la compañía, desde posiciones técnicas hasta puestos de jefatura y gerencia.

La organización ha identificado un desafío adicional: las percepciones de los propios padres de familia. Por ello, la empresa ha empezado a incluirlos en las actividades de orientación.

TEC también contempla mentorías de voluntarios de Komatsu-Mitsui para estudiantes de Senati, cursos técnicos y de seguridad, y becas desarrolladas junto con clientes mineros.

La compañía trabaja además en una versión 2.0 del programa, que contempla revisar la malla curricular frente a los nuevos desafíos tecnológicos. La inteligencia artificial es una de las herramientas consideradas para su incorporación, aunque cualquier modificación formal de la malla requiere coordinación con Senati y las autoridades correspondientes.

Seguridad
En 2025, Komatsu-Mitsui reportó cero accidentes fatales. Para Rodríguez, sin embargo, el objetivo no termina en ese indicador. La compañía busca fortalecer los mecanismos preventivos para evitar también lesiones.

Una de las iniciativas consiste en reforzar la presencia de los líderes en campo mediante el concepto japonés de “Gemba”, entendido como acudir al lugar donde se desarrolla el trabajo. El propósito es que los líderes conozcan las preocupaciones y necesidades en materia de seguridad de los colaboradores de la empresa.

Según el informe, el 95% de los trabajadores manifestó satisfacción o alineamiento con la manera en que la compañía aborda la seguridad, dentro de su encuesta de clima laboral.

El desafío también alcanza a la cadena de suministro. En 2025, 47 empresas proveedoras participaron en el programa de gestión sostenible de la compañía, desarrollado con apoyo de Perú Sostenible. La intención es ampliar progresivamente esta participación y ayudar a los proveedores a identificar brechas y establecer planes de mejora.

El reto hacia 2030 será convertir los avances registrados en 2025 en resultados sostenibles en el tiempo: menos residuos, menor huella ambiental, mayor circularidad, más talento técnico, una fuerza laboral más diversa y una cultura de seguridad que vaya más allá de los indicadores y se incorpore de manera permanente a la operación.

Fajas transportadoras: las arterias de la minería

Las fajas transportadoras dejaron de ser simples bandas para convertirse en infraestructura crítica de la minería moderna. Su capacidad para mover miles de toneladas por hora, operar durante largos recorridos y conectarse con sistemas automatizados las vuelve decisivas para elevar productividad, reducir interrupciones y sostener operaciones cada vez más exigentes.

En una operación minera de gran escala, transportar mineral no es una tarea secundaria. Desde el frente de extracción hasta la planta concentradora, el material debe recorrer distancias que pueden alcanzar varios kilómetros y hacerlo con continuidad, seguridad y una capacidad acorde con el ritmo de producción.

Ahí las fajas transportadoras adquieren un papel estratégico. Una banda continua, apoyada sobre rodillos y accionada mediante motores, permite trasladar material a un flujo constante, a diferencia de sistemas que requieren ciclos sucesivos de carga, desplazamiento y descarga. Su funcionamiento parece sencillo, pero detrás existe una infraestructura compuesta por motores, poleas, rodillos, sistemas de tensado, estructuras, sensores y mecanismos de protección.

Del chancado al procesamiento y del subsuelo a la superficie, las fajas articulan buena parte del circuito productivo minero.

La capacidad de una faja depende de múltiples variables: ancho y velocidad de la banda, geometría del sistema, características del mineral y configuración de los rodillos, que forman una especie de artesa para aumentar la cantidad de material transportado y evitar derrames. En instalaciones de gran escala, el desafío consiste en mantener ese flujo sin comprometer la estabilidad del sistema.

Cuando la continuidad define la productividad
Una faja minera no puede detenerse con facilidad. Su interrupción puede afectar a equipos ubicados antes y después de ella: si el transporte entre chancado, almacenamiento y procesamiento se interrumpe, otras etapas de la cadena también pueden reducir su ritmo o quedar sin alimentación.

Por eso, el mantenimiento es tan importante como la capacidad. Entre las fallas recurrentes se encuentran el desalineamiento de la banda, el desgaste o rotura por abrasión e impactos, y los problemas en rodillos y polines. El polvo, la humedad y otros contaminantes pueden afectar los rodamientos, provocar sobrecalentamiento e incluso generar condiciones de riesgo.

Desalineamientos, desgaste, fallas en rodillos y accionamientos pueden comprometer la continuidad de toda una operación.

También están expuestos los motores, reductores y sistemas de transmisión. Sobrecargas, deficiencias de lubricación y desbalances mecánicos pueden comprometer el accionamiento. A ello se suma el carryback, o retorno de material adherido a la banda, que incrementa el desgaste y puede generar pérdidas de mineral y condiciones inseguras.

La respuesta pasa por combinar una adecuada selección de componentes con inspecciones, alineamiento, sistemas de limpieza, control de polvo y mantenimiento predictivo. El objetivo ya no es únicamente reparar cuando ocurre una falla, sino identificar señales de deterioro antes de que provoquen una parada no planificada.

Ingeniería para mover miles de toneladas
Los grandes proyectos mineros muestran hasta dónde puede llegar esta tecnología. En Las Bambas, la ampliación del depósito de relaves obliga a reubicar parte del sistema de transporte Ferrobamba. La nueva faja 0220-CVB-0003 tendrá aproximadamente 2,700 metros y una capacidad de diseño de 9,400 toneladas por hora. Al conectarse con otra faja, formará un sistema de 5,425 metros destinado a transportar material desde el chancado primario hasta el stockpile de la planta de procesos.

 

La obra contempla una inversión aproximada de US$ 127.2 millones e incluye un túnel de unos 1,045 metros, accesos, infraestructura para manejo de aguas, una plataforma para cambio de faja y un sistema contra incendios.

El proyecto también contempla la construcción de la faja Chalcobamba, de aproximadamente 2,643 metros y 6,707 toneladas por hora de capacidad de diseño, con una inversión estimada de US$ 72.9 millones. En conjunto, ambas iniciativas representan alrededor de US$ 200 millones en infraestructura de transporte.

El caso evidencia que una faja no existe de manera aislada. Su trazado está condicionado por depósitos de relaves, chancadoras, plantas concentradoras, túneles, accesos, sistemas de supresión de polvo y dispositivos contra incendios.

Tecnología para operaciones extremas
En Quellaveco, la tecnología aparece también en el extremo final de la cadena. En el muelle de Pampa El Palo se instaló un almacén de 80 mil toneladas y una faja transportadora cerrada con capacidad para mover 1,200 toneladas por hora.

Las grandes inversiones de Las Bambas muestran la escala que puede alcanzar la infraestructura asociada al transporte de mineral.

El sistema incorpora sensores, automatización, cierre hermético y mecanismos de succión para controlar la dispersión de partículas durante la descarga. Incluso el lavado de las llantas de los camiones se activa mediante sensores. La faja, así, deja de ser únicamente un mecanismo de traslado y se integra a una arquitectura automatizada de control operacional y ambiental.

En la planta de Papujune, además, una faja de 3.5 kilómetros transporta el mineral desde el chancado hacia la zona de molienda, que forma parte de una planta con capacidad para procesar más de 127,500 toneladas de material al día.

La exigencia aumenta todavía más en operaciones de gran altitud y largas distancias. En Antapaccay, a más de 4,200 metros sobre el nivel del mar, el sistema descrito en el material utiliza accionamientos de alta potencia para transportar unas 5,000 toneladas por hora a través de aproximadamente seis kilómetros. La reducción de componentes mecánicos mediante accionamientos directos busca disminuir determinados requerimientos de mantenimiento y mejorar la eficiencia del conjunto.

Chuquicamata: una faja que nunca se detiene
En Chuquicamata Subterránea, Chile, un sistema de correas transportadoras de unos 13 kilómetros puede trasladar hasta 11,000 toneladas de mineral por hora.

Su funcionamiento continuo depende de la combinación de bandas reforzadas, motores de alta potencia, poleas, sistemas de tensado y miles de rodillos que sostienen y mantienen alineada la carga.

La correa transporta pequeñas cantidades de roca de manera constante, logrando una gran capacidad acumulada sin necesidad de detenerse para cargar o descargar, como ocurre con los camiones.

Debido a las pendientes y al enorme peso movilizado, el sistema requiere motores de hasta 5 MW y bandas diseñadas para soportar tensiones extremas. Además, sensores y tecnologías de inspección permiten detectar desalineamientos, desgaste o daños antes de que provoquen fallas.

Así, el objetivo principal es garantizar continuidad, seguridad y mantenimiento preventivo en una operación donde detener la correa puede afectar a toda la mina.

Sensores, accionamientos de alta potencia y sistemas de inspección avanzan hacia un mantenimiento cada vez más predictivo.

Un mercado que crece
La evolución tecnológica acompaña una expansión de la demanda. Según Global Market Insights, el mercado mundial de cintas transportadoras alcanzó US$ 7,000 millones en 2025 y podría llegar a US$ 10,800 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta prevista de 4.3%.

La minería es uno de los motores de este mercado, junto con la logística y el procesamiento de alimentos. Asia-Pacífico concentra aproximadamente 45.4% de la demanda mundial, mientras que India registra una tasa de crecimiento proyectada de 6.2% hasta 2035.

En este escenario, las fajas transportadoras representan una pieza cada vez más sofisticada de la infraestructura minera. Su evolución apunta a sistemas capaces de transportar mayores volúmenes y recorrer mayores distancias, pero también a detectar sus propias anomalías, reducir componentes susceptibles de falla y operar integrados con sistemas automatizados.

El verdadero desafío, por tanto, no consiste simplemente en hacer que una banda avance. Consiste en mantener durante miles de horas un flujo estable de mineral, anticiparse al desgaste y lograr que una infraestructura sometida a toneladas de carga, polvo, impactos y grandes diferencias de altura siga siendo un eslabón confiable de toda la cadena productiva.

TECNOMINA, tecnología para proteger las fajas transportadoras

Las soluciones de monitoreo mediante Rayos X y BTM permiten evaluar la condición interna y externa de las fajas transportadoras, detectar daños y desgaste, y generar información para planificar mantenimientos, reducir riesgos operacionales y contribuir a la continuidad del transporte de mineral.

La minería del norte de Perú enfrenta el desafío permanente de mantener la continuidad de sus operaciones, especialmente en procesos donde el transporte de mineral depende de activos críticos como las fajas transportadoras. Una falla inesperada puede generar interrupciones, afectar la productividad y elevar los costos asociados al mantenimiento y a la operación. En este contexto, conocer oportunamente la condición de estos activos resulta fundamental para planificar intervenciones y reducir riesgos operacionales.

Ante esta necesidad, TECNOMINA brinda soluciones especializadas de monitoreo preventivo y predictivo, que permiten evaluar diferentes condiciones de las fajas transportadoras y generar información para una adecuada gestión del mantenimiento.

Rayos X dinámico: inspecciona continuamente la estructura interna de la faja mientras se encuentra en funcionamiento, generando imágenes para su análisis y almacenamiento.

Entre estas soluciones se encuentran los sistemas portátiles de Rayos X Estático (tomas con faja detenida), Rayos X Dinámico (toma con faja en movimiento) y BTM (Medidor de espesor dinámico con la faja en movimiento), tecnologías que permiten complementar el diagnóstico de las fajas de cable de acero y realizar un seguimiento de su condición.

La inspección por Rayos X Estático (toma con faja detenida) permite visualizar la estructura interna de las fajas transportadoras de cable de acero de manera puntual y detallada, para lo que previamente hay que fijar el punto a analizar. Mediante la generación de imágenes de los cables, es posible identificar condiciones como roturas, desgaste, estiramiento, estado de los empalmes, fatiga, óxido y daños en las juntas. Las imágenes obtenidas pueden ser visualizadas en el lugar de inspección, además de fotografiarse, almacenarse o transmitirse para su posterior análisis.

Por su parte, el Rayos X Dinámico permite realizar la inspección de manera continua durante el funcionamiento de la faja transportadora de cable de acero, mediante un sistema diseñado para facilitar su instalación y traslado.

El sistema está diseñado para facilitar su instalación y traslado de diferentes fajas del mismo ancho. El generador de Rayos X atraviesa la cinta y la información es capturada por un sensor que, mediante el procesamiento de datos, genera una imagen visible de la estructura interna de la faja. Estas imágenes pueden ser visualizadas, analizadas y almacenadas, proporcionando información para identificar posibles condiciones internas de la cinta.

A estas tecnologías se suma el Medidor de espesor dinámico (Belt Thickness Monitoring o BTM), sistema destinado al monitoreo continuo del espesor y desgaste de las cubiertas de la faja, mientras esta se encuentra en operación, y aplicado en fajas con carcasa de cable y lona. Mediante ondas ultrasónicas, BTM genera más de 1,000 mediciones por segundo y una representación gráfica del estado de la banda, permitiendo identificar y localizar diferentes condiciones de desgaste y daño.

Gestión basada en condición: la integración de estas tecnologías aporta información para anticipar condiciones críticas, planificar intervenciones y optimizar la gestión de mantenimiento de activos.

Además, BTM utiliza un sistema RFID que permite asociar los eventos detectados con una ubicación específica de la faja y comparar los resultados actuales con registros históricos. Esto facilita el seguimiento de la evolución del desgaste, la planificación de mantenimientos y la proyección del reemplazo de la correa.

La principal ventaja de integrar estas soluciones está en la información que proporcionan para una gestión basada en la condición real del activo.

Los sistemas de Rayos X permiten evaluar la estructura interna de la faja de cable de acero, BTM permite monitorear la evolución del desgaste externo en sus cubiertas. Asimismo, BTM realiza el monitoreo sin necesidad de detener la faja y sin contacto con la banda, contribuyendo a reducir la exposición del personal durante las actividades de inspección.

Con estas soluciones, TECNOMINA fortalece la confiabilidad, seguridad y eficiencia de los sistemas de transporte de mineral, proporcionando información que permite anticipar condiciones críticas, planificar intervenciones y tomar decisiones oportunas para una gestión más eficiente de los activos.

Compañía Minera Crespo, con la vía libre para incrementar tonelaje de producción en el tajo a 14500 TMD

En este sentido, el plan de minado aprobado para ejecutarse en un periodo de ocho años se optimizará a un periodo de seis años

El regulador ambiental ha aprobado el plan de US$47.7 millones de Compañía Minera Crespo SAC. El proyecto de explotación minera Crespo se encuentra ubicado en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas y departamento de Cusco.

La empresa tiene como finalidad optimizar el proceso de planta de beneficio y mejorar su eficiencia operativa, para lo cual se requiere incrementar el tonelaje de producción en el tajo de 6500 TMD a 14500 TMD. Este incremento maximizará la capacidad de procesamiento de mineral, ajustándose a las demandas de producción y garantizando la sostenibilidad del proceso a largo plazo.

Los metales de valor económico son el oro y la plata, el mineral es extraído mediante un sistema de minado a tajo abierto. El mineral para extraer anualmente del tajo está estimado aproximadamente en 2.500.000 t-mineral/año y con el incremento se proyecta una de explotación de 5.292.500 t-mineral/año los cuales serán enviadas al circuito de chancado; el mineral chancado será transportado a la pila de lixiviación y regado con solución cianurada.

Crespo realizó pruebas metalúrgicas internas, cuyos resultados permitieron evaluar el desempeño del sistema de lixiviación y determinar que es posible alcanzar la recuperación metalúrgica prevista con un ciclo total de lixiviación de aproximadamente 90 días.

El producto de la lixiviación (solución rica) se enviará a la Planta de Merrill Crowe para obtener barras de doré.

En este sentido, el plan de minado aprobado para ejecutarse en un periodo de ocho años se optimizará a un periodo de seis años. La producción final del tajo será de 47.571.438 toneladas. La operación se desarrollará dentro de la huella aprobada del tajo en bancos de 8 m de altura a un ritmo de 14.500 TM mineral/día, contabilizando 365 días/año de operación.

Con todo, el diseño aprobado de la Pila de Lixiviación en el EIA Crespo consideró un ciclo de riego de 360 días para el procesamiento del mineral lixiviable. No obstante, Crespo realizó pruebas metalúrgicas internas, cuyos resultados permitieron evaluar el desempeño del sistema de lixiviación y determinar que es posible alcanzar la recuperación metalúrgica prevista con un ciclo total de lixiviación de aproximadamente 90 días.

En ese sentido, la presente propuesta de incrementar el procesamiento de mineral en la Pila de Lixiviación de 6.500 a 14.500 TMD, como máximo contempla la modificación del ciclo de riego como parámetro operativo del proceso de lixiviación, sustentada en los resultados de dichas pruebas. Esta optimización no implica modificaciones en la ratio de riego (10 l/h·m²), la concentración de cianuro de sodio (NaCN) de 500 ppm ni en las capacidades máximas de manejo de soluciones aprobadas para el proyecto.

Lote 88: US$ 100 millones para perforación en dos pozos productores y un pozo inyector

Para la ejecución de la perforación se utilizará un equipo de perforación con una potencia estimada de 2.000 HP

Unos US$ 100 millones planea invertir Pluspetrol en la perforación de dos pozos productores SM-1007D y SM-1008D y un pozo inyector de cortes de perforación SM-1CRI, en la Locación San Martín 1 (SM1) del Lote 88, provincia de La Convención, en la región del Cusco.

Durante la etapa de construcción, los equipos y materiales se trasladarán vía terrestre desde Lima a Pucallpa, luego vía fluvial hasta el campamento base (CB) Malvinas y posteriormente será vía aérea a la Locación San Martín 1. El personal se trasladará vía aérea desde Lima al CB Malvinas y luego vía aérea a la Locación San Martín 1.

En la Locación San Martín 1 se utilizará maquinaria pesada con el objetivo de realizar carga, descarga y movimiento general de las máquinas y materiales, para lo cual se utilizará, grúa, tractor de orugas, y retroexcavadora. Transporte aéreo El traslado de pasajeros y carga desde Lima hacia el campamento Malvinas se realizará mediante aviones según el programa logístico de la operación actual.

La empresa también ha estimado el uso de helicópteros modelos BK-117 y MI171, y con un requerimiento de 35 vuelos/mes en helicóptero, siguiendo la ruta de vuelo establecida.

La Locación San Martín 1 se encuentra diseñada para realizar, desde una misma plataforma, la perforación de dos pozos productores dirigidos y un pozo de reinyección de cortes de perforación (CRI). Para ello, el equipo de perforación será desplazado entre los cellars mediante un sistema de deslizamiento (skidding), sin necesidad de desmontarlo y movilizarlo entre cada pozo.

El pozo de reinyección tendrá una profundidad de 2.000 m de profundidad respecto a la elevación de la superficie; esta profundidad se valida con los registros eléctricos, determinando la mejor arena para la inyección.

Para la ejecución de la perforación se utilizará un equipo de perforación con una potencia estimada de 2.000 HP, que contará con las siguientes características: torre de perforación de 142 ft con un millón de libras de capacidad; subestructura con 1 millón libras y set back de 600 mil libras de capacidad; malacate de 2000 HP de capacidad; top drive con capacidad de 500 Ton y 37,500 Lbs-Ft de torque; mesa rotaria de 37.5 pulgadas de apertura y 650 Ton de capacidad; 4 bombas de lodo PZ11 de 1600 HP de capacidad; tanques para lodo con capacidad de almacenamiento de 1600 Bbls; 6 generadores con motores Caterpillar 3512; tanques para diésel con capacidad de almacenamiento de 23,000 galones y un conjunto de BOP 13-5/8” y 10M psi

Los pozos productores SM-1007D y SM-1008D, así como el pozo de reinyección SM-1CRI, se ubicarán de manera adyacente a los pozos productores existentes en la Locación San Martín 1.

En tanto, el pozo de reinyección tendrá una profundidad de 2.000 m de profundidad respecto a la elevación de la superficie; esta profundidad se valida con los registros eléctricos, determinando la mejor arena para la inyección.

Para la captación de agua, la compañía instalará una electrobomba sumergible de 7Kw que impulsará el agua fresca hasta la estación de bombeo ubicada dentro de las facilidades del Camp. Km20, para que posteriormente el agua fresca a través de una línea de agua sea impulsada hasta la Locación San Martín 1.

La línea de agua es de HDPE de 4 pulgadas y seguirá la ruta del derecho de vía (DdV) de la línea de conducción de gas en el tramo de Camp. Km 20 hasta la Locación San Martín 1, y se instalará sobre la superficie del DdV, por lo que no habrá desbosque.

La estación de bombeo se instalará en el área intervenida del Camp. KM 20, y contará con un generador de 10KW, una motobomba, y dos tanques de 10,000 litros. Se precisa, que se contará con equipos de respaldo.

Más exploración en proyecto de cobre Zafranal

La empresa contempla implementar un total de 469 plataformas de perforación. La compañía, para tal efecto, busca ampliar el cronograma del proyecto de exploración Zafranal por 68 meses adicionales

Con la finalidad de identificar la mineralización objeto del presente proyecto de cobre Zafranal, ubicado en la región de Arequipa, Compañía Minera Zafranal requiere explorar nuevas zonas, para ello prevé realizar más actividades de exploración minera, a través de perforaciones de tipo diamantina, aire reverso, sónicas, entre otras, que permitan conocer el contenido metálico de las áreas mineralizadas.

La empresa contempla implementar un total de 469 plataformas de perforación, distribuidas de la siguiente manera: 330 plataformas de perforación exploratorias, mediante perforación diamantina (DDH) y aire reverso (RC); 25 plataformas de perforación geotécnicas, mediante DDH; 94 plataformas de perforación hidrogeológicas, mediante DDH y RC, y 20 plataformas de perforación con fines de investigación, mediante perforación sónica. Las 469 plataformas de perforación se adicionan a las 231 plataformas ejecutadas no rehabilitadas dentro del área efectiva del proyecto, obteniendo un total de 700 plataformas.

La compañía, para tal efecto, busca ampliar el cronograma del proyecto de exploración Zafranal por 68 meses adicionales (construcción, operación, cierre y post cierre).

Compañía Minera Zafranal utilizará los accesos existentes y, además, contempla habilitar aproximadamente 197,75 km de accesos secundarios adicionales. Estos accesos tendrán un ancho efectivo aproximado de 6 m a 10 m.

Los terrenos sobre los cuales se ubica el proyecto son de propiedad de la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA), organismo perteneciente al Gobierno Regional de Arequipa.

La demanda total estimada de agua para uso industrial durante la etapa de construcción asciende a 983.657 m³, considerando la implementación de accesos, plataformas de perforación, pozas de sedimentación, componentes auxiliares y riego de accesos principales y secundarios. El abastecimiento se realizará de acuerdo con el avance del proyecto y las necesidades operativas, mediante captación desde los puntos autorizados, mediante camiones cisterna y/o sistemas de bombeo.

Para la etapa de construcción se estima el requerimiento de aproximadamente 118 personas, quienes realizarán principalmente actividades relacionadas con la habilitación de plataformas, pozas de sedimentación, accesos y componentes auxiliares.

Durante el 2025 y lo que va del 2026, Zafranal ha comunicado a la autoridad competente sobre la existencia de 19 labores mineras no rehabilitadas y presencia de mineros en vía de formalización dentro de las concesiones mineras otorgadas a favor de Zafranal. La empresa es la titular de las 49 concesiones mineras donde se proyecta realizar los trabajos de exploración.

Los terrenos sobre los cuales se ubica el proyecto son de propiedad de la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA), organismo perteneciente al Gobierno Regional de Arequipa. En el 2022, Zafranal suscribió con AUTODEMA un contrato de usufructo, con una vigencia de 30 años, el cual comprende las áreas donde se emplazan los componentes actualmente aprobados del Proyecto.

Las actividades de exploración del proyecto vienen desarrollándose desde el año 2009 hasta la fecha con diferentes estudios ambientales.

Lagunas Norte hasta el 2034 con luz verde del regulador ambiental

La inversión de US$162 millones responde a la necesidad de agotar las reservas de mineral de la unidad minera

Boroo Misquichilca, la minera que opera el yacimiento Lagunas Norte en la región La Libertad, tiene la intención de ampliar sus operaciones hasta 2034. Los diversos cambios (indicaremos algunos) implican una inversión de US$162 millones y han sido aprobados en la Resolución Directoral N.° 00142-2026-SENACE-PE/DEAR. Durante este periodo, la minera mantendrá la continuidad operativa de los procesos fundamentales de la unidad minera, incluyendo la explotación del tajo abierto, el sistema de pilas de lixiviación (SPL) y el proceso metalúrgico (que integra el circuito de chancado, circuitos de procesamiento de minerales carbonosos y materiales refractarios, la Planta CIC, los circuitos de molienda y CIL, y la Planta Merrill Crowe), la producción comercial de barras doré, concentrados de oro, los sistemas de manejo de aguas, entre otras actividades.

Esta ampliación del cronograma responde a la necesidad de agotar las reservas de mineral de la unidad minera. Para tal fin, el volumen total de material a extraer del tajo asciende a 172,212 kt. De acuerdo con su Plan de Minado, Boroo tiene previsto extraer, en el periodo comprendido entre los años 2026 a 2034, un total de 132,668 kt de material de desmonte.

La empresa tiene también previsto ejecutar pozos de inyección en la Pila de Lixiviación Actual (PLA) y en la Nueva Pila de Lixiviación (NPL), con la finalidad de incrementar la recuperación metalúrgica del mineral remanente en dichas pilas, sin incrementar la capacidad máxima de procesamiento actualmente aprobada.

Boroo propone concretar 213 pozos de inyección con el propósito de ejecutar una lixiviación secundaria orientada a la recuperación de contenidos residuales de oro y plata en zonas de baja permeabilidad. Las actividades de construcción vinculadas a los pozos de inyección se llevarán a cabo de manera continua durante el resto de vida útil de la unidad minera.

El sistema de inyección operará mediante el bombeo de solución cianurada hacia los diferentes pozos de inyección, los cuales contarán con una o más zonas de inyección definidas según el diseño y los requerimientos operativos de Boroo. Cada pozo manejará un caudal aproximado de 300 m³/h, permitiendo una distribución controlada y uniforme de la solución dentro del material lixiviado.

La empresa ha programado implementar zarandas móviles para la clasificación y el remanejo de mineral lixiviado, con la finalidad de separar el material fino del grueso.

Un tercer cambio es incrementar el remanejo del material de la Pila de Lixiviación Actual (PLA) y Nueva Pila de Lixiviación (NPL), donde será sometido a un proceso de blending (mezcla) con material procesado de la Planta CMOP. Esta medida responde a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de estabilidad física y geotécnica en la conformación de las pilas de lixiviación, mediante la homogenización de las propiedades del material dispuesto. El blending permitirá mejorar la distribución granulométrica, la compactación y el comportamiento mecánico del conjunto, reduciendo riesgos de inestabilidad estructural.

Al respecto, la empresa ha programado implementar zarandas móviles para la clasificación y el remanejo de mineral lixiviado, con la finalidad de separar el material fino (–1/2”) del material grueso (+1/2”). El material fino será trasladado hacia la Planta CMOP para su clasificación y molienda, donde continuará su procesamiento para la obtención de oro.

Boroo admite que requiere de una mejora en la recuperación de oro que actualmente es transportado hacia las pilas de lixiviación desde la descarga de la faja transportadora aprobada del área de molienda del PMR y CMOP mediante la implementación de la tecnología High Pressure Grinding Rolls (HPGR), que permite una mayor liberación del oro encapsulado y una mayor eficiencia energética.

El proyecto contempla la implementación de dos rodillos de molienda de alta presión, que tiene por objetivo disminuir la granulometría del material de rechazo y de esta manera optimizar la liberación del oro encapsulado. Boroo espera aumentar la recuperación metalúrgica mediante una molienda más eficiente y reducir el consumo energético y de reactivos en el proceso de cianuración.

Con todo, el proceso HITECC conlleva un alto costo asociado a la pérdida de oro durante el mismo, por esta razón la compañía ha optado por reemplazarlo por el de desorción de oro con una baja concentración de hidróxido de sodio (NaOH), ya que se aleja de los métodos convencionales que implican el uso de temperaturas elevadas.

La modificación del proceso HITECC a tratamiento cáustico a baja temperatura corresponderá únicamente a la adición del NaOH en el proceso existente, sin modificar ninguna estructura existente. Para el desarrollo de las actividades propuestas, Boroo estima un requerimiento aproximado de 60 t/día de NaOH, el cual podrá variar en función de las características del material alimentado al proceso, pudiendo incluso ser inferior al requerimiento indicado previamente.

El Niño pondrá a prueba madurez preventiva de mineras y petroleras

El posible fortalecimiento de El Niño hasta niveles extraordinarios coloca a la minería y la energía ante un desafío que trasciende los daños físicos. Agua, electricidad, infraestructura, proveedores y rutas logísticas podrían verse comprometidos, obligando a las empresas a anticipar escenarios y reforzar sus planes de continuidad.

El próximo gran desafío para la minería y la energía en Perú podría no estar debajo de la tierra ni en los mercados internacionales, sino frente a la costa. Las condiciones actuales del océano abren la posibilidad de que El Niño 2026–2027 alcance una magnitud extraordinaria, con efectos capaces de alterar infraestructura, disponibilidad de agua, generación eléctrica, transporte y cadenas de abastecimiento. Para dos sectores que concentran buena parte de la inversión privada y dependen de una operación continua, el fenómeno climático empieza a ser también una prueba de resiliencia empresarial.

A inicios de septiembre, la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana registraba una anomalía promedio de +4,6 °C, según lo expuesto por el especialista en riesgos naturales Patricio Valderrama durante el evento “Escenarios para El Niño 2026–2027”, organizado por ABRESA. El escenario no se limita al calentamiento de la superficie: también se observa la presencia de aguas cálidas a mayor profundidad y modificaciones en variables oceánicas y atmosféricas que serán determinantes durante los próximos meses.

El riesgo climático puede paralizar una operación aunque sus instalaciones permanezcan intactas.

La señal también aparece en las proyecciones internacionales. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que El Niño alcance una intensidad fuerte durante agosto-octubre de 2026. Los modelos climáticos proyectan, además, que las anomalías de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 superarán los 2,9 °C. El organismo advierte que el fenómeno se desarrolla en un contexto de calentamiento excepcional de los océanos y en interacción con otros patrones climáticos, una combinación que puede modificar los regímenes de lluvias y elevar la probabilidad de eventos extremos.

Para Perú, uno de los principales focos de atención estará en la costa norte y central durante los primeros meses de 2027. Lluvias intensas, desbordes e inundaciones podrían afectar carreteras, instalaciones y rutas de transporte. A ello se suma un riesgo menos visible: el incremento de sedimentos y turbidez en los ríos puede dificultar los sistemas de tratamiento y abastecimiento de agua, así como la generación eléctrica.

En minería, donde agua, energía, carreteras y cadenas de suministro forman parte de la ecuación operativa, una interrupción en cualquiera de estos componentes puede trasladarse rápidamente al resto del negocio. Una carretera bloqueada puede impedir el ingreso de insumos o la salida de producción; un proveedor afectado por las lluvias puede dejar de atender pedidos; y una fuente de agua comprometida puede obligar a modificar procesos. El impacto, por tanto, no necesariamente comienza cuando una instalación resulta dañada.

 

La generación eléctrica enfrenta una exposición particular. Una menor disponibilidad de recursos hídricos o una reducción de la generación hidroeléctrica podría incrementar la dependencia de centrales a gas e incluso diésel en escenarios de estrés. Esto puede elevar la volatilidad de los precios en el mercado spot y poner a prueba el abastecimiento de combustibles y la infraestructura de transmisión.

El riesgo aparece en un momento sensible para la economía peruana. Moody’s Ratings señala que las empresas no financieras y de infraestructura llegan a 2026 y 2027 desde una posición general de fortaleza, impulsadas por la mejora de la actividad económica, una fuerte inversión privada y la demanda sostenida de las exportaciones mineras. La agencia proyecta un crecimiento de 3,4% en 2026 y de 3,2% en 2027. Sin embargo, identifica la intensificación de El Niño hasta principios de 2027 como uno de los principales riesgos de corto plazo para la economía y el entorno crediticio.

La tensión es evidente: mientras la inversión minera, energética y de infraestructura encuentra condiciones para continuar, el clima introduce una variable que puede alterar los supuestos de operación. Para las empresas, la pregunta deja de ser únicamente cuánto costaría reparar los daños después de un evento extremo y pasa a ser cuánto puede costar una interrupción de varios días o semanas.

Las estimaciones presentadas por Valderrama permiten dimensionar esa amenaza. Un escenario de El Niño fuerte podría generar pérdidas económicas de entre US$15.000 millones y US$25.000 millones, mientras que en un escenario extraordinario los daños directos e indirectos podrían superar los US$45.000 millones. Como referencia, los eventos de 1997–1998 y 2017 dejaron pérdidas estimadas en aproximadamente US$3.500 millones y US$3.100 millones, respectivamente.

Ante esta perspectiva, la preparación empresarial adquiere una dimensión distinta. No se trata únicamente de reforzar instalaciones o ejecutar obras de protección. También implica identificar qué procesos podrían detener la operación, mapear la exposición de plantas, almacenes, proveedores y rutas logísticas, diversificar fuentes de abastecimiento y asegurar recursos críticos como agua y energía.

La continuidad del negocio se convierte así en una herramienta de gestión frente al riesgo climático. Patricia Larios, profesora de la Universidad del Pacífico, plantea que los eventos extremos pueden afectar el flujo de caja, los activos y la continuidad de una empresa, incluso cuando sus instalaciones no resultan directamente dañadas. Por eso, evaluar toda la cadena de valor resulta tan importante como proteger los activos físicos.

Para las compañías minero-energéticas, esto supone trabajar con escenarios antes de que ocurra la emergencia: determinar qué operaciones deben priorizarse, cuánto tiempo puede mantenerse una actividad bajo condiciones adversas, qué proveedores alternativos están disponibles y cómo responder ante restricciones de agua, energía o transporte.

El Niño 2026–2027 todavía está sujeto a la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Pero las señales actuales ya colocan la prevención en el centro de la agenda empresarial. En un país donde la minería y la energía son piezas relevantes de la inversión y la actividad económica, la gestión del riesgo climático deja de ser una función periférica y pasa a formar parte de la estrategia para sostener las operaciones cuando las condiciones dejan de ser normales.

La resiliencia estilo Poderosa

Ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño, Minera Poderosa ha reforzado su plan de contingencias con obras en quebradas y vías, capacitación, simulacros y coordinación con autoridades y comunidades. La compañía destinará 5 millones de soles a medidas preventivas para proteger operaciones, trabajadores y poblaciones.

En Pataz, la prevención frente al Fenómeno El Niño comienza por reconocer las características del territorio. La operación de Minera Poderosa se ubica en un entorno de laderas y vertientes montañosas, valles profundos y quebradas, con pendientes que en algunos sectores superan los 45°. A ello se suman depósitos de material suelto, fragmentos de roca y una geodinámica marcada por fallas geológicas y zonas de cizalla.

Durante las lluvias intensas, estas condiciones incrementan el riesgo de huaicos, deslizamientos y crecidas de ríos y quebradas. El río Marañón es uno de los puntos de especial atención, pues en su entorno se encuentra el principal acceso a la unidad minera y a comunidades cercanas.

Para Poderosa, prepararse ante un eventual episodio de El Niño no significa únicamente proteger sus instalaciones. También implica preservar la conectividad, reducir la exposición de las poblaciones y mantener la capacidad de respuesta ante una emergencia.

“Las acciones preventivas priorizan las comunidades, los componentes de Poderosa próximos a quebradas y las vías de acceso”, explica Walter Díaz, gerente del Sistema Integrado de Gestión de la compañía.

Intervenciones en puntos críticos
La empresa ha identificado diversos puntos críticos, entre ellos la zona de Santa María, en Pueblo Nuevo; la vía hacia la Comunidad Campesina Andrés Rázuri Suyubamba; las quebradas Calquiche y Aeropuerto; y la vía LI-124, en el tramo Chagual-Vijus.

Desde hace varios meses, Poderosa ejecuta trabajos de limpieza, descolmatación y encauzamiento de quebradas, además de intervenciones para reforzar vías expuestas.

En Vijus, la compañía ha proporcionado maquinaria para la descolmatación del río Tingo y trabaja en un sector crítico de la vía LI-124, donde se viene elevando y reforzando la plataforma vial para reducir el riesgo de interrupción del acceso ante un eventual incremento del nivel del Marañón.

La geografía de Pataz, con pendientes que en algunos sectores superan los 45°, eleva el riesgo de huaicos, deslizamientos y crecidas.

Mantener operativas estas rutas es clave para conectar Pataz con sus anexos. Una interrupción puede afectar el desplazamiento de personas y el abastecimiento, pero también dificultar la atención de emergencias y aislar comunidades.

Hasta el momento, Poderosa ha intervenido cuatro quebradas identificadas en su matriz de riesgos y prevé continuar con otras cuatro.

Un plan que se actualiza cada año
La principal herramienta de preparación es el Plan de Contingencias ante Precipitaciones, que se revisa y actualiza anualmente. El documento establece responsabilidades y medidas para prepararse, mantener la continuidad operativa y restablecer las actividades ante una eventual interrupción.

Para esta temporada, la empresa ha reforzado los mecanismos de alerta mediante la instalación de alarmas adicionales para advertir sobre incrementos en los niveles de ríos y quebradas y posibles huaicos.

También ha previsto carpas para eventuales afectados, medicinas, alimentos no perecibles, materiales e insumos críticos. Asimismo, evalúa contratar un helicóptero para emergencias que requieran el traslado de personas.

Las brigadas de emergencia cuentan con equipamiento específico y vienen recibiendo capacitación especializada. Los entrenamientos también se han incrementado. La compañía prevé iniciar simulacros en la unidad minera a fines de septiembre y extenderlos a las comunidades durante octubre.

Preparación de las comunidades
La estrategia incluye capacitación y organización comunitaria. En Vijus se desarrollan talleres de prevención de riesgos naturales dirigidos a dirigentes comunales y estudiantes de secundaria. También se han previsto simulacros de huaicos, identificación de zonas de evacuación y organización de brigadas.

Poderosa ha coordinado con autoridades comunales y líderes sociales la inspección de viviendas ubicadas en las riberas de los ríos Marañón y Tingo, con el objetivo de identificar riesgos y plantear medidas preventivas.

En esta tarea participan presidentes comunales, agentes municipales y representantes de los CODECOS, quienes aportan su conocimiento del territorio. La coordinación también alcanza a la Municipalidad Distrital de Pataz, principalmente a través de sus áreas de Defensa Civil y gestión del riesgo.

Coordinación y presupuesto
Para intervenir en las quebradas, Poderosa ha coordinado con la Autoridad Local del Agua (ALA) Huamachuco y gestionado las autorizaciones correspondientes. Entre los puntos atendidos figuran sectores considerados críticos por la Autoridad Nacional del Agua, como las quebradas Calquiche, Naranjal y un tramo de El Tingo.

En materia vial, mantiene coordinaciones con Provías y el Gobierno Regional de La Libertad para identificar puntos vulnerables y preservar la transitabilidad. También participa en reuniones con empresas mineras de la región para evaluar acciones preventivas conjuntas frente a riesgos en las rutas y la activación de quebradas.

El plan contempla una coordinación permanente con autoridades locales, ANA, Provías, Gobierno Regional y organizaciones comunales.

Según Walter Díaz, el Plan de Contingencias dispone de S/ 5,066,000 para medidas preventivas. La ejecución está a cargo de las distintas superintendencias y su cumplimiento se reporta mensualmente a las gerencias.

En Pataz, donde una lluvia intensa puede convertirse rápidamente en una emergencia, la preparación depende tanto de una quebrada despejada y una vía reforzada como de sistemas de alerta y comunidades preparadas para evacuar.

El desafío será mantener estas medidas activas durante toda la temporada y fortalecer la coordinación entre empresa, autoridades y población para responder de manera conjunta ante una eventual emergencia. Esta articulación resulta especialmente relevante en un territorio donde las condiciones geográficas pueden dificultar el acceso y acelerar la evolución de un evento natural.

La prevención, por ello, no termina con la ejecución de obras o la instalación de equipos. Requiere seguimiento permanente, actualización de los protocolos y participación activa de quienes viven y trabajan en las zonas expuestas.

Komatsu-Mitsui, anticipación y resolución

Ante el riesgo de lluvias intensas, huaicos e inundaciones, Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú refuerza su capacidad para atender obras de prevención y rehabilitación. La estrategia combina maquinaria, repuestos, soporte técnico y logística regional, con un objetivo central: reducir los tiempos de respuesta y asegurar que los equipos estén operativos cuando más se necesitan.

Las emergencias provocadas por lluvias intensas, huaicos e inundaciones ponen a prueba la capacidad de movilizar rápidamente maquinaria pesada hacia las zonas afectadas. Para Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú (KMMP), la respuesta comienza mucho antes de que ocurra un desastre.

Julio Molina, CEO de la compañía, sostiene que KMMP participan tanto en la prevención como en la recuperación, aportando equipos para limpieza y descolmatación de cauces, movimiento de tierras, remoción de material y rehabilitación de vías.

Sin embargo, la responsabilidad de la empresa va más allá de suministrar maquinaria. “En una emergencia, el valor no está en cuántas máquinas existen, sino en cuántas están efectivamente operativas”, afirma Molina.

La disponibilidad depende de que los equipos cuenten con mantenimiento, repuestos, técnicos y respaldo logístico para mantenerse trabajando cuando más se necesitan.

Excavadoras, cargadores, tractores y motoniveladoras son claves para descolmatación, movimiento de tierras y rehabilitación vial.

Maquinaria para cada etapa
Entre los equipos más relevantes para estas labores están las excavadoras hidráulicas, cargadores frontales, tractores sobre orugas y motoniveladoras, utilizados en limpieza de cauces, retiro de material, movimiento de tierras y rehabilitación de vías. También se emplean equipos de compactación y pavimentación para la recuperación vial.

KMMP atiende estos requerimientos mediante venta de maquinaria nueva, alquiler y venta de equipos seminuevos. Esta última alternativa ha ganado espacio porque permite acceder a equipos revisados y respaldados por la compañía con menor inversión y disponibilidad inmediata.

El alquiler resulta especialmente útil para obras de corta duración y presupuesto definido.

Como parte de sus acciones de responsabilidad social, la compañía también contempla el préstamo de maquinaria para labores de atención y rehabilitación en zonas afectadas, coordinando con autoridades y actores locales.

El objetivo, explica Molina, no es simplemente entregar una máquina, sino recomendar la solución adecuada para cada aplicación y asegurar productividad, seguridad y disponibilidad.

 

Prepararse antes de la alerta
Uno de los principales desafíos frente a El Niño es el reducido margen de reacción. Entre los primeros pronósticos y la necesidad efectiva de maquinaria en campo pueden transcurrir pocas semanas, mientras que importar determinados equipos o componentes puede tomar meses.

Por ello, KMMP trabaja con anticipación. Mantiene inventarios de repuestos y los distribuye estratégicamente en sus sucursales para facilitar su movilización hacia las zonas donde sean requeridos.

También prepara su capacidad técnica y logística para absorber un eventual incremento de intervenciones, mientras que la disponibilidad de maquinaria seminueva permite atender requerimientos con entrega inmediata.

Molina destaca además la integración directa de la fábrica en la estructura y planificación de KMMP, lo que permite coordinar acciones frente a cambios en la demanda y anticipar decisiones de abastecimiento.

“Cuando hablamos de disponibilidad, no hablamos solo de tener máquinas: hablamos de equipos, repuestos, técnicos, infraestructura y respaldo de fábrica trabajando de manera coordinada”, explica.

La presencia de KMMP en distintas regiones permite acercar maquinaria y soporte a las zonas donde podrían ser requeridos.

Soporte para mantener los equipos activos
KMMP cuenta con servicio técnico en campo, mantenimiento preventivo y correctivo, diagnóstico especializado, soporte de ingeniería, suministro de repuestos genuinos y monitoreo de equipos.

La compañía también desarrolla programas de capacitación para operadores y personal técnico, enfocados en seguridad, productividad y buenas prácticas de operación.

En trabajos de prevención y emergencia, este soporte resulta especialmente relevante por las condiciones del terreno y el mayor riesgo operacional. Para la empresa, cada hora de disponibilidad de un equipo puede ser crítica.

La planificación es clave
La movilización es uno de los principales obstáculos durante una emergencia. Las lluvias, huaicos o desbordes pueden afectar las carreteras y rutas logísticas precisamente cuando se necesita trasladar maquinaria, repuestos y técnicos.


Para KMMP, la respuesta depende de equipos operativos, repuestos, técnicos, infraestructura y respaldo logístico.

Por eso, KMMP busca acercar previamente los recursos a las zonas donde podrían ser necesarios. Esto incluye revisar inventarios, movilizar repuestos hacia las sucursales, identificar componentes críticos y disponer de capacidad técnica en áreas de mayor riesgo.

La presencia regional permite atender desde puntos cercanos a las operaciones de los clientes, en lugar de concentrar los despachos desde Lima.

Pero Molina identifica otro factor clave: la planificación conjunta. Cuando un cliente comunica con anticipación su programa de obra, KMMP puede reservar equipos, posicionar repuestos y asegurar cobertura técnica.

“La mejor forma de reducir el tiempo de respuesta es, precisamente, anticiparse a la emergencia”, sostiene.

La compañía posiciona repuestos y recursos técnicos antes de la temporada crítica para reducir los tiempos de respuesta.

De la reacción a la prevención
Para KMMP, la experiencia frente a fenómenos como El Niño debería impulsar un cambio permanente en la planificación. El país necesita pasar de una respuesta centrada en la emergencia a una estrategia sostenida de prevención y rehabilitación.

Esto implica identificar anticipadamente las zonas vulnerables, planificar las intervenciones y determinar qué maquinaria, repuestos, operadores y recursos logísticos serán necesarios antes del periodo crítico.

En ese escenario, la maquinaria pesada deja de ser solo una herramienta para reparar daños y se convierte en parte de la capacidad preventiva del país.

Para Molina, anticiparse significa tener los recursos cerca, contar con personal preparado y garantizar el soporte necesario para mantener los equipos operativos. La prevención, desde esta perspectiva, comienza mucho antes de que llegue la lluvia.

Resiliencia y continuidad: la estrategia de OIG ante El Niño

Ante el riesgo de un Fenómeno El Niño fuerte o extraordinario, OIG Perú ejecuta un plan preventivo para reducir la vulnerabilidad del Lote X. La estrategia prioriza caminos, accesos, drenajes, sistemas eléctricos, ductos e instalaciones críticas, además de reforzar el monitoreo, la seguridad del personal y la capacidad de respuesta ante emergencias.

El Fenómeno El Niño representa uno de los principales riesgos para las operaciones productoras de petróleo y gas del noroeste. Para OIG Perú, el desafío no se limita a enfrentar lluvias intensas: implica proteger una operación extendida territorialmente, asegurar el acceso a pozos e instalaciones y mantener la continuidad de la producción, garantizando la seguridad de las personas y el cuidado del medio ambiente.

Ricardo Martínez, COO de OIG Perú, explica que la empresa trabaja bajo escenarios de un Fenómeno El Niño fuerte o extraordinario que podría generar impactos sobre la infraestructura y la actividad de hidrocarburos entre noviembre de 2026 y abril de 2027.

“El Lote X es el campo productor más grande del noroeste, con una producción de 10,700 barriles equivalente de petróleo, una amplia distribución de miles de pozos e instalaciones que dependen de caminos, suministro eléctrico, ductos y servicios de campo. Una interrupción puede desencadenar efectos sobre la producción y dificultar la atención de emergencias”, señala Martínez.

Los principales puntos de vulnerabilidad identificados por OIG son la vialidad, los sistemas eléctricos, los drenajes y quebradas, la integridad de oleoductos y gasoductos, las instalaciones de producción y la seguridad y movilidad del personal.


Para OIG Perú, El Niño debe gestionarse como un riesgo integral de continuidad del negocio.

“El FEN debe gestionarse como un riesgo integral de continuidad del negocio y no únicamente como una contingencia meteorológica”, sostiene el ejecutivo.

La prevención empieza antes de las lluvias
La experiencia de episodios anteriores dejó una lección aprendida: esperar a que comiencen las lluvias puede aumentar las consecuencias.

La pérdida de un camino crítico puede retrasar una emergencia, impedir el ingreso de equipos a los pozos, dificultar la reparación de una falla eléctrica o postergar trabajos de mantenimiento, con impacto directo en la producción.

Por ello, OIG Perú comenzó hace tres meses un plan integral que involucra a Operaciones, Mantenimiento, Perforación, QHSE, Logística, Tecnología y otras áreas.

El programa comprende 60 iniciativas distribuidas entre plantas, estaciones de compresión, baterías, pozos, oleoductos, gasoductos, almacenes y otras instalaciones.

Las acciones incluyen limpieza y recuperación de accesos y drenajes, construcción de bermas y elementos de contención, impermeabilización y protección de salas y tableros eléctricos, mantenimiento de canaletas y protección de sistemas de control e instrumentación.

También se inspeccionan líneas eléctricas, se aseguran componentes de respaldo y se refuerzan soportes de oleoductos y gasoductos frente a escorrentías y erosión. El objetivo es concluir las obras prioritarias antes de la última semana de octubre.

El plan comprende caminos, accesos, drenajes, sistemas eléctricos, pozos, ductos e instalaciones críticas.

Tecnología para mantener el control
La preparación incorpora herramientas de monitoreo remoto. OIG amplía el uso de drones, cámaras, instrumentación, sistemas SCADA y estaciones meteorológicas para conocer el estado de las instalaciones durante un evento severo.

Algunas zonas podrían quedar inaccesibles o resultar riesgosas para el personal. Contar con información a distancia permitirá evaluar las condiciones y tomar decisiones reduciendo su exposición.

En instalaciones críticas también se trabaja en autonomía eléctrica, protección de tableros y equipos de control, comunicaciones de respaldo y disponibilidad anticipada de combustible, lubricantes, repuestos y agua.

Producción y perforación bajo escenarios
OIG trabaja con distintos escenarios y reconoce que la afectación final dependerá de la intensidad y distribución de las lluvias.

Según Martínez, los principales riesgos sobre la producción estarían relacionados con restricciones de acceso, fallas eléctricas y una reducción temporal de actividades como perforación, workover, swabbing y well service.

Tomando como referencia la experiencia de fenómenos severos anteriores en campos de esta naturaleza, el ejecutivo señala que las pérdidas de producción podrían ubicarse entre 1% y 2% durante noviembre y diciembre, considerados los meses más críticos de este año.

Durante el primer cuatrimestre de 2027 el impacto podría ser mayor que en el 2026. De acuerdo con los escenarios manejados por OIG, las pérdidas de producción podrían oscilar entre 8% y 20%, dependiendo de la severidad.

La perforación de nuevos pozos también podría verse afectada. Los equipos requieren condiciones de acceso y seguridad más exigentes y, si las lluvias provocan inundaciones, erosión o deterioro de las vías, podría disminuir el número de pozos perforados y la producción asociada.

Seguridad, salud ocupacional y ambiente, primeros
La seguridad de las personas y la protección ambiental constituyen otro eje del plan. OIG refuerza los recursos para responder ante eventuales impactos de hidrocarburos y revisa zonas impermeabilizadas, áreas de almacenamiento y puntos susceptibles de perder contención.

También se fortalecen el monitoreo meteorológico, los equipos de protección para lluvia, los sistemas de comunicación y la disponibilidad de refugios temporales y alojamiento para personal crítico, previendo medicinas y sistema de control sanitario.

Los esquemas de trabajo buscan mantener cobertura durante los siete días de la semana y reducir desplazamientos cuando las condiciones de los caminos no sean adecuadas. La compañía también prevé colaborar con las necesidades emergentes de las poblaciones de su área de influencia.

OIG estima pérdidas de producción entre 1% y 2% a fines de 2026 y de 8% a 20% durante el primer cuatrimestre de 2027, según la severidad.

De la contingencia a la planificación
Para Martínez, la preparación frente a El Niño no debería limitarse a responder ante un evento extraordinario. El fenómeno debe incorporarse como una condición de diseño, con protocolos claros de evaluación de riesgos en las operaciones de perforación, workover y mantenimiento, que prioricen la suspensión oportuna y segura de actividades cuando se vea comprometida la estabilidad del terreno o la integridad del personal.

Además, es imperioso desarrollar infraestructura vial y drenajes más resilientes, fortalecer las redes eléctricas y ampliar la automatización y el monitoreo remoto.

También considera necesaria una mayor coordinación entre operadores, debido a que muchos caminos, accesos y corredores logísticos son compartidos.

La resiliencia, sostiene el ejecutivo, no consiste en evitar cualquier impacto. Se trata de anticiparse, proteger a las personas y al ambiente, mantener las operaciones esenciales y recuperar la actividad con mayor rapidez cuando una emergencia ocurre.

GLP: un mercado en expansión que enfrenta una doble vulnerabilidad en el Perú

La dependencia de las importaciones, la concentración del almacenamiento y la alta informalidad en el GLP envasado marcaron el 1.er Congreso Internacional del GLP. El encuentro planteó reforzar la infraestructura, facilitar la formalización y definir el papel del combustible dentro de la política energética de largo plazo.

El mercado peruano de Gas Licuado de Petróleo (GLP) enfrenta dos vulnerabilidades: una cadena de abastecimiento expuesta a la dependencia externa y una elevada informalidad en la comercialización de GLP envasado. A ellas se suma una discusión de fondo: qué lugar debe ocupar el combustible en la política energética hacia 2050.

Cerca del 47% de la demanda peruana de GLP dependería de las importaciones en 2026, mientras el 90% de la capacidad de almacenamiento se concentraría en Lima y Callao.

Estas preocupaciones estuvieron presentes en el 1.er Congreso Internacional del GLP “Energía accesible para todos”, organizado por la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), que reunió a especialistas de siete países.

La directora ejecutiva de la SPGL, Jeaninne Delgado, resumió el debate en tres problemas que, a su juicio, no pueden quedar fuera de la política energética: la pobreza energética, el incremento de las actividades ilegales y la vulnerabilidad del abastecimiento por la falta de infraestructura y terminales. “Si no estás ahí, no existes para el tema del marco normativo”, sostuvo al referirse a la necesidad de que el sector esté visibilizado en la política pública.

Su planteamiento lleva la discusión más allá del GLP como combustible. Y es que, dentro del marco de la transición energética los especialistas sostuvieron que los países latinoamericanos deben definir sus estrategias según sus recursos, infraestructura y prioridades. Para el Perú, ello implica garantizar acceso a energía para poblaciones vulnerables sin perder de vista la seguridad del abastecimiento.

Una cadena cada vez más expuesta al exterior
De acuerdo con información presentada por la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado (AIGLP), con datos de OPIS, cerca del 47% de la demanda peruana de GLP dependería de las importaciones en 2026.

A esta exposición se suma la concentración de la infraestructura. Según la misma presentación, alrededor del 90% de la capacidad de almacenamiento estaría concentrada en Lima y Callao. Esta situación incrementa la vulnerabilidad logística ante eventuales interrupciones portuarias, bloqueos de vías o fenómenos naturales.

El problema trasciende al Perú. La AIGLP señaló que uno de cada dos kilogramos de GLP consumidos en América Latina es importado, lo que convierte la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución en un componente estratégico para la seguridad energética.

Uno de cada cinco locales sería formal
Un estudio presentado por Arturo Vásquez Cordano, director de Investigación y profesor principal de la Escuela de Postgrado GĚRENS y exviceministro de Energía, estima que al cierre de 2024 existían 28.888 locales de venta de GLP envasado en el país.

Solo el 20% de los 28.888 locales de venta de GLP envasado registrados en el estudio eran formales al cierre de 2024: aproximadamente uno de cada cinco establecimientos.

De ese universo, 5.769 eran formales, 16.715 informales según el estudio— y 6.405 estaban clasificados fuera del mercado formal. La presentación precisa que en estos dos últimos grupos se incluyen actividades ilegales.

Los locales formales representaban aproximadamente el 20% del total, es decir, cerca de uno de cada cinco establecimientos. El porcentaje es un cálculo derivado de las cifras del estudio.

El estudio utiliza un modelo estadístico basado en una línea de base de Osinergmin, una encuesta de percepción y entrevistas para estimar la evolución de los establecimientos entre 2020 y 2024.

 

US$ 325 millones en ventas no explicadas
El mismo estudio estima una segunda dimensión del problema a partir de la diferencia entre las ventas totales de GLP envasado y el consumo declarado por los hogares.

Según sus cálculos, las ventas no explicadas pasaron de representar el 9,3% del total en 2020 al 22,6% en 2024. En ese último año, el volumen no explicado superó los 3,15 millones de barriles, equivalentes a 8.643 barriles diarios.

GĚRENS estima que estas ventas alcanzaron US$ 325 millones en 2024. También calcula US$ 133,37 millones en pérdidas fiscales durante ese año y pérdidas acumuladas por alrededor de US$ 436 millones entre 2020 y 2024.

Las ventas no explicadas de GLP envasado alcanzaron un estimado de US$ 325 millones en 2024, con pérdidas fiscales calculadas en US$ 133,37 millones durante ese año.

La informalidad también plantea riesgos para los consumidores. El estudio identifica prácticas como operación sin registro, almacenamiento en infraestructura que no cumple condiciones técnicas, transporte no autorizado, trasvase clandestino y adulteración de balones, actividades que pueden afectar la trazabilidad y elevar el riesgo de accidentes.

Formalización y datos
GĚRENS estimó que formalizar un local de venta de GLP envasado con capacidad de hasta 120 kilogramos requería, como referencia para 2025, alrededor de 98 días y S/ 5.126 en trámites y costos administrativos.

La propuesta incluye simplificar procedimientos y utilizar el Sistema de Procesamiento de la Información Comercial (SPIC) y el Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP) para detectar inconsistencias entre volúmenes de compra y venta.

Colombia: una dependencia externa creciente
La experiencia colombiana mostró que la dependencia externa puede aumentar rápidamente cuando disminuye la producción nacional. Según información presentada por GASNOVA, la participación de Ecopetrol en la oferta colombiana de GLP pasó de 53% en 2025 a 36% en el primer semestre de 2026. En paralelo, las importaciones llegaron a cerca del 60% en lo que va de 2026.

Ante esta situación, el sector colombiano ha fortalecido infraestructura portuaria, almacenamiento y alternativas logísticas. La experiencia refuerza un mensaje del Congreso: cuando aumenta la dependencia externa, la infraestructura pasa a formar parte de la seguridad energética.

Un papel que debe definirse
La discusión sobre el futuro del GLP también estuvo vinculada con la política energética 2050. Jeaninne Delgado planteó que el combustible debe estar visibilizado desde la definición del problema público, sus causas y efectos, porque de ese diagnóstico se derivan los planes, programas y regulaciones.

Formalizar un local de venta de GLP envasado de hasta 120 kg requería, como referencia para 2025, alrededor de 98 días y S/ 5.126 en trámites y costos administrativos.

En ese sentido, se requiere fortalecer la infraestructura y el almacenamiento; reducir la informalidad y las actividades ilegales; simplificar la formalización; aprovechar los sistemas de información para mejorar la fiscalización y trazabilidad; y definir el papel del GLP dentro de la política energética de largo plazo.

El desafío no pasa solo por garantizar disponibilidad de GLP, sino por construir una cadena con mayor capacidad de respuesta, infraestructura suficiente y mejores mecanismos de control.

Y, como planteó Delgado durante el Congreso, la discusión debe hacerse visible desde el momento en que el país defina los problemas, prioridades y objetivos de su política energética hacia 2050.

María Claudia Morán Comitre

María Claudia Morán Comitre

Directora ejecutiva de ENERMIXA | Senda Energy Solutions

Datos que hablan, criterio que decide: la ingeniería del mañana

Los datos pueden mostrarnos lo que ocurrió. La analítica puede ayudarnos a comprender lo que está ocurriendo y la inteligencia artificial puede ayudarnos a anticipar lo que podría ocurrir

La transición energética está cambiando cómo producimos y consumimos energía y también la cantidad de información que debemos interpretar. En 2024, la demanda mundial de energía creció 2,2%, mientras el consumo de electricidad aumentó 4,3%, equivalente a 1.080 TWh adicionales. Ese año se incorporaron 585 GW de nueva capacidad renovable, el 92,5% de la expansión mundial de capacidad eléctrica.

Esta transformación necesita infraestructura y minerales. El cobre es un ejemplo. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), bajo su escenario de políticas declaradas, la demanda mundial podría pasar de 26,7 millones de toneladas en 2024 a 34,1 millones en 2040. La asociada a tecnologías de energía limpia aumentaría de 7,7 a 12,2 millones de toneladas.

La transición plantea un desafío: producir los materiales que la hacen posible requiere energía y agua, genera emisiones y exige gestión ambiental. A ello se suma la presión sobre los recursos hídricos. UN-Water reportó que el nivel global de estrés hídrico alcanzó el 18,6% en 2021, aunque con importantes diferencias entre regiones y cuencas.

¿Cómo gestionar simultáneamente energía, agua, emisiones, producción y riesgos? Parte de la respuesta está en un recurso que muchas organizaciones llevan años acumulando: los datos.

Una operación minera, energética o industrial puede disponer de años de registros de electricidad, combustibles, agua, producción, emisiones, mantenimiento, monitoreos e incidentes. Son miles o millones de datos históricos, técnicos y operacionales. Su verdadero valor aparece cuando aprendemos a relacionarlos e interpretarlos.

Cruzar producción y consumo permite detectar pérdidas de eficiencia. Analizar históricos de captación, recirculación y calidad del agua permite reconocer tendencias y periodos de mayor presión. Años de monitoreo de agua, aire, suelo o ruido pueden revelar estacionalidad y valores atípicos difíciles de identificar revisando cada campaña por separado.

La misma lógica puede utilizarse para prevenir riesgos. En la gestión de derrames de hidrocarburos o fugas de gas, integrar históricos de presión, caudal, corrosión, mantenimiento, fallas, incidentes y condiciones ambientales puede ayudar a reconocer recurrencias y orientar inspecciones hacia componentes que requieren mayor atención. Durante una emergencia, combinar información operacional, ambiental y territorial también puede mejorar la evaluación de escenarios y la capacidad de respuesta.

Aquí Power BI, Python, la analítica predictiva y la inteligencia artificial abren posibilidades extraordinarias. Un sistema puede procesar diez mil registros, detectar anomalías y encontrar relaciones en tiempos difíciles de alcanzar mediante una revisión exclusivamente manual. Pero detectar un patrón no significa necesariamente comprenderlo, y una predicción no debe confundirse con una certeza.

Esta diferencia es fundamental cuando una decisión tiene implicancias ambientales, operacionales o de seguridad. Una alerta de inteligencia artificial debe contrastarse con mediciones de campo, informes técnicos, reportes operacionales, mantenimiento y data histórica. Un dato incorrecto, una variable fuera de contexto o una correlación mal interpretada pueden conducir a conclusiones equivocadas y, en decisiones de alto riesgo, a consecuencias importantes.

Una operación minera, energética o industrial puede disponer de años de registros de electricidad, combustibles, agua, producción, emisiones, mantenimiento, monitoreos e incidentes. Son miles o millones de datos históricos, técnicos y operacionales. Su verdadero valor aparece cuando aprendemos a relacionarlos e interpretarlos.

Un algoritmo puede advertir una anomalía en la calidad del agua, una variación inusual en la presión de un ducto o proyectar un escenario de menor disponibilidad hídrica. Puede decirnos dónde mirar y qué comportamiento merece atención. La validación, sin embargo, requiere profesionales capaces de determinar si el resultado tiene sentido frente a la realidad de la operación y del territorio.

Por eso, la inteligencia artificial no debería eliminar los controles técnicos, sino fortalecerlos. Cuanto mayor sea el impacto potencial de una decisión, mayor deberá ser también su nivel de validación.

Esto redefine el papel del ingeniero actual y del mañana. Su valor no estará en competir con una máquina, sino en formular las preguntas correctas, interpretar tendencias, reconocer cuándo un resultado no tiene sentido y contrastar la pantalla con lo que realmente ocurre en campo.

Los datos pueden mostrarnos lo que ocurrió. La analítica puede ayudarnos a comprender lo que está ocurriendo y la inteligencia artificial puede ayudarnos a anticipar lo que podría ocurrir. Pero será el conocimiento técnico el que determine qué significa esa información y qué debemos hacer con ella.

El futuro de la ingeniería no estará en elegir entre inteligencia artificial o criterio humano, sino en integrarlos con responsabilidad. Porque allí donde termina la predicción comienza una tarea que sigue siendo profundamente profesional: validar, interpretar y decidir.

Fuentes: International Energy Agency (IEA), Global Energy Review 2025 y Global Critical Minerals Outlook 2025; IRENA, Renewable Capacity Statistics 2025; UN-Water, Progress on Level of Water Stress 2024.

Línea minera podría representar hasta el 30% de la facturación de Zoomlion Perú en 2027

La subsidiaria peruana de la multinacional china estima que al cierre de este año habrá comercializado 40 camiones mineros de 85 toneladas.

Zoomlion Perú inició este año la comercialización de los equipos de su línea minera. La subsidiaria de la multinacional china anunció en el marco de Expomina 2026 que estima cerrar este año con la venta de 40 camiones mineros de 85 toneladas y que sus camiones híbridos de 100 toneladas ya están realizando pruebas de desempeño en proyectos mineros del norte del país.

“Actualmente, los equipos de la línea minera representan el 10% de nuestra facturación en el Perú, pero estimamos que el próximo año concentrarán entre el 25 y el 30%”, comentó William Tan, gerente general adjunto de Zoomlion para América.

El ejecutivo destacó que el Perú será el mercado más importante para el crecimiento de la línea minera de Zoomlion en América del Sur. Asimismo, detalló que la estrategia de la empresa consiste en atender al sector minero a lo largo de toda su cadena de valor con equipos mineros y de otras líneas de negocio, como concreto, movimiento de tierras, plataformas de trabajo aéreo, entre otras.

El ejecutivo resaltó que la facturación de Zoomlion Perú entre enero y agosto de este año superó en un 168% a la de todo el 2025.

“Nuestro portafolio para el sector minero incluye, lógicamente, equipos mineros, pero también de otras líneas de negocio. En bombas y mixers de concreto somos actualmente líderes en el mercado peruano. En excavadoras tenemos también una participación importante. La minería es uno de los principales sectores a los que nos dirigimos con estos equipos”, detalló.

En ese sentido, Tan informó que para noviembre de este año Zoomlion Perú tiene previsto el lanzamiento de un mixer a gas natural, el cual ha sido diseñado especialmente para el mercado peruano, y que el próximo año la empresa iniciará la comercialización de mixers eléctricos.

“Siempre escuchamos al mercado y estamos cerca de nuestros clientes. Las empresas, en especial en la minería, no solo están buscando elevar su productividad, sino también reducir costos y tener un menor impacto ambiental”, indicó.

Por último, el ejecutivo resaltó que la facturación de Zoomlion Perú entre enero y agosto de este año superó en un 168% a la de todo el 2025; y que al cierre del 2026 el crecimiento respecto del año previo será de 250%. “Zoomlion Perú completará así tres años consecutivos de crecimientos de triple dígito, siendo la subsidiaria de Zoomlion de mayor crecimiento en América Latina”, finalizó.

Acerca de Zoomlion
Zoomlion es uno de los tres mayores fabricantes de maquinaria pesada de China, con más de 30 años de experiencia y presencia en más de 130 países a través de 32 centros regionales, 430 puntos de venta y 210 centros de distribución y almacenes de repuestos. En América Latina cuenta con 6 subsidiarias —México, Panamá, Perú, Chile, Colombia y Brasil— y próximamente sumará Argentina. Zoomlion Perú opera desde finales de 2022, siendo la segunda subsidiaria en iniciar operaciones en la región, solo después de Brasil. Con 8 líneas de negocio (equipos para concreto, movimiento de tierras, montacargas, plataformas de trabajo aéreo, grúas torre, grúas móviles, minería y agricultura), es la subsidiaria de mayor crecimiento en América Latina, y desde Perú atiende también los mercados de Ecuador y Bolivia.

Las Bambas: nueva tolva de recepción en molino de bolas y modificación del overflow de los hidrociclones

La inclusión de una nueva tolva permitirá la alimentación de bolas de 3 ½” en alto cromo para el circuito de molienda con la finalidad de asegurar un suministro continuo y controlado

Con el avance de las actividades de minado se ha identificado una disminución de la ley del mineral a ser procesado durante los próximos años, por lo que la minera Las Bambas ve necesario realizar diversas modificaciones en la planta concentradora, con el propósito de mantener los niveles de producción de concentrado de cobre actual.

Las modificaciones propuestas a la planta concentradora se ejecutarán en dos etapas. En la primera etapa (Etapa 1) se adicionarán y modificarán equipos con el fin de optimizar el proceso aprobado manteniendo la capacidad de 152.250 t/d. En el caso de la segunda etapa (Etapa 2) también se adicionarán, modificarán y/o reubicaran equipos, sin embargo, estos cambios tienen el fin de ampliar la capacidad de procesamiento de la planta concentradora a 182.700 t/p, incrementando en 30 450 t/d la capacidad aprobada, lo cual, corresponde a un incremento del 20% de la capacidad aprobada.

La empresa precisa que el proceso de beneficio (procesamiento) realizado en la planta concentradora, seguirá siendo el mismo al aprobado en el EIA (2011); es decir, se mantendrán ejecutando las etapas de chancado, molienda, flotación, remolienda, espesamiento, filtración y secado, para finalmente obtener concentrados de cobre–molibdeno como producto final.

Para poder operar de manera adecuada la capacidad aprobada a 152.250 t/d la planta concentradora (Etapa 1) requiere realizar cambios que permitan realizar mejoras en los circuitos de molienda, flotación y molibdeno.

La inclusión de una nueva tolva permitirá la alimentación de bolas de 3 ½” en alto cromo para el circuito de molienda con la finalidad de asegurar un suministro continuo y controlado de los medios de molienda, lo que a su vez optimizará la conminución y aumento de la recuperación metalúrgica en 2% a 4%. La inversión en este plan es de US$2.7 millones.

Las Bambas ha identificado la necesidad de incrementar el flujo de pulpa en las bombas de alimentación a los hidrociclones del circuito de molienda de bolas mediante la implementación de dos nuevas bombas.

Actualmente, la mina cuenta con dos tolvas de almacenamiento: Tolva de almacenamiento de Molino de bola N°1 (0240-BNC-0011) y Tolva de Almacenamiento de Molino de Bolas N°2 (0240-BNC-0012), los cuales cuentan con una capacidad de 980 t cada una, y donde mediante la faja transportadora (0240-CVB-0009) de 92 m de longitud se abastece y cargan las bolas de acero a los molinos de bolas: MB 1, MB 2 y MB 3.

El sistema de alimentación de bolas propuesto contempla la incorporación de un conjunto de equipos mecánicos e hidráulicos que permitirán el suministro controlado de bolas de 3½” de alto cromo hacia los molinos de bolas MB 1, MB 2 y MB 3. Este sistema ha sido diseñado como una unidad modular, considerando su instalación dentro del área de recuperación de mineral grueso, y su operación en condiciones de servicio continuo. El sistema estará compuesto por un chute de alimentación con revestimiento antidesgaste, el cual incluye una tolva de carga con perfil separador regulable y una tolva de descarga acondicionada para la instalación de un sistema de conteo de bolas.

Asimismo, se incluye un sistema hidráulico de destrabe de bolas, compuesto por cilindros, además de una compuerta de accionamiento neumático que regula el flujo mediante accionamiento hidráulico.

Modificación del overflow de los hidrociclones
El sistema de alimentación al nido de ciclones actualmente aprobado está conformado por cuatro bombas centrífugas para pulpa, cuya succión se realiza a través de tuberías desde los cajones, y que descargan hacia los ciclones.

Ahora, Las Bambas ha identificado la necesidad de incrementar el flujo de pulpa en las bombas de alimentación a los hidrociclones del circuito de molienda de bolas mediante la implementación de dos nuevas bombas.

El proyecto, de US$8.3 millones de inversión, incluirá, también, la modificación de la bandeja del underflow de los nidos de ciclones, la modificación de los cajones y la implementación de una línea paralela de agua hacia el molino de bombas N°3.

Enhol acelera su apuesta por la región Andina

EN PERÚ, LA PRIORIDAD INMEDIATA DE LA EMPRESA ES CULMINAR LA TRANSICIÓN DE LA CENTRAL SOLAR ILLA HACIA SU OPERACIÓN COMERCIAL, MIENTRAS ANALIZA OPORTUNIDADES EN COLOMBIA Y ECUADOR, Y ANALIZA LA TRANSMISIÓN, LA REGULACIÓN Y LA ESTRUCTURACIÓN COMERCIAL, FACTORES DETERMINANTES PARA ACELERAR LAS INVERSIONES ‎

La compañía española Enhol encara los próximos tres a cinco años en la región Andina con una estrategia que combina la consolidación de los proyectos que ya tiene en marcha y un crecimiento selectivo en nuevos mercados. El Perú continuará siendo uno de los principales focos de actividad, mientras Colombia y Ecuador concentran el análisis de nuevas oportunidades de inversión, afirma Ursula de la Mata, su directora de Desarrollo de Negocios para la Región Andina.

La ejecutiva, en una entrevista vía cuestionario, explica que la compañía no busca incrementar su presencia únicamente en términos de megavatios, sino desarrollar proyectos que puedan alcanzar una estructura financiera y comercial sostenible. Para ello, la empresa evalúa, entre otros factores, la calidad del recurso renovable, la disponibilidad de conexión, el avance de los permisos, la relación con los territorios y la existencia de una demanda capaz de respaldar los proyectos.

El almacenamiento tendrá un papel cada vez más relevante porque aporta la flexibilidad que necesitan los sistemas eléctricos con una mayor participación de generación solar y eólica.

En Perú, el primer objetivo de Enhol es culminar la transición de la Central Solar ILLA hacia su operación comercial. Con 396 MW de capacidad instalada, el proyecto representa uno de los principales activos de la cartera de Enhol y está diseñado para producir aproximadamente 1,2 TWh anuales. La planta cuenta con cerca de 744.000 módulos fotovoltaicos, además de una línea de transmisión de 220 kV y 9,5 kilómetros.

Para De la Mata, ILLA constituye un aprendizaje relevante para los siguientes desarrollos de la compañía. El proyecto cuenta con un contrato de compraventa de energía (PPA) de largo plazo con Kallpa y fue financiado mediante una estructura de project finance con Banco Santander. La ejecutiva destaca que la experiencia permitió a Enhol integrar en un mismo proceso aspectos como desarrollo, permisos, contratación de la energía, financiación, construcción y conexión.

La dimensión del proyecto también se refleja en su impacto durante la construcción: según la compañía, ILLA generó 635 empleos. Para Enhol, la relación con las comunidades y el territorio forma parte de la viabilidad de los proyectos y no constituye únicamente una etapa posterior al desarrollo técnico y financiero.

Céfiro
Después de ILLA, uno de los proyectos que concentra la atención de Enhol en Perú es el Parque Eólico Céfiro. La iniciativa contempla 320 MW de capacidad, distribuidos en 40 aerogeneradores de 8 MW cada uno, además de una subestación y una línea de transmisión de 31,63 kilómetros para su conexión al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

La reciente aprobación de la modificación de su Estudio de Impacto Ambiental semidetallado constituye, según De la Mata, un paso importante para optimizar el diseño del proyecto. Sin embargo, la compañía todavía debe completar elementos esenciales antes de confirmar el inicio de la construcción, entre ellos la solución de conexión, el esquema comercial, la financiación y el cronograma de ejecución.

Enhol todavía no ha definido públicamente el monto definitivo de inversión. Céfiro es considerado uno de los proyectos más avanzados y estratégicos de su cartera peruana y figura entre los principales candidatos para convertirse en su próximo gran desarrollo en el país.

Recurso
El potencial de generación no es, sin embargo, el único criterio que determina dónde invertirá Enhol. De la Mata sostiene que el sur peruano presenta condiciones particularmente competitivas para la energía solar, mientras que la costa concentra zonas con un importante potencial eólico.

Para la ejecutiva, uno de los principales obstáculos de la región Andina es precisamente la falta de coordinación entre generación, transmisión, regulación y demanda. En su opinión, disponer de un recurso renovable excepcional no es suficiente si la infraestructura eléctrica no crece al mismo ritmo o si existen incertidumbres sobre la conexión y la comercialización de la energía.

La previsibilidad regulatoria aparece así como uno de los factores centrales para atraer capital de largo plazo. El reto, plantea De la Mata, no consiste simplemente en acelerar trámites individuales, sino en lograr una planificación integrada que permita anticipar dónde y cuándo el sistema necesitará nueva capacidad de generación y flexibilidad.

El modelo de negocio de las renovables también está evolucionando. Los grandes parques destinados a suministrar energía al sistema seguirán teniendo un papel relevante, pero convivirán cada vez más con proyectos diseñados alrededor de grandes consumidores.

En este escenario, las baterías aparecen como una de las tecnologías que Enhol considera estratégicas para los próximos años. Su capacidad para almacenar electricidad durante los periodos de mayor producción renovable y entregarla cuando aumenta la demanda puede aportar flexibilidad al sistema y ayudar a reducir restricciones de red.

Estrategia regional
La expansión de Enhol no se limita a Perú. En Colombia y Ecuador la empresa analiza oportunidades que combinen recurso renovable competitivo, posibilidades de conexión, permisos suficientemente avanzados y una estructura comercial sólida.

Ecuador aparece como un mercado especialmente relevante dentro de esa estrategia. De la Mata considera que el país presenta un potencial significativo de crecimiento durante los próximos cinco años debido a la necesidad de incorporar nueva capacidad de generación, diversificar una matriz con una elevada dependencia de la hidrología y reforzar la seguridad del suministro.

ILLA representa un hito para Enhol y para el desarrollo de las energías renovables en el Perú. Con 396 MW de capacidad instalada, una generación estimada de 1,2 TWh al año, aproximadamente 742.000 módulos fotovoltaicos y una línea de transmisión de 220 kV y 9,5 kilómetros, es un proyecto de una escala excepcional para el país.

La ejecutiva, no obstante, diferencia entre potencial y facilidad de ejecución. Para convertir las oportunidades en proyectos concretos, Ecuador deberá consolidar condiciones regulatorias, contractuales y financieras que proporcionen previsibilidad a los inversores. Enhol trabaja además en una iniciativa vinculada a un importante grupo empresarial, aunque la compañía todavía no ha revelado detalles.

Colombia, por su parte, ofrece escala y un mercado más desarrollado, aunque afronta desafíos relacionados con la transmisión, los permisos y la ejecución de nuevos proyectos.

Perú seguirá ocupando un lugar central en la estrategia. La experiencia adquirida con ILLA, el desarrollo de Céfiro y el resto de su cartera proporcionan a Enhol una base desde la que continuar creciendo.

La visión de la compañía para la región apunta, en definitiva, hacia una transición energética en la que la generación renovable será solo uno de los componentes. Transmisión, almacenamiento, contratos de largo plazo y soluciones adaptadas a los grandes consumidores tendrán un peso creciente.

Para De la Mata, América Latina ya ha demostrado que puede desarrollar proyectos renovables competitivos y atraer capital internacional.

UNACEM busca garantizar el suministro eléctrico para su futura planta de cal

Esta fase inicial contempla un consumo energético estimado de 5.6 MVA, el cual será abastecido de manera eficiente desde la subestación Condorcocha, aprovechando la infraestructura existente ubicada a 900 metros del sitio del proyecto

La cementera UNACEM Perú SA tiene previsto ejecutar obras civiles y estructuras necesarias para establecer el suministro eléctrico en media tensión (22.9 kV) para la nueva planta de producción de cal de su futura unidad Condorcocha, ubicada en Tarma, en la región Junín, ya en construcción. Esta infraestructura garantizará la potencia necesaria para la puesta en marcha de la primera línea de producción de la planta.

La nueva planta de la empresa de Unacem tendrá una capacidad inicial de producción de 200.000 toneladas, equivalente al 15% de la demanda nacional. El horno es una de las innovaciones más destacadas, diseñado con la capacidad de incorporar en el futuro sistemas de captura de CO₂. El inicio de operaciones de esta nueva unidad de negocios está proyectado para junio de 2027. La demanda peruana de cal supera las 1,3 millones de toneladas al año y es un insumo clave de la minería, la construcción, la industria química y la agroindustria.

La ejecución del proyecto “Acometida Eléctrica a la Planta de Cal”, para la compañía, es fundamental para garantizar el suministro de energía eléctrica necesario para la puesta en marcha. Esta fase inicial contempla un consumo energético estimado de 5.6 MVA, el cual será abastecido de manera eficiente desde la subestación Condorcocha (propiedad de UNACEM Perú SA), aprovechando la infraestructura existente ubicada a 900 metros del sitio del proyecto.

La nueva planta de la empresa de Unacem tendrá una capacidad inicial de producción de 200.000 toneladas, equivalente al 15% de la demanda nacional.

La implementación del sistema de canalización eléctrica, conformado por 843 m de electroductos de 2×2 vías y 31 buzones de concreto armado, constituye infraestructura y componentes auxiliares destinados a garantizar el suministro eléctrico en media tensión (22,9 kV) para la nueva planta de producción de cal.

El sistema está diseñado para operar de forma continua a una tensión de 22.9 kV, cubriendo una demanda energética estimada de 5.6 MVA. Este flujo es crítico para la puesta en marcha de la primera línea de producción, centrada en el funcionamiento de un horno vertical con capacidad de 600 TPD (toneladas por día)

Al tratarse de componentes auxiliares asociados al funcionamiento de la planta, cuya ejecución no implica modificaciones sustanciales del proceso productivo ni genera impactos ambientales significativos adicionales, resulta técnicamente procedente su evaluación mediante un ITS, conforme al marco normativo.

El monto estimado para la ejecución de las obras civiles y electromecánicas del proyecto de la acometida eléctrica asciende a S/ 2.1 millones; el monto no incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Las canalizaciones, electroductos y buzones de concreto armado proyectados se han diseñado con materiales de alta durabilidad frente a las condiciones del terreno, previéndose una vida útil operativa estimada de 25 a 30 años, alineándose con el periodo de operación previsto para la nueva Planta de Cal. Esta infraestructura auxiliar no ampliará la vida útil general de las operaciones de cemento y cal aprobadas para la unidad Condorcocha.

SISTEMAS BESS EN EL PERÚ: RETOS REGULATORIOS Y FISCALES

Continuar regulando la innovación del siglo XXI con paradigmas del siglo pasado condena al sistema eléctrico a una vulnerabilidad innecesaria frente a la intermitencia renovable

Al 2028 se triplicará la capacidad solar instalada, por ello, los Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) son críticos para gestionar la intermitencia de la red, almacenando energía excedente para inyectarla cuando la red lo demande, inclusive cuando los precios «spot» se elevan.

Los BESS pueden ser activos independientes (standalone), estar acoplados a una central de generación (híbridos), y pueden incluirse en la planificación de transmisión o distribución (activo de red).

En un marco normativo diseñado para un mercado eléctrico tradicional y rígido, existe una delgada línea regulatoria que separa a las BESS como un sistema complementario de un proyecto independiente.

BESS Integrado vs. BESS Independiente
BESS Integrado: Forman parte de la concesión de generación existente, compartiendo el punto de interconexión, los permisos ambientales y los contratos de suministro (PPA). Mitigan el vertimiento de energía, operando bajo las reglas de la fuente primaria.

BESS Independiente: Compra energía primaria, la almacena y la reinyecta, no encajando limpiamente en las categorías tradicionales de generación, transmisión o distribución. Por ello, los BESS se enfrentan a un vacío institucional y normativo que imposibilita su participación justa en el mercado de servicios complementarios.

Los BESS pueden ser activos independientes (standalone), estar acoplados a una central de generación (híbridos), y pueden incluirse en la planificación de transmisión o distribución (activo de red).

Costo del vacío regulatorio
En el marco normativo actual, los BESS autónomos pueden terminar sujetos a exigencias operativas sin tener, todavía, sujeto jurídico, reglas de valorización, reconocimiento de potencia firme, ni compensación por los servicios que se le exigen.

La falta de una regulación legal origina dificultades en la monetización de los atributos de los BESS (simultáneamente, regulación de frecuencia, alivio de congestión en redes y arbitraje de precios), pues el COES y Osinergmin carecen de mecanismos para retribuir de forma separada cada uno de ellos.

¿BESS sin incentivos fiscales?
Las maquinarias, equipos y obras civiles necesarias para la instalación y operación de una central de generación renovable gozan de una depreciación acelerada de hasta el 20%.

Como sistema complementario podría señalarse que, al formar parte de la central de generación, se trata de un activo necesario para la operación, pues así se concibió desde un inicio del proyecto, esto es, incluyéndose los BESS, inclusive incorporándolas mediante modificaciones al proyecto original. En ese sentido, les podría aplicar el beneficio de la depreciación acelerada.

No obstante, como proyecto independiente difícilmente podría aplicarse dicho beneficio, pues no podrían ser calificadas dentro de la categoría de generación renovable. Así, se les aplicarían las reglas generales de depreciación y no la acelerada.

El dilema de los BESS en el Perú no es tecnológico, sino institucional y regulatorio. Continuar regulando la innovación del siglo XXI con paradigmas del siglo pasado condena al sistema eléctrico a una vulnerabilidad innecesaria frente a la intermitencia renovable.

Reconocer legalmente al almacenamiento independiente, diseñar un mercado de servicios complementarios ágil y reconocerles beneficios fiscales como la depreciación acelerada, son tareas imperativas que redundarán en la atracción de más inversión. Solo así el derecho dejará de ser un freno para convertirse en el verdadero catalizador de la transición energética peruana.

Transporte sostenible: dos ciudades, un mismo camino

Lima y Trujillo avanzan, con ritmos y desafíos distintos, hacia un transporte urbano más integrado, seguro y sostenible. La ATU y Transportes Metropolitanos de Trujillo cuentan sus planes, avances y obstáculos para transformar la movilidad de sus ciudades.

En medio de un transporte que brega entre la informalidad, la contaminación y el tumulto, hay esfuerzos que buscan darle un timonazo a la realidad. No son intentos vagos ni romanticismo puro, son inspiraciones concretas respaldadas en estudios, acciones y metas a lo largo de años. ¿El propósito? Devolverles a las personas un mejor estilo de vida a partir de un transporte seguro, moderno y eficiente. Porque no se puede soñar con un país desarrollado si todavía se padece con baches, bocinazos, tráfico, desorden y otros dolores de cabeza que invaden la cotidianidad.

¿Cuáles son esos planes? ¿Son factibles a corto plazo? ¿Realmente vale la pena sentirse esperanzados? Dos instituciones, con experiencias distintas, pero con el mismo propósito, cuentan en las siguientes páginas las realidades de sus ciudades, sus traspiés, sus iniciativas, sus avances y sus aspiraciones.

Por un lado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que, con siete años de creación, está pisando el acelerador de la integración de los distintos sistemas de movilidad: corredores, buses rápidos, trenes y transporte convencional. Y, en paralelo, viene batallando por la renovación del parque automotor, la transición hacia energías de impulsión más ecoamigables y la unificación tarifaria. Todo esto en medio de voces ajenas que pretenden desaparecerla y la presión por poner en marcha un proyecto que nació de forma apresurada.

Mientras que, al norte del país, Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), con quince años de existencia, nace con una motivación: instaurar en la Ciudad de la Eterna Primavera un sistema de transporte como nunca hubo alguna vez. Una vuelta en “U” hacia un camino que promete llevar a un mejor destino. Se trata del Corredor Vial Norte-Sur, por donde se desplazarán buses modernos, espaciosos y ecológicos, movilizando a más de 400 mil habitantes entre cinco distritos de alta demanda. ¿Es un calco del Metropolitano limeño? No, pero sí uno adaptado a la realidad de la ciudad.

Los protagonistas de la transformación del transporte en sus respectivas jurisdicciones se confiesan a continuación.

El transporte que Lima espera

David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, plantea acelerar la renovación de una flota que considera obsoleta, integrar buses, trenes y teleféricos, y avanzar hacia una sola red tarifaria y física. En paralelo, defiende la continuidad de una autoridad única para Lima y Callao.

Para David Hernández, el transporte público de Lima y Callao no se resolverá con una sola obra ni con un único modo de transporte. El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) plantea una transformación por etapas, que combine buses renovados, corredores segregados, líneas de metro y teleféricos, pero que tenga como eje una integración capaz de facilitar los viajes entre los distintos servicios.

El primer paso, sostiene, es conectar lo que ya existe. La ATU trabaja en la integración entre el Metropolitano, la Línea 1 y la Línea 2, mientras impulsa un esquema de recaudo integrado que permita utilizar una sola tarjeta.

“Ya la integración física es un paso del sistema integral de transporte”, afirma Hernández. A esta se suma la integración tarifaria, que considera fundamental para que el usuario pueda desplazarse entre diferentes modos sin tener que enfrentar sistemas de pago separados.

La entidad también viene impulsando carriles exclusivos para buses, con el objetivo de mejorar la velocidad de los servicios mientras avanzan las grandes obras de infraestructura. La experiencia de la avenida Arequipa es, en ese sentido, un piloto para probar cómo la prioridad al transporte público puede modificar los tiempos de viaje y, a la vez, recuperar espacio urbano.

Renovar la flota antes de que envejezca más
Uno de los principales desafíos está en la renovación de la flota. Hernández calcula que todavía deben reemplazarse alrededor de 9,000 vehículos en Lima y Callao y estima que completar ese proceso demandaría unos US$ 700 millones. A la fecha, como resultado del impulso que viene dando la ATU a los operadores de transporte, entre los cuales se encuentra los títulos habilitantes, se ha logrado renovar más de 1,000 unidades de transporte público.

Según explica, los recursos existen dentro del propio sistema. “Los ingresos anuales por pasajes de transporte público en Lima y Callao superan los US$ 1,500 millones, lo cual significa que hay espacio para modernizar la flota”, precisa el presidente ejecutivo de la ATU.

El problema, desde su perspectiva, está en cómo se gestionan esos recursos. Por ello, la ATU plantea una estructura financiera basada en fideicomisos que permita ordenar el recaudo y garantizar que una parte del dinero generado por los pasajes se destine al financiamiento de los vehículos.

Frente a las propuestas de devolver las funciones de la ATU a la Municipalidad de Lima, advierte sobre el riesgo de volver a gestionar Lima y Callao por separado.

El modelo contempla dos mecanismos. El primero busca asegurar el flujo de ingresos y distribuirlo entre los distintos componentes de la operación, incluido el repago de las unidades. El segundo funcionaría como garantía para proteger la continuidad del servicio.

Hernández asegura que este esquema ya ha contribuido a reducir el costo financiero. “Hasta el año pasado teníamos tasas de interés de 18% para los operadores. Hoy día estamos hablando de 9%”, afirma.

La renovación, sin embargo, debe ir acompañada de infraestructura que permita que los nuevos buses sean más eficientes. De ahí la importancia que la ATU concede a los carriles exclusivos y a la priorización del transporte público en determinadas avenidas.

Una ciudad, varios modos
Hernández no plantea una única tecnología para transformar la movilidad limeña. La geografía de la ciudad, explica, exige soluciones diferentes.

En las zonas de laderas y pendientes, por ejemplo, los teleféricos pueden ofrecer conexiones más rápidas que una solución vial convencional. La ATU ha planteado diversos proyectos de este tipo para conectar zonas periféricas con los grandes ejes de transporte.

Los metros, en cambio, están pensados para los corredores de mayor demanda, mientras que los buses tienen la ventaja de poder incorporarse con mayor rapidez.

“En lógica de inversión lo más rápido de adquirir son los buses”, señala. Por eso, la estrategia de corto plazo se concentra en la renovación de unidades, la estabilidad jurídica de los operadores, la estructuración financiera y los carriles segregados.

Las grandes líneas de metro y los teleféricos quedarían como parte de una segunda etapa de consolidación de la red. El objetivo es que cada modo cumpla una función dentro de un mismo sistema y no que opere como una infraestructura independiente.

GNV ahora, electricidad después
La renovación de la flota también abre la discusión sobre la matriz energética. Actualmente, alrededor del 80% del transporte terrestre regular funciona con diésel, según Hernández. La ATU busca que las nuevas unidades migren progresivamente hacia alternativas menos contaminantes.

 

El GNV aparece como una tecnología disponible en Lima, mientras que la electromovilidad requiere todavía resolver aspectos como el costo de inversión, la gestión de las baterías y la infraestructura de carga.

Hernández considera que los taxis podrían ser uno de los primeros segmentos en acelerar la electrificación, debido a que sus necesidades de carga pueden atenderse mediante una red más acotada. Los buses eléctricos, sostiene, también forman parte de la planificación, pero requieren una infraestructura de soporte mayor.

El modelo de estabilidad jurídica aplicado a los operadores incorpora además incentivos vinculados a la renovación. A mayor nivel de modernización y menor impacto ambiental, mayor plazo para recuperar las inversiones.

Avenida Arequipa como laboratorio
La avenida Arequipa se ha convertido en uno de los principales experimentos de la ATU para demostrar que la prioridad al transporte público puede coexistir con una mejora del espacio urbano.

El piloto del carril bus bidireccional busca separar los flujos y reducir los conflictos entre buses y vehículos particulares. Para Hernández, esos conflictos son una de las causas de la congestión: una maniobra que retrasa a un vehículo termina afectando a todos los que vienen detrás.

El objetivo es extender progresivamente la experiencia. “Recuperación de espacio urbano, un tránsito amable es posible”, afirma.

La ATU evalúa ampliar el tramo intervenido y analiza otras avenidas donde podría replicarse el modelo. En Callao también se trabaja en la recuperación de espacios para el transporte público.

Para Hernández, la evaluación debe centrarse en resultados concretos, especialmente en la reducción de los tiempos de viaje.

Hernández defiende un sistema multimodal que combine buses, metros y teleféricos según las características de cada zona.

El costo de no integrar
El argumento económico es otro de los pilares de su planteamiento. Hernández cita estimaciones del Banco Central de Reserva que sitúan en aproximadamente S/ 10,000 millones anuales las pérdidas asociadas a la congestión y la contaminación.

El costo incluye tiempo perdido y consumo de combustible, pero el impacto de la ineficiencia del transporte es más amplio. Para Hernández, un sistema público eficiente también permitiría reducir los gastos que asumen diariamente quienes utilizan automóvil: combustible, estacionamiento, mantenimiento y depreciación.

En ese sentido, considera que la velocidad y el tiempo de viaje son indicadores esenciales para medir el avance del sistema.

Tren Lima-Chosica: conectar el este con la red
Dentro de esta visión multimodal aparece el Tren Lima-Chosica. Hernández sostiene que su importancia está en que puede conectar el este de la ciudad con el sistema de transporte urbano.

La ATU ya ha trabajado, según explica, en una propuesta de estaciones y rutas alimentadoras para que el tren pueda integrarse con otros servicios. Entre los puntos considerados figuran La Cantuta, Chaclacayo, Huampaní, Ñaña, Huaycán, Santa Clara y Ate, además de conexiones posteriores hacia otros sectores de Lima.

“Lo que nosotros planteamos es la gradualidad”, precisa.

La idea es aprovechar la infraestructura ferroviaria existente y acondicionar estaciones, cruces y accesos para garantizar la seguridad y una velocidad comercial adecuada. Para Hernández, no se requiere necesariamente replicar la infraestructura de un sistema de metro para comenzar a prestar un servicio ferroviario urbano.

Sin embargo, reconoce que todavía deben resolverse aspectos administrativos, concesionales y operativos. La operación requerirá un operador responsable del servicio, mientras que las inversiones en infraestructura y seguridad deberán ser definidas dentro del esquema correspondiente.

La propuesta de la ATU, en suma, es que el tren no funcione como un proyecto aislado, sino como parte de una red que permita alimentar y distribuir a sus pasajeros.

¿Y si la ATU vuelve a la Municipalidad de Lima?
El futuro institucional de la ATU también forma parte del debate. En el contexto electoral han surgido propuestas para devolver sus funciones a la Municipalidad de Lima y gestionar nuevamente el transporte desde el ámbito municipal.

Hernández discrepa de esa posibilidad, aunque su argumento se concentra en la naturaleza metropolitana del problema.

“Problema sería regresar o retornar a un modelo de dos provincias”, sostiene.

Su preocupación es que Lima y Callao vuelvan a funcionar como sistemas separados, pese a que forman un continuo urbano. Cita como ejemplo las dificultades que pueden producirse cuando una infraestructura termina en el límite administrativo y necesita continuar en la jurisdicción vecina.

Para el presidente de la ATU, esa es precisamente una de las razones para contar con una autoridad técnica de planificación y gestión de movilidad. No se trata, según su planteamiento, de eliminar las competencias municipales, sino de garantizar que los proyectos de ambas jurisdicciones respondan a una misma lógica de ciudad.

Para el Tren Lima-Chosica, la ATU ya ha diseñado paraderos y rutas alimentadoras que permitirían incorporarlo a la red urbana.

El indicador final
Después de hablar de trenes, teleféricos, buses, fideicomisos y corredores segregados, Hernández vuelve a un indicador más sencillo: el tiempo que una persona demora en llegar a su destino.

Si tuviera que escoger una cifra para demostrar que el transporte de Lima está mejorando, responde que elegiría “la reducción de tiempo de viaje que se está dando en los carriles segregados y los buses que están operando”.

Su planteamiento resume la estrategia de la ATU: mejorar primero aquello que puede transformarse en el corto plazo, mientras se construyen las grandes infraestructuras que modificarán la movilidad en las próximas décadas.

Para Hernández, la integración no será el resultado de una sola inauguración. Será la suma de buses más eficientes, tarifas integradas, estaciones conectadas, nuevas tecnologías y proyectos que permitan que Lima y Callao funcionen como una sola ciudad.

El desafío, ahora, es convertir esa planificación en una red que el ciudadano pueda experimentar diariamente: menos tiempo en el tráfico, más opciones para desplazarse y conexiones que hagan que cambiar de un modo de transporte a otro deje de ser una dificultad. El reto es enorme, pero se han empezado a sentar las bases para un transporte integrado, eficiente y sostenible.

El corredor que cambiará Trujillo

El Corredor Vial Norte-Sur de Trujillo apunta a iniciar operaciones en el primer trimestre de 2030. Mientras avanza su expediente técnico, la ciudad prepara una reingeniería de rutas y el fortalecimiento de su autoridad de transporte. La eventual llegada de un sistema ferroviario abre, además, una nueva discusión sobre movilidad urbana.

El Corredor Vial Norte-Sur de Trujillo mantiene como horizonte el inicio de operaciones en el primer trimestre de 2030. Según Víctor Del Carpio, gerente general de Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT), ese es el objetivo establecido en la hoja de ruta que coordinan la Municipalidad Provincial de Trujillo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Promovilidad y la Unidad Ejecutora 015.

El proyecto se encuentra actualmente en la elaboración de su expediente técnico. En la última sesión del Comité de Gestión, presidida por Promovilidad en agosto, se informó que una adenda suscrita entre la UE 015 y la consultora a cargo del estudio definitivo estableció marzo de 2027 como nueva fecha para su culminación.

A partir de entonces, el proceso constructivo se estima entre fines de 2027 y fines de 2029. La ejecución comprende la construcción de los patios y terminales, el corredor troncal con sus estaciones, las rutas de alimentación norte y sur con sus paraderos y los componentes tecnológicos del sistema. La meta es iniciar operaciones en los primeros meses de 2030.

El expediente técnico del corredor ya alcanza un avance cercano al 50% y será la llave para definir el costo final de una obra que apunta a operar en 2030.

El proyecto contempla una troncal de aproximadamente 11.18 kilómetros, patios y terminales Norte y Sur, rutas de alimentación, estaciones, sistemas tecnológicos y material rodante. El perfil de inversión plantea inicialmente una flota de unos 60 buses articulados de 18 metros para la troncal y aproximadamente 40 buses de nueve metros para las rutas alimentadoras. Sin embargo, estas cifras todavía deberán ser definidas por el expediente técnico, a partir de un estudio actualizado de demanda.

Un proyecto que podría encarecerse
El Corredor Vial Norte-Sur fue declarado viable en 2022 con un presupuesto cercano a los S/600 millones a nivel de perfil. Del Carpio advierte que ese monto no necesariamente será el definitivo.

La razón está en el tiempo transcurrido y en la actualización de los estudios. Una vez terminado el expediente técnico se conocerá el costo definitivo del proyecto y, eventualmente, el presupuesto adicional requerido.

El esquema financiero contempla recursos provenientes de préstamos del Estado peruano con el banco alemán KfW y CAF, una contrapartida estatal y un componente de Asociación Público-Privada (APP) destinado principalmente a la operación y al material rodante.

El financiamiento previsto incluye un préstamo de KfW por 55.5 millones de euros, otro de CAF por US$49 millones, una contrapartida estatal de alrededor de S/70 millones y un componente APP cercano a S/150 millones.

La estructura, sin embargo, podría requerir ajustes cuando finalice el expediente técnico. Del Carpio destaca que el proyecto cuenta además con una declaratoria de necesidad pública e interés nacional, lo que permitiría gestionar recursos adicionales si fueran necesarios.

El Norte-Sur no será una obra aislada: está concebido como la columna vertebral del nuevo Sistema Integrado de Transporte de Trujillo.

Terrenos, interferencias y una carrera contra los plazos
Uno de los puntos críticos que la gestión del proyecto asegura haber resuelto es la disponibilidad de terrenos para los terminales y patios. Predios que anteriormente pertenecían al Gobierno Regional de La Libertad fueron transferidos a la Municipalidad Provincial de Trujillo, según explicó el funcionario.

El proyecto también contempla recursos para expropiaciones e interferencias. En este último frente, la Unidad Ejecutora 015 viene coordinando con empresas de servicios públicos como Sedalib e Hidrandina, además de operadores de telecomunicaciones, para evitar que estos problemas paralicen posteriormente la ejecución de las obras.

Para articular estos esfuerzos se creó un comité de gestión del proyecto, que, de acuerdo con Del Carpio, ya ha desarrollado 14 sesiones presenciales. En él participan representantes del MTC, Promovilidad, la Municipalidad de Trujillo, TMT, el Gobierno Regional de La Libertad y los organismos financiadores.

La lógica es anticiparse a los problemas antes del inicio de la construcción.

 

El corredor es solo el comienzo
El proyecto no pretende ser una obra aislada. Su importancia radica en que funcionará como componente estratégico y estructurante del futuro Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Trujillo. TMT y Promovilidad vienen trabajando sobre la base de una hoja de ruta y un Plan de Implementación del SITT, dentro del cual el Norte-Sur está concebido como un corredor de transporte público masivo, con carriles segregados para el tránsito rápido de buses de alta capacidad.

El diseño plantea reducir las actuales 81 rutas a 37. De estas, seis serían estructurantes y 31 funcionarían como rutas complementarias. El Corredor Norte-Sur corresponde a la ruta estructurante número 3.

Esto implica una reingeniería del transporte existente. Las rutas que actualmente recorren el eje del futuro corredor serán evaluadas y, eventualmente, modificadas. Del Carpio sostiene que los operadores actuales tendrán un papel importante en la transición hacia el nuevo sistema.

La operación del corredor, además, contempla la posibilidad de una concesión. El tipo de flota tampoco está cerrado: el diseño original considera buses a gas natural, aunque durante la elaboración del expediente técnico se viene evaluando también una eventual flota mixta con unidades eléctricas.

La próxima administración municipal tendrá que garantizar la continuidad de un proyecto que ha atravesado varias gestiones y acumula casi dos décadas de planificación.

El sistema de pago será otro componente relevante. TMT viene impulsando un piloto de pago electrónico en 40 buses de una empresa local, con una plataforma que permite utilizar tarjetas bancarias y billeteras digitales. La intención es que esta experiencia contribuya a una futura estructura de recaudo electrónico único e interoperable para el SIT.

TMT busca fortalecer la regulación de los SIT
La implementación del sistema también plantea un desafío institucional. TMT viene solicitando al MTC la aprobación y publicación de un decreto supremo que incorpore un capítulo específico sobre los SIT en el Reglamento Nacional de Administración de Transportes (RNAT), en cumplimiento del Decreto Legislativo 1707, publicado en enero de este año.

La entidad también busca que la figura del Ente Técnico Gestor sea incorporada en la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. La propuesta apunta a reconocer a estas entidades como responsables de liderar técnicamente la planificación, implementación y operación de los sistemas integrados.

En este esquema, la ATU es el Ente Técnico Gestor del SIT de Lima y Callao, TMT lo es del SIT de Trujillo y SITRANSPORTE del sistema de Arequipa. La propuesta de TMT plantea que estos organismos tengan autonomía técnica, administrativa y presupuestal, sean creados por las municipalidades provinciales y mantengan coordinación funcional con el MTC en el marco de la Política Nacional de Transporte Urbano.

La próxima gestión tendrá la tarea de no detener el proceso
Con una administración municipal próxima a terminar su periodo, una de las principales preocupaciones de TMT es garantizar la continuidad del proyecto.

Del Carpio considera que la siguiente gestión municipal deberá asumir un papel activo para evitar que la hoja de ruta se interrumpa. El desafío no se limita al corredor Norte-Sur: también comprende la implementación del SIT, la red metropolitana de ciclovías, el transporte no motorizado y nuevos terminales terrestres.

La propia historia del corredor explica esta preocupación. Según Del Carpio, el proyecto tiene antecedentes que se remontan a estudios de transporte realizados entre 2007 y 2008 y ha atravesado varias administraciones municipales. La intención ahora es que el proceso no vuelva a reiniciarse con cada cambio de gobierno.

TMT también viene recibiendo asistencia técnica de CAF para fortalecer sus capacidades institucionales. La meta es preparar a la entidad para asumir, cuando corresponda, la administración del corredor y la implementación del nuevo sistema integrado.

TMT prepara su fortalecimiento institucional para asumir la futura administración del corredor y liderar la implementación del sistema integrado de transporte.

El eventual metro abre una nueva discusión
En paralelo al corredor de buses, Trujillo ha recibido una señal desde el Gobierno central sobre la posibilidad de impulsar proyectos ferroviarios urbanos en la ciudad.

Del Carpio precisa que TMT no cuenta actualmente con estudios locales sobre un eventual metro o tren urbano. El anuncio nacional, por tanto, todavía debe traducirse en estudios de viabilidad que determinen qué solución ferroviaria sería técnicamente pertinente.

La alternativa podría ser un tranvía, un tren ligero u otra modalidad ferroviaria, pero la decisión dependerá de los estudios correspondientes. Trujillo tiene seis corredores estructurantes previstos en su planificación de transporte y, según Del Carpio, será necesario determinar cuál de ellos podría eventualmente incorporar una solución ferroviaria.

Por ahora, el Norte-Sur mantiene la prioridad como primer corredor estructurante del nuevo sistema. La posibilidad de un tren urbano, en cambio, abre una perspectiva de más largo plazo.

El funcionario considera positivo que el transporte urbano haya vuelto a ocupar un lugar relevante en la agenda nacional. Para Trujillo, el reto inmediato será convertir los anuncios y planes en proyectos ejecutables y, sobre todo, asegurar que el cambio de administración municipal no rompa una hoja de ruta que lleva años en construcción.

Las Bambas: US$ 323.8 millones en una nueva plataforma de entrenamiento en la zona de Chalcobamba

Su implementación permitirá centralizar en un solo espacio todas las actividades formativas, asegurando el cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad

Las Bambas, la operación minera ubicada en la región Apurímac, invertirá US$ 323.8 millones en una nueva plataforma de entrenamiento en la zona de Chalcobamba. La nueva plataforma es un nuevo componente que se ubica en la zona Chalcobamba, al oeste del Tajo Chalcobamba, constituye una infraestructura diseñada para optimizar las condiciones de capacitación del personal operativo de manera real. El plan ha sido aprobado por el ente regulador. Su implementación permitirá centralizar en un solo espacio todas las actividades formativas, asegurando el cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad. Este componente está conformado por dos plataformas y un acceso dividido en dos tramos.

La nueva plataforma de entrenamiento en la zona Chalcobamba será empleada para realizar actividades formativas, en un entorno seguro, como parte del proceso de capacitación del personal de mina. En ese sentido, el tránsito de vehículos, camiones mineros y personal en la plataforma será constante. Se realizarán actividades de maniobra y conducción operativa de los equipos como camiones mineros, palas, equipo de línea amarilla entre otros.

Las plataformas cuentan con un área total de 95.809 m2. La plataforma 1 tendrá un área total de 40.644 m², mientras que la plataforma 2 contará con un área total de 27.644 m².

Para mantener en buenas condiciones las plataformas y los accesos, Las Bambas realizará el mantenimiento de las vías las estructuras hidráulicas (canales, cunetas, estructuras de cruce) antes y después del periodo de avenida, o luego de ocurrir un evento anómalo. La inspección debe incluir revisiones a lo largo de los tramos de canales y cunetas, con la finalidad de detectar puntos críticos en los cuales se haya producido una interrupción de los flujos, debido a deslizamientos o sedimentos acumulados.

Las estructuras de cruce son otra infraestructura crítica que se debe incluir en el programa de inspección y limpieza, con la finalidad de mantener la sección hidráulica de diseño y su adecuado funcionamiento. Se verificará la conformidad de las bermas durante las épocas de lluvia para verificar su integridad. Los muros de seguridad de los accesos para equipos mina también deben ser debidamente inspeccionados periódicamente.

Las plataformas cuentan con un área total de 95.809 m2. La plataforma 1 tendrá un área total de 40.644 m², mientras que la plataforma 2 contará con un área total de 27.644 m². Esta última incorpora además una poza de colección destinada al manejo y control de aguas de contacto. Las plataformas se emplazarán sobre una zona rocosa, presentando en los sectores de corte una conformación en bancos de 10 m de altura máxima.

El acceso estará compuesto por dos tramos. El tramo 1, con una longitud de 1.415 m, y el tramo 2, con una longitud de 620 m. Ambos tramos disponen de un ancho libre de rodadura de 30 m y una pendiente máxima de 10 %.

Untuca: Cori Puno busca aumentar su capacidad de explotación de mineral

La empresa proyecta incorporar nuevas zonas de explotación: Vilacota, Mylagros y Cochacucho bajo método subterráneo

El principal objetivo de la empresa Cori Puno es incrementar la capacidad de explotación de mineral de 1,700 toneladas métricas diarias (TMD) a 2,700 TMD mediante explotación subterránea y a tajo abierto, así como ampliar la capacidad de la Planta de Beneficio Untuca de 1,900 TMD a 2,700 TMD.

Para tal efecto, la empresa proyecta incorporar nuevas zonas de explotación: Vilacota, Mylagros y Cochacucho bajo método subterráneo; modificar el método de explotación de la zona Pomarani: de subterráneo a tajo abierto; modificar el proceso y ampliar la Planta Concentradora Untuca conforme a la nueva configuración del proyecto, e implementar nuevos componentes mineros principales y auxiliares.

La ampliación de la planta implica también ampliar la capacidad de la planta filtrada, estos cambios se arreglan sobre el plataformado existente y periférico a la planta de beneficio y filtrado de relaves, no incurriendo en trabajos masivos geotécnicos.

El total tratado durante los 10 años de operación supera los 9,8 millones de toneladas con una ley promedio anual de 2,54 g Au/t. La totalidad del mineral será conducida a la Planta Concentradora de Untuca para su tratamiento metalúrgico (chancado, molienda, lixiviación, recuperación de oro y disposición de relaves), la cual opera con una capacidad autorizada de 3 500 TMS/D.

La unidad minera Untuca se encuentra ubicada en los parajes Llactapata, Cochapata y Utineque, los cuales pertenecen al anexo de Untuca, distrito de Quiaca y provincia de Sandia, del departamento de Puno.

La vida útil del proyecto es de 10 años. El ritmo de producción subterránea será de 250 t/día y tajo abierto a un ritmo de producción de 1,850 t/día.

El método de explotación elegido para el sector Mylagros está definido por el dimensionamiento geomecánico y de geología. De acuerdo con los parámetros analizados fue definido el método de explotación Subniveles con pilares corridos.

El método de explotación elegido para el sector Vilacota está definido por el dimensionamiento geomecánico y de geología. De acuerdo con los parámetros analizados fue definido el método de explotación Cámara y pilares.

El método de explotación elegido para el sector Vilacota está definido por el dimensionamiento geomecánico y de geología.

El método de explotación elegido para el sector Cochacucho está definido por el dimensionamiento geomecánico y de geología. De acuerdo con los parámetros analizados fue definido el método de explotación Corte y relleno ascendente (Breasting)

Los terrenos superficiales sobre los cuales se encuentran emplazadas las concesiones mineras «Cartagena» y «Aurífera Puno N.º 4», e infraestructura general del Proyecto, pertenecen a la Comunidad Campesina de Untuca. Con el objetivo de viabilizar el uso del suelo con fines mineros, Cori Puno S.R.L. ha suscrito diversos acuerdos notariales y transacciones extrajudiciales directamente con dicha comunidad, garantizando un marco de mutuo beneficio, respeto a la propiedad y legalidad en el acceso a las áreas del proyecto.

En el marco de estos acuerdos, la minera cuenta con un total de 42 derechos superficiales (predios, parcelas y zonas operativas) inscritos en los registros públicos o respaldados mediante la suscripción de escrituras públicas, cuyos procesos de formalización se han ejecutado de manera continua entre los años 2010 y 2023.

Entre estas áreas registradas destacan sectores clave para la operación y el control ambiental, tales como las zonas de explotación Cerro La Torre y Pomarani, áreas de infraestructura auxiliar (como talleres y antenas), y parcelas destinadas específicamente a la instalación de instrumentación de monitoreo, como es el caso de las parcelas asignadas para piezómetros.

Pevoex: una nueva etapa de crecimiento con foco en seguridad y tecnología

La empresa cumple 25 años de experiencia para afrontar proyectos de mayor envergadura poniendo la seguridad, la tecnología y la capacidad operativa como pilares de desarrollo

Con 25 años de experiencia en el sector, Pevoex busca afrontar una nueva etapa de crecimiento sustentada en tres pilares: seguridad, capacidad operativa y tecnología. La compañía, que participa en actividades que van desde el planeamiento de minado, perforación y voladura hasta el movimiento de tierras, explotación de tajos abiertos, construcción de presas de relaves y cierre de minas, apunta a asumir proyectos de mayor envergadura y complejidad sin perder los estándares que ha construido a lo largo de su trayectoria. Uno de los principales indicadores de esta estrategia es haber superado los cuatro millones de horas-hombre trabajadas sin accidentes. Para Kiara Mucho, gerente general de Pevoex, este resultado no responde a un protocolo aislado, sino a una cultura de seguridad que se ha consolidado progresivamente dentro de la organización.

“Más que un protocolo específico, este resultado refleja una forma de trabajar que hemos construido durante años”, señala Mucho. La seguridad, explica, empieza desde la planificación, con la identificación de riesgos, definición de controles, verificación de las condiciones de los equipos y preparación del personal para ejecutar cada actividad. La compañía cuenta con procedimientos, permisos para trabajos críticos, inspecciones, mantenimiento preventivo y supervisión permanente en campo. Sin embargo, para la gerencia, el elemento determinante es que estos controles se cumplan efectivamente durante la operación. “La seguridad no pertenece únicamente a SSOMA; es una responsabilidad que compartimos desde la Alta Dirección hasta cada colaborador en campo”, afirma.

El DMS31 forma parte de una estrategia tecnológica más amplia. Pevoex también viene trabajando en herramientas orientadas a la capacitación y entrenamiento de sus trabajadores.

Esta visión también se refleja en la forma en que Pevoex busca consolidar una cultura preventiva. Para Mucho, capacitar y establecer procedimientos no es suficiente. Los trabajadores deben comprender que tienen tanto la responsabilidad como la autoridad para hacer las cosas correctamente e incluso detener una actividad cuando las condiciones no sean seguras.

El denominado “Derecho a decir NO” forma parte de este enfoque. A ello se suma una supervisión cercana, el reporte oportuno de riesgos y, especialmente, la participación de los trabajadores. “Quienes están todos los días en campo muchas veces identifican oportunidades de mejora que desde una oficina no necesariamente se pueden ver”, sostiene la ejecutiva.

TECNOLOGÍA PARA ANTICIPARSE AL RIESGO
En esta estrategia de prevención, la tecnología empieza a ocupar un papel cada vez más relevante. Recientemente, Pevoex implementó el sistema DMS31, un sistema de monitoreo de fatiga del conductor, en el proyecto Tajo San Gerardo.

La herramienta emplea cámaras y sensores instalados en la cabina para identificar, mediante inteligencia artificial, señales asociadas con somnolencia o pérdida de atención y generar alertas inmediatas. Pero, según Mucho, el valor del sistema no se limita a la alerta en tiempo real. La información generada permite analizar tendencias y tomar decisiones relacionadas con descansos, turnos, rutas y capacitación. “Para nosotros, la tecnología tiene sentido cuando ayuda a anticiparnos al riesgo y a tomar mejores decisiones en la operación”, explica.

El DMS31 forma parte de una estrategia tecnológica más amplia. Pevoex también viene trabajando en herramientas orientadas a la capacitación y entrenamiento de sus trabajadores. Entre ellas se encuentra la aplicación de realidad virtual en 3D para procedimientos operativos y capacitaciones asincrónicas mediante una plataforma digital desarrollada en convenio con la Universidad Continental. La empresa evalúa además experiencias inmersivas para entrenar a operadores con equipos a control remoto a escala. La premisa es trasladar parte del aprendizaje a entornos controlados antes de que el trabajador enfrente las condiciones de la operación real.

UNA MIRADA INTEGRAL
Otro de los elementos que Pevoex identifica como una ventaja para sus clientes es la amplitud de sus servicios. La empresa cuenta con experiencia en perforación y voladura, carguío y acarreo, movimiento de tierras, explotación a tajo abierto, mantenimiento de vías, obras civiles, presas de relaves y cierre de minas. Para Mucho, esta diversidad permite comprender la operación minera como un sistema y no como una suma de contratos independientes. Una decisión adoptada durante una etapa puede generar efectos en las siguientes, por lo que contar con experiencia transversal facilita la coordinación y planificación.

“Eso nos permite ver cómo una decisión tomada en una etapa impacta en la siguiente”, explica Kiara Mucho. Entre los beneficios para el cliente se identifica una reducción de interfaces entre contratistas, una mejor coordinación de equipos y una optimización de recursos y tiempos a lo largo del ciclo operativo. La propuesta también supone que el cliente tenga un solo interlocutor para el conjunto de actividades, en lugar de coordinar una cadena de proveedores independientes. Esta capacidad, afirma Mucho, es el resultado de 25 años de experiencia en el sector.

SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD
La compañía también busca integrar seguridad y productividad bajo una misma lógica operacional. Para la gerencia de Pevoex, ambos conceptos no son contrapuestos: una operación segura requiere planificación y, precisamente por ello, puede ser más eficiente. Antes de iniciar un trabajo, Operaciones, Mantenimiento y SSOMA deben estar alineados respecto de las actividades que se ejecutarán, los equipos necesarios, los riesgos existentes y los controles requeridos. Posteriormente, la supervisión en campo permite verificar que lo planificado funcione en las condiciones reales.

Una adecuada planificación, sostiene Mucho, contribuye a reducir incidentes, fallas de equipos, tiempos improductivos y reprocesos. De esta manera, seguridad y productividad terminan convergiendo en un mismo objetivo: ejecutar correctamente la operación.

CONTROL TÉCNICO Y DISCIPLINA OPERACIONAL
En proyectos de construcción y recrecimiento de presas de relaves, esta disciplina adquiere especial relevancia. Las operaciones involucran simultáneamente variables geotécnicas, calidad de materiales, humedad, compactación, manejo de agua, condiciones climáticas y operación de maquinaria pesada. Frente a esta complejidad, Pevoex considera que la planificación, el control de calidad y la coordinación entre operación, seguridad, supervisión y cliente deben funcionar como una sola disciplina.

De cara al cierre de 2026, Pevoex busca continuar creciendo, pero con una premisa: que ese crecimiento sea sostenible y esté respaldado por la capacidad real de la organización.

La posición de la gerencia es clara: las metas de producción no pueden estar por encima de las condiciones técnicas o de seguridad. Si una actividad no cumple con el diseño o con los controles establecidos, debe corregirse antes de continuar.

De cara al cierre de 2026, Pevoex busca continuar creciendo, pero con una premisa: que ese crecimiento sea sostenible y esté respaldado por la capacidad real de la organización. La empresa trabaja en fortalecer sus contratos actuales y, paralelamente, identifica nuevas oportunidades donde pueda aportar experiencia técnica y capacidad de gestión integral.

Para 2027, la compañía aspira a participar en proyectos de mayor envergadura y complejidad técnica. La estrategia contempla profundizar sus actuales líneas de negocio, explorar nuevos proyectos y mercados e invertir selectivamente en capacidad operativa y tecnología. El desafío central, según Mucho, será crecer sin perder las capacidades que han permitido construir la compañía durante sus 25 años de trayectoria. Para ello, Pevoex considera prioritario fortalecer procesos, aprovechar mejor la tecnología y la información, modernizar su capacidad operativa y formar nuevos líderes.

Perforar sin freno

La perforación minera en Perú entra en una nueva etapa: máquinas autónomas, control remoto, sensores y sistemas inteligentes elevan la precisión y reducen riesgos. Pero mientras la tecnología permite perforar desde cientos de kilómetros de distancia, los permisos para iniciar campañas pueden demorar hasta dos años, planteando un desafío para la competitividad.

La perforación minera dejó de ser únicamente una operación mecánica de penetrar roca. En las grandes minas peruanas, el proceso se está convirtiendo en una actividad cada vez más automatizada, conectada y basada en datos. El cambio ocurre en las máquinas, pero también en la manera de diseñar una campaña, controlar un equipo y proteger a los trabajadores.

Su función sigue siendo esencial. Durante la exploración, los sondajes permiten conocer la profundidad, extensión y características de un yacimiento. En particular, la perforación diamantina recupera cilindros de roca —los llamados testigos— que sirven para construir modelos geológicos, estimar recursos, estudiar la geotecnia y determinar la continuidad de la mineralización. En la explotación, otras técnicas permiten preparar el terreno para la extracción y la posterior voladura.

La automatización retira a los operadores de zonas de riesgo y convierte los datos en una herramienta central de la perforación.

La innovación está modificando esa operación desde varios frentes. Los sistemas autónomos incorporan posicionamiento, sensores y software capaces de ejecutar trayectorias y parámetros definidos previamente. El operador puede supervisar la perforadora desde una ubicación remota, mientras los equipos registran información del terreno y de su propio desempeño.

Seguridad detrás del control remoto
El argumento central es la seguridad. Alejar al trabajador de la zona de perforación reduce su exposición al polvo, ruido, vibraciones y, especialmente, a la llamada línea de fuego. Pero la automatización también busca elevar la productividad y la precisión, al mantener parámetros de operación más consistentes y reducir errores.

Quellaveco ofrece uno de los ejemplos de esta transición. En esta operación de Moquegua se incorporaron seis perforadoras Pit Viper 351 de Epiroc con sistemas de automatización. Según Anglo American, la eficiencia de perforación en una sola pasada puede mejorar hasta 25% en terreno blando. Las máquinas pueden alcanzar 19,8 metros en una sola pasada y tienen un peso de 188 toneladas.

El cambio, sin embargo, no significa prescindir del trabajador. La introducción de equipos autónomos exige nuevas capacidades y entrenamiento. El operador deja progresivamente la cabina situada junto al frente de trabajo y adquiere funciones relacionadas con supervisión, programación, análisis de información y control remoto.

Cuando los números miden el cambio
Los resultados reportados por Antapaccay muestran otra dimensión. La compañía instaló su primera perforadora autónoma en noviembre de 2022 y señala que la tecnología redujo hasta 90% la exposición de personas a la línea de fuego. También reporta una caída de 8% en el consumo de combustible y un aumento de los metros perforados por día: de un promedio histórico de 503 a 598,5 metros. La velocidad de penetración pasó, según la empresa, de 60 a 63 metros por hora.

La precisión constituye otro frente de innovación. Antamina incorporó desde 2015 la herramienta DeviDrill para corregir y controlar la trayectoria de los sondajes. Según la información de la compañía, el sistema puede desviar la perforación hasta nueve grados en 30 metros. Esto permite controlar rumbo e inclinación y generar perforaciones secundarias a partir de un sondaje principal.

Una máquina que recibe órdenes desde Lima
El caso más llamativo está en Toromocho, Junín. Allí, Minera Chinalco Perú y Ferreyros pusieron en operación una perforadora eléctrica Cat MD6640 con tecnología MineStar Command. La particularidad es que la máquina puede realizar de manera autónoma el desplazamiento, la nivelación y la perforación, mientras su misión es diseñada y supervisada desde una estación de teleoperación ubicada en Lima, a más de 150 kilómetros de la mina.

El modelo amplía el concepto de autonomía. Ya no se trata solamente de retirar al operador del lugar donde trabaja la máquina, sino de trasladar la supervisión a un centro desde el cual un controlador puede gestionar las tareas del equipo y, potencialmente, abarcar varios sistemas autónomos.

Toromocho opera a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, lo que añade otra dimensión al despliegue tecnológico. La automatización busca combinar continuidad operativa, precisión y seguridad en condiciones propias de una gran operación minera.

En Toromocho, una perforadora autónoma puede ser supervisada desde Lima, a más de 150 kilómetros de la operación.

Una industria que necesita más perforación
La tendencia responde también a una presión económica global. La demanda de cobre, litio, níquel, oro y tierras raras está impulsando nuevas campañas de exploración. Un informe de SNS Insider estima que el mercado mundial de perforación diamantina subterránea pasará de US$ 562,77 millones en 2025 a US$ 1,146.94 millones en 2035, con un crecimiento anual compuesto de 7,43%.

La perforación, por tanto, se convierte en una pieza de una carrera más amplia: encontrar nuevos recursos y reducir la incertidumbre antes de comprometer capital. En depósitos más profundos y complejos, disponer de información geológica precisa adquiere un valor creciente.

La perforación wireline concentra, según el mismo estudio, alrededor de 60,35% de los ingresos del mercado en 2025. Su importancia está relacionada con la recuperación continua de testigos y la información que estos proporcionan para el modelamiento geológico, la estimación de recursos y la planificación minera.

El cuello de botella está fuera de la mina
Pero en Perú existe una paradoja. Mientras las compañías incorporan máquinas capaces de ejecutar perforaciones autónomas y ser controladas desde una ciudad, conseguir autorización para comenzar una campaña puede tomar mucho más tiempo.

Antapaccay reporta una reducción de 8% en combustible y un aumento de los metros perforados por día.

Durante proEXPLO 2026, especialistas señalaron que la tramitología para habilitar perforaciones puede extenderse hasta uno o dos años. Miyanou Dufour, socia de Hernández & Cía., señaló que los inversionistas suelen preguntar cuánto demorarán en poder perforar, pero que en determinados casos ni siquiera es posible asegurar que el proceso termine dentro de un año.

El contraste expuesto durante el encuentro fue Chile. Gonzalo Grez, socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, explicó que la regulación chilena permite avanzar en determinadas actividades iniciales de exploración con mayor rapidez. En Perú, incluso una Declaración de Impacto Ambiental puede tomar entre siete y nueve meses, según los especialistas citados.

El problema, plantearon, no se reduce a un solo trámite. Intervienen distintas entidades, existen criterios de evaluación que pueden variar y se registran demoras en opiniones vinculantes. La discusión, además, no plantea necesariamente reducir los estándares ambientales y sociales, sino mejorar la coordinación institucional, uniformizar criterios y hacer previsibles los plazos.

“Un Ministerio de Minería no puede resolver un problema que involucra aduanas, policía, fiscalía, inteligencia financiera y medio ambiente”

Francisco Lecaros, presidente de Alianza Minera de América Latina (ALMA), plantea pasar de la persecución del extractor a la desarticulación de las redes que financian, transportan y comercializan minerales de origen ilícito. La organización propone un “Pasaporte del Mineral” y una estrategia regional de trazabilidad

La extracción ilegal de minerales dejó de ser, a juicio de Alianza Minera de América Latina (ALMA), un fenómeno circunscrito a determinados yacimientos o territorios fronterizos. La organización sostiene que se trata de una cadena transnacional que puede comenzar con una operación clandestina y terminar con el ingreso del mineral a circuitos comerciales aparentemente formales, pasando por financiamiento, transporte, acopio, exportación y lavado de activos.

“Estamos frente a un fenómeno regional y transnacional, no frente a problemas aislados de determinados países”, afirma Francisco Lecaros, presidente de ALMA, quien plantea modificar el enfoque con que los gobiernos de la región han abordado históricamente el problema.

La organización prefiere hablar de “extracción ilegal de minerales” y no solamente de “minería ilegal”. La diferencia, explica Lecaros, busca poner el foco en una cadena mucho más amplia que la actividad desarrollada directamente en el yacimiento. “El problema no termina en la mina; comienza en la mina, pero continúa en toda la cadena”, sostiene.

El oro concentra una parte relevante de las preocupaciones debido a sus características. Su elevado valor respecto de su peso, facilidad de transporte y posibilidad de ser mezclado con producción legal lo convierten en un activo especialmente vulnerable a operaciones ilícitas y de lavado de dinero. No obstante, Lecaros advierte que reducir el fenómeno exclusivamente al oro sería un error, ya que otros minerales pueden verse involucrados dependiendo de las condiciones geológicas, económicas y regulatorias de cada país.

En la mirada regional de ALMA aparecen con especial atención Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil, particularmente en zonas amazónicas y fronterizas donde confluyen riqueza mineral, dificultades de control territorial y una presencia estatal limitada.

Pero el punto central, plantea Lecaros, es que el análisis no puede detenerse en el lugar donde se extrae el mineral. “Tenemos que mirar los corredores y no solamente los puntos de extracción”, señala. Un mineral puede salir de una zona de producción, atravesar una frontera, ingresar a una zona franca o comercial, ser transformado documentalmente y terminar incorporado a una cadena formal. La vulnerabilidad, por tanto, puede encontrarse a cientos o miles de kilómetros del sitio de extracción.

La pregunta que, según Lecaros, deberían poder responder los sistemas de control es aparentemente sencilla: ¿dónde se extrajo el mineral, quién lo produjo, quién lo compró, por dónde fue transportado y quién finalmente lo procesó o comercializó?

Del extractor a la cadena de valor
Para ALMA, este cambio de perspectiva tiene consecuencias directas sobre las políticas públicas. Si el Estado concentra sus esfuerzos únicamente en quien extrae el mineral sin autorización, sostiene Lecaros, puede dejar intacta la estructura económica que hace posible el negocio. Detrás de una operación ilegal pueden existir financistas, proveedores de maquinaria e insumos, transportistas, compradores, exportadores y operadores encargados de introducir el producto en mercados formales.

La organización plantea así pasar de una política orientada a “combatir al extractor” a una estrategia destinada a “desarticular la cadena de valor ilegal”. Eso supone una coordinación mucho mayor entre organismos que tradicionalmente han trabajado de manera separada: ministerios y autoridades mineras, aduanas, policías, fiscalías, organismos ambientales, autoridades de comercio exterior y unidades de inteligencia financiera.

La distinción también busca evitar que la respuesta estatal termine confundiendo informalidad con criminalidad. “No toda persona que trabaja informalmente en la minería pertenece a una organización criminal”, enfatiza Lecaros.

En determinados territorios pueden coexistir pequeños productores tradicionales que no han logrado formalizarse con estructuras criminales capaces de controlar territorios, financiar operaciones y manejar las rutas de comercialización. Por ello, ALMA propone dos respuestas simultáneas: formalización para quienes buscan incorporarse a la legalidad y persecución criminal para quienes utilizan la extracción de minerales como plataforma del crimen organizado.

¿De dónde?
La trazabilidad aparece como uno de los principales puntos débiles de la cadena regional. La pregunta que, según Lecaros, deberían poder responder los sistemas de control es aparentemente sencilla: ¿dónde se extrajo el mineral, quién lo produjo, quién lo compró, por dónde fue transportado y quién finalmente lo procesó o comercializó?

“Si no podemos responder esas preguntas, tenemos una vulnerabilidad”, sostiene. Como respuesta, ALMA impulsa el concepto de “Pasaporte del Mineral”, un sistema destinado a acompañar el producto desde su origen hasta los distintos puntos de comercialización y transformación.

La propuesta busca registrar información verificable sobre procedencia, actores de la cadena y movimientos relevantes. El objetivo no sería simplemente identificar físicamente una carga, sino construir un sistema regional de confianza que permita comprobar su origen.

En este punto, la organización considera fundamental que los países latinoamericanos avancen hacia mecanismos interoperables. Un sistema de trazabilidad que funcione en un país, pero pierda información cuando el mineral cruza una frontera, dejaría abierta una de las principales vulnerabilidades de la cadena.

ALMA sostiene que la responsabilidad tampoco puede recaer exclusivamente sobre el productor.

La organización prefiere hablar de “extracción ilegal de minerales” y no solamente de “minería ilegal”. La diferencia, explica Lecaros, busca poner el foco en una cadena mucho más amplia que la actividad desarrollada directamente en el yacimiento.

Refinerías, comercializadores, empresas compradoras y países de destino deberían asumir obligaciones de debida diligencia acordes con los riesgos de la cadena. Para Lecaros, la pregunta empresarial no debería limitarse al precio de adquisición, sino incorporar una segunda interrogante: “¿De dónde viene?”.

En este escenario, Chile aparece para Lecaros como una referencia institucional, aunque no como un modelo que pueda trasladarse literalmente al resto de la región.

El país cuenta, según su análisis, con instituciones especializadas, capacidades técnicas, regulación y una cultura de cumplimiento más desarrollada. Sin embargo, las diferencias geográficas, sociales, mineras e institucionales hacen inviable una simple réplica.

Lo que sí podría compartirse, plantea, son determinados principios: fortalecimiento de la institucionalidad minera, información geológica confiable, reglas claras, fiscalización, mecanismos de formalización, trazabilidad y transparencia. “ALMA no pretende ‘chilenizar’ la minería latinoamericana”, afirma. La apuesta es generar cooperación regional y adaptar buenas prácticas a las condiciones de cada país.

Durante años, la extracción ilegal fue abordada fundamentalmente como un problema minero o ambiental. En determinados territorios, sin embargo, la evidencia muestra vínculos con lavado de activos, corrupción, violencia, tráfico de personas y control territorial.

Por ello, Lecaros considera insuficiente que la respuesta quede radicada exclusivamente en los organismos mineros. “Un Ministerio de Minería no puede resolver solo un problema que involucra aduanas, policía, fiscalía, inteligencia financiera, medio ambiente y relaciones internacionales”, señala.

La prioridad debería ser llegar también al financista, comprador, transportista, lavador de activos y beneficiario final. Perseguir exclusivamente la maquinaria o al operador en terreno, advierte, puede no afectar la estructura económica que sostiene la actividad.

La apuesta de ALMA, en definitiva, es desplazar el centro de la discusión desde la pregunta sobre dónde se extrae ilegalmente hacia otra más amplia: cómo impedir que un mineral de origen ilícito pueda recorrer la cadena, adquirir una apariencia de legitimidad y finalmente ingresar al mercado formal.

Para Lecaros, el desafío regional es que América Latina no sea solamente una gran productora de minerales, sino también una región capaz de demostrar su origen, trazabilidad y aporte al desarrollo. “La minería del futuro debe ser legal, trazable, responsable, competitiva y generadora de bienestar”, afirma.

TRADI S.A., 50 años de confianza

Durante cinco décadas, TRADI ha construido su posición en el mercado peruano sobre una premisa simple: confianza. Con una amplia oferta de acero, nueve sedes y una creciente presencia regional, la compañía mira hacia adelante con nuevos productos, servicios y expansión, mientras acompaña proyectos de minería, construcción e industria.

Cumplir medio siglo en un mercado tan estrechamente ligado al desempeño de la economía peruana no es solo una celebración: es también una oportunidad para mirar hacia atrás y, sobre todo, hacia adelante. Para TRADI, sus 50 años de trayectoria tienen un concepto que resume buena parte de su historia y de su propuesta empresarial: confianza.

Así lo explica Emilio van Oordt, gerente general de la compañía. Esa confianza, señala, se ha construido sobre aspectos concretos: garantizar la calidad de los productos, cumplir con lo ofrecido, mantener suficiente stock para responder a los requerimientos de los clientes y ofrecer precios competitivos. Una promesa que, repetida y renovada durante cinco décadas, ha permitido a la empresa consolidar su presencia en el mercado peruano.

El resultado es una compañía que hoy se presenta como el mayor comercializador de acero del país y que cuenta con una de las carteras más amplias de productos y soluciones del sector. Barras de acero corrugado, Planchas y bobinas de acero laminado en caliente y en frío, planchas navales y antiabrasivas, tubos con y sin costura, tubos galvanizados, bobinas y planchas de acero y aluzinc para techos, además de vigas y perfiles, forman parte de una oferta dirigida a múltiples actividades productivas.


Cinco décadas de trayectoria han convertido a la confianza en el principal activo de TRADI.

La amplitud del portafolio responde a una característica del mercado que TRADI conoce de cerca: el acero atraviesa prácticamente todos los sectores que impulsan la actividad económica. Minería, construcción, metalmecánica, pesca, agricultura e industria general forman parte de su universo de clientes, al que se suma la autoconstrucción. La escala de atención también es diversa: desde grandes operaciones mineras e industriales hasta el maestro de obra que construye una vivienda.

Una red para estar cerca del cliente
La estrategia comercial tiene un componente territorial. TRADI cuenta actualmente con nueve sedes: seis en Lima —Cajamarquilla, Independencia, Callao, La Victoria, Chorrillos y San Luis— y tres en regiones: Chiclayo, Arequipa y Piura.

Más que puntos de venta, las sedes integran almacenes, tiendas comerciales, áreas de servicios y patios de maniobra. El objetivo es concentrar en un mismo espacio la disponibilidad inmediata de productos, la atención personalizada y servicios de valor agregado.

Esta infraestructura forma parte de una estrategia de expansión que todavía tiene espacio para crecer. La compañía evalúa nuevas ubicaciones en las principales ciudades del país, especialmente aquellas donde coinciden dinamismo económico, crecimiento poblacional y una cartera activa de proyectos de desarrollo e infraestructura.

No se trata, por tanto, de expandirse únicamente por una lógica geográfica. La decisión depende de identificar plazas donde exista una demanda que justifique la presencia de la empresa y donde TRADI pueda acompañar el crecimiento de la economía local.


Nueve sedes permiten atender desde grandes operaciones mineras e industriales hasta proyectos de autoconstrucción.

El acero como termómetro de la actividad
La evolución de la demanda durante el último quinquenio también ha reforzado esa perspectiva. Según van Oordt, el consumo de soluciones de acero ha mantenido una tendencia de crecimiento sostenido, impulsado principalmente por el desarrollo de la minería, la construcción y las necesidades de infraestructura.

Para la empresa, esta evolución confirma una característica que ha observado durante sus 50 años: el acero continúa siendo un insumo esencial y de alta demanda en diferentes escalas de actividad económica.

Esa experiencia también se refleja en los proyectos atendidos a lo largo de su historia. Campamentos mineros, rieles, mallas de sostenimiento, edificios, carreteras, puentes y coberturas figuran entre los trabajos en los que la compañía ha participado.

Sin embargo, para su gerente general, la experiencia acumulada no se explica únicamente por los productos comercializados. Una parte importante del conocimiento está en las personas. Muchos colaboradores, vendedores y distribuidores cuentan con más de dos décadas de vínculo con la empresa, lo que ha permitido acumular conocimiento técnico y comercial sobre las necesidades de distintas industrias.


La prevención ante el Fenómeno El Niño forma parte de su compromiso con clientes y comunidades.
De proveedor a socio del crecimiento
La siguiente etapa de TRADI apunta a ampliar esa propuesta. La empresa mantiene una búsqueda permanente de nuevas líneas de producto para construcción, seguridad, metalmecánica y ferretería, entre otras áreas.

Pero la evolución del portafolio no es el único frente. La compañía también busca fortalecer los servicios de asesoría técnica y desarrollo. La intención, según van Oordt, es que su papel vaya más allá del abastecimiento de materiales y contribuya directamente al crecimiento de sus clientes.

La empresa ya cuenta, además, con servicios de transformación como corte y plegado. Aunque la fabricación de acero no forma parte actualmente de sus planes, la compañía mantiene abierta la posibilidad de evolucionar sus capacidades de transformación en el futuro.

En paralelo, TRADI ya atiende clientes de Bolivia y Ecuador. Por ahora, la apertura de sedes fuera de Perú no está contemplada, aunque esta experiencia comercial en mercados vecinos deja abierta una eventual internacionalización.

Prevención y responsabilidad en las regiones
El aniversario encuentra a la empresa también involucrada en acciones vinculadas con la prevención frente al Fenómeno El Niño. En Piura, Chiclayo y Arequipa, ciudades identificadas por la compañía como zonas con mayor probabilidad de afectación, TRADI viene capacitando a sus principales clientes para que adopten medidas anticipadas.

La campaña contempla recomendaciones para reparar techos y reforzar estructuras, con el propósito de reducir posibles daños durante los meses de mayor riesgo. Para la empresa, la prevención constituye una herramienta para proteger tanto a las familias como a los negocios de las zonas donde mantiene operaciones.

Un nuevo capítulo
El horizonte financiero acompaña las expectativas de crecimiento. TRADI espera cerrar el año con una facturación superior a S/ 550 millones. Para alcanzar esa meta, la empresa identifica como principales palancas la variedad de productos y servicios, los precios competitivos, el conocimiento técnico de sus asesores y, nuevamente, la confianza construida durante medio siglo.

Ese concepto aparece así como un hilo conductor entre pasado y futuro. La empresa que comenzó su historia hace 50 años mira ahora hacia nuevas sedes, nuevas soluciones y una relación cada vez más cercana con sus clientes.

En palabras de su gerente general, el desafío es mantener abierto el horizonte para seguir creciendo y avanzar hacia el objetivo de ser la empresa más grande y la mejor del mercado. Una meta que, para TRADI, parte de una fórmula que lleva cinco décadas poniendo a prueba: cumplir lo que se promete y convertir esa consistencia en confianza.

“Remediar un pasivo ambiental significa recuperar un territorio para la gente”

La empresa estatal estima invertir cerca de S/ 104 millones el próximo año y busca ampliar la medición de sus proyectos: además de presupuesto ejecutado, incorporará el valor social, ambiental y económico generado por las intervenciones

A dos décadas de su creación, Activos Mineros (AMSAC) enfrenta una de las mayores tareas pendientes de la gestión ambiental minera peruana: acelerar la recuperación de territorios afectados durante décadas por pasivos ambientales. La empresa proyecta invertir aproximadamente S/ 104 millones en 2027 y recuperar cerca de 500 hectáreas, en un proceso que busca ampliar el foco desde el cierre físico de los pasivos hacia la recuperación efectiva de los territorios. Después de 20 años, la pregunta para AMSAC ya no sería solamente cuánto ha gastado el Estado en remediar sus pasivos, sino cuánto territorio ha conseguido recuperar y qué valor ha devuelto a las comunidades.

Para Dante Aguilar Onofre, gerente general de AMSAC, ese cambio resume la principal transformación de la empresa durante sus 20 años de existencia. “Remediar un pasivo ambiental no significa solamente ejecutar una obra. Significa recuperar un territorio para la gente”, señala.

La definición adquiere especial relevancia en un país que mantiene más de 6.000 pasivos ambientales mineros identificados. Aguilar precisa que la totalidad de estos no está bajo responsabilidad directa de AMSAC: corresponde al Ministerio de Energía y Minas identificar, actualizar y priorizar el inventario, y encargar a la empresa los proyectos que debe ejecutar.

El desafío, por tanto, no es solo aumentar los recursos disponibles, sino determinar dónde generan mayor impacto y reducir los tiempos necesarios para que una intervención pase de la identificación del riesgo a su solución efectiva.

La empresa busca cambiar también la forma en que se evalúan sus resultados. Tradicionalmente, buena parte de la gestión pública se mide por el nivel de ejecución presupuestaria. Para Aguilar, ese indicador resulta insuficiente en proyectos de remediación, donde los beneficios pueden extenderse durante décadas.

AMSAC plantea medir tres variables principales: cuánto riesgo ambiental se elimina, cuánto territorio se recupera y cuántas personas resultan beneficiadas. A ello se suma una medición del denominado Retorno Social de la Inversión (SROI), metodología que busca valorizar económicamente los efectos sociales, ambientales y económicos de una intervención.

El caso más avanzado es Excélsior, en Pasco. Allí AMSAC recuperó alrededor de 69 hectáreas y estabilizó cerca de 55 millones de toneladas de desmonte. Según el análisis realizado por la empresa, por cada sol invertido se generan aproximadamente S/ 6,24 en valor social, económico y ambiental.

Aguilar advierte que esa cifra no representa una rentabilidad financiera para AMSAC. Se trata de una estimación del valor generado para la sociedad a partir de la reducción de riesgos, recuperación del territorio, beneficios ambientales y efectos sobre la población. “Debemos dar el siguiente paso: medir cuánto valor generó el Estado con ese presupuesto”, plantea.

Después de 20 años, la pregunta para AMSAC ya no sería solamente cuánto ha gastado el Estado en remediar sus pasivos, sino cuánto territorio ha conseguido recuperar y qué valor ha devuelto a las comunidades.

El ejecutivo considera que una hectárea recuperada o el número de personas beneficiadas son indicadores relevantes, pero no suficientes. El impacto final debería reflejar también costos evitados, recuperación de capacidad productiva y disminución de riesgos para la población.

Proyectos que cambiaron la escala
Entre los proyectos que han marcado la trayectoria de AMSAC, Aguilar identifica tres. El primero es Pushaquilca, intervención que demandó más de S/ 45 millones y permitió cerrar 33 pasivos ambientales de alto y muy alto riesgo que afectaban las quebradas Urupay y Pelagatos. La principal lección, según el ejecutivo, fue que una remediación debe considerar el territorio en su conjunto y, especialmente, la protección de las fuentes de agua.

El segundo es Excélsior. Además de la recuperación de aproximadamente 69 hectáreas, la intervención permitió estabilizar cerca de 55 millones de toneladas de desmonte en una zona próxima a población.

El tercer caso es Calioc–Chacrapuquio, donde AMSAC trabaja sobre más de 800 hectáreas de suelos históricamente afectados por las emisiones del Complejo Metalúrgico de La Oroya. La intervención contempla recuperación de suelos y revegetación. “Remediar no significa solamente controlar una fuente de contaminación, sino devolverle funcionalidad al territorio”, sostiene Aguilar.

A estos proyectos se suma Azulmina, donde fueron culminados trabajos asociados al cierre de 68 pasivos ambientales de alto y muy alto riesgo, con un beneficio estimado para cerca de 29 mil personas. En Alto Marcavalle, en tanto, AMSAC reporta la recuperación de más de 265 hectáreas de suelos afectados.

La magnitud del inventario de pasivos ambientales plantea una pregunta inevitable: cómo acelerar la remediación sin reducir los estándares ambientales. Para Aguilar, la respuesta pasa por tres ámbitos.

El primero es la priorización. Los recursos deben concentrarse en los pasivos que representan mayores riesgos para las personas, las fuentes de agua y los ecosistemas. El segundo es el financiamiento. La empresa considera necesario complementar el presupuesto público con cooperación y otras fuentes de recursos, además de explorar mecanismos que permitan aprovechar, cuando resulte viable, el valor económico asociado a determinados pasivos. El tercero es la simplificación de procedimientos. Las intervenciones involucran a distintas entidades públicas y pueden enfrentar autorizaciones y procesos que extienden los plazos.

La meta, dice Aguilar, es que exista “menos tiempo entre identificar un riesgo ambiental y resolverlo en el territorio”.
Para 2026, AMSAC cuenta con una programación inicial cercana a S/ 148 millones para remediación. Sin embargo, la empresa no anticipa un porcentaje específico de ejecución presupuestaria al cierre del año, debido a factores como disponibilidad y asignación de recursos y autorizaciones sectoriales pendientes. En proyectos ambientales complejos, explica el ejecutivo, parte de los tiempos no depende exclusivamente de AMSAC.

El componente local
La relación con las comunidades se ha convertido en otro de los elementos centrales de la estrategia. Durante 2025, AMSAC reportó 24 mesas de sostenibilidad, 199 acuerdos y 165 actividades de información y comunicación, con participación de más de 12 mil personas.

La empresa también destaca el impacto temporal de sus proyectos sobre el empleo local. El 85% de la mano de obra utilizada durante ese año correspondió a trabajadores de las propias zonas de intervención: 732 personas. Para Aguilar, sin embargo, la participación comunitaria no debería limitarse al empleo.

La empresa busca cambiar también la forma en que se evalúan sus resultados. Tradicionalmente, buena parte de la gestión pública se mide por el nivel de ejecución presupuestaria. Para Aguilar, ese indicador resulta insuficiente en proyectos de remediación, donde los beneficios pueden extenderse durante décadas.

AMSAC busca incorporar a las poblaciones en procesos de monitoreo ambiental participativo, de modo que puedan conocer y verificar la evolución de las condiciones ambientales una vez concluidas las obras. “La comunidad no puede ser solamente espectadora de una remediación; tiene que ser parte del proceso”, sostiene.

La agenda de 2027 no se limita a las 500 hectáreas proyectadas. La empresa busca profundizar el uso de nuevas tecnologías y soluciones que permitan reducir costos, mejorar procesos y desarrollar mecanismos replicables en otros proyectos. La innovación, plantea Aguilar, debe demostrar resultados concretos y no convertirse únicamente en una declaración institucional.

A más largo plazo, el ejecutivo visualiza una transformación de AMSAC desde una empresa concentrada principalmente en la remediación de pasivos hacia una entidad especializada en recuperación ambiental y gestión sostenible de territorios.

La remediación, asegura, seguirá siendo el núcleo de la organización, pero las capacidades acumuladas durante dos décadas permitirían ampliar su participación hacia ámbitos como el cierre de minas, la recuperación de espacios degradados y la gestión de proyectos ambientales complejos.

Detroit Power System Perú: “Buscamos consolidarnos como un socio técnico y estratégico para operaciones críticas”

Detroit Power System Perú viene ampliando su propuesta en el mercado peruano, pasando de la comercialización de motores y componentes a una oferta integral orientada a mejorar la disponibilidad, confiabilidad y continuidad operacional de activos críticos en minería y energía.

Natalia Victorero, gerente de Ventas Mineria de Detroit Power System Perú, explica cómo la compañía está respondiendo a las exigencias de operaciones ubicadas en condiciones extremas y cuáles son sus planes para consolidarse como socio técnico y estratégico de sus clientes.

Detroit Power System Perú ha evolucionado de la comercialización de motores y componentes hacia una oferta de soluciones integrales. ¿Cómo ha sido esa evolución y cuál es hoy la propuesta de valor para los sectores de minería y energía?
La empresa nace con una visión clara: brindar al mercado peruano soluciones integrales de motores, energía y trenes de potencia, acompañando a nuestros clientes no solamente en la selección del equipo, sino durante todo su ciclo de vida.

El mercado peruano, particularmente en minería y energía, presenta operaciones de alta exigencia, donde la confiabilidad y disponibilidad de los activos son fundamentales.

En ese proceso hemos consolidado la representación de marcas internacionales como MTU y, al mismo tiempo, hemos ampliado nuestro portafolio hacia filtración, transmisiones, baterías, componentes para chancado, palas excavadoras y otras soluciones.

MINERÍA

Una de las principales soluciones de Detroit para minería es el repotenciamiento de equipos. ¿Cuándo resulta conveniente evaluar un repower frente al reemplazo de un equipo y qué impacto puede tener sobre su vida útil, disponibilidad y costo total de operación?
El repotenciamiento cobra especial sentido cuando el activo todavía conserva una vida útil estructural importante, pero su sistema de potencia comienza a generar mayores costos de mantenimiento, menor disponibilidad o dificultades de soporte.

Detroit Power System Perú amplía su oferta más allá de motores y componentes, con soluciones que abarcan todo el ciclo de vida de los activos críticos en minería y energía.

Por eso, la decisión no debería basarse únicamente en comparar el costo de reparar con el precio de un equipo nuevo sino en evaluar el costo total de operación durante el ciclo de vida.

¿Qué necesidades están identificando y dónde ven las mayores oportunidades de crecimiento?
Estamos evolucionando de ser percibidos principalmente como especialistas en motores hacia una propuesta mucho más integral alrededor del ciclo de vida del activo.

Además de MTU, nuestro portafolio incluye soluciones Donaldson en filtración, Allison en transmisiones, ACDelco en baterías y Excel Foundry & Machine en componentes para equipos de chancado y palas excavadoras, entre otras líneas.

Así mismo, hemos incorporado a nuestro portafolio la marca CRRC, especializada en componentes electromecánicos para camiones Ultra Class, fortaleciendo así nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales para el tren de potencia de equipos mineros.

Con esta incorporación, buscamos posicionarnos como un proveedor responsable y confiable, capaz de acompañar a nuestros clientes desde la selección de componentes hasta el soporte técnico durante la operación del equipo.

Nuestro compromiso es brindar a nuestros clientes alternativas de solución confiables, competitivas y de calidad mundial, contribuyendo a la continuidad operacional, disponibilidad y eficiencia de sus equipos.

Con Excel Foundry & Machine están ingresando con mayor fuerza a los procesos de chancado y palas excavadoras. ¿Qué problema buscan resolver para las plantas mineras y cuál será la propuesta diferencial de Detroit en este mercado?
La incorporación de Excel Foundry & Machine responde a nuestra estrategia de ampliar nuestra participación dentro del proceso minero. Los equipos de chancado son activos críticos para la continuidad de una planta concentradora. Por ello, variables como la disponibilidad de componentes, su vida útil, confiabilidad y plazo de entrega tienen un impacto directo sobre la producción.

Nuestra propuesta es ofrecer componentes especializados para equipos de chancado con respaldo del fabricante y soporte local de Detroit.

ENERGÍA

Las operaciones mineras y energéticas del Perú trabajan en condiciones particularmente exigentes: gran altitud, bajas temperaturas, polvo y ubicaciones remotas. ¿Cómo está diseñando Detroit soluciones de generación específicamente adaptadas a estas condiciones?
En el Perú tenemos proyectos que pueden operar por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar, con bajas temperaturas, alta presencia de polvo y ubicaciones donde la disponibilidad de energía es crítica.

Esto comprende desde grupos electrógenos y sistemas de generación basados en motores MTU, hasta soluciones integradas con el desarrollo de ingeniería necesaria para garantizar un desempeño confiable bajo condiciones ambientales extremas.

Uno de los conceptos que estamos desarrollando es el generador móvil “Motivator” para palas excavadoras y perforadoras, orientado precisamente a aplicaciones exigentes y proyectos que requieren energía confiable en ubicaciones remotas.

LA CONFIABILIDAD ENERGÉTICA ES CADA VEZ MÁS CRÍTICA

¿Qué soluciones está desarrollando Detroit para sectores con gran demanda de continuidad energética?

Un data center, un hospital, una operación minera o determinados procesos industriales no pueden evaluar un sistema de respaldo únicamente por el costo inicial del equipo. Deben considerar disponibilidad, redundancia, autonomía, capacidad de respuesta y soporte durante todo el ciclo de vida.

Nuestra propuesta está evolucionando hacia soluciones integrales de generación, donde Detroit puede participar desde la ingeniería y dimensionamiento hasta el suministro, integración, puesta en marcha y mantenimiento.

¿Qué oportunidades están identificando en gas natural, biogás, almacenamiento de energía y sistemas híbridos, y qué papel tendrán estas tecnologías dentro de la estrategia de Detroit?
Vemos una evolución importante del mercado hacia soluciones que permitan combinar confiabilidad, eficiencia y optimización del costo energético.

En determinadas industrias existe, además, la posibilidad de aprovechar recursos disponibles dentro de la propia operación, como gas natural o biogás, para generar energía.

A ello se suma el desarrollo de sistemas BESS y soluciones híbridas, que permiten plantear arquitecturas energéticas diferentes dependiendo del perfil de consumo y criticidad de cada proyecto.

«Nuestra visión es que el cliente no nos vea únicamente como el proveedor de un motor, un grupo electrógeno, un filtro, una transmisión o un componente. Queremos tener la capacidad de entender el problema operacional, diseñar la solución adecuada e involucrarnos durante todo su ciclo de vida».

RESPALDO Y CICLO DE VIDA

¿Cómo está estructurando Detroit su servicio postventa para reducir los tiempos de parada?
Nuestro servicio postventa integra repuestos, técnicos especializados, mantenimiento, diagnóstico, reparación y soporte en campo para motores, grupos electrógenos, transmisiones y otros componentes críticos.

Eso implica conocer el parque instalado, analizar consumos históricos, identificar componentes críticos y trabajar con nuestros clientes y fabricantes en una coordinación fluida con planificación de inventarios y mantenimiento.

Detroit representa distintas marcas internacionales. ¿Cómo se integran esas representaciones dentro de una misma propuesta para el cliente?
Nuestro objetivo no es construir simplemente un catálogo de marcas. Buscamos que cada representación complemente una necesidad dentro de los mercados donde tenemos conocimiento, capacidad técnica y presencia.

MTU, Donaldson, Allison, ACDelco, Excel Foundry & Machine, CRRC y las demás líneas de nuestro portafolio nos permiten dar soluciones en diferentes sistemas críticos de una operación.

FUTURO

Mirando los próximos cinco años, ¿cómo quieren posicionar a Detroit Power System Perú?

Queremos consolidar a Detroit como un socio técnico y estratégico para operaciones críticas en unidades mineras y /o proyectos en general.

Eso implica continuar fortaleciendo nuestras capacidades locales de ingeniería, servicio, soporte técnico, disponibilidad de repuestos y herramientas de gestión, manteniendo al mismo tiempo el respaldo tecnológico de las marcas internacionales que representamos.

Nuestra visión es que el cliente no nos vea únicamente como el proveedor de un motor, un grupo electrógeno, un filtro, una transmisión o un componente.

Para Detroit, una solución de potencia no debe ser solamente una inversión en un equipo; debe traducirse en continuidad operacional, disponibilidad y generación de valor para el cliente.

Yusepi Quiñones Romero

Yusepi Quiñones Romero

Especialista en Comunicación Corporativa y Reputación

¿Qué necesita el Perú para que sus proyectos energéticos se ejecuten a tiempo?

Los proyectos energéticos no se ejecutan solo con capital y adjudicaciones: requieren viabilidad social y una articulación efectiva entre Estado, empresas y poblaciones.

Hay momentos en que un territorio comienza a acelerar su crecimiento y entonces el principal riesgo no es quedarse sin oportunidades, sino no contar con las condiciones para hacerlas realidad.

En 2026, el Perú vive una nueva etapa de expansión de su infraestructura energética. Pero entre el anuncio de una inversión y su puesta en operación existe un territorio que debe ser gestionado, instituciones que deben articularse y poblaciones que deben ser incorporadas. Allí, la viabilidad social y la articulación multiactor adquieren un valor estratégico para la competitividad del país.

De los 32 proyectos de transmisión que impulsa el MINEM, solo seis están en construcción: la brecha entre adjudicar y ejecutar es, ante todo, una brecha de gestión territorial.

Entre marzo y julio, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) reportó compromisos de inversión superiores a US$ 500 millones en generación y transmisión. Entre los cuales se encuentran la concesión de la Central Solar Yuramayo, en Arequipa (245 MW y US$169 millones), y la adjudicación de cuatro proyectos de transmisión por US$339 millones que, según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), mejorarán la confiabilidad del servicio para más de 1.6 millones de personas en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho.

Pero adjudicar no es ejecutar. En abril, el MINEM informó que impulsaba 32 proyectos de transmisión en 20 regiones, con una inversión ofertada de US$2,109 millones. De esos proyectos seis estaban en construcción y 26 permanecían en etapa de estudios. La cartera evidencia la magnitud de la oportunidad, pero también la distancia que existe entre tener un proyecto identificado y llevarlo efectivamente a operación.

El contexto social tampoco puede ser ignorado. En agosto, la Defensoría del Pueblo registró 188 conflictos sociales a nivel nacional: 138 activos y 50 latentes. El dato no significa que todos estén vinculados a proyectos de inversión, pero sí evidencia un entorno social complejo en el que deberán desarrollarse nuevas iniciativas. De los 138 conflictos activos, 84 se encontraban en proceso de diálogo.

La pregunta, entonces, es qué debe cambiar en la forma de gestionar esa relación con el territorio. Los casos de paralización de proyectos asociados a conflictos no deberían entenderse únicamente como hechos aislados, sino también como señales de las limitaciones de un modelo de gestión social que, con frecuencia, ha sido reactivo, vertical y predominantemente asistencialista.

Una gestión más estratégica parte de otra premisa: las poblaciones no son solo receptoras de información o beneficiarias de programas, sino actores del desarrollo del proyecto. Esto implica incorporarlas desde las etapas tempranas, generar oportunidades de formación y empleo, fortalecer proveedores locales y sostener mecanismos permanentes de diálogo y seguimiento de compromisos. Pero también requiere un Estado capaz de ofrecer plazos y reglas predecibles, y empresas que construyan confianza sobre la base de información transparente, escucha y cumplimiento.

Cuando las poblaciones dejan de ser receptoras de información y se convierten en actores del proyecto, la comunicación se vuelve herramienta de gestión, no solo de difusión.

Allí la comunicación deja de ser una función de soporte y se convierte en una herramienta estratégica para la gestión del territorio. No se trata únicamente de informar sobre un proyecto, sino de construir las condiciones para que sus diferentes actores comprendan su alcance, participen de manera informada y puedan identificar oportunidades de desarrollo.

Si el Perú quiere que la inversión se traduzca en desarrollo, deberá entender que ejecutar a tiempo no es solamente un desafío financiero, regulatorio o técnico. También es un desafío de gestión territorial, articulación institucional y construcción de confianza.

Porque un proyecto puede tener capital, ingeniería y autorización, pero si no logra construir las condiciones necesarias para desarrollarse en su territorio, difícilmente llegará a tiempo.

Alimentar la continuidad

En operaciones mineras remotas, la alimentación dejó de ser solo un servicio de soporte para convertirse en una variable logística y operacional. Las soluciones MRE de larga vida útil buscan reducir la dependencia de la cadena de frío, asegurar la inocuidad y llevar la comida hasta donde está el trabajador.

En una operación minera remota, alimentar diariamente a cientos o miles de trabajadores implica mucho más que trasladar comida desde un centro de preparación hasta una faena. La distancia, el clima, la infraestructura disponible y las condiciones de almacenamiento pueden convertir una actividad cotidiana en un desafío logístico que impacta directamente en los costos y la continuidad operacional.

Para Sofía López, gerente comercial de Ethical Security, el punto de partida es entender que la alimentación debe llegar en condiciones adecuadas, pero también ser una solución que el trabajador efectivamente quiera consumir. “El desafío no es solamente llevar alimentos: es hacerlo de manera segura, eficiente y con una solución que el trabajador efectivamente quiera consumir”, señala.

En terreno todavía existen escenarios donde las restricciones de infraestructura llevan a recurrir a conservas, snacks o alimentos preparados que son trasladados durante horas en recipientes hasta las cuadrillas. El problema aparece cuando la comida llega fría o pierde sabor, textura, aroma y presentación. En esos casos, explica López, puede disminuir la aceptación por parte del trabajador.

A ello se suma la inocuidad. Una preparación que depende de refrigeración exige mantener la cadena de frío durante todo el trayecto y almacenamiento. Una interrupción puede incrementar el riesgo sanitario y, en una operación minera, un incidente alimentario puede afectar simultáneamente a una parte importante de la dotación.

La propuesta de Daff apunta a reducir esa dependencia. Sus alimentos son preparados y sellados industrialmente, cuentan con una vida útil de entre dos y cuatro años, según el producto y formato, y pueden almacenarse a temperatura ambiente. Además, están diseñados para soportar condiciones aproximadas de entre -10 °C y 50 °C, sin requerir cadena de frío.

La consecuencia es una modificación de la ecuación logística: menos necesidad de transporte refrigerado, cámaras de frío y reposiciones frecuentes. Los alimentos pueden ser trasladados por camioneta, avioneta o helicóptero y mantenerse disponibles directamente en puntos estratégicos de la operación.

Los alimentos listos para consumo pueden complementar al comedor tradicional cuando existen cuadrillas desplazadas, contingencias o infraestructura limitada.

Pero diseñar una ración para minería exige considerar más variables que el aporte calórico. Peso, volumen, facilidad de transporte, duración de la jornada, conservación y facilidad de consumo forman parte de la ecuación. También lo hace la aceptación del trabajador. “No sirve entregar calorías si la persona finalmente no quiere consumir el alimento”, sostiene López.

Daff cuenta con distintas configuraciones, desde kits individuales para trabajadores en campo hasta soluciones para comedores y campamentos. Un kit puede incorporar plato principal, postre, snack, bebida y un calentador autónomo sin llama, capaz de proporcionar una comida caliente sin cocina, gas o electricidad.

La geografía peruana añade otra capa de complejidad. Operaciones sobre los 3,500 o 4,000 metros de altura, zonas desérticas, áreas de selva o proyectos de exploración con infraestructura limitada demandan sistemas de abastecimiento capaces de resistir condiciones exigentes. Mientras más difícil es llegar a una operación, mayor valor adquiere reducir las necesidades de conservación del alimento.

En ese contexto, la planificación también adquiere protagonismo. Los alimentos perecibles obligan a coordinar tránsito, temperatura, almacenamiento, frecuencia de entrega y rotación con márgenes de error reducidos. Una solución de larga vida útil permite, en cambio, mantener inventarios de seguridad en la propia operación y programar reposiciones con mayor anticipación.

Una aplicación especialmente relevante aparece en las operaciones subterráneas: las raciones pueden mantenerse como stock de emergencia en estaciones de refugio, almacenes, vehículos o mochilas de emergencia. De esta manera, la alimentación se incorpora también a la estrategia de continuidad frente a contingencias.

La solución MRE, sin embargo, no pretende sustituir necesariamente al comedor tradicional. “Nosotros no vemos las soluciones MRE como un reemplazo absoluto del comedor tradicional”, precisa López. Cuando existe un campamento consolidado y la infraestructura funciona adecuadamente, el casino puede seguir siendo una alternativa eficiente.

El valor aparece cuando alguna de esas condiciones cambia: cuadrillas alejadas del comedor, cortes de electricidad, problemas de agua o gas, mantenimiento de equipos, fallas de cocina o instalaciones aún no habilitadas. En esos escenarios, llevar la comida hacia el trabajador puede evitar desplazamientos y reducir horas-hombre, vehículos y consumo de combustible.

La inocuidad constituye otro eje. Daff utiliza tecnología de esterilización térmica para obtener alimentos estables a temperatura ambiente y trabaja bajo sistemas de gestión como HACCP e ISO 22000, según la información proporcionada por la empresa. El objetivo es reducir las variables que pueden introducir riesgos antes del consumo.

Las raciones listas para consumo permiten mantener reservas de alimentos en refugios, vehículos y puntos estratégicos de operaciones remotas.

La sostenibilidad también empieza a medirse desde una perspectiva integral. López señala que aproximadamente 60% de la energía utilizada en los procesos productivos proviene de fuentes renovables, mientras que el desperdicio en producción se mantiene cercano al 1% y alrededor de 80% de los envases son reciclables.

El desafío hacia adelante será, en esa línea, dejar de evaluar la alimentación únicamente por el precio de cada plato. Transporte, combustible, infraestructura, refrigeración, personal, horas productivas, merma e inocuidad también forman parte del costo.

“La conversación futura será cada vez menos ‘¿cuánto cuesta este plato?’ y cada vez más ‘¿cuánto cuesta realmente alimentar a esta persona en este lugar?’”, resume López.

Para una industria que opera cada vez más en geografías diversas y de difícil acceso, esa pregunta puede cambiar la manera de diseñar y gestionar la alimentación en campo.

Las Bambas: más de US$140 millones para reubicar chancador primario e instalar chancador secundario

La reubicación del sistema de chancado primario del sector Ferrobamba es requerida debido a que su actual ubicación interferirá con la explotación y extracción de mineral

La Etapa 2: de la ampliación de la planta concentradora de Las Bambas busca alcanzar los 182.700 t/d y para poder lograrlo, la empresa necesita ejecutar varias modificaciones.Alguno de ellos son cambios en los circuitos de chancado primario, circuito de flotación, espesamiento, así como la reubicación de la piscina de agua de procesos, e instalaciones auxiliares.

La reubicación del sistema de chancado primario del sector Ferrobamba es requerida debido a que su actual ubicación interferirá con la explotación y extracción de mineral ubicado al suroeste del tajo Ferrobamba y con ello mantener la producción actual. La inversión estimada en la reubicación del chancador primario es de US$89.3 millones.

Asimismo, la reubicación del chancador primario e instalaciones auxiliares busca también optimizar la distancia de acarreo desde la zona de chancado al stock pile de gruesos que está ubicada en la Planta Concentradora.

La reubicación está comprendida dentro del proyecto de ampliación de la capacidad de tratamiento de la planta concentradora a 182.700 tpd.

La reubicación de la chancadora primaria implicará la desestimación de las fajas overland N.°3 y 4 que se encuentran actualmente en operación y que transportan el mineral desde el tajo Ferrobamba hacia el stockpile.

La reubicación de la chancadora primaria implicará la desestimación de las fajas overland N.°3 y 4 que se encuentran actualmente en operación y que transportan el mineral desde el tajo Ferrobamba hacia el stockpile.

La plataforma de volteo e ingreso de camiones mineros (plataforma superior), ubicada aproximadamente 25,5 m por encima de la plataforma donde se instalarán los equipos de chancado (plataforma inferior), estará soportada por un muro de suelo reforzado de aproximadamente 460 m de longitud.

En la plataforma inferior se instalará el sistema de chancado primario que estará conformado por dos estaciones de chancado primario semimóvil que operarán en paralelo. El producto chancado de ambas estaciones alimentará a la nueva faja apiladora del stock pile (de nombre 0210-CVB-1003) para su disposición y posterior procesamiento en la planta concentradora.

Con todo, la reducción de la ley de mineral que se viene explotando en los yacimientos de Ferrobamba y Chalcobamba ha conllevado a proyectar la ampliación de la planta concentradora de 152.250 t/d a 182.700 t/d.

Por tal motivo, Las Bambas instalará un circuito de chancado secundario HPGR, el que complementará al proceso de chancado primario y permitirá la reducción del tamaño de alimentación a la molienda SAG, a fin de alcanzar el tamaño de partícula óptimo para el proceso de flotación con la ampliación de la capacidad de la planta a 182.700 t/d. El desembolso para materializar el proyecto del chancador secundario ronda los US$59.1 millones.

Debido a la construcción y reubicación de los componentes, Las Bambas necesita construir y habilitar la “Nueva Plataforma de los Almacenes de Materiales en la Zona de Chancado” con el objetivo de contar con un almacén cercano a la zona de operación del chancador primario y secundario.

EXPOMINA PERÚ 2026 consolida a Lima como punto de encuentro de la minería latinoamericana

La décima edición reunió a compañías mineras, proveedores, inversionistas y autoridades quienes sentaron las bases para un óptimo desarrollo del sector

EXPOMINA PERÚ 2026 cerró su décima edición consolidando a Lima como uno de los principales puntos de encuentro para la industria minera de América Latina. Durante tres días, la feria articuló inversión, tecnología, negocios y conocimiento, en un escenario marcado por las nuevas oportunidades que enfrenta el sector.

Realizada del 9 al 11 de setiembre en el Centro de Exposiciones Jockey, EXPOMINA PERÚ congregó a autoridades, ejecutivos de compañías mineras, inversionistas, especialistas, proveedores y delegaciones internacionales.

Uno de los principales indicadores de su dimensión fueron los más de 1,250 stands, que reunieron una amplia oferta de maquinaria, equipos, servicios, tecnología y soluciones destinadas a mejorar la productividad, seguridad y sostenibilidad de las operaciones mineras.

La actividad empresarial permitió además superar los US$ 320 millones en oportunidades de negocio, por encima de los US$ 300 millones proyectados inicialmente para esta edición.

EXPOMINA conectó minería, inversión y proveedores
Cabe indicar que en la ceremonia de inauguración estuvo presente la presidenta de la República, Keiko Fujimo, el presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la República, Miguel Torres; la viceministra de Minas, Mayra Figueroa; y el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, quienes acompañaron al presidente de EXPOMINA PERÚ 2026, Roque Benavides, y al presidente ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León Benavides.

La feria tuvo como uno de sus principales objetivos fortalecer la conexión entre las grandes operaciones mineras y la cadena de proveedores nacionales e internacionales.

Las ruedas de negocios fueron parte importante de este esfuerzo. PROMPERÚ desarrolló la sétima Rueda de Negocios de Compradores Internacionales del Sector Minero, con más de 340 citas comerciales y expectativas superiores a US$ 30 millones en negocios durante los siguientes doce meses.

A ello se sumó la participación de ProChile, que llegó a EXPOMINA PERÚ con 28 empresas y cerca de 200 reuniones empresariales, ampliando las posibilidades de vinculación entre las industrias mineras de Perú y Chile.

Este componente comercial permitió que EXPOMINA trascendiera la exhibición de productos y servicios para convertirse también en un espacio destinado a generar alianzas, inversiones y nuevas oportunidades para proveedores mineros.

Los grandes proyectos llegaron a EXPOMINA
El potencial de crecimiento de la minería peruana también estuvo presente durante las tres jornadas.

La décima edición representó además un nuevo hito para EXPOMINA PERÚ, al reunir en un mismo escenario a los principales actores vinculados con el desarrollo de la industria.

Proyectos y operaciones como Antakori, Cotabambas, Toromocho, Southern Perú, Antamina y Antapaccay formaron parte de las discusiones sobre inversión, producción y perspectivas de desarrollo del sector.

El cobre tuvo un protagonismo especial debido a su creciente importancia para la electrificación, electromovilidad, energías renovables y transición energética mundial. La agenda permitió analizar cómo el Perú puede aprovechar su potencial geológico para impulsar nuevos proyectos y fortalecer su posición dentro del mercado internacional de minerales.

Tecnología marca el futuro de la minería
EXPOMINA PERÚ también funcionó como vitrina para las tecnologías que están transformando las operaciones mineras.

La automatización, inteligencia artificial, operaciones remotas, inteligencia operacional y nuevas tecnologías para procesamiento de minerales estuvieron entre los principales temas abordados.

Estos avances fueron complementados con espacios especializados como CESCO Latam Mining Dialogue, Mining Investment America, America Mining Summit, Processmin y Mantemin, que reunieron a representantes empresariales, especialistas y actores del sector público.

La geopolítica de los minerales críticos, la industrialización, el desarrollo de talento humano y la sostenibilidad completaron una agenda orientada a analizar los cambios que marcarán el futuro de la industria.

Chancay y una minería conectada con el mundo
Otro de los ejes abordados fue el papel del Puerto de Chancay y las oportunidades que puede generar para fortalecer la conexión comercial del Perú con los mercados internacionales.

La infraestructura logística, sumada a la disponibilidad de recursos minerales y una importante cartera de proyectos, fue analizada como parte de las condiciones que pueden potenciar la competitividad del país.

EXPOMINA PERÚ también incorporó espacios dedicados al desarrollo territorial, educación, participación femenina y sostenibilidad, mostrando que el crecimiento de la minería involucra cada vez más aspectos económicos, tecnológicos y sociales.

Diez ediciones impulsando la minería peruana
La décima edición representó además un nuevo hito para EXPOMINA PERÚ, al reunir en un mismo escenario a los principales actores vinculados con el desarrollo de la industria.

Con 1,250 stands y más de US$ 320 millones en oportunidades comerciales, la feria cerró tres jornadas en las que Lima concentró negocios, tecnología, proyectos y debates sobre el futuro del sector.

EXPOMINA PERÚ 2026 culminó así una edición marcada por la participación empresarial e internacional, reafirmando su papel como una plataforma para conectar la minería peruana con nuevas inversiones, tecnologías y mercados globales.

Buenaventura propone ampliar cronograma para proyecto Mayra

Este periodo permitirá completar el metraje total de perforación aprobado para las 44 plataformas restantes

Compañía de Minas Buenaventura ha solicitado ampliar el cronograma de exploración de su proyecto Mayra en 12 meses, además de reprogramar las actividades de construcción y operación para componentes principales y auxiliares no ejecutados. El proyecto polimetálico Mayra se ubica en la provincia de Caylloma, provincia de Arequipa.

Las actividades de exploración minera aprobadas para el proyecto Mayra contempló la habilitación de 67 plataformas de perforación para la ejecución de 86 sondajes diamantinos, alcanzando una profundidad promedio de 247 m por sondaje. El avance promedio aprobado de las máquinas perforadoras es de 25 m/día/máquina, con lo que se estimó que cada sondaje se ejecutaría entre 10 y 12 días.

El programa de perforación contempló la ejecución de aproximadamente 21.725 m, que comprobarán el potencial del cuerpo mineralizado de las zonas objetivo (targets); y se prevé el uso de una máquina perforadora. A la fecha, Buenaventura ha ejecutado 23 plataformas del total.


A la fecha, se han ejecutado 15.2 km de accesos, quedando pendientes de ejecución 25.7 km de los accesos aprobados.

En ese sentido, de los 60 meses aprobados inicialmente, quedan por ejecutarse 24. A estos 24 meses, se adicionarán 12 meses, haciendo un total de 36 meses para desarrollar las actividades pendientes del proyecto de exploración, cierre y post cierre. Este periodo permitirá completar el metraje total de perforación aprobado para las 44 plataformas restantes, equivalente a 19.940 m, sin modificar la cantidad, ubicación, ni profundidad total.

Para la ejecución de los 19.940 m de perforación, Buenaventura requerirá aproximadamente 26.5 meses, considerando el avance promedio de 25 m/día/máquina y el uso de una perforadora, de acuerdo con lo aprobado para el proyecto.

Cada plataforma de perforación fue aprobada con dimensiones promedio de 20 m x 20 m, con un área aproximada de 400 m2. Este diseño contempla un área suficiente para la instalación de las máquinas perforadoras, tinas para agua fresca, preparar aditivos y habilitar (a los lados de las plataformas) las pozas de sedimentación para lodos.

Además, al costado de cada plataforma se contempla instalar contenedores para la recolección de residuos sólidos y un área para el almacenamiento temporal de productos necesarios para la perforación.

De acuerdo con lo aprobado, el proyecto Mayra cuenta con un total de 40.9 km de accesos auxiliares con un ancho promedio de 4 m y un corte de talud promedio de 1.5 m. A la fecha, se han ejecutado 15.2 km de accesos, quedando pendientes de ejecución 25.7 km de los accesos aprobados.